Necesidad y límites del consenso

¿Qué diferencia hay entre acuerdos y consensos? Quizás el diccionario no es suficientemente claro sobre una distinción que para quienes vivimos la Transición, aunque fuera como niños, resulta evidente, esencial.

Cuando a partir de 1976 se comienza a construir el marco de convivencia del que ahora continuamos disfrutando se empieza a utilizar de forma insistente el término consenso, palabra que antes de esa época no recuerdo que fuera empleada con frecuencia. El término hacía referencia a un entendimiento que había de ser amplio y profundo. No se trataba de construir alianzas que aislaran al discrepante, sino de integrar todos o la mayoría de los puntos de vista.

Además, la profundidad del acuerdo implicaba que no se debía limitar a un toma y daca en el que cada parte renuncia sin convencimiento a cambio de obtener algo de las demás, sino de algo completamente diferente: dialogar hasta encontrar aquellos puntos en los que las perspectivas coinciden, profundizar en los planteamientos propios, descender siguiendo sus raíces hasta llegar al punto en el que esas raíces se encuentran con las de los demás. El consenso, a diferencia del acuerdo, exige que todos asuman el resultado final como propio y no como una mera componenda.

El día a día de la democracia es el acuerdo, pero estos acuerdos han de descansar sobre los consensos esenciales, aquellos que no precisan ser debatidos porque traducen evidencias que nadie asume como una mera concesión, sino como un principio propio. La existencia de estos consensos ofrece la base sobre la que la convivencia puede desarrollarse sin necesidad de que todo sea cuestionado permanentemente. Creo que uno de los errores que hemos cometido en las últimas décadas ha sido ir olvidando progresivamente la importancia de cuidar estos consensos, sustituyéndolos por meros acuerdos que van debilitando la fortaleza del Estado de Derecho.

Hay algún ejemplo de esto que planteo. Para mí el más claro es la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de otros integrantes de altas instituciones del Estado. En lo que se refiere a los magistrados del Constitucional la Constitución prevé que los nombrados por el Congreso y el Senado han de ser designados por una mayoría de tres quintos de cada Cámara (en el caso del Congreso, 210 diputados sobre 350). Una mayoría tan alta implica que la Constitución exige que los magistrados del Tribunal Constitucional sean personas de consenso, que sean percibidas como adecuadas por una amplísima mayoría del Congreso. La tarea que la Constitución encomendaba a los diputados era la de buscar en cada designación esas personas que serían asumidas como propias por un número amplio de diputados. Como todos sabemos no ha sido ésta la opción seguida, sino que se ha preferido sustituir este consenso por un acuerdo en el que los partidos han optado por pactar que cada uno votaría a los candidatos del otro a cambio de que el otro votara a los propios candidatos. Hete aquí un ejemplo claro de cómo la sustitución del consenso por el acuerdo ha debilitado la legitimidad de las instituciones con los resultados que todos conocemos.

¿Debemos, pues, recuperar los consensos? No me cabe ninguna duda. Los más de treinta años de democracia han ido desgastando los consensos originales sobre los que se asienta nuestro sistema; en parte como resultado ineludible del transcurso del tiempo y del cambio de circunstancias; pero también, como acabo de señalar, por no haber tenido suficientemente clara la distinción esencial entre acuerdos y consensos y la sustitución de algunos de éstos por aquéllos en supuestos en los que era obligado ir más allá de la mera negociación política tactista y coyuntural.

Es pues, preciso, que toda la sociedad, no solamente los partidos, comience a trabajar en la línea no de negociar, sino de buscar cuáles son los elementos esenciales de nuestro marco de convivencia en los que todos estamos de acuerdo. La identificación de esos puntos comunes permitirá construir las bases de nuestro sistema para las próximas décadas. Existen, seguramente, algunos elementos sobre los que se puede trabajar. Así, por ejemplo, el papel que han de tener en nuestra sociedad los servicios públicos (sanidad, educación) y el grado de igualdad que deseamos. También qué punto queremos alcanzar entre la democracia directa y la democracia participativa, qué papel hemos de jugar en las relaciones internacionales y cuál es la mejor organización territorial del Estado. Son cuestiones en las que creo que no es imposible llegar a puntos comunes a través del análisis y del diálogo.

La búsqueda de nuevos consensos que den impulso a nuestra sociedad es, por tanto, una tarea que sería necesario abordar. Todos están llamados a participar en esta búsqueda; pero también tenemos que ser conscientes que no todos acabarán siendo parte del consenso. Habrá quienes prefieran mantenerse fuera de ese marco de convivencia que pretendemos construir entre todos.

Evidentemente, quienes aspiran a la ruptura de la comunidad política se excluyen del consenso, pues no es posible encontrar esos puntos comunes entre quienes desean establecer una comunidad política diferenciada y quienes optan por mantener nuestro actual marco de convivencia. Quienes se plantean como objetivo político la independencia de una parte de España afirman de una forma explícita que no están interesados en colaborar en un proyecto común y, por tanto, no tiene sentido tampoco que participen en la construcción de los consensos que habrán de fundamentar una comunidad política que ellos pretenden destruir.

Creo que ahora mismo nos encontramos en un momento histórico, en el que se hace evidente que debemos revitalizar el marco de convivencia que creamos en el año 1978. Necesitamos que todos participen en esta tarea desde la política y desde la sociedad civil; pero debemos huir de los tópicos y afrontar la tarea con rigor y siendo conscientes de sus límites. Si pretendemos integrar a todos en una tarea que requiere compromiso y lealtad nos quedaremos varados permanentemente en la orilla de la Historia, y esto no es algo que se puedan permitir los millones de españoles que precisan soluciones para los problemas reales y urgentes que ahora nos acucian.