Nacionalismo y democracia en Cataluña

Cuando era un niño y escuchaba a mis abuelos contar historias de la Guerra Civil española (1936-1939) y de los momentos que la precedieron me sorprendía que, según su relato, todo el mundo era consciente de la posibilidad de un golpe de Estado. Cuando escuchaba estas historias, en los años 70 y 80 del siglo XX, justo en el momento en el que España recuperaba la democracia tras los casi cuarenta años de dictadura del general Franco, ingenuamente me preguntaba cómo era posible que nadie hubiera actuado contra quienes de manera abierta amenazaban con quebrantar la Constitución y la ley. No concebía una sociedad o un sistema político que permanecieran impasibles ante la amenaza de la ruptura del Estado de Derecho.

Nunca imaginé que llegara a vivir una situación parecida. Y, sin embargo, es la que experimentamos ahora en Cataluña. Los partidos nacionalistas, que controlan el parlamento y gobierno regionales, además de muchos gobiernos locales, amenazan constantemente con que obrarán al margen de la ley, no acatan las sentencias judiciales que les prohíben dedicar recursos públicos a apoyar el plan secesionista y hacen alarde de que en cualquier momento proclamarán la independencia de la región.

Las declaraciones de responsables políticos y las proclamaciones solemnes del parlamento y de los gobiernos locales son sentidas como una amenaza por los ciudadanos catalanes que no comparten el ideario nacionalista. Y también con preocupación, porque muestran una sociedad cada vez más alejada de los valores democráticos.

No basta que haya elecciones para que tengamos una democracia. El respeto a los derechos fundamentales, la división de poderes y la neutralidad de las administraciones son elementos fundamentales para que una Nación pueda considerarse un sistema democrático.

España, afortunadamente es una democracia, con una Constitución vigente desde el año 1978 que incluye todos los elementos que acaban de ser mencionados. Además, establece la posibilidad de que se creen Comunidades Autónomas que asumen en su territorio amplias competencias. Cataluña es una de esas Comunidades Autónomas y el gobierno y parlamentos regionales son responsables, entre otras materias, de educación, sanidad, ciertas infraestructuras, policía y prisiones.

Actualmente este parlamento y este gobierno regionales están controlados por los nacionalistas que pretenden que la Comunidad Autónoma se convierta en un Estado independiente. Los independentistas no son la mayoría de la población (en las últimas elecciones obtuvieron un 47,8% del voto popular, un 36,8% sobre el censo), aunque merced al sistema electoral ese porcentaje de voto les ha proporcionado la mayoría absoluta en el parlamento regional. Son las reglas del juego y no hay nada que objetar; pero también forma parte de las reglas del juego que las instituciones y el gobierno actúen dentro del marco diseñado por la Constitución y las leyes. Los nacionalistas, en cambio hacen explícito que no acatarán las leyes y que utilizarán las instituciones para facilitar la secesión, incluso aunque esto suponga enfrentarse con el Gobierno español. De hecho, este enfrentamiento ya ha empezado. Varios cargos públicos han desobedecido de forma clara órdenes de los tribunales –por ejemplo, la Sra. Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, quien tramitó contra la expresa prohibición del Tribunal Constitucional una moción cuyo objetivo era dar continuidad al proceso secesionista-, lo que ha originado actuaciones judiciales que los nacionalistas pretenden presentar como persecución ideológica, cuando, en realidad, su base es la investigación de la falta de acatamiento a las decisiones judiciales.

Así, en muchos ayuntamientos gobernados por nacionalistas las banderas separatistas –las esteladas- lucen en los ayuntamientos y en otros edificios públicos. Incluso en períodos electorales estas banderas que representan tan solo a los nacionalistas ondean en los espacios que deberían estar reservados a las banderas oficiales. Las órdenes de las Juntas Electorales, las encargadas de velar por el cumplimiento de las reglas que rigen las elecciones, son desobedecidas y así las elecciones acaban celebrándose en espacios en los que no reina la necesaria neutralidad institucional. Esta actuación completamente ilegítima de alcaldes y concejales está siendo investigada por los tribunales, ya que supone una adulteración del proceso electoral. Los nacionalistas pretenden hacer pasar estas actuaciones por persecución ideológica, pero precisamente lo único que se pretende es garantizar que la administración no favorece a determinadas opciones políticas.

Más grave es que en las escuelas, que dependen del gobierno regional, se encuentran ejemplos de propaganda secesionista, especialmente preocupante cuando se orienta a fomentar el odio hacia España o los españoles (entendidos una y otros como lo que no es Cataluña o los catalanes.

El ambiente en Cataluña es el de construcción de un régimen en el que los nacionalistas, mediante la ocupación de las instituciones y el control de asociaciones civiles (las asociaciones de madres y padres de alumnos en las escuelas o los colegios profesionales, por ejemplo) limita la disidencia. La prueba de hasta dónde ha llegado este régimen la tenemos en las declaraciones de hace pocos días de un senador de ERC –partido nacionalista que forma parte del gobierno de Cataluña- quien abiertamente explicó en diversas charlas por toda Cataluña que el gobierno de la Generalitat trabajaba en la preparación de todo lo necesario para la secesión –pese a que tales trabajos habían sido prohibidos por el Tribunal Constitucional- y que entre las cosas que se estaban haciendo se encontraba la elaboración ilegal de bases de datos para que el gobierno regional pudiera cobrar todos los impuestos una vez proclamada la independencia. El senador lo resumió gráficamente con la frase “estáis todos fichados”, referido aquí el “todos” a los catalanes.

Si es grave que el poder público elabore bases ilegales de datos fiscales de los ciudadanos, más lo es que, tal como explicó este mismo senador, se elaboren listas de funcionarios afines a las ideas independentistas y funcionarios no afines, con el fin de sustituir a estos por nacionalistas una vez proclamada la independencia.

Lo que más ha de preocuparnos, sin embargo, es que estas declaraciones (bases de datos ilegales, listas negras, depuración de funcionarios no afines) fueron recibidas con risas de aprobación por el público que asistía a las conferencias donde se explicaban estos horrores propios tan solo de dictaduras totalitarias.

Esta es la situación de Cataluña hoy. Tal como decía al principio, nunca había pensado que experimentaría durante mi vida adulta lo que supone vivir en el temor de la pérdida de las libertades y de la democracia. Ahora ya lo he vivido, y no es agradable.