El fin de una Comunidad Autónoma ¿el nacimiento de un Estado?

He de confesar que esta tarde, hacia las seis y diez sentía esa emoción especial que te invade cuando sabes que eres testigo de un momento histórico. En el Parlamento de Catalunya se aprobaba una declaración que se puede consultar aquí y que, como elementos más relevantes, incluye, en primer lugar, la afirmación de que el pueblo catalán es un sujeto político y jurídico soberano y, en segundo término, que dialogará y negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.

Tal como indiqué hace unos días al hilo del comentario a la propuesta presentada por CiU y ERC (a la que finalmente se ha adherido también ICV-EUiA y de la que la aprobada finalmente no se aparta en lo sustancial), estamos ante una declaración de independencia encubierta ya que la soberanía no es posible si no se es independiente. Esto creo que es claro desde una perspectiva constitucional y así lo entienden también desde las filas independentistas (puede consultarse este artículo en vilaweb donde se explicitan las relaciones existentes entre declaración de soberanía y declaración de independencia). Estamos, por tanto, ante una declaración de gran transcendencia política e, incluso, internacional ya que implica la voluntad del Parlamento catalán de convertirse en Estado y la afirmación de que ya desde ahora es miembro de la comunidad internacional (de ahí la importancia de que se incluya una referencia a la intención de dialogar y negociar con el conjunto de la comunidad internacional. No puede negociar quien carece de capacidad y el Parlamento de Catalunya pretende con su declaración que tal capacidad de actuación en el ámbito internacional le sea reconocida).

Creo que se entiende la expectación con la que viví la votación de esta declaración. En el mismo momento en el que la declaración fue aprobada el Parlamento de Catalunya dejó de ser un órgano del Estado español para convertirse en otra cosa, en una asamblea de lo que pretende ser un nuevo Estado en la comunidad internacional. La declaración de soberanía, radicalmente incompatible con la Constitución de 1978, no permite seguir entendiendo que las personas reunidas en el Edificio del Parque de la Ciudadela ejercen las competencias previstas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 2006. Desde luego, yo no me siento ya representado por quienes allí están pues -ya lo digo- no me considero sujeto de ese nuevo orden que pretende instaurarse por la vía de hecho, sino del orden constitucional formalmente vigente y que, confío, siga siendo el materialmente vigente.

Podría decirse que el principio democrático prima sobre lo que aquí expongo, y que más de uno calificará seguramente de "formalismos"; pero no es éste mi parecer. En primer lugar los formalismos son importantes, la construcción dogmática del Estado es relevante y, además, es tenida muy en cuenta por quienes lideran el proceso secesionista pues me costaría creer que no fueran plenamente conscientes de lo que aquí planteo. Cosa distinta es que muchos de los que hayan votado hoy en el Parlamento no se aperciban de las consecuencias que tal votación tiene y que, quizás, comiencen a manifestarse en los próximos días (cuando, por ejemplo, algún Estado reconozca la soberanía proclamada hoy por el Parlamento de Catalunya).

En segundo término -y esto es lo más importante- dudo que la declaración que se ha aprobado hoy responda al principio democrático. Algo tan transcendente como es una declaración de soberanía debería de producirse solamente cuando se ha consultado previamente a la ciudadanía y ésta se ha manifestado a favor de tal soberanía, y éste no es evidentemente el caso.

Durante el debate escuché varias veces cómo el Sr. Artur Mas mantenía que la declaración que se presentaba era resultado de la voluntad manifestada en las elecciones del 25 de noviembre; pero esto es falso de toda falsedad ya que ni en los programas de CiU (que puede consultarse aquí) ni en el de ICV-EUiA (puede leerse aquí) se defendía ni la independencia de Catalunya ni su soberanía, al menos no antes de que el pueblo fuera consultado sobre este extremo. De hecho en el programa de ICV-EUiA se hacía una expresa llamada a los federalistas manteniendo que en el partido se acogerían tanto los planteamientos federalistas como los confederalistas y los independentistas dentro de un consenso más amplio sobre el derecho a decidir (vid. p. 132 de su programa). No entiendo, por tanto, que el voto del día 25 de noviembre legitime ni a CiU ni a ICV-EUiA a sumarse a ERC (cuya apuesta por la independencia es explícita, clara y manifiesta) en una declaración unilateral de independencia sin ni siquiera esperar a que se haya producido la consulta a la ciudadanía en la que sí coincidían todos los partidos mencionados y, además, el PSC. Ciertamente una declaración del Parlamento de Catalunya en la que se exigiera la celebración de una consulta sobre el futuro político de la Comunidad sí que entraría claramente en el mandato surgido de las urnas tras las pasadas elecciones, pues todos los diputados de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP (107 de los 135 escaños del Parlamento si las cuentas no me fallan) llevaban en sus programas esta consulta. Una declaración unilateral de soberanía (rectius, independencia) solamente sería posible con los votos de ERC y las CUP (24 escaños). Creo que tanto CiU como ICV-EUiA han traicionado la confianza que los electores podían tener en sus programas, y no desde luego en un tema menor. En estos días he podido comprobar de primera mano la decepción de varios votantes de ICV-EUiA que no dan crédito a que su voto haya sido utilizado como argumento para una declaración como la que hoy se ha aprobado.

También merece una mención la actitud de los cinco diputados del PSC que no participaron en la votación de hoy para evitar votar en contra de la declaración de soberanía presentada por CiU, ERC e ICV-EUiA. Resulta incomprensible esta actitud porque en el programa del PSC figuraba claramente su oposición a la independencia de Catalunya y su apuesta por una Catalunya dentro de España, de una España federal que permitiría -en palabras del programa del PSC- una Catalunya plena. Así es como se presentó el PSC a las elecciones y sobre esta base le votaron quienes les votaron ¿por qué, entonces, romper la disciplina de partido en una votación en la que lo que se planteaba -una declaración unilateral de soberanía- era claramente contrario al proyecto que el PSC presentó durante la campaña electoral? ¿Qué razones justifican traicionar lo que era la posición fijada por los órganos del partido y que, además, se correspondía con la que fue presentada al electorado hace un par de meses? Algo no marcha en el PSC; en fin, cada uno sabrá lo que hace en su casa, pero resultaría incomprensible que este desplante no tuviera consecuencias, tanto respecto a quienes se han saltado la disciplina del partido como en relación a quienes confeccionaron las listas electorales con las que el partido concurrió a las elecciones.

A partir de ahora tendremos que esperar para ver cómo evolucionan los acontecimientos. La actuación formalmente lógica, la utilización del mecanismo previsto en el art. 155.2 de la Constitución, es muy poco probable que ocurra. No tengo tampoco la impresión de que se vaya a producir la respuesta políticamente más coherente, la aceptación por parte del gobierno de España de la celebración de una consulta sobre la independencia de Catalunya. Como no se dará ni lo que dicta la legalidad estricta ni lo que ordena la lógica política mucho me temo que seguiremos perdiendo el tiempo con un debate que nos está desgastando como país, enfrentando como ciudadanos y hundiendo económicamente. En fin...

La Declaración

Acabo de leer la propuesta de Resolución de aprobación de la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán que se pretende votar el próximo día 23 de enero en el Parlamento de Cataluña. Se trata de una declaración unilateral de independencia en el sentido que indicaba en este blog hace algo más de dos años ("Sobre procedimientos de independencia"). Es una declaración de independencia porque la condición de sujeto político y jurídico soberano del pueblo catalán que recoge la mencionada propuesta de Resolución es incompatible con la integración de ese mismo pueblo en otro sujeto soberano, en este caso España. El soberano solamente puede ser uno (eso es precisamente lo que implica la soberanía, como debería saber cualquier alumno de primero de Derecho), por lo que declaración de soberanía y declaración de independencia son equivalentes. La Declaración es también, evidentemente, una vulneración de la Constitución, ya que en el art. 1 de ésta se indica que la soberanía nacional reside en el pueblo español y en el 2 se establece la indisoluble unidad de la Nación española. Finalmente, es una declaración que es susceptible de desplegar consecuencias en el ámbito internacional ya que se incluye en la Declaración, en concreto en su art. 4, la voluntad de dialogar y negociar con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional. Esta voluntad no solamente de diálogo sino también de negociación precisa que esa misma comunidad internacional reconozca la condición de sujeto soberano que se ha proclamado en el art. 1; esto es, se pretende que el pueblo catalán sea un miembro más de la comunidad internacional. De forma también muy clara esto último supone una vulneración del art. 149.1.3ª de la Constitución de 1978, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Ciertamente, dado que en el art. 1 de la Declaración ya se ha establecido el carácter soberano del pueblo catalán las relaciones exteriores a las que se refiere el punto 4 de la Declaración no serán propiamente las relaciones exteriores de España, sino las de Cataluña, diferenciadas de las españolas; pero de forma también bastante evidente esta diferenciación entre las relaciones exteriores españolas y catalanas supone una vulneración de la Constitución y que, además, confirma que estamos, como decía al comienzo, ante una auténtica declaración de independencia.

Nos encontramos, por tanto, ante una Declaración que se sitúa fuera del marco competencial que corresponde al Parlamento de Cataluña de acuerdo con la Constitución, una Declaración que vulnera claramente preceptos fundamentales de la Constitución y que al pretender que Cataluña se convierta en interlocutor de la comunidad internacional puede perjudicar de forma grave el interés general de España. La conclusión me parece que es clara y se corresponde, precisamente, al supuesto de hecho de una norma de nuestro ordenamiento jurídico.

La Declaración, además, en tanto en cuanto se dirige a la comunidad internacional y a las instituciones europeas implica que resulta relevante para el Derecho internacional; esto es, no solamente ha de ser calificada desde una perspectiva interna sino también internacional. Ciertamente, una declaración unilateral de independencia no implica que se produzca efectivamente la independencia, tal como aclaró  no hace mucho la decisión del Tribunal Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo, de la que me ocupé aquí; pero tal declaración puede y, en realidad, ha, de ser considerada por el Derecho internacional público. A partir de ella las decisiones que tome el Gobierno español ya no serán solamente relevantes desde una perspectiva constitucional sino también internacional. Hasta ahora el Gobierno ha tratado las declaraciones y planteamientos soberanistas con cierta distancia (parece ser que Rajoy, en relación a la entrevista con Mas de hace unos meses, declaró que a él nadie le había pedido la independencia sino un pacto fiscal). Esa actitud a partir de ahora puede resultar ya insostenible, pues podría ser interpretada como una aquiescencia a la Declaración, lo que desde la perspectiva del Derecho internacional resultaría relevante a la hora de dilucidar el estatus del pueblo catalán en nombre del cual se realiza la Declaración.

La Declaración comienza, además, con una indicación harto curiosa. Se dice que se realiza "De acuerdo con la voluntad expresada democráticamente una parte del pueblo de Cataluña". No se indica si es una parte grande o pequeña, lo que no es de importancia menor para una declaración que tiene la transcendencia de la que aquí se comenta. En cualquier caso no se ajusta a la realidad, porque en ningún momento el pueblo de Cataluña fue consultado sobre su voluntad de ser un sujeto soberano. De hecho, en el programa electoral de CiU, tal como se destacó en su día, en ningún momento se habla ni de independencia ni de soberanía, tal como se puede constatar mediante la utilización de la opción de búsqueda en el documento, que puede consultarse aquí. En el caso de ERC su propuesta independentista es clara y expresa por lo que podría considerarse que de forma indirecta quienes votaron a ERC lo hicieron también a favor de la independencia de Catalunya, pero no puede realizarse la misma inferencia respecto a los votantes de CiU y, en cualquier caso, una decisión como ésta, la de la declaración de independencia, exigiría un pronunciamiento directo de la ciudadanía, no meramente indirecto, máxime cuando ese pronunciamiento indirecto solamente puede atribuirse a una parte del pueblo catalán, parte que, si nos atenemos a los votos recibidos en las últimas elecciones por partidos que planteaban de una forma clara la independencia de Cataluña, no alcanza siquiera a las ochocientas mil personas sobre un cuerpo electoral integrado por más de cinco millones de ciudadanos. Si se incluyera en este agregado a los votantes de CiU todavía no se alcanzarían los dos millones de personas (curiosamente, la cifra de participantes en la manifestación del 11 de septiembre según sus organizadores).

En definitiva, estamos en el escenario que algunos ya avanzábamos hace tiempo: sin necesidad de referendum ni consulta popular el Parlamento de Catalunya se disponer a realizar una declaración unilateral de independencia. Siguiendo con la táctica de los pequeños pasos no parece que el propósito sea el de inmediatamente después de la declaración llevarla a efecto mediante la efectiva ocupación del territorio por parte de las autoridades del nuevo Estado y la asunción plena de las competencias estatales; pero tal Declaración sentaría las bases para, en el momento oportuno, reclamar el amparo de la comunidad internacional en caso de una reacción por parte del Gobierno del Estado frente a los incumplimientos de la legalidad española en la que pudieran incurrir el Gobierno o el Parlamento de Catalunya. Estamos en un terreno resbaladizo y no comparto la opinión de la Vicepresidenta del Gobierno de que se trata de una mera declaración política; o, mejor dicho, coincido en que se trata de una declaración política; pero no una "mera declaración política". Se trata de una declaración política de alcance similar al de la independencia de Kosovo de hace unos años o la independencia de Estados Unidos hace más de dos siglos. Es una declaración que bien utilizada justificaría argumentar que ya no estamos ante un conflicto meramente interno a España, sino ante un conflicto internacional; y esto es todo menos "mero".

Consulta ¿para qué?

El día 5 de enero Jordi Pedret colgaba en su muro de facebook un artículo publicado en El País por Javier Pérez Royo sobre la tan traída y llevada consulta en Cataluña. Al hilo de esa publicación comentaba yo en el muro de Jordi que me parecía que la consulta tendría que hacerse cuanto antes y que lo único que cabía preguntar era sobre si los catalanes querían que Catalunya fuera un Estado independiente o no. Insistía en ello porque me parece que de forma indebida se mezcla esta consulta con la reforma de la estructura del Estado español, cuestión que de ninguna forma puede confundirse con la pretensión de que Cataluña sea independiente y, mucho menos, puede ser resuelta por medio de un referendum que se desarrolle únicamente en Catalunya.

Me parece necesario aclarar esto porque ya he oído en más de un sitio que la mencionada consulta tendría que ofrecer al ciudadano una serie de posibilidades para ver cuál es la que prefieren los catalanes (independencia, mayor autonomía, federación, etc.); planteamiento que a mi me parece un completo disparate. Me explico. En caso de que Catalunya fuese un Estado independiente lógicamente podría estructurarse como le diera en gana y lo mismo sucedería con España (reducida a su territorio actual, excluida Catalunya). Las decisiones que tomaran los catalanes una vez conseguida la independencia no afectarían a los españoles ni las de los españoles a los catalanes; o la afectación sería en cualquier caso la que se produce entre Estados soberanos y regida por las normas y principios del Derecho internacional público. En este escenario, lógicamente, cada una de las partes decide con plena autonomía la forma en que se organiza como Estado.

En el supuesto, sin embargo, de que se plantee cualquier cosa que no sea la independencia es evidente que la decisión que se tome afectará a toda España, por lo que solamente puede ser abordada por el conjunto de los españoles, no decidida de forma unilateral por una parte de ellos. Los catalanes han de optar, por tanto, primero entre seguir en España o salirse de ella. En caso de que decidan salirse y ser un Estado independiente su organización como Estado les compete únicamente a ellos; ahora bien, si Catalunya sigue siendo una parte de España las relaciones entre ese territorio y el conjunto de la Nación (en términos jurídicos) no puede ser modificada más que por acuerdo entre todos los españoles. Me parece que es bastante claro. Quizás ha sido la práctica política de CiU (que ha contaminado a casi todos los partidos catalanes) la que ha podido conducir al equívoco de pensar que puede decidirse desde Catalunya algo distinto a separarse o no de España sin contar con lo que piensen en el resto de los españoles. Y digo que puede haber sido esta política porque en las últimas décadas CiU ha basado su estrategia en jugar a estar dentro y fuera a la vez, a amagar con la independencia y reclamar más competencias, a apoyar al gobierno de Madrid teniendo en cuenta únicamente los intereses de quien gobernaba en Catalunya; y este juego repetido ha conducido quizás a la impresión de que es posible no ser españoles siéndolo, o mejor dicho, a ser españoles solamente en la medida que nos convenga. Quizás sea esta la explicación, pero en cualquier caso está claro que carece de lógica constitucional y casi diría de cualquier lógica.

El planteamiento, sin embargo, no carece de consecuencias tanto en el corto como en el largo plazo. Este planteamiento de "relación a la carta" conduce a que la independencia sea planteada como algo dúctil, interpretable, carente de consecuencias irreversibles. Me sorprendía el otro día un compañero, profesor de Derecho constitucional, preguntándose qué era la independencia y manteniendo que se trataba de un concepto de límites difusos. Pero ¡qué desatino es este! La independencia, desde la perspectiva del Derecho internacional público (y del Derecho constitucional) es un concepto clarísimo. O se es un Estado más en el concierto de las naciones o no se es. Existen, es cierto, supuestos grises, como el caso de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado a Estados Unidos; pero tales casos no son posibles más que con el acuerdo de ambos Estados implicados, por lo que no pueden ser decididos de forma unilateral; al igual que los casos de protectorados o la especial situación en la que se encuentra Palestina en estos momentos. En todos estos supuestos nos encontramos en una situación intermedia entre lo internacional y lo interno que puede hacernos dudar sobre la definición de su estatus; pero, en cualquier caso, son casos en los que no existe una plena independencia por lo que la duda sobre qué es ser independiente no existe. Ser independiente implica ser un Estado soberano, un sujeto de pleno Derecho de la comunidad internacional y que no depende de ningún otro Estado, aunque puede, precisamente por ser un sujeto de Derecho internacional, formar parte de organizaciones internacionales y ratificar tratados.

Esta indefinición, sin embargo, no creo que sea gratuita. Más bien pienso que es esencial para los propósitos de quienes impulsan el movimiento secesionista en el que Cataluña se encuentra inmersa desde hace algo más de dos años. Una de las claves en el discurso independentista es la transmisión de la idea de que la separación de España no ha de suponer grandes cambios ni en la vida ni en las estructuras ni en la organización de la administración y de la sociedad. Más bien se plantea como un paso lógico en la progresiva asunción de competencias. El resultado de este planteamiento es que no existe una idea clara de lo que supone la independencia y, por tanto, es dudoso que quienes se manifiestan a favor de ella realmente quieran tal independencia. Pondré algunos ejemplos.

Elemento clave en el debate de los últimos meses ha sido la cuestión de si la Catalunya independiente sería miembro de la UE sin necesidad de negociar su incorporación. Desde las filas secesionistas se han lanzado argumentos de lo más peregrino para intentar convencer que Catalunya seguiría siendo miembro de la UE tras la separación de España sin ningún tipo de problema -cosa completamente falsa, por otra parte; pero no es el tema que me ocupa ahora-; siendo esta cuestión a lo que parece un elemento clave para que se opte o no por la independencia.

Carece de lógica que la cuestión de la independencia dependa o no de la pertenencia a una organización internacional. La UE puede seguir o desaparecer, transformarse o dejar de ser un club al que es interesante pertenecer, pero la existencia de Catalunya como sujeto de Derecho internacional no estará condicionada por los avatares de la UE o de cualquier otra organización internacional. Las organizaciones internacionales pasan o se transforman, pero los Estados permanecen. Los Estados y no las organizaciones internacionales son los elementos básicos de la comunidad internacional, y por tanto si se quiere ser independiente ha de ser sin que tal voluntad dependa de la pertenencia o no a la UE, porque la independencia tiene una transcendencia mucho mayor que la integración en una organización internacional. La independencia implica que los miembros de una comunidad deciden que se bastan para organizarse y defenderse en ese mundo semi-salvaje que es la comunidad internacional; que no necesitan a nadie más para estructurar su economía, su sociedad y su ejército (sí, su ejército, volveré sobre ello más tarde) y que si precisan buscar alianzas para satisfacer sus intereses desean ser soberanos para buscarlas con quien mejor les convenga. Eso es lo que quiere decir ser un Estado independiente y esto tiene mucha más importancia que pertenecer o no a la UE.

No creo que sea este el planteamiento de muchos de los que se declaran independentistas, y que recurren machaconamente como único argumento al injusto trato fiscal que recibe Catalunya. Bueno, tal vez sea cierto que Catalunya debiera tener un índice mayor de inversión estatal y más dinero para la gestión de sus competencias; pero ¿justifica el ahorro que pueda derivarse de la no contribución a la Hacienda española la independencia? ¿Cuánto costará el ejército catalán? Ya sé que se dice que Cataluña no tendría ejército; pero ¿existen ejemplos de países de verdad (no miniestados como el Vaticano, San Marino o Mónaco) que no tengan ejército? ¿Hay algún país en Europa con más de siete millones de habitantes que no tenga ejército? ¿No tendrá Cataluña marina para vigilar sus extensas costas? ¿No dispondrá de una Fuerza Aérea que vigile su territorio? ¿Carecerá de una fuerza militar mínima que le permita ser socio de los países con los que se quiere relacionar y que contribuyen con frecuencia en operaciones militares de interés conjunto? ¿Admitirán esos otros países un socio que no contribuye al esfuerzo de defensa común? Si somos realistas habrá que coincidir en que Cataluña tendría que tener un ejército ajustado a su tamaño, y que el coste de un ejército no bajará de los dos o tres mil millones de euros anuales (un 1% del PIB de Cataluña, una proporción modesta para los estándares europeos y teniendo en cuenta la dificultad de aprovechar economías de escala por el relativamente reducido tamaño de Catalunya en comparación con los Estados europeos más grandes). Cataluña independiente necesitará, además, un servicio exterior. ¿Cuánto cuesta colocar una embajada en, pongamos, la quinta parte de los Estados del mundo? ¿Cuánto un consulado en las cien mayores ciudades del planeta? ¿Cuánto organizar el Ministerio de Asuntos Exteriores y los servicios secretos? (¡Ah! que Catalunya no tendrá servicio secreto, permítanme que sonría). ¿Cuánto costará completar a los Mossos d'Esquadra para que puedan convertirse en la única policía en Catalunya asumiendo las tareas que ahora todavía realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil? Probablemente la factura vaya subiendo y nos encontremos con que ser un Estado independiente se lleva una parte significativa del déficit fiscal que se calcula recuperar con la independencia. Por otra parte, en caso de que Catalunya fuera admitida en la UE ¿con cuánto tendría que contribuir a las arcas comunes? La renta per cápita de Catalunya está por encima de la media de la UE, así que podas dudas caben de que tendría que ser contribuyente neto en el presupuesto europeo.

Así pues, si el argumento es el económico tiene poca base para sustentarse; ahora bien, eso no quiere decir que se tenga que renunciar a la independencia. Como digo, la independencia supone una decisión tan radical que no es racional basarla únicamente en argumentos económicos coyunturales. Los Estados, todos los Estados pasan por etapas de más y menos prosperidad y sin embargo siguen siendo los mismos Estados; no es racional replantearse los límites del Estado a cada vaivén económico. La comunidad internacional sería, además, poco comprensiva con ello. Alemania seguía siendo Alemania tras la victoria sobre Francia que propició su unidad y tras 1918, en 1940 y en 1945. Y no olvidó su unidad incluso estando atravesada por el telón de acero ¡Cuan fácil se les podría plantear a algunos que Baviera optara por separarse del resto de Alemania tras 1945! Con una historia diferenciada, un dialecto propio, habiendo sido independiente hasta setenta años antes y con la oportunidad de convertirse en un protectorado de Estados Unidos que la ocupaba militarmente! Y sin embargo no pasó nada de eso. Los alemanes eran conscientes de que con sus diferencias (que las hay entre un prusiano y un bávaro, entre un hamburgués y un habitante de Friburgo) o salían juntos del abismo o no salían.

La independencia es, por tanto, una decisión que tiene que basarse en algo más profundo que unas balanzas fiscales. Y en el caso de Catalunya hay elementos que justifican esa separación de España. Existe una cultura, una lengua y una tradición propias que tanto pueden interpretarse como una manifestación más de la pluralidad española como señas de identidad de una comunidad diferenciada y opuesta a la española. En las últimas décadas, de una forma sutil pero constante se ha ido cambiando el acento de lo primero a lo segundo de tal forma que ahora muchos catalanes sienten que el tener como lengua materna el catalán y ser partícipes de la historia y cultura catalanas lleva como corolario inevitable el rechazo a lo español. Desde luego, quien se sienta miembro de una comunidad no solamente diferenciada, sino también enfrentada a otra puede plantearse con toda la legitimidad que su comunidad forme un Estado que sea plenamente soberano. No es mi opción personal, pero soy consciente de que es la de mucha gente. A quien se lo plantee en estos términos no les preocupará que Catalunya se quede o salga de la UE, que la independencia suponga ganar o perder, que salga más cara o menos. Estos interpretan correctamente lo que supone la independencia y están dispuestos a asumirla con todos los costes que pueda implicar. Tengo algunos amigos que piensan así.

Pero, claro, estos comprometidos de la causa no son suficientes como para que una mayoría de la población vote a favor de la independencia; es preciso que otros que no comparten el mismo sentimiento, que se sienten catalanes sin dejar de ser españoles y que tienen vínculos muy estrechos con personas de otras Comunidades se adhieran también a la causa independentista. A estos va dirigido el argumento económico que ni está conveniente contrastado (por no considerar los costes de un Estado independiente, las "estructuras de Estado" que ahora están tan de moda) ni sería en ningún caso justificación suficiente para una decisión tan radical como es la ruptura y creación de un nuevo Estado. Y a estos va dirigida también esta presentación de la independencia como una cuestión casi menor, difusa en la que la pertenencia a la UE parece garantía suficiente de que nada en el fondo va a cambiar. Hay quien sostiene incluso que la independencia no debería suponer ni siquiera la pérdida de la nacionalidad española. El otro día me comentaban que todos seguiríamos siendo ciudadanos europeos aunque Catalunya no fuera Estado miembro de la UE ya que conservaríamos la nacionalidad española y por esta vía seguiríamos gozando de los beneficios de la ciudadanía de la UE. Yo planteaba ¿y si España no permite compatibilizar la nacionalidad española con la catalana (lo que sería bastante lógico; no es de recibo que un 20% de los nacionales propios sean, a la vez, nacionales de un Estado extranjero vecino)? Mi interlocutor entonces me decía que no adquiriría la nacionalidad catalana, que se quedaría con la española ¿Y esto es un independentista? ¿Alguien que quiere la independencia para seguir manteniendo la nacionalidad del Estado del que se separa? Pues Catalunya está llena de estos independentistas que solamente se explican porque se está planteando una decisión tan transcendental como es la de crear un nuevo Estado con una gran frivolidad.

No es extraño que con todo este panorama en el extranjero no acaben de entender a dónde nos quieren llevar nuestros dirigentes.