Ley de Transitoriedad

La Ley de Transitoriedad ha entrado en el Parlamento de Cataluña y enseguida le han llovido críticas técnicas. A mí, sin embargo, no me preocupan excesivamente los defectos que pueda tener la norma (y que, creo, no son tantos). Lo mismo da que sea un bodrio como que sea excelsa. El problema de la Ley de Transitoriedad es que hace expreso que la Generalitat actuará como administración de un nuevo Estado. Traduzco el art. 16 de la Propuesta de Ley de Transitoriedad:

La Administración de la Generalitat, que incluye todas las administraciones de Cataluña, sucede a la administración del Estado español en el territorio de Cataluña, así como en relación con los ciudadanos de Cataluña que residen fuera de este territorio.

Con mejor o peor técnica -y de acuerdo con los pasos que se encontrarían en cualquier manual para la secesión- quienes proclaman el nuevo Estado pretenden que las administraciones existentes se sustraigan al antiguo Estado para pasar a ser la herramienta del control del territorio y de la población del nuevo Estado. Y esto puede tener consecuencias desde una perspectiva internacional. Sobre todo cuando quien hace la declaración es quien controla la administración que tiene capacidad para controlar de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña.

A veces se frivoliza con que una declaración de independencia (y la Ley de Transitoriedad es una declaración de independencia) no tendrá ningún efecto; pero no estoy tan seguro que sea así. Imaginemos que, tal como se ha dicho y repetido, el Parlamento de Cataluña proclama la independencia de Cataluña el día 2 o 3 de octubre. Se arría la bandera española en el Parlament, en el Palau de la Generalitat y en las Comisarías de los Mossos y el Gobierno español comienza a plantear recursos ante los tribunales pidiendo que se declare la nulidad de todas estas decisiones. Imaginemos que unos meses más tarde, ante la situación de confusión creada, algún Estado o Estados pide una opinión consultiva al Tribunal de La Haya sobre si realmente Cataluña ha devenido o no un Estado independiente.

Me imagino esta situación y elucubro con lo que podría ser un fragmento de la Opinión Consultiva del Tribunal de La Haya sobre la independencia de Cataluña. Es un ejercicio de imaginación, pero no de fantasía:

"El tema objeto de debate sobre el que se pide la opinión de este Tribunal es el de si Cataluña ha llegado a nacer como Estado desde la perspectiva del Derecho internacional. Los estados X e Y, que participan en este proceso han presentado evidencias de que, a su juicio, las autoridades que proclamaron la independencia el 2 de octubre de 2017 ejercían un control efectivo sobre el territorio de Cataluña habiendo desplazado de facto a las autoridades del Estado español.

Las evidencias muestran que la Generalitat de Cataluña tenía un control efectivo sobre el territorio catalán, en tanto que institución constitucional española desde antes de la proclamación de independencia: infraestructuras, sistema sanitario, sistema educativo y amplias competencias también en el ámbito local. A este respecto no es irrelevante señalar que la Generalitat disponía de una policía propia que ejercía todas las funciones de un cuerpo policial, incluida la lucha contra el terrorismo y labores de información. X e Y han mostrado también que las áreas que no controlaba directamente la Generalitat eran controladas por las administraciones locales, siendo la presencia del Estado español absolutamente residual en Cataluña, limitada prácticamente al control de las fronteras.

Ciertamente, el que la Generalitat y las administraciones locales controlasen de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña no implica una secesión en tanto en cuanto dicho control se realice como instituciones españolas. El Derecho internacional no prejuzga la organización centralizada o descentralizada de los Estados, por lo que es perfectamente compatible con el Derecho internacional que un Estado opte por dotarse de una estructura descentralizada sin que para nada esto debilite el necesario control sobre el territorio y la población que, desde la perspectiva del Derecho internacional público resultan esenciales para mantener la condición de Estado y que seguirían predicándose del Estado y no de las entidades subestatales que lo realizasen de manera efectiva.

Ahora bien, una vez proclamada la independencia de Cataluña el día 2 de octubre de 2017, y teniendo en cuenta que la proclamación hecha por la Generalitat fue sancionada por 787 ayuntamientos de Cataluña (de un total de 947 existentes) no cabe presumir que tras la declaración de independencia el control sobre el territorio y la población se ejerciera en tanto que autoridades españolas, sino que se hacía en tanto que autoridades del nuevo Estado. La Generalitat de manera directa y según la declaración hecha por el Parlamento de Cataluña, y las administraciones locales en función de lo previsto en el art. 16 de la Ley de Transitoriedad de 30 de septiembre de 2017.

En este sentido, es importante destacar que la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley de Transitoriedad el 30 de septiembre de 2017 no fue objeto por parte del Gobierno español más que de un recurso de inconstitucionalidad que las autoridades catalanas calificaron como de meramente formal en tanto en cuanto la propia Ley de Transitoriedad negaba cualquier relación de subordinación de las instituciones del nuevo Estado a los órganos constitucionales españoles. Ningún acto efectivo de control del territorio y de la población por parte del Gobierno español siguió a la declaración de independencia (o la precedió), por lo que desde una perspectiva objetiva no puede más que concluirse que quien desempeñaba las funciones soberanas sobre el territorio de Cataluña a partir del 2 de octubre de 2017 eran las autoridades del nuevo Estado y no las del Estado español.

El Gobierno español se opone a este planteamiento alegando que el sistema judicial en Cataluña seguía dependiendo del Estado español, pese a la declaración de la Ley de Transitoriedad en el sentido de que los órganos judiciales presentes en Cataluña se incorporarían a la administración judicial catalana (art. 66 de la Ley de Transitoriedad). En este sentido se han documentado situaciones de conflicto tras la declaración de independencia, con jueces que manifestaron su adhesión al nuevo Estado mientras que otros expresaron su voluntad de permanecer vinculados al Poder Judicial español, sin que la mayoría de ellos realizaran pronunciamiento alguno en los días que siguieron a la declaración de independencia..."

Con este juego especulativo lo que pretendo es mostrar que la calidad intrínseca de la Ley de Transitoriedad es irrelevante, lo relevante es que supone la voluntad clara de que las instituciones de la Generalitat dejen de ser órganos constitucionales para pasar a integrarse en la organización de un nuevo Estado, y este propósito tiene consecuencias desde la perspectiva internacional que no se paralizan con un recurso de inconstitucionalidad, sino con medidas que impidan que quienes se proclaman como administración de un nuevo Estado controlen de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña.

Si esas medidas se adoptan antes de la declaración de independencia aún estaremos en un supuesto interno. Si se adoptan tras la declaración de independencia estaremos ante un conflicto internacional.

El gobierno y los partidos políticos en España han de elegir en qué tablero quieren jugar el resto de la partida.

El sueño de la república de izquierdas

El pasado 26 de agosto, el medio alemán "Taz" publicaba un artículo sobre la división en Cataluña entre los independentistas y quienes nos oponemos a la secesión. A continuación aporto una traducción del mismo, incluyendo también los links insertados en el artículo original.

Llamo la atención especialmente sobre el tratamiento que se hace del acoso a SCC en la UAB. En el artículo se recogen las agresiones sufridas y éstas se documentan con los vídeos que pueden encontrarse en Internet en relación a tales agresiones.

El periodista ha optado por estructuras el artículo a partir de la contraposición de los planteamientos de Anna Gabriel y los míos, aprovechando la circunstancia de que Anna Gabriel y yo coincidimos por primera vez en la Facultad de Derecho, yo como profesor y ella como alumna de Derecho internacional privado. A través del artículo me he enterado de alguna cosa que nunca me hubiera imaginado.

El referéndum de secesión en Cataluña

El sueño de la república de izquierdas

El terrorismo en España ha suspendido el debate sobre la independencia solo de forma momentánea.

El referéndum divide a la izquierda

BARCELONA taz / Durante un par de horas Anna Gabriel y Rafael Arenas estuvieron unidos –en el dolor. ¿Aún viven mis parientes y amigos? ¿Están heridos? Estas son las preguntas que les asaltaron tras los atentados islamistas de los días 17 y 18 de agosto en Cataluña. Por un momento Gabriel –una diputada en el Parlamento de Cataluña- interrumpió su campaña por la independencia de la región en el noreste de España, y Arenas –un activista a favor de España- se preocupó por sus seres queridos y no por la integridad territorial de la Nación española.

El sábado miles volverán a manifestarse contra el terrorismo en Barcelona. “No tengo miedo”, gritarán en el Paseo de Gracia, con sus espléndidos edificios estilo “art noveau”.

También el Rey de España estará. Pero los atentados no habrán cambiado que Gabriel y Arenas están distanciados, tal y como toda Cataluña está dividida. El Rey no debe acudir a la manifestación, mantiene el partido de Gabriel, “Candidatura de Unidad Popular”, abreviado CUP. Arenas piensa que el movimiento secesionista es corresponsable de que las fuerzas de seguridad de la región y del gobierno central hubieran colaborado de una manera inadecuada.

Gabriel y Arenas tienen sin embargo mucho en común: ambos han estudiado Derecho. Como catedrático de Derecho internacional privado, él fue su profesor. Ambos están a favor de introducir un ingreso básico incondicionado y de admitir a más refugiados. Están en contra de reducir los derechos de los trabajadores y de la privatización del sistema sanitario. Anna Gabriel y Rafael Arenas se sitúan ambos en la izquierda.

Ningún consenso a la vista

Pero en el debate sobre la independencia llevan meses luchando de forma implacable. La CUP de Gabriel prepara, junto con el gobierno de Cataluña, de carácter conservador, un referéndum para el 1 de octubre, en el que quieren preguntar al electorado de la región si Cataluñadebe convertirse en un Estado independiente. Si la mayoría así lo decide, dosdías después de conocerse el resultado se declarará la independencia de España,incluso contra la voluntad del gobierno central en Madrid.

Arenas ha argumentado en contra de esta posibilidad, por ejemplo como comentarista invitado en el New York Times. Durante un año fue presidente de la asociación “Sociedad Civil Catalana”, la organización no partidista más importante contraria a la independencia.

El Ministerio Fiscal español amenaza a los políticos y funcionarios que preparan el referéndum con penas de prisión o pecuniarias. La policía ya ha comenzado a practicar interrogatorios. El gobierno regional, sin embargo, mantiene su pulso y prepara las leyes que hande regular los detalles de la separación de Madrid. Si el referéndum, pese a las presiones, finalmente tiene lugar, Madrid podría desplegar la Guardia Civil, un cuerpo de policía organizado militarmente, para retirar las urnas. Nadie sabe qué pasaría si se encuentran con resistencia.

Y eso en el centro de uno de los países más grandes de la UE y en una de sus regiones más importantes económicamente, con Barcelona y la Costa Brava, que los alemanes tan bien conocen como destino de vacaciones. El conflicto en Cataluña afecta también a Alemania, ya que el gobierno regional pretende que el nuevo Estado se integre en la Unión Europea y en la Eurozona. Berlín tendría entonces derecho de veto.

Si Cataluña con sus 7,4 millones dehabitantes llegara a ser independiente, otras minorías podrían sentirse alentadas a seguir el mismo camino. Hay separatistas entre los vascos en España y Francia, los escoceses en Gran Bretaña, los habitantes del Tirol del Sur en Italia o entre los húngaros de Eslovaquia, Rumanía y Croacia. Volverían las disputas sobre fronteras a Europa.

¿Por qué una izquierdista como Anna Gabriel apoya el movimiento nacionalista en Cataluña? Sonríe cuando oye la pregunta. Con 41 años es portavoz del grupo de la CUP en el Parlamento. Este grupo consiguió en las últimas elecciones solo un 8% de los votos y no es parte del gobierno, pero solo gracias a los votos que salieron de sus escaños pudollegar a ser presidente el conservador Carles Puigdemont.

Gabriel se sienta –muy tiesa- en su pequeño despacho en el sótano del Parlamento en Barcelona. En la pared tras ella cuelga una placa con el lema “Free Kurdistan”. Lleva una camiseta negra, un corto flequillo, un gran aro de metal en una oreja y cuatro anillos en la otra.

“Vengo de una familia trabajadora”, explica. Sus padres siempre tuvieron una gran conciencia de clase. Los sindicatos, el anarquismo, el comunismo, eran temas habituales en su familia. “Ya cuando era pequeña, hablábamos mucho de política. Y siempre con el espíritu de buscar la justicia”.

Gabriel llega a la conclusión: “Es imposible conseguir más derechos para las trabajadoras, más control sobre la economía y más soberanía para el pueblo dentro del Estado español”

La secesión podría traer más justicia social, porque en Cataluña hay una mayoría para ello –a diferencia de lo que sucede en el resto de España. Esa es la esperanza de Gabriel. Para ella la independencia de Cataluña es un medio para emprender “el camino hacia el socialismo”, como se denomina en el programa electoral de la CUP.

Hace poco Gabriel presentó un cartel de la CUP de cara al referéndum que explica la estrategia sobre esta cuestión: en el cartel se ve a una mujer de la limpieza con una gran escoba que barre al rey español, los políticos acusados de corrupción, el presidente del gobierno central, un torero y un cardenal de un mapa de Cataluña. “Barreremos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía”, dicen Gabriel y sus compañeros. “La independencia es para cambiarlo todo”, promete.

Gabriel reprocha a la Casa Real y al Gobierno Central una parte de la responsabilidad en el doble atentado en Cataluña. España participó en la Guerra de Irak del año 2003, lo que contribuyó a la aparición del “Estado Islámico”. Y el Rey mantiene buenas relaciones con las monarquías del Golfo, que financian el terrorismo.

En el programa de la CUP figuran propuestas tan radicales como la semana laboral de 30 horas o que no deba ser pagada la deuda pública. La familia clásica es descrita por Gabriel como “pobre”. Ella preferiría tener hijos de forma colectiva, sin que se desarrollara ningún sentimiento de pertenencia respecto a los padres biológicos.

El Parlamento de Cataluña se reúne dos pisos por encima del despacho de Gabriel, en una sala pequeña pero espléndida del siglo XVIII. Tres voluminosas lámparas esféricas cuelgan del techo y hay dos columnas de mármol en los laterales. Los diputados se sientan en bancos con tapicería roja.

A finales de julio de 2015 la mayoría delParlamento –incluida la CUP- presionó los botones verdes ante sus escaños. Se decidió que las viviendas vacías de los bancos debían ser dadas en alquiler a personas sin recursos. Gabriel está muy orgullosa de ello. Sin embargo, esa ley ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional español porque la regiónhabía sobrepasado sus competencias. Para Gabriel, este episodio muestra que con España no puede realizarse ningún avance social.

Es indiscutible que el movimiento a favor de la independencia ha crecido como consecuencia de la crisis económica de 2007, las protestas masivas de 2011 contra las medidas de austeridad, el desempleo y la corrupción. Pero ¿qué posibilidades hay de que una política de izquierdas sea posible en una Cataluña independiente?

Para comprobarlo viajemos desde Barcelona por la costa 110 kilómetros hacia el oeste, cerca de la ciudad de Tarragona. Aquí, en una superficie de más de 74 hectáreas, directamente sobre el mar, surge un gigantesco complejo de casinos, hoteles y negocios –un Las Vegas del Mediterráneo. El grupo del “Hard Rock Café”, de Estados Unidos quiere instalarallí 1200 máquinas y 100 mesas de juego para póker y similares. El gobierno regional atrae a potenciales inversores con sustanciosas ventajas fiscales.

“Eso es lo contrario a una verdadera política de izquierdas” dice Rafael Arenas, el antiguo profesor de Derecho de Gabriel. El también quiere más justicia social, pero sus exigencias son más moderadas. Tiene 50 años, es decir, casi 10 años más que Gabriel, lleva barba corta y una camisa blanca recién planchada. Arenas tiene tres hijos –de la misma mujer, con la que comparte el cuidado de los mismos.

Arenas explica que los separatistas no han parado en el parlamento catalán el proyecto del Casino ni cortado las exenciones fiscales. “En los ámbitos en los que Cataluña tiene competencia legislativa los partidarios de la independencia no han hecho casi nada”. Tampoco han revertido las participación de empresas privadas en la sanidad y en la educación.

Pero ¿acaso no ha promulgado el Parlamento de Cataluña leyes progresistas? “Ellos sabían que esas normas serías suspendidas, porque no entran dentro de las competencias de la región”, responde Arenas. Si pudieran ser realmente efectivas no hubieran podido ser adoptadas a causa de la oposición del sector conservador en el gobierno.

“El movimiento independentista está dirigido por la derecha”, dice Arenas. La parte más fuerte en el gobierno catalán es el partido conservador PDCat. Su compañero de coalición más fuerte, la socialdemócrata ERC, debe aceptar ciertos compromisos para alcanzar la independencia.

Y si la república catalana no trae la revolución ¿entonces qué? ¿Chauvinismo como tantos nacionalismos del pasado?

Anna Gabriel sonríe de nuevo. Su voz permanece tranquila y clara: “El movimiento independentista en Cataluña “ –responde la política de la CUP- “es muy antifascista”.

A Gabriel le gusta remitirse a la historia: bajo el régimen del dictador Francisco Franco se discriminó a la cultura catalana. El general gobernó España con mano de hierro desde su golpe de Estado en 1936 contra el gobierno republicano que había sido elegido hasta su muerte en 1975. Franco derogó el Estatuto de Autonomia que había dado a Cataluña, por ejemplo, un gobierno, un parlamento y competencias en materia educativa.

El catalán es un idioma propio

El catalán, la lengua románica propia, con una tradición literaria milenaria, dejó de ser lengua oficial y fue prohibida en la administración pública. Es por ello que desde entonces el nacionalismo catalán se posicionó contra Franco, que había sido apoyado por la Italia fascista y la Alemania nazi. “No hay ningún discurso identitario ni tampoco ninguna exclusión de las naciones”, afirma Gabriel.

Cuando Rafael Arenas se dirige hacia el campus de su Universidad, cerca de Barcelona, desde la estación de tren su mirada se detiene en el gigantesco grafitti que ocupa todo a lo largo la pared del edificio de la "Mensa", que también acoge dependencias administrativas. En el grafitti está pintada una bandera soviética roja y un símbolo amarillo y rojo del movimiento independentista. En medio, un puño negro. Bajo la pintada se puede leer: "Independencia, Socialismo, Feminismo". La firma es del SEPC, las siglas de una organización estudiantil financiada por la CUP de Gabriel y cuyos miembros practican, por logeneral enmascarados y con bengalas ardiendo, desfilan por el campus

En postes a lo largo del camino hay peganitas con la inscripción "FCK SCC". SCC es la abreviatura para el nombre de la organización pro-España de Arenas. "También lo han pegado en la puerta de mi despacho", se queja el profesor.

En su despacho Arenas muestra fotos y vídeos de actos de SCC en el campus. Unos 30 individuos, parcialmente enmascarados bloquean de forma intimidante la entrada a un acto de SCC.  Gritan "La Autónoma será siempre nuestra" y "Fascistas"

En una ocasión una parada de SCC en el campus fue atacada por los denominados antifascistas con un extintor de incendios. Arrancaron una bandera española y la quemaron. Por lo general, los actos de SCC en el campus tienen que ser protegidos por personal de seguridad y, en ocasiones, también por la policía

Arenas ha traído a Laura Casado y María Domingo. Ambas estudiantes colaboran con el grupo en la Universidad de SCC. "Han recogido firmas para expulsarnos de la Universidad, explica Casado. "A mí me escupieron en la biblioteca", dice Domingo. Al comienzo éramos 13 estudiantes, pero ahora solo somos 5 "a causa de las presiones"

"Reaccionarios e intolerantes" - así califica Arenas a muchos separatistas

El ámbito universitario es una excepción. La amplia mayoría de los defensores de la independencia son pacíficos; pero hay entre ellos hay corrientes de izquierdas que no se han distanciado de manera clara de las agresiones contra SCC u otras organizaciones. ¿Qué opina Anna Gabriel de estos ataques a la organización de su antiguo profesor?

Ante esta pregunta la sonrisa desaparece del rostro de Gabriel de manera abrupta. Su mirada se vuelve fría. Bien, dice, SCC niega al pueblo catalán el derecho a la autodeterminación, que está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Tienen vínculos con miembros de grupos con ideología fascista. Por eso no es sorprendente que quienes quieren más democracia en Cataluña, "reaccionen" cuando ven una parada de SCC en la proximidad de miembros de la extrema derecha.

La mezcla con la derecha

En los vídeos de un acto de SCC pueden apreciarse algunos skinheads; pero eso ocurrió en una ocasión y, en cambio, en otros actos de SCC no hay presencia de elementos de la extrema derecha.

Arenas también explicó que él había pedido a la policía presente que se interpusiera entre la gente de SCC y los elementos de extrema derecha para aislarlos. Además, él y su organización sehan distanciado de los nazis y de los fascistas.

"Pero en el momento en el que te posicionas contra la secesión, para muchos independentistas automáticamente eres un fascista", se queja Arenas. El sudor cae de su frente. Hace calor en su despacho pese a que el ventilador delante de su mesa está encendido. Y vuelve el debate porque los frentes están firmemente establecidos.

“La reacción a los atentados ha mostrado lo profunda que es la grieta en la sociedad catalana, explica. El gobierno regional ha utilizado esta tragedia para mostrar al mundo que Cataluña funciona como un Estado. La policía regional se dio cuenta demasiado tarde, tras la explosión de la casa de los terroristas el día antes de los atentados, que allí se estaba preparando los ataques. Y no permitieron a la Guardia Civil investigarlo.

En la estantería de Arenas los libros de Derecho se alinean uno junto a otro. Entre ellos, el “Schönfelder”, un archivador de plástico rojo con leyes alemanas. “Como los españoles formamos una sola comunidad política, los ciudadanos de Huelva, Madrid o Galicia, por ejemplo, tienen el derecho de mudarse a Cataluña, vivir aquí y elegir el Parlamento regional”, explica el jurista.

Ahora son automáticamente considerados como nacionales. “Tras una secesión esos ciudadanos perderían estos derechos”. Es por esto que deben decidir sobre si se produce la secesión. “No se puede privar al conjunto de los españoles de un derecho sin consultárselo”.

En el escritorio de Arenas se acumulan también obras de referencia sobre Derecho internacional público. Las necesita para el debate sobre Cataluña. “La parte del derecho a la libre determinación de los pueblos que conduce al derecho de secesión, de acuerdo con los tratados internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, solo se aplica a situaciones coloniales o cuando hay una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales”, dice Arenas. Y al fin y al cabo los catalanes vivimos en España, que es una democracia.

Los catalanes se sienten desfavorecidos

Sin embargo, muchos catalanes se consideran oprimidos: "Cuando estás ante un tribunal o quieres comunicarte con la justicia te encuentras con que menos de un 5% de los jueces en Cataluña hablan catalán o dictan sus sentencias en catalán", dice Anna Gabriel. Para muchos separatistas también hay una "opresión cultural" al catalán por parte de las fuerzas policiales controladas por Madrid

"Me parto de risa cuando oigo esto", responde Arenas. "Mis hijos tienen, como la mayoría de los catalanes, el español como lengua materna. Pese a ellos, desde la guardería solamente escuchan catalán, aparte de las horas de clase de español, que no comienzan hasta que tienen seis años. ¿Dónde está la opresión? En la administración de la región el español se ha reducido al mínimo. "Lo que quieren es que se pierda el español, y eso lo encuentro perverso", dice Arenas

Anna Gabriel ve esta posibilidad muy lejana. Promete un "trato preferencial" al español por ser la lengua materna de muchos catalanes

Pero trato preferencial no quiere decir igualdad de trato. De todas formas, Gabriel sustituye con satisfacción en ocasiones el español por gestos. Para ella el idioma es también un medio para mostrar poder. Explica que Arenas daba siempre sus clases en la Universidad en español, "yo le hacía preguntas en catalán y él siempre me respondía en catalán. Eso me gustaba, porque me mostraba que era yo quien mandaba".

Manifestación

"No sé si seremos un Estado, pero lo que es seguro es que no seremos una nación".

Una querida compañera que algo sabe de política me hizo la reflexión anterior hace ya unos cuantos años, como cinco o seis, cuando comenzaba esto del proceso.

Desde entonces hemos pasado por varias fases: "un sol poble", "el poble català vol". Al principio parecía que los nacionalistas conseguirían atraer a la gran mayoría de catalanes hacia el secesionismo y que los que se resistieran serían considerados extravagancias irrelevantes para la marcha de la sociedad.

Luego vino lo de que es comprensible que haya opiniones diferentes sobre la independencia, pero todos estamos de acuerdo en el "derecho a decidir". Cuando se mostró que no todos los catalanes estaban por el derecho de autodeterminación y que las posiciones se radicalizaban la fractura de la sociedad comenzó a hacerse evidente.

Y la factura es profunda y grave. Hoy se ha visto.

Acudí a la manifestación de rechazo al terrorismo, de solidaridad con las víctimas. Había estado en otras manifestaciones antes relacionadas con el terrorismo en el Paseo de Gracia. En 1997, con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco y en 2004 tras el 11-M.

¡Qué diferencia entre aquellas manifestaciones y la de hoy!

En 1997 una pena personal nos afectaba a todos. Los más jóvenes que no compartieron la experiencia del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco quizás no lo entiendan, pero durante días todos vivimos como propia la amenaza que pesaba sobre la vida de aquel chico. Cuando lo mataron teníamos la sensación de que habían matado a algún compañero o amigo, a alguien a quien conocías personalmente. El Paseo de Gracia se convirtió en un lugar de duelo y rabia, un lugar para compartir un sentimiento común.

En 2004 estuve también en el Paseo de Gracia, en la manifestación de condena al atentado perpetrado el 11-M. El 11-M fue un horror que nos conmocionó. En el asesinato de Miguel Ángel Blanco nos quebró la muerte tras la esperanza de que fuera liberado. El 11-M nos golpeó sin previo aviso, nos sumió en una noche para la que no estábamos preparados. De nuevo el Paseo de Gracia se llenó de manifestantes a una hora tardía (recuerdo la oscuridad) que compartíamos nuestro dolor y desconcierto.

Hoy hemos vuelto al Paseo de Gracia con motivo de un atentado, pero hoy no he tenido ese sentimiento de unidad, no he percibido esa comunión con el resto de manifestantes. La manifestación que debería haber servido para canalizar el horror vivido en los días pasados, para solidarizarnos con las víctimas, para defender una sociedad tolerante frente a quienes quieren confundir musulmanes con terroristas, para reafirmarnos en nuestros valores democráticos; se convirtió en una lucha sorda -y en ocasiones sonora- entre quienes querían convertir la manifestación en una reivindicación independentista y quienes no compartíamos ese planteamiento. Banderas independentistas y ropa azul; banderas españolas, eslóganes contra unos y contra otros y una constante sensación de crispación. Una manifestación que debería ser por la unidad en una sociedad dividida.

Hoy no he querido marchar bajo ninguna bandera. No soy mucho de banderas, pero ha habido ocasiones en las que he tomado alguna entre mis manos. Hoy no lo hice porque la que yo hubiera ondeado en una ocasión como ésta, la española, no hubiera sido sentida como suya por algunos de los manifestantes. No comparto este rechazo a la bandera que ahora es de todos nosotros y que nos representa a todos como comunidad política, y entiendo que sería lógico que hoy pudiera ser utilizada con normalidad, igual que la francesa fue profusamente mostrada tras los atentados en nuestro país vecino; pero por un personal sentimiento no quería ni siquiera con este gesto tan legítimo perturbar la unidad que deberíamos hoy buscar.

Confiaba en que la mayoría de los manifestantes acudieran con el mismo espíritu con el que yo acudía, aunque era consciente de que los independentistas pretendían convertir la manifestación en un ejercicio de reivindicación nacionalista. Poco antes de empezar la manifestación ya tuve la certeza de que eso es lo que pasaría. Banderas esteladas cerca de la cabecera de la manifestación en palos altos para que pudieran ser vistas desde lejos, una referencia para las otras banderas que se mezclaban entre los manifestantes y que sorprendían a quienes habían acudido con la sincera voluntad de manifestar su rechazo a la barbarie perpetrada hace nueve días.

Gente también con banderas españolas. No es extraño mostrar esta bandera cuando lo que se ha producido es un ataque contra España, tal como fue reivindicado por los terroristas del Estado Islámico, y teniendo en cuenta también que la bandera española es la que en muchos países del mundo fue utilizada para hacer visible su rechazo a los atentados y su solidaridad con las víctimas, como es natural. Como digo, nadie debería tener que justificar hoy que saliera a la calle con una bandera de nuestro país. Personalmente, como explicaba hace un momento, hubiera preferido una manifestación sin banderas; pero entiendo que se hubiera optado por llevar la bandera española. Tal como acabo de indicar, nada extraño en ninguno de los países en que se han cometido atentados terroristas.

Así pues, ya iba mentalizado de que me encontraría en una manifestación donde se mezclarían banderas que actualmente representan opciones políticas enfrentadas. Es, sin duda, una anormalidad que no seamos capaces de encontrar símbolos aceptados por todos, y que esto se pusiera de manifiesto en una ocasión como la de hoy resulta especialmente triste; pero optimista como soy, aún esperaba que el motivo que hoy nos unía sirviera para que las diferentes banderas compartieran espacio sin mayores conflictos.

No fue así.

Los nacionalistas no solamente pretendieron dominar la escenografía de la manifestación mediante la estratégica colocación de las banderas esteladas, sino que también se distribuyeron eslóganes contra el Rey y el Gobierno, de tal forma que lo que tenía que ser una manifestación unitaria se acabó convirtiendo en un escrache contra quien representa a todos los españoles y contra el presidente del Gobierno de todos. Y no fue un exceso de unos pocos. El presidente de la ANC ratificaba que aprobaba los abucheos que se produjeron.

Me parece intolerable.

Quienes pretendieron convertir la manifestación en una crítica al gobierno deberían darse cuenta de que lo que allí nos unía era un atentado, el dolor por los fallecidos, el apoyo a las víctimas y la unión frente a la amenaza terrorista. Quienes increpaban a Rajoy y al Rey debían ser conscientes de que entre los manifestantes que ocupaban la calle como ellos había personas que respetan al Rey y apoyan a Rajoy, y hoy no era un día para insultar ni a unos ni a otros, hoy no era un día para atacar a quienes participan en la misma manifestación, una manifestación que, como digo -y muchos parecen haber olvidado- se convocó para dar respuesta a la barbarie de la semana pasada, no para cargar contra España ni contra el Gobierno.

Pero es que la cosa no acabó ahí. Algunos manifestantes se volvieron contra los propios manifestantes. Cuando Societat Civil Catalana desplegó su pancarta ("Todos unidos contra el terrorismo", ponía la pancarta) hubo abucheos, y otros manifestantes que mostraban banderas españolas fueron increpados.

La unitat ja tal... pic.twitter.com/mutHGYtHXE

— Mayer (@DrMayer_MrHyde) 26 de agosto de 2017

Al final estos manifestantes tuvieron que ser protegidos por la policía.

Los ataques no se dirigieron solo a los manifestantes. Los mensajes que se dejaban en la calle fueron también objeto de las iras nacionalistas. En el vídeo que sigue se puede ver a dos mujeres que con rabia destrozan mensajes escritos en castellano.

Senyora amb estelada trencant cartells en castellà de "Justicia y Paz", "Ni atropellos aquí ni bombardeos allí", "Ojo por ojo todos ciegos". pic.twitter.com/DXXqDx69j6

— Mayer (@DrMayer_MrHyde) 26 de agosto de 2017

¿Unidad?

Un sociedad dividida en la que los nacionalistas -basta ya de equidistancias, estos incidentes los han protagonizado nacionalistas contra quienes "osan" utilizar una bandera que ahora mismo es la de todos o contra mensajes que parece ser que el único daño que hacen es que están escritos en una de las lenguas oficiales en Cataluña- se creen con el derecho a ocupar la calle y pretenden que quienes no compartan sus ideas deban permanecer al margen incluso en momentos como éste en los que todos hemos sido golpeados o amenazados por el terrorismo.

Basta ya de odio y sectarismo.

Atentado en Barcelona y Ley de Seguridad Nacional

Sostendré una hipótesis que seguramente resultará antipática: lo vivido desde el jueves muestra una preocupante descoordinación entre las distintas administraciones con competencias en materia antiterrorista y la solución para evitar esta descoordinación es la Ley de Seguridad Nacional. No existe explicación razonable para que se haya desechado la utilización de esta herramienta de nuestro ordenamiento jurídico que parece pensada, precisamente, para situaciones como las que vivimos en España desde la semana pasada.

La Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional) pretende dar respuesta a las amenazas a la seguridad nacional, teniendo en cuenta que las circunstancias que ponen en peligro dicha seguridad son variables y que nuevos actores se convierten en riesgos para la seguridad. En este contexto, se pretende con la Ley establecer mecanismos de armonización y coordinación de las distintas políticas y medidas en materia de seguridad. Así se explica en la Exposición de Motivos de la Ley.

"Esta regulación se basa en la asignación de competencias a las distintas autoridades y Administraciones Públicas, y se articula en un modelo tradicional y homologable con los países de nuestro entorno, que se ha demostrado válido hasta ahora y que ha permitido hacer frente a las necesidades de seguridad de una sociedad abierta, libre y democrática como la española.

Sin embargo, en el mundo actual, y en el entorno más previsible para el futuro, los actores y circunstancias que ponen en peligro los niveles de seguridad, se encuentran sujetos a constante mutación, y es responsabilidad de los poderes públicos dotarse de la normativa, procedimientos y recursos que le permitan responder con eficacia a estos desafíos a la seguridad.

En este contexto aparece el campo de la Seguridad Nacional como un espacio de actuación pública nuevo, enfocado a la armonización de objetivos, recursos y políticas ya existentes en materia de seguridad."

Lo anterior puede parecer literatura; pero tiene una importancia real de cierta transcendencia incluso sobre la vida de las personas. Actualmente tienen responsabilidades en materia de seguridad tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, y existen materias en las que son competentes diversas administraciones. Así, por ejemplo, en materia antiterrorista el Estado tiene, evidentemente, competencias; pero también algunas Comunidades Autónomas. En concreto en Cataluña la policía autonómica desempeña competencias en materia antiterrorista (Art. 164.5.c) del Estatuto de Autonomía).

La existencia de esta pluralidad de competencias exige una constante tarea de coordinación a través de diversos mecanismos; pero pueden darse circunstancias extraordinarias que obliguen a una actuación específica que evite solapamientos, lagunas o interferencias que pueden acabar costando vidas. En ese sentido la Ley de Seguridad Nacional puede ser un instrumento adecuado.

En concreto, la Ley de Seguridad Nacional regula lo que denomina "situación de interés para la Seguridad Nacional" (art. 23.2 de la Ley):

"La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley."

Esta es una situación en la que la seguridad nacional puede verse amenazada y es precisa esta coordinación que comentaba antes. Para que no quepan dudas, el art. 3 de la Ley define la seguridad nacional como

"la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos."

Creo que no deben existir muchas dudas acerca de que el intento de evitar un atentado terrorista o minimizar sus efectos sobre la vida de los ciudadanos entraría en la definición de seguridad nacional, tal como se establece en el art. 3 y que, por tanto, la situación que se produce en el marco de una amenaza terrorista podría encuadrarse en la situación de interés para la Seguridad Nacional que define el art. 23 de la Ley.

¿Qué es lo que prevé la Ley de Seguridad Nacional para un supuesto como éste, para una situación de interés para la Seguridad Nacional? Pues la declaración de dicha situación mediante un Real Decreto, la definición de la situación, de las medidas que han de adoptarse y del marco temporal (prorrogable) de la misma y el nombramiento de una autoridad funcional encargada de dirigir y coordinar la situación (art. 24 de la Ley).

Parece sensato. Como decía antes, actualmente en España existen una pluralidad de administraciones con competencias en materias de seguridad, y en momentos especialmente graves es necesario que haya una cabeza visible, un referente en el que converja la responsabilidad de afrontar dicha crisis. Si había algunas dudas sobre esto, creo que se han disipado en los últimos tres días, en los que los ciudadanos hemos asistido estupefactos al cúmulo de despropósitos que está siendo la gestión política de los atentados de Barcelona.

Los problemas derivados de la falta de coordinación comenzaron el día antes de los atentados, cuando una casa en Alcanar (Tarragona) explotó. Los Mossos d'Esquadra se ocuparon de la investigación y rechazaron la colaboración de la Guardia Civil, incluida la posibilidad de que la unidad de explosivos de este cuerpo examinara el lugar. No se trató la explosión como una amenaza terrorista pese a que había docenas de bombonas de butano en la casa e, incluso, explosivo utilizado en otros atentados terrorista, lo que no se supo hasta después del atentado en Barcelona, pero que quizás se hubiera podido saber antes si la Guardia Civil hubiera podido examinar los restos de la casa de Alcanar.

Tras el atentado, en la tarde/noche del jueves asistimos estupefactos a reuniones de crisis tanto por parte del presidente de la Generalitat y su equipo con los Mossos d'Esquadra como del Presidente del Gobierno con la Guardia Civil y otros responsables estatales de seguridad. Comparecencias por separado de la Comunidad Autónoma y del presidente del gobierno en un asunto en el que no cabe establecer compartimentos estancos: la respuesta a un ataque terrorista ha de ser integral, teniendo en cuenta tanto la investigación sobre el terreno, los datos que aporten los servicios de inteligencia, las conexiones con hechos y circunstancias que pueden localizarse fuera de Cataluña o, incluso, fuera de España, las implicaciones para las relaciones internacionales y para la política de defensa.

En este último sentido no puede olvidarse que el atentado ha sido reivindicado por una organización criminal que está territorialmente ubicada sobre territorio ocupado en Siria e Irak ¿cómo afecta el atentado a la política española de defensa? ¿implicaría una mayor implicación de  nuestro ejército en las operaciones contra el Estado Islámico? No digo que deba ser así, puede perfectamente responderse que el atentado no cambiará nada en este sentido, pero, al menos, hay que explicarlo. No por no hablar de ello dejarán de existir esta implicaciones internacionales, y como prueba de ello ahí está el gesto de los soldados libaneses que tras recuperar una colina controlada por ISIS hicieron ondear allí una bandera española. El atentado en Barcelona no puede gestionarse como una mera cuestión interna.

Las comparecencias de responsables de la Generalitat y del Presidente del Gobierno el jueves y ya a la madrugada del viernes trasladaron la imagen de que nos encontrábamos ante un hecho criminal que deberían investigar los Mossos contando para ello con la cooperación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Nada más. No se percibía ese tratamiento global del problema que hubiera sido posible con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

La sensación era de extrañeza y descoordinación. No percibíamos que hubiera una gestión conjunta del atentado, sino actuaciones separadas que se coordinaban desde una cierta desconfianza entre los responsables políticos de la Generalitat y del Estado.

El atentado frustrado en Cambrils hizo aumentar la percepción de que nadie estaba realmente al mando. Si se hubiera advertido el miércoles que en Alcanar se estaba preparando un atentado de grandes dimensiones deberían haberse extremado las precauciones y, quizás, haber subido el nivel de alerta antiterrorista al grado 5, pensado para casos en los que existe un riesgo muy alto de atentado terrorista.

Tras el atentado de las Ramblas quizás pudiera haberse pensado que el riesgo había pasado, y por eso mantener el nivel 4 de alerta podría parecer razonable; pero el atentado de Cambrils mostró de manera evidente que el cálculo había sido erróneo. Que 8 horas después de haberse cometido un atentado como el de las Ramblas se cometa otro sin que se hubiera procedido a la elevación del nivel de riesgo terrorista carece -creo- de lógica; pero podría explicarse también por la mencionada descoordinación. Es el Gobierno quien determina los niveles de alerta terrorista, pero, como vemos, el peso de la investigación sobre el atentado de las Ramblas recaía sobre la Generalitat. Una muestra más de que era precisa una cooperación reforzada que podría venir de la mano de la Ley de Seguridad Nacional.

El viernes hubo una comparecencia conjunta de Rajoy y Puigdemont; parecía que se avanzaba en ese trabajo conjunto tan necesario, pero, como veremos, los problemas no se resolvieron.

El sábado (¡dos días después del atentado!) se reúne la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista, que decide mantener el nivel 4 y no llegar al máximo. Este retraso de dos días en la reunión de la Comisión es inexplicable. Por ejemplo, cuando se produjeron los atentados en París en la noche del 13 de noviembre de 2015 esta Comisión se reunió ¡a la mañana siguiente! Un atentado en París motiva la reunión de la Comisión en horas, y uno en Barcelona no es tratado hasta dos días después. ¿Tendrá que ver también con la necesidad de coordinar los puntos de vista del Gobierno y de la Generalitat en relación a este atentado? No lo sé, pero sería conveniente que alguien lo explicara.

La descoordinación, sin embargo, no acaba ahí. El mismo sábado el Ministro del Interior declara que se da por desarticulada la célula terrorista y unas horas después los Mossos desmienten al Ministro.

Que hay descoordinación en este tema es más que evidente. Que estamos hablando de terrorismo y, por tanto, de la vida y la seguridad de las personas no precisa ser probado, que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como fin reforzar la coordinación entre los distintos actores implicados cuando se da una amenaza a la libertad y a la seguridad se deriva de los propios términos de la Ley.

¿Hasta cuándo utilizaremos las leyes tan solo para adornar las páginas del BOE?

El callejero de Sabadell y la AMI

Hace unos días leíamos que un informe que es utilizado como "material de trabajo" por el Ayuntamiento de Sabadell plantea expulsar de su callejero nombres como Machado, Goya, Larra o Calderón. La noticia, incluso, ha salido de nuestras fronteras y la prensa inglesa se hacía eco del despropósito. El informe puede leerse aquí, y es un documento sobre el que conviene reflexionar.

En contra de lo que algunos puedan creer no es ni una anécdota ni una mera muestra de ignorancia. Al contrario, es coherente con la visión y el plan nacionalista, tal como intentaré mostrar a continuación, y por eso no deberíamos despacharlo como una extravagancia o, quizás peor aún, entrar a discutir en los términos en que quiere plantear el debate el nacionalismo (como en este artículo de Ian Gibson).

¿Cuál es el plan nacionalista? Que Cataluña sea un país diferente de España, que los referentes culturales e históricos del conjunto de España no sean más próximos a Cataluña y a los catalanes que lo son los referentes equivalentes alemanes o italianos. Borrar el pasado común y aquello que nos pueda vincular con el conjunto de los españoles. Lo que haga semejante Barcelona (o Sabadell) a Madrid o Sevilla debe ser desterrado, y lo que resulte diferente, acentuado. En este sentido, la lucha por el callejero es una batalla más en una guerra simbólica que se libra en muchos frentes.

Lo anterior no es especulación. Claramente se indica en el informe que comento.

Este párrafo es muy significativo: hay referentes que no son "propios", sino referidos a "Castilla". Estos referentes no deben incluirse en el callejero porque responden a una política "pseudocultural" (como se indica en otro punto del informe) "franquista" (o dictatorial, como aquí se dice). Es decir, no responden a la cultura o la historia "catalanas", sino que son "extranjeros" y como tales han de ser tratados. Aquellos que se consideren "universales" podrán mantenerse en el callejero; pero los que respondan a la cultura "castellana" habrán de ser expulsados. En el fondo no se trata más que de visualizar, también en el callejero, que Cataluña no es España. Es por esto que el informe se inserta en una determinada presentación de Cataluña y su historia alejada de la realidad, fiel a los planteamientos nacionalistas y que se pretende imponer de diferentes maneras; entre ellas la de la "limpieza" de los callejeros. Además, como veremos, esta depuración de "lo castellano" (en realidad de lo español) se hace mediante la vinculación entre España y dictadura, tal como se indica también en el párrafo señalado.

Según la historia nacionalista, Cataluña nace hacia el siglo X cuando un pueblo que tiene su orgen el imperio de Carlomagno se independiza de los reyes franceses. En esa época surge un idioma y una cultura de paz y diálogo que tiene como elemento simbólico fundamental "la pau i treva"; aquellos acuerdos por los que se pretendía poner límite a los excesos feudales, ya en el siglo XI.

Este pueblo, aún dividido en diversos condados, tiene como cabeza informal al conde de Barcelona, quien por matrimonio adquiere en el siglo XII el reino de Aragón. A partir de ahí Cataluña lidera una confederación con Aragón que conquista Valencia, Mallorca y otros territorios en el Mediterráneo. Es la época gloriosa de los reyes catalanes en Aragón. Este período concluye con la muerte de Martí, "l'Humà" a comienzos del siglo XV. Tras su muerte llega al trono de Aragón una dinastía "castellana", los Trastámara, y poco después se produce la unión dinástica con Castilla que coloca a Cataluña en un segundo plano; aunque conservando sus instituciones y autonomía ("soberanía imperfecta" escuché el otro día que llamaban a este período).

Cataluña pugna por recuperar su libertad; pero es vencida tanto en la Guerra dels Segadors como en la definitiva derrota de 1714. Castilla impone su lengua y costumbres en Cataluña que está a punto de ser asimilada completamente; pero el espíritu nacional, que no se había apagado en el pueblo, renace en el siglo XIX. La industriosa Cataluña se recupera de la derrota en la Guerra de Sucesión y mediante su trabajo e iniciativa se convierte en la región más próspera de España, en el calor de esta prosperidas comienza la recuperación de los valores patrios y la reconstrucción de la nación, liberándola de todo lo que "Castilla" el fue imponiendo durante siglos. El castellano ha de ser desterrado y el catalán ha de convertirse en la única lengua conocida por todos, las fiestas "españolas" no se han de celebrar y la escuela ha de convertirse en una escuela nacional catalana que favorezca la presentación de una historia propia del país independiente que queremos ser.

Por supuesto, el relato que hacen los nacionalistas no es historia, sino caricatura; pero aquí no me detendré en ello (hace un tiempo me ocupaba, por ejemplo, de la forma en que se ha inventado una inexistente Cataluña previa a la unión con Aragón). Ahora lo que interesa destacar es que la manipulación del callejero de Sabadell es un elemento más en la "desespañolización" de Cataluña, tal como veíamos a partir de la cita del documento de trabajo al que me refería al comienzo de esta entrada.

Esta "desespañolización" se incardina, además y tal como adelantaba, con una presentación de España y de los españoles basada en la confrontación y el desprecio. No se trata solamente de mostrar la ajeneidad de lo español, sino que el nacionalismo construye su afirmación sobre la denigración de la cultura y la historia española. Es por esto que el otro día recomendaba la lectura de los estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia para entender mejor el despropósito del informe sobre el callejero de Sabadell.

La AMI es una asociación de municipios catalanes en la que se han integrado centenares de entidades entre ayuntamientos y diputaciones. La exposición de motivos de sus estatutos es un compendio de todos los tópios sobre la confrontación entre Cataluña y España, de la grandeza de Cataluña y de la maldad de España. Reproduzco a continuación algunos párrafos de estos estatutos que pueden leerse íntegros aquí.

Creo que se entienden bastante bien, pero aporto la traducción de estos fragmentos de los estatutos de la AMI:

"Sabemos que la historia del Estado español tiene una merecida fama en todo el mundo proveniente de su intolerancias hacia todo lo que no es su propia tradición cultural y nacional, en definitiva, de todo aquello que no es castellano. Desde el nacimiento de los estados modernos durante el Renacimiento, Castilla, núcleo básico de las españas, "castilla hizo las españas", dijo el poeta, no supo estar nunca en el lugar que le correspondia, tratando los pueblos y las naciones asociados o sometidos como pueblos o naciones de segunda o tercera.

Todos conocemos la historia que nos habla de guerras absurdas como la de Flandes, en la que España enterró vidas, fortuna y prestigio para nada, y a la que Cataluña se opuso de manera frontal; nos habla de los anhelos conseguidos por Portugal; nos habla del trato recibido por las antiguas colonias de América, Asia y África: "Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora" dice el mismo poeta. Y hoy el espíritu de España, que es el de Castilla, continúa exactamente igual

Es de todos conocido que este mismo espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial apartó a España de las corrientes científicas, políticas y humanísticas que se desarrollaban en Europa y América. Cataluña, sin embargo, continuó manteniendo su lengua, cultura, derecho, costumbres, instituciones y conciencia nacional desde antes de la formación del mismo Estado español, dentro del cual Cataluña ha encontrado incómoda y menospreciada, obligándola constantemente a luchar con armas diversas por mantener y hacer valer su ser e identidad.

Sabemos que en Cataluña el trabajo, la ciencia, las artes y el pensamiento siempre han estado en la vanguardia de la realidad y del sentimiento del pueblo, en contraposición a la dedicación de las élites españolas de habla castellana, dedicadas a la gran administración, el ejército y la judicatura".

Lo que en el informe sobre el callejero de Sabadell está implícito (supremacismo y desprecio a todo lo español) está bien explícito en los estatutos de la AMI que, recordemos, han sido ratificados por centenares de instituciones catalanas y, en ocasiones, con votos de formaciones políticas que ahora parecen querer desmarcarse de una forma de entender Cataluña y España que han hecho suyas durante décadas.

Leyendo estos estatutos (que, curiosamente, citan sin nombrarlo, al poeta que se ha convertido en símbolo del despropósito, Antonio Machado) se aprecia bien el trasfondo al que responde el informe comentado: lo español es Cataluña es fruto de imposición dictatorial y, por tanto, todos sus referentes habrán de justificarse, pues de otra forma se considerarán, como dice el informe "excesos" propios de "un modelo pseudo-cultural franquista". La dictadura de Franco como resumen de lo español y, por tanto, argumento único que justifica la exclusión de todo aquello que tenga que ver con España, desde Calderón de la Barca hasta la Región de Murcia (compruébese en el informe: p. 35 para Calderón y p. 31 para la Región de Murcia).

Atribuir nombres de calles como "Islas Cíes", "Fuerteventura", "Región de Murcia", "Calderón de la Barca", "Goya" o "Espronceda" a excesos pseudo-culturales franquista puede parecer pura irracionalidad; pero animaría a quienes estos días lo han criticado a que repasen los estatutos de la AMI y nieguen que lo que en ellos se dice es el sustrato ideológico sobre el que se asienta este informe. La sinrazón nacionalista, que hace tanto que comenzó, tenderá siempre a ir más allá, y debemos detenerla antes de que devore lo que aún queda de sentido común; pero para ello debemos elevarnos sobre la anécdota y ver dónde se alimenta el supremacismo en el que se asienta.