Sorprende que la valoración que se hace
del recurso planteado por el Gobierno español contra la normativa de
matriculación de la Generalitat se centre casi exclusivamente en los efectos de
dicho recurso sobre el sistema de inmersión.
Evidentemente, el recurso afectará a la
denominada “inmersión”, pero las razones que explican su planteamiento van más
allá de las bondades o maldades de la exclusiva utilización del catalán como
lengua vehicular en la enseñanza.
Con independencia de que la inmersión sea
un error (o no), lo relevante es que la exigencia de que al menos el 25% de la
enseñanza en Cataluña deba impartirse en castellano se encuentra fijada por los
tribunales. Esto es, ya no se trata de debatir sobre si la inmersión es o no es
una buena opción educativa, sino de conseguir que la administración actúe con
sometimiento pleno a la ley y al derecho y que cumpla las decisiones
judiciales.
Es cierto que el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat no es un ejemplo de acatamiento a la ley. En ésta y
en otras materias parece actuar con cierta frecuencia como si las normas fueran
tan solo algo a esquivar, no a cumplir; pero todo tiene un límite. La
desobediencia explícita y arrogante ante decisiones inequívocas de los
tribunales no puede ser tolerada so pena de quebrar nuestro sistema social y
político, que se basa –como no podía ser de otra manera- en el sometimiento de
la administración a los tribunales.
Por eso sorprende que la mayoría de los
partidos con representación en el Parlamento de Cataluña hayan reprobado la
acción del Gobierno. Lo lógico sería que incluso aquellos que son favorables a
la inmersión apoyaran una medida que pretende algo tan básico como hacer
cumplir las resoluciones de los tribunales.
Quizás la cultura democrática no abunda.
Lástima.
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