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domingo, 27 de diciembre de 2020

De nuevo sobre la monarquía

Poco después del discurso de navidad del rey, "El Español" realizó una encuesta sobre la opción "monarquía/república" con un resultado muy claro a favor de la primera





Casi un 67% de los españoles optan por la monarquía, mientras que menos de un 30% lo hacen por la república. Ahora bien, hay otro dato interesante. Mientras que en el conjunto del país el apoyo a la monarquía es claro, entre quienes apoyan a los tres bloques que forman la mayoría de gobierno (PSC/PSOE, Podemos y nacionalistas) la opción preferida es la república. Con relativamente poca diferencia en el caso del PSOE (51 por ciento a favor de la república y 45% a favor de la monarquía), pero con mucha en el caso de Podemos (más de un 80% a favor de la república) y de los nacionalistas (más de un 73% a favor de la república).
Es decir, tenemos un país claramente monárquico gobernado por republicanos. Esto, en sí, no debería ser un problema, pero se convierte en tal cuando ese gobierno utiliza su posición para debilitar a la monarquía. Y eso es lo que está haciendo, como se vio con mucha claridad cuando se le negó al rey estar presente en el acto de toma de posesión de los nuevos jueces en Barcelona. Me ocupaba de ello en un vídeo de hace unas semanas


Y es un problema porque esa campaña contra la monarquía desde el poder y también desde ciertos medios de comunicación -algunos públicos-, al dirigirse a un país mayoritariamente monárquico lo que provoca es tensión y división. Existe un sentimiento difuso, pero cada vez más sólido, de una actuación injusta por parte del gobierno. Y es injusto porque quiene gobierna puede -y debe- llevar adelante su programa electoral, pero no puede modificar los consensos sobre los que se asienta nuestro sistema político por vías diferentes de la reforma constitucional. Esto es, un presidente (o un vicepresidente) del gobierno pueden ser legítimamente republicanos; pero mientras el jefe del estado sea un rey, en el ejercicio de sus funciones han de actuar como monárquicos. Y están plenamente legitimados, como cualquier otro, para instar la modificación de la constitución y convertir a España en una república; pero mientras eso no suceda el rey ha de tener el papel que le corresponde como jefe del estado y no puede ser arrinconado por el mismo gobierno que prometió su cargo ante él.
En el caso de España, además, el ataque al rey se vincula muy claramente con el cuestionamiento global de la constitución de 1978 que es explícito en Podemos y en los nacionalistas y que muchos tememos que alcance también al PSOE, llevado aquí de la mano del PSC, quien no ha tenido problema en apoyar iniciativas destinadas a debilitar a la corona. Este cuestionamiento no implicaría solamente cambiar la forma política de España; lo que ya es muy relevante, como veremos enseguida; sino que también va unida a la regulación del derecho de secesión de las comunidades autónomas, lo que, obviamente, supondría una transformación profunda de lo que ahora es España.
A lo anterior aún se añadiría un cambio en la arquitectura política global, restando importancia a la división de poderes y al respeto a los derechos fundamentales. En lo primero, el intento del partido socialista y de Podemos de cambiar la forma en que se designaría a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, conviritiendo a este órgano en una sucursal del gobierno más que del parlamento, y que ha sido parado por la rápida actuación de la Unión Europea, nos indica cuál podría ser el modelo de país que sustituiría al que ahora tenemos. En lo que se refiere al respeto a los derechos, es constante la vulneración de los mismos por parte de las instituciones controladas por los nacionalistas sin que esa vulneración haya llevado a la construcción de políticas orientadas a la garantía de los mismos (neutralidad de las instituciones, derechos lingüísticos de los castellanohablantes, derecho a la participación política, entre otros). Al revés, en algunos casos se ha apoyado explícitamente esa vulneración de derechos como ha sucedido recientemente con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación, orientada -la reforma- a consolidar el sistema de inmersión lingüísitica obligatoria en catalán que ya ha sido declarado por los tribunales como contrario a la constitución.
Es por lo anterior que el debate entre monarquía y república no es en absoluto formal. Para muchos, el debate no es más que una manifestación de otro más profundo entre un sistema político basado en la división de poderes, la garantía de los derechos de todos y el mantenimiento de la integridad territorial del estado, y otro modelo en el que el poder ejecutivo tendría amplios poderes, los derechos fundamentales no estarían garantizados cuando perjudican a quien detenta el poder y en el que la unidad territorial del estado podría quebrarse conduciendo España a la balcanización.
Como digo, los dos debates están conectados puesto que un cambio en un elemento esencial de la constitución de 1978 como es la forma política del estado, podría facilitar la introducción de otros cambios en línea con lo defendido por los partidos que forman actualmente la mayoría de gobierno en España.
Y esto nos conecta con el último punto del que quería ocuparme: la diferencia entre monarquía y república no es meramente formal. Si bien desde un planteamiento formalista la república sería un sistema político más democrático y moderno, pues estaría libre de ese residuo medieval que es el monarca, que adquiere su posición por herencia, lo que es, sin duda, muy poco racional, lo cierto es que la realidad es un poco más compleja cuando se considera en su contexto histórico.
Las repúblicas modernas nacen a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX por el mecanismo de sustituir la figura del rey por la de alguien elegido por los ciudadanos o por una parte de ellos; pero que en buena medida asumiría el papel que tenían los reyes en el Antiguo Régimen. Ciertamente, se pueden establecer contrapesos al poder del presidente; pero en esencia nada impide que una república sea un estado en el que no se respetan los derechos de las minorías ni la división de poderes.
La monarquía parlamentaria, en cambio, sigue una evolución distinta: el rey se mantiene como jefe del estado, pero progresivamente se le van limitando poderes hasta convertirlo en una figura puramente simbólica (lo que no quiere decir que no sea importante; los símbolos importan, e importan mucho). De esta forma el conjunto del sistema descansa en esos principios democráticos que van mucho más allá de las elecciones libres y que incluyen también el respeto a la ley, la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Al haber reducido el jefe del estado a un mero símbolo es más difícil que nadie se apropie de más facultades de las que le tocarían en ese equilibrio delicado que es toda democracia moderna.
De acuerdo con lo anterior, por tanto, no debería sorprender que entre las 20 democracias plenas del mundo, 10 son monarquías y 10 son repúblicas, mientras que entre los 20 países menos democráticos del mundo, 19 son repúblicas y solamente uno es una monarquía



Así pues, el debate entre monarquía y república es más profundo de lo que a veces parece. Es un debate que afecta a las libertades y a la integridad del estado. Es por eso que es tranquilizador que el apoyo a la monarquía sea alto, y también que el rey haya transmitido que su compromiso con todos, con la constitución y con España es firme. Eso no puede querer decir otra cosa diferente de que no va a tirar la toalla, que se mantendrá en su puesto y que, por tanto, la única forma de poner fin a la monarquía parlamentaria en España será por una reforma de la constitución.
Quien se anime a esa reforma que la proponga, y mientras no se produzca, aténganse todos, y el primero el gobierno, presidente y vicepresidentes incluidos; a esa constitución, incluido su artículo 1.3






domingo, 6 de diciembre de 2020

Lo que piensan los nacionalistas sobre la lengua en Cataluña




Recomiendo el visionado de esta tertulia del programa "Obrim fil" sobre la situación de las lenguas en Cataluña.
Es un debate en el que se aprecia claramente la divergencia entre los planteamientos nacionalistas sobre este tema y los que defienden la convivencia entre las lenguas en Cataluña.
La frase anterior no pretende ser provocativa, sino una descripción de los elementos esenciales del debate en el que estamos inmersos. En este debate los nacionalistas optan por una Cataluña identificada con el idioma catalán en el que esta lengua sería, a efectos prácticos, la única lengua oficial, en el sentido de que sería la lengua de la escuela y de la administración y una lengua con una presencia mayoritaria en el ámbito público, lo que se conseguiría mediante políticas de sanciones para quienes no la utilicen y otros mecanismos de limitación de utilización del castellano, la lengua mayoritaria actualmente en Cataluña. Lo anterior, sin embargo, no impediría una presencia residual del castellano, reconociéndose la legitimidad de su uso por parte de las personas de más edad, manteniéndose su enseñanza como lengua extranjera en las escuelas y, probablemente, reconociendo también una utilización limitada del mismo por los usuarios de la administración.
Frente a este planteamiento, quienes no comparten las propuestas de los nacionalistas, defenderían que se reconociera que el castellano no es una lengua "impropia" de Cataluña, sino que tiene que ser asumida también como lengua de los catalanes, reconocida su utilización en la escuela y en las administraciones, rechazándose que pueda imponerse la utilización del catalán en el ámbito privado. No se admitiría, por tanto, que se establezcan sanciones para quien rotula en castellano, y los medios públicos de comunicación tendrían que utilizar también el castellano junto con el catalán.
A mí me parece que tan solo el segundo planteamiento puede considerars como uno que busca la convivencia. El primero hace expresa su voluntad de reducir, arrinconar y limitar el uso del castellano, por lo que difícilmente, a mi juicio, puede considerarse como una vía para la búsqueda de la convivencia y no lo que parece, un programa supremacista.
Quizás quien haya llegado hasta aquí piense que cuando describo las posiciones de los nacionalistas incurro en exageraciones o distorsiones. Y es por eso que recomiendo el visionado del programa, porque ahí verán claramente expresadas las grandes líneas que enumeraba antes. Hace un par de párrafos decía que los nacionalistas defienden:

1- Tan solo el catalán es lengua de Cataluña.
2- La escuela ha de ser en catalán porque solo el catalán es la lengua de Cataluña.
3- Ha de sancionarse a quienes rotulan en castellano (expulsión del castellano del ámbito público).
4- Han de desarrollarse políticas para limitar el uso del castellano en el ámbito privado.
5- Qudarían excluidas de esta necesidad de utilización del catalán las personas de cierta edad.

Estos puntos quedan reflejados en las declaraciones de los nacionalistas que intervinieron en el progama.

1- Sobre el catalán como única lengua de Cataluña:

"Los territorios sí que tienen lengua" (Enric Gomà).

"El catalán es lengua de cohesión porque es la lengua propia del país" (Enric Gomà).

"Aspiro a que el catalán sea lengua societaria". (Enric Gomà). 

2- Sobre que la escuela sea en catalán porque solo el catalán es la lengua de Cataluña:

"Que a los patios se hablara en catalán sería un gran avance" (Enric Gomà).

"La lengua propia de Cataluña es el catalán y por eso se estudia en catalán en las escuelas" (Estel Solé).

3- Sobre la necesidad de que el catalán se imponga al castellano y lo vaya desplazando:

"Las personas no son adversarias, pero las lenguas... las hay dominantes y minorizadas". Sí, el catalán y el castellano son adversarios (Marius Serra).

"Tenemos que distinguir entre el castellano como lengua de las personas y el castellano como lengua de poder" (Enric Gomà).

"¿Piensas que se ha de descastellinizar Cataluña?" (Xavier Sardà). "Naturalmente" (Enric Gomà).

Estoy a favor de imponer que el catalán sea un requisito para hacer determinadas cosas (Enric Gomà)

"No es una guerra contra nadie en concreto, sino ver los espacios que ocupa una lengua en una sociedad"" (Enric Gomà).

4- Sobre la necesidad de políticas para limitar el uso del castellano en el ámbito privado:

Imponer multas a quienes ponen un rótulo que ponga "Restaurante" y no "Restaurant" es una manera de impulsar la presencia del catalán en el espacio público (Enric Gomà).

"Concienciar a los jóvenes de que no se pasen al castellano. Que lo que puede ser en catalán no lo hagan en castellano" (Jordi Cartanyà)

5- Sobre la legitimidad de que las personas mayores puedan seguir usando el castellano:

"Cuando una persona es mayor y ha tenido la vida que ha tenido y ha trabajado mucho, sabe la lengua que sabe y ya está".

Este es el planteamiento nacionalista, y quien lo cuestiona "politiza":

"Quienes han politizado la lengua son quienes han puesto el castellano como lengua perseguida en Cataluña. Y eso lo ha hecho Cs" (Marius Serra).

Quizás piensen que descontextualizo las frases anteriores pueden ver el programa entero. Creo, sinceramente, que de ese visionado completo resultará todavía con más claridad el supremacismo nacionalista que de la selección -moderada- de citas que aquí hago.

Entiendo que los nacionalistas pretendan conseguir que su lengua sea mayoritaria; pero para ello no les queda más camino que conseguir que quienes ahora utilizan el español en Cataluña cambien esa lengua por el catalán. Para eso tienen varias vías, pero optan claramente por utilizar el poder público: obligar a las escuelas a utilizar el catalán como única lengua vehicular, multar a quienes rotulan en castellano, exigir el conocimiento del catalán incluso para actividades que no tengan relación directa con la lengua, imponer el catalán en los medios públicos de comunicación y presionar a todos para que cambien su lengua.
No exagero, es lo que se desprende de lo que vemos en este programa y de los que se deriva de otros muchos testimonios o documentos.
Ante esto mi pregunta es ¿podemos permanecer impasibles? ¿nos parece razonable que se utilice el poder público para incidir en algo tan personal e íntimo como la lengua en la que uno se expresa? ¿hemos de renunciar a cuestionar este programa de ingeniería social que tiene como objeto limitar la utilización de la lengua oficial en toda España y materna no solamente de la mayoría de los españoles, sino de la mayoría de los catalanes?
Yo creo que no, que no es legítimo permanecer impasibles y que hemos de denunciar la utilización del poder público para cambiar la lengua que utilizan las personas.
En eso estamos y animo a que todos se comprometan en ello.