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domingo, 31 de mayo de 2020

Sobre marqueses y terroristas



Arcadi Espada publica en "El Mundo" un artículo en relación al debate abierto sobre si Pablo Iglesias es o no hijo de un terrorista. El artículo es en un 99% hechos y tan solo en un 1% opinión.
Creo que debería ser lectura obligatoria para todos aquellos que quieran intervenir, en un sentido o en el otro, en el debate sobre la condición de los progenitories de Álvarez de Toledo e Iglesias.
El debate en sí creo que hace un flaco favor a una intervención, la de Álvarez de Toledo el otro día en el Congreso, que aportó un análisis basado en evidencias sobre el pefil político del Vicepresidente segundo del gobierno de España. El otro día compartía por aquí esa intervención de la portavoz popular que, creo, merece ser difundida.


Pero este otro debate que podría pasar por anecdótico muestra algunas características de nuestra política a las que, creo, convendría prestar atencíon y que, como veremos, deberían preocuparnos.
Este incidente muestra, tal como intentaré mostrar al final, que hemos pasado de debatir sobre ideas y argumentos a un poco disimulado intento de modificar la realidad y el pasado. Al final, la propaganda pretende devorarlo todo. Y eso no es nada anecdótico.

Antes, sin embargo, creo que hay que hacer una consideración previa.
Estos días me he encontrado con personas que piensan que la referencia de Álvarez de Toledo al padre de Iglesias no tenía ninguna relación con lo que había dicho Iglesias. Y cuando les explicaba (muchos no habían visto el debate y se quedaban con el titular sin conocer el contexto) que previamente Iglesias había pasado toda su intervención llamando irónica o despectivamente a Álvarez de Toledo marquesa seguían sin ver la relación entre una cosa y otra.


Pues la tiene.
Un título nobiliario se consigue o por méritos propios o por herencia. Si uno se remonta hacia atrás siempre encontrará un hecho destacado (real o ficticio, honorable o miserable; pero en cualquier caso valioso desde la perspectiva de quien otorgó el título) que explica la concesión. A partir de ahí, sin embargo, el título se transmite de padres (o madres) a hijos (o a hijas) por lo que desde ese momento el título, en realidad nada dice de quien lo ostenta, sino de sus mayores.
La distinción está muy presente entre quienes tienen trato con estas cosas. Se cuenta la anécdota de que un duque de Alba en el siglo XIX tenía un amigo que ambicionaba un título de nobleza del que carecía. Cuando le fue concedido un título nobiliario el duque de Alba le dijo, "ya eres como yo" a lo que su amigo replicó: "no, yo soy como el primer duque de Alba". Él había conseguido el título, su amigo "tan solo" lo había heredado.
Esto nos explica que desde la perspectiva de quien tiene un título nobiliario que no le ha sido otorgado a él, el título hace siempre referencia a quienes precedieron al actual titular. Mencionar el título de marquesa de Álvarez de Toledo es mencionar a su padre y a quienes antes que su padre tuvieron también ese título.
Pero también a su padre, que es de quien lo recibe directamente.
Pablo Iglesias puede ser tan estúpido de no caer en esa cuenta; pero eso no cambia las cosas. Mencionar el título es mencionar al padre.
Y mencionar a los padres siempre es delicado y legitima a quien es aludido para llevar el debate por esos terrenos.
A partir de ahí Álvarez de Toledo le recuerda a Pablo Iglesias que es hijo de un terrorista.
Y a continuación Iglesias sube ofencido a la tribuna y llega a amenazar con que su padre inicie las accones oportunas.
Lo primero en un tema así es ver si las afirmaciones responden a los hechos o no.
El hecho primero es que el padre de Pablo Iglesias militó en el FRAP. Por lo menos así lo afirma el propio Pablo Iglesias


Y el hecho segundo es la determinación de si el FRAP fue una organización terrorista.
Recomiendo la lectura del artículo de Arcadi Espada. Se trata de una organización con una propuesta política revolucionaria que utilizó el asesinato como herramienta política. Si esto no es terrorismo ya me dirán qué lo es.
Así que me parece que los hechos están claros.
¿Era oportuno mencionarlos?
Bueno, creo que hubiera sido diferente si nunca Pablo Iglesias nunca hubiera hecho mención pública de esas circunstancias en la vida de su padre. Pero no es el caso. Al artículo anterior aún se suma un tweet en el que reconoce de manera coloquial la militancia de su padre


Siendo así, habiendo sido el mismo Pablo Iglesias quien ha hecho alarde de la militancia de su padre en el FRAP ¿a qué viene ahora escandalizarse porque se le recuerde?

Siendo los hechos tan claros, lo que sorprende -y aquí viene la parte relevante- es que tantas personas serias y cultivadas nieguen la evidencia y rechacen que el padre de Pablo Iglesias fuera un terrorista, afirmando que su papel se limitaba a repartir propaganda y que no participó directamente en ningún asesinato.
¿Es que quienes forman parte de una organización terrorista no son terroristas, cometan asesinatos, aporten información, repartan propaganda o traigan los cafés? Por eso precisamente en el Código Penal hay tipos distintos para la pertenencia a un grupo criminal y para las acciones cometidas por dicho grupo.
No hay por qué escandalizarse. Al fin y al cabo, por mucho que a mi me parezca que el terrorismo es siempre moralmente reprobable, lo cierto es que ha habido terroristas que han acabado recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Menájem Beguim, por ejemplo).
Sabemos que quienes triunfan acabarán viendo blanqueados sus crímenes y que, en cambio, los que pierden serán acusados de ponerse voluntariamente bajo el hacha o frente las balas. Así es el mundo. La victoria o la derrota determinará la valoración moral de los hechos; pero ¿llegará a cambiar los propios hechos?
Esto es lo que me preocupa, porque en los últimos días el rifirrafe al hilo del debate entre Álvarez de Toledo e Iglesias ha puesto de manifiesto que ya no se trata de discutir sobre lo que es moral o políticamente aceptable, sino de cambiar los hechos, de hacer pasar lo cierto por falso y lo falso por cierto.
Y ahí la intervención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ordenando que se retirara del diario de sesiones la referencia de Álvarez de Toledo al padre de Iglesias es significativa.


Como vemos, la afirmación de que Iglesias es hijo de un terrorista es una afirmación que se apoya en los hechos ¿qué justificación tiene entonces retirarla del diario de sesiones? ¿Reescribir el pasado a la luz de los deseos del Vicepresidente del gobierno?
No encuentro otra explicación.
Como pueden imaginarse es para estar preocupado. Las opiniones son libres; los hechos, sagrados. Intentar reescribir el pasado al gusto del presente es una tentación vieja, como sabemos.
En mi adolescencia lei 1984 de Orwell, y entonces pensaba que nunca vería en la realidad lo que allí se describía.
He comenzado a verlo, podría poner más ejemplos.
Y asusta.

martes, 26 de mayo de 2020

Grande-Marlaska y Pérez de los Cobos




Creo que al gobierno se le ha ido de las manos el asunto Pérez de los Cobos que es bastante, bastante grave.
Para entender qué es lo que está pasando tenemos que comenzar viendo qué es la policía judicial.
La policía judicial son agentes de policía (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza...) a los que se adscribe a una investigación que dirige un juez (o un fiscal). En el ejercicio de estas funciones de investigación dirigidas por un juez o un fiscal es el juez o el fiscal quien les dirige instrucciones y es a estas instrucciones a las que tienen que atenerse.
Es más, están obligados a mantener reserva de sus investigaciones, incluso para sus superiores en la Policía, Guardia Civil o cuerpo al que pertenezcan si así lo establece el juez o el fiscal que está dirigiendo la investigación.
En el caso que nos ocupa tenemos a un equipo de guardias civiles adscritos a la investigación "del 8M" y dirigidos por una jueza. Estos guardias civiles, entre otras cosas, elaboran un informe que transmiten a la juez y que tienen prohibido comunicar a nadie más.
A partir de aquí, según algunas informaciones, desde el Ministerio del Interior presionan al coronel Pérez de los Cobos, superior jerárquico de los guardias civiles, para que consiga información sobre el mencionado informe.
El interés del Gobierno es claro, porque lo que está investigando es, precisamente, el propio gobierno; pero, a la vez, también creo que resulta claro lo improcedente que resulta que el Gobierno pretenda obtener una información que tiene prohibido conocer mediante presiones al superior jerárquico de los funcionarios que han elaborado el mencionado documento.
Como el coronel Pérez de los Cobos se niega a realizar gestiones frente a sus subordinados para que desobedezcan las órdenes de la jueza es cesado. Al menos, esto se desprende de algunas informaciones publicadas. Feo ¿no?
¿Cómo se reacciona desde el entorno del gobierno a esto? Pues se filtra el informe (a saber cómo se ha obtenido) elaborado por los guardias civiles y comienzan varios medios afines a machacar con que es un informe de muy baja calidad, una colección de bulos, etc.


A partir de ahí el argumentario que veo no solamente en esos medios sino en redes sociales es el de que el cese de Pérez de los Cobos está justificado porque el informe que habían hecho sus subordinados es una porquería.



Ante esto, dos cosas.
Primero: no perdamos de vista que es un informe que incrimina a miembros del gobierno. Que el gobierno critique un informe en el que se le incrimina es explicable, pero la credibilidad de la crítica es relativa, por decirlo suavemente.
Segundo (y más importante): recordemos lo que veíamos al principio. los guardias civiles que realizan el informe están a las órdenes de la jueza, no de Pérez de los Cobos ni del Gobierno, por lo que carece de sentido que el gobierno cese a Pérez de los Cobos (que ni conocía ni podía conocer el informe hecho por los guardias civiles que actuaban como policía judicial) ni tiene sentido que el gobierno actúe; porque la única autoridad que tiene competencia para juzgar la calidad del informe es la jueza que la ha encargado.
¿Qué hace el gobierno metiéndose en juzgar la calidad de un informe emitido por la policía judicial y adoptando medidas en relación al mismo?
Esta actuación del gobierno es una intromisión intolerable en el funcionamiento de los tribunales que, de hecho, ya puede condicionar actuaciones futuras de los mismos agentes, porque han visto cómo un informe que no ha gustado al ministrro tiene como consecuencia que cesen a su jefe.
Es más, si Pérez de los Cobos hubiera tenido algo que ver en el informe no podría ser cesado por el gobierno sin la autorización de la jueza, puesto que, con buen sentido, la ley prohíbe que los policías que presten servicio como policía judicial no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que tuvieren encomendada sin la autorización del juez o fiscal competente.
Es claro: el gobierno no puede inmiscuirse en las investigaciones judiciales mediante la vía de incidir en los policías que están a las órdenes de los jueces.
Es por eso que de ser esta la explicación del cese de Pérez de los Cobos (el gobierno juzga como malo el informe presentado a la policía judicial) estaríamos ante una intromisión del gobierno en el funcionamiento de la justicia que podría tener consecuencias incluso penales.
Quizás por eso el Gobierno ha plegado velas y ahora ya no se adscriben a la tesis aireada por sus medios próximos a primera hora de la mañana y dicen que el cese de Pérez de los Cobos nada tiene que ver con el informe por el 8M.



Otra cosa es que les creamos, claro, porque, como vemos, las versiones van cambiando y todavía no sabemos en qué se concreta la pérdida de confianza de la que habla Grande Marlaska.
Y para acabar, la calidad del informe emitido por la guardia civil.
Leía que algún periodista decía que si alguien le presentara ese informe no lo publicaría. Parece que de aquí se deriva que el informe es de muy baja calidad.



No lo he leído (debo de ser el único en este país al que todavía no se lo han pasado); pero llamo la atención sobre una cosa: el informe de la guardia civil no es una noticia, sino un elemento que se aporta para que continúe una investigación. Esto es, si aparecen datos o informaciones que no están contrastados lo que se puede hacer a partir de ellos es llamar a declarar a las personas que son referenciadas para preguntarles por lo que consta en el informe. Cuando uno lee una noticia en un periódico no tiene esa posibilidad y por eso es tan importante el contraste de los datos; pero un juez, cuando lee un documento de este tipo a continuación puede citar a unos y a otros para que le aclaren los extremos que se indican en el informe.
Así que quizás el informe, como documento que se aporta durante el desarrollo de una investigación, no sea tan malo. El documento no será prueba que condene, sino herramienta para desentrañar la verdad.
Que no es otra cosa la que se pretende en una investigación penal. Desentrañar lo sucedido para depurar las responsabilidades penales que hubiera.
Acabo compartiendo el comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura, que es muy ilustrativo sobre el contexto jurídico en el que nos encontramos y del que creo que se deriva una idea clara: que el Ministerio del Interior condicione las investigaciones que realiza la policía judicial es una quiebra importante de la división del poderes y, por tanto del Estado de Derecho. Si el informe está mal quien tiene que determinarlo y actuar, en su caso, es la jueza, no el ministro de un gobierno que, por cierto, no lo olvidemos, es el que está siendo investigado por los tribunales.