Desde que Artur Mas anunció la sustitución de la consulta prevista para el día 9 de noviembre por un proceso de participación ciudadana no son pocas las voces que han defendido que se debería ser tolerante con la convocatoria --realizada hasta ahora tan solo de manera informal-- y renunciar a denunciarla ante los tribunales, a dificultarla o a impedirla. Creo que es un planteamiento equivocado.
En primer lugar, hay que aclarar que la consulta proyectada está impulsada y organizada por el poder público, en concreto por la Generalitat de Catalunya. Este no es un dato menor y marca una diferencia esencial con otros procesos posibles en los que son asociaciones privadas o grupos de particulares los que organizan algo parecido a lo que podría ser propiamente una consulta. Estos remedos de consulta en los que se pueden colocar urnas, distribuir papeletas e, incluso, hacer su recuento, deben ser considerados como manifestaciones legítimas de la libertad de expresión y de manifestación y un elemento más del rico debate público en una sociedad democrática. Siempre que se respeten los estrictos límites de estas libertades en nuestro sistema tan solo en aquellos casos en los que puedan conducir a confusión (por pretender celebrarse en la misma fecha que una convocatoria electoral formal) estaría justificada la prohibición de tales consultas.
La valoración ha de ser completamente diferente cuando la consulta es organizada por una administración o una administración participa en ella, tal como sucede en el caso de la prevista para el 9 de noviembre. El poder público no solamente está sometido a la ley como podemos estar todos, actuando el Derecho como límite externo a su actuación, sino que el contenido de sus actos ha de tener también una base normativa. De otra forma, la administración entraría en lo que se conoce como vía de hecho (una actuación del poder público no amparada legalmente), vía de hecho que deberíamos entender desterrada en los Estados modernos pues es una manifestación de los abusos propios del Antiguo Régimen. De esta forma, la administración solamente podría participar en una consulta u organizarla cuando se dieran los requisitos legales para ello.
En el caso de la prevista para el 9 de noviembre no existe mucho margen para justificar la legalidad de la misma y, en cualquier caso, está prohibida por el Tribunal Constitucional en su forma de consulta y si se pretendiera calificar como proceso de participación ciudadana encontraríamos que no reúne ni los requisitos sustanciales ni formales para poder ser encuadrada en dicha categoría. Se trata, por tanto, de un proceso ilegal que a día de hoy, además, carece de cobertura jurídica formal.
Siendo esto así, ¿cómo puede plantearse que sea tolerado? Permitir que una administración actúe al margen y en contra de la ley supondría una deslegitimación del Estado de derecho que no podría dejar de tener consecuencias: ¿qué confianza podrían tener los ciudadanos en las instituciones cuando son testigos de que quienes deberían dar ejemplo de respeto a la ley la vulneran impunemente, haciendo alarde de forma explícita de su “astucia” a fin de evitar las consecuencias de sus actos ilegales? ¿Cómo podría exigirse a un ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones cívicas cuando a aquellos que tienen una responsabilidad mayor y, por tanto, también una vinculación más rigurosa con las normas jurídicas, se les permite eludirlas? La confianza en nuestro Estado de derecho, gravemente dañada por los años de hierro de la crisis y la corrupción, sufriría un mazazo que podría ser definitivo.
Además de lo anterior nos encontramos con que la anómala situación en la que una administración dedique sus medios y caudales a burlar de forma explícita el ordenamiento jurídico coloca, como efecto indirecto, a los ciudadanos y especialmente a los funcionarios en situaciones difíciles que no deberían tolerarse. Estas situaciones son consecuencia de la colisión entre dos autoridades que se proyectan ambas sobre el individuo: la Generalitat, que no deja de ser poder público, se dirige a funcionarios, alcaldes y medios de comunicación para recabar colaboración en la realización de un acto ilegal. La administración autonómica no deja de ser administración porque actúe fuera de la ley y las comunicaciones que dirige a los ciudadanos y las instituciones siguen revestidas de la autoridad que tiene el poder. Aquellos a quienes se dirigen tales comunicaciones se encuentran también vinculados por el Derecho que convierte en ilegal lo que se le solicita. En un Estado democrático no es de recibo que los ciudadanos se vean obligados a elegir entre dos actuaciones contradictorias amparadas ambas por el poder público. Es una situación a la que se debe de poner fin.
Finalmente, en la consulta del 9 de noviembre están llamados a participar también menores de edad. ¿Consentiremos que el primer contacto que crean tener con una urna sea en un proceso sin garantías democráticas, ilegal y carente de legitimidad? ¿Qué impresión causará en quienes se abren a la vida adulta y también a su condición de ciudadanos? ¿Podemos, tranquilamente, admitir que quienes aún están en edad de merecer la especial protección que ofrece el Estado a los menores de edad sean involucrados en un proceso que se sabe ilegal?
Creo que no se ha de ser tolerante con la convocatoria del 9 de noviembre. En absoluto. Nos jugamos más de lo que algunos parecen pensar, nos jugamos seguir siendo un Estado de derecho.
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