Inmersión y Parlamento Europeo

Pues les ha quedado niquelada la visita de los eurodiputados a los nacionalistas.

Tras décadas repitiendo que el sistema de inmersión estaba reconocido internacionalmente, a la primera oportunidad que tienen de lucirlo ante un grupo de eurodiputados (una estonia, un alemán, dos polacos, una italiana y una francesa), primero intentan que la misión no venga y luego, al ver que no pueden pararla, los socialnacionalistas se bajan de ella en un claro intento de preparar el terreno para deslegitimarla.

Aún así la misión viene y ¿qué se encuentran?

- Padres que explican el doloroso camino que hay que seguir cuando, simplemente, exiges tu derecho a que una parte (¡una parte tan solo!) de la educación sea en una lengua oficial que es materna de la mayoría de la población.

- Al salir de la reunión, y cuando, quizás, los diputados se están preguntando si será cierto lo que acaban de escuchar, se encuentran con un escrache montado contra ellos por los partidarios de la inmersión en el que les insultan e increpan. Constatan así en primera persona el trato que reciben en Cataluña los que son sospechosos de cuestionar los dogmas nacionalistas.

- En los centros educativos que visitan se encuentran con un alto cargo de la Generalitat y el inspector, sin que los eurodiputados puedan charlar de manera directa y libre de presiones con directores y profesores.

- Cuando visitan el Tribunal Superior de Justicia, los magistrados les explican que las sentencias no se cumplen y que se sienten presionados cuando han de dictar decisiones en esa materia. Además, la Alta Inspección "pasa" de colaborar con los jueces cuando estos la requieren para ello.

Un panorama desolador que tuvo reflejo en la rueda de prensa de la jefa de la delegación, la eurodiputada estonia Yana Toom, quien destacó varias cosas:

- Que les habían insultado, y que entendía que hubiera pocas peticiones de una presencia mínima de castellano ante el acoso existente.

- Que no era admisible que no se cumplieran las sentencia judiciales.

- Que era normal que hubiera padres que desearan que sus hijos estudiaran en castellano, incluso más allá del 25%, sin dejar de lado el catalán.

- Que una integración forzosa era una asimilación.

- Que el catalán no estaba en peligro.

- Que el sistema no funcionaba y que nadie buscaba alternativas.

Veremos las conclusiones de la comisión en unos meses; pero lo que ya se ha dicho hasta ahora es significativo y creo que merece ser reflexionado.

Durante décadas hemos dado por bueno en España un sistema educativo que, lo digo sin exagerar, es perverso.

Lo es porque excluye una lengua oficial y mayoritaria, para darle un tratamiento secundario con el objetivo explícito de extender el uso de la lengua catalana.

No se insiste lo suficiente en que es ilegítimo que el poder público utilice los medios de que dispone, incluida la escuela, para cambiar los usos lingüísticos de la población.

El sistema educativo ha de garantizar el conocimiento de las lenguas, hasta ahí estamos de acuerdo; pero sin que se trate de imponer un uso determinado de las mismas. Intentar que se extienda el uso del catalán, lo que comportará una disminución del uso de otras lenguas y, especialmente, del castellano, la lengua que es actualmente mayoritaria entre la población es una aberración.

Imponer a las familias que presten sus hijos para este programa de sustitución lingüística es perverso. Un mecanismo de asimilación (como ha sido denominado por Yana Toom) es, en sí -y a mi juicio- equivocado; pero cuando no se da alternativa, cuando se impone a todos sin siquiera preguntarles se convierte en ilegítimo, en un ataque a la libertad, la dignidad y a la identidad de los niños y de sus familias.

No somos herramientas para que los nacionalistas construyan su soñada "Cataluña en catalán". Y es triste que tengan que venir de afuera a recordárnoslo.

Pero es que aún hay más. Los eurodiputados parece ser que estaban asombrados de que las sentencias no se cumplieran. Esto es una quiebra esencial de un principio nuclear en la UE: el respeto al Estado de Derecho. Algunos llevamos repitiéndolo hace años, pero hasta ahora ninguna acción se había llevado adelante por parte de la UE, que rechaza fiscalizar a entidades subestatales como es la Generalitat. Confío en que la visita de los eurodiputados ayude a cambiar la perspectiva de la Comisión e indague en la forma en que son despreciadas y cuestionadas las decisiones judiciales en Cataluña.

Comentario aparte merece la agresividad nacionalista, que los diputados pudieron comprobar en primera persona. En España se comenta poco que si el número de familias que piden la enseñanza bilingüe es reducido se debe en buena medida a las presiones existentes para evitar que se extienda la demanda de este tipo de enseñanza. Debería indignarnos que demos por bueno un sistema de presión y acoso generalizado orientado a impedir que las personas ejerciten sus derechos.

Y, finalmente, el mantra de que el catalán está en peligro. Lo ha dicho con claridad Yana Toom: el catalán no está en peligro.

Lo de que el catalán está en peligro ha sido la excusa utilizada para imponerlo en la administración y en la escuela.

Que conste que aunque así fuera no habría justificación para tales imposiciones. Más en peligro estaría el aranés y no se nos ocurre establecer un sistema de inmersión obligatoria en aranés para "salvarlo". Además, como he dicho, no puede imponerse a los alumnos que se conviertan en "salvadores de lenguas". Esa es una opción que uno puede adoptar si quiere, pero no puede obligarse a ello desde el poder público.

Pero es que, además, es mentira. Existen ahora mismo unos diez millones de personas que conocen el catalán/valenciano. De estos, hablantes nativos de la lengua habrá más de cuatro millones, incluyendo Cataluña, Valencia y Baleares. No existe pérdida de la transmisión intergeneracional; esto es, los padres que tienen el catalán como lengua materna se lo transmiten a sus hijos; pero, incluso si asumiéramos una pérdida intergenaracional de un 20% (que es muchísimo y que, repito, no se ajusta en absoluto a los datos existentes, que hablan, incluso, de una ganancia en la transmisión intergeneracional), pasarían casi 200 años antes de que el catalán bajara del millón de hablantes nativos.

Si en vez de hablantes nativos consideramos el total de hablantes, el tiempo necesario para que se produjera esa situación por debajo del millón de hablantes, partiendo de una pérdida del 20% en cada generación, sería de unos tres siglos.

No, el argumento no es la "desaparición" del catalán, sino la imposición de un proyecto de construcción nacional que exige la modificación de los usos lingüísticos de los hablantes, una modificación que tiene en la escuela una herramienta esencial; una herramienta en la que nuestros hijos hacen el papel de tornillos o pistones.

Es hora de ponerle fin, y confío en que la misión de eurodiputados sea una ayuda en una lucha tan justa como desigual.

Pegasus

El caso Pegasus da buena cuenta de la difícil situación en la que nos encontramos.

Recordemos. El caso surge cuando en 2020 se publica que los teléfonos móviles de varios políticos catalanes habían sido infectados por una aplicación espía (Pegasus). A esta publicación siguió un informe de Citizen Las (institución vinculada a la Universidad de Toronto, en Canadá) en el que ponía cifras al caso, afirmando que habían sido infectados los teléfonos de, al menos, 65 personas. A partir de ahí, el informe asume que el espionaje tenía su origen en el CNI (servicio de inteligencia de España), planteando que nos encontrábamos ante un escándalo que debería ser investigado.

En estos años no he seguido con excesivo interés el tema; y por lo que se verá a continuación se entenderá mi escasa preocupación por las noticias relativas a lo que algunos han llamado Catalangate. Ahora bien, la posibilidad de que se abra una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto me ha animado a volver sobre él.

Es claro que esa comisión de investigación apoyaría las afirmaciones victimistas del nacionalismo y debilitaría no solamente la posición de España a nivel internacional, sino también la del CNI y la de los tribunales, como veremos enseguida; así que creo que merece la pena repasar lo que se sabe y lo que se imagina sobre este tema.

En primer lugar, sabemos que varios políticos catalanes afirman que han sido espiados por medio de un programa producido por una empresa israelí que lleva por nombre Pegasus. La afirmación fue, como se ha avanzado, publicada por los diarios The Guardian y "El País", basándose en investigaciones del instituto "Citizen Lab", de Canadá.

La calidad de la investigación de Citizen Lab ha sido cuestionada; entre otras cosas por la participación en la misma de algunas de las personas afectadas, tal y como ha mostrado por José Javier Olivas.

Es decir, podría ponerse en duda si todas o alguna de las personas afectadas por el programa Pegasus habían sido realmente espiadas a través de él; pero, incluso si damos ese dato por bueno, quedaría por saber quién ha realizado el espionaje.

Citizen Lab parece dar por sentado que es el CNI; así como el nacionalismo catalán; pero, hasta donde yo sé, ese dato no se tiene. Es decir, no hay ninguna prueba de que el programa Pegasus que pudo haber infectado los teléfonos móviles de algunos políticos catalanes hubiera sido introducido en ellos por el CNI.

Podría pensarse que, dada la situación de conflicto generada por el proceso de secesión de Cataluña, lo lógico es que el espionaje fuera cosa del gobierno español. Como digo, así parece asumirlo Citizen Lab.

Ahora bien, como digo, no hay -que yo sepa- pruebas de ello. Además, no sería sensato descartar que algún otro actor estuviera interesado en conocer lo que tramaban los nacionalistas catalanes. Así, en primer lugar, están los propios nacionalistas. No hay que perder de vista que la Generalitat no es una asociación de jubilados para jugar a la petanca; sino una administración con un presupuesto de más de 40.000 millones de euros anuales (más que el gasto público total de países como Bulgaria, Croacia o Ecuador o la mitad del total del gasto público de Hungría) y que, entre otras cosas, ejerce competencias en materia de policía (17.000 agentes armados), incluida la lucha contra el terrorismo. Desde luego, dispone de las capacidades para realizar tareas de información equivalentes a las que puede realizar un estado. Además, las distintas facciones del nacionalismo no han estado siempre bien avenidas (recordemos, por ejemplo, cómo en 2016 el partido CUP evitó que repitiera como presidente de la Generalitat Artur Mas, de CiU, lo que llevó a la presidencia a Carles Puigdemont). No existen razones para descartar que la propia Generalitat hubiera realizado labores de espionaje a líderes políticos, incluso afines.

Que quede claro que tampoco afirmo lo anterior; pero sí que mantengo que si se puede especular con el CNI también se puede hacer con otros actores; como puede ser la Generalitat.

Por otra parte, tampoco puede descartarse que otros países estuvieran también interesados en tener información de primera mano sobre los movimientos nacionalistas. A veces parece olvidársenos la seriedad del desafío nacionalista. La ruptura de un país como España, que no ha visto modificadas sus fronteras desde el Tratado de los Pirineos de 1659 (excepción hecha de las diferentes ocupaciones de Menorca durante el siglo XVIII por ingleses y francesas, hasta la vuelta definitiva a España en 1802; y de la ocupación de Gibraltar por el Reino Unido durante la Guerra de Sucesión), que es la cuarta economía de la UE y con una posición estratégica relevante preocuparía a más de una potencia. Máxime si tenemos en cuenta los vínculos del nacionalismo con Rusia.

Así pues, afirmar que han sido los servicios secretos españoles los responsables del Catalangate no es más que una especulación; y dejar de lado la posibilidad de que existan otros gobiernos (regionales o nacionales) implicados no deja de ser también una especulación interesada. El proceso catalán es un problema internacional que alteraría equilibrios en el continente europeo y, por tanto, sería ingenuo pensar que no interesa a nadie más allá de los Pirineos.

Pero, incluso dejando de lado lo anterior y asumiendo que el espionaje, en todo o en parte, fuera cosa del CNI... ¿y qué?

Hace un momento decía que se es poco consciente de las implicaciones internacionales del desafío secesionista catalán. De igual forma, parece que no somos conscientes de lo que supone para la estabilidad en España y para el mantenimiento del orden constitucional.

Estamos hablando de una administración que, como ya he dicho, maneja más de 40.000 millones de euros anuales y controla 17.000 policías que hace expreso que actuará al margen de la Constitución para constituir un nuevo estado sobre una parte del territorio español con una población de casi ocho millones de personas. Una administración cuyas autoridades han ido más allá de las palabras la declarar al convocar y llevar a cabo un referéndum contra la prohibición del Tribunal Constitucional, al declarar la independencia, al haber establecido contactos con otros países para que apoyaran la secesión y al haber desviado dinero público para tales fines.

Estamos hablando de personas que han cometido delitos y otros que han huido de la acción de la justicia y que desde un país extranjero mantienen su plan de conseguir la secesión de Cataluña, sin renunciar para ello a la vía unilateral.

Estamos hablando de una organización que intentó bloquear el aeropuerto de Barcelona y otras infraestructuras vitales, y que está siendo investigada por haber iniciado trabajos para la preparación de explosivos.

Ante todo esto, ¿no tienen legitimidad los servicios secretos para investigar a personas que, de manera declarada, participan en todo lo anterior?

Lo que sería una irresponsabilidad es que no se investigara. O, mejor dicho, que no se investigue, que es lo que está sucediendo ahora como consecuencia de los pactos entre el PSOE y los nacionalistas.

Así pues, no me causaría escándalo que los servicios de inteligencia vigilaran a quienes afirman abiertamente que quieren derogar por la vía de hecho la Constitución en Cataluña. Al revés, me parecería una irresponsabilidad que no se les vigilara. Por supuesto, siempre de acuerdo con las previsiones legales, que en el caso de España, para las escuchas u otras intervenciones equivalentes, exigen la autorización judicial (LO 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, BOE, 7 de mayo de 2022).

Por cierto, la necesidad de autorización judicial marca una diferencia fundamental con otros países, en los que es el ejecutivo quien autoriza las escuchas de los servicios de inteligencia (ver, por ejemplo, la Investigatory Powers Act del año 2016 en el Reino Unido).

Esta no es una diferencia menor, y quizás esté en la base de algunos escándalos artificiales que se plantean en relación a este tema. No es lo mismo una escucha autorizada por un político que la que autoriza un juez. ¿Vamos a negar ahora la posibilidad de escuchas autorizadas judicialmente en relación a personas que reconocen su vinculación con actividades que afectan a la soberanía nacional? Como dije en su momento ante la polvareda que estaba levantando el Catalangate, si alguno de los que tanto protestan ven la mítica serie The Wire se caerían de espaldas.

Así que:

- No sabemos a quién se implantó el Pegasus.

- Aun asumiendo que hubo políticos afectados por el software espía, no sabemos quién lo introdujo en sus móviles.

- Aun asumiendo que hubiera sido el CNI, si la intervención se hizo con autorización judicial ¿dónde está el problema?

El problema puede venir ahora; porque, siendo conscientes los nacionalistas de que la intervención de las comunicaciones que pudieron haber sufrido como consecuencia de su abierto propósito de poner fin a la eficacia de la Constitución en Cataluña, sería con autorización judicial; pretenden trasladar a los jueces una presión que les ayudará en su confesado propósito de debilitar a una de las pocas instituciones que supuso un freno a sus planes en 2017. De esta forma, ahora sabemos que el juez que tuvo que autorizar las escuchas (en caso de haberlas habido) fue presionado por el Parlamento de Cataluña para dar información que el juez, además, no podría facilitar por relacionarse con la seguridad nacional.

En estos momentos, además, la presión a los jueces que puede venir tanto desde el Parlamento de Cataluña como desde la comisión que quiere crearse en el Congreso, afectaría a un punto delicado en nuestra arquitectura institucional: las relaciones entre el poder legislativo y el judicial. No por casualidad, el art. 399 de la LOPJ prohíbe que las autoridades conminen a los jueces a comparecer ante ellas.

Como es sabido, uno de los elementos nucleares en el acuerdo entre el PSOE y Junts es la asunción por el primero del lawfare que el segundo predica respecto a la actuación de los tribunales en el caso catalán. La creación de esta comisión Pegasus, en el fondo, no es más que una piedra más, y de considerables dimensiones, en el intento de debilitar uno de los pocos poderes del Estado que ahora no controlan los nacionalistas.

El otro es la Monarquía.