No se puede desaprovechar la crisis

Esta mañana he estado comprando en un centro comercial. Me dio la impresión de que volvía a haber mucha gente, cestas más o menos llenas, movimiento, actividad, televisiones de plasma o LCD que iban y venían... en definitiva, vitalidad de la economía de nuevo. No soy economista y me fío más de estas pequeñas cosas (el movimiento de la gente, sus caras) que de los datos macroeconómicos. Tantas veces se han equivocado (o nos han engañado) con estadísticas, que me parece sensato volver a contar con los dedos.

La impresión que tengo, la misma que tenía hace un par de semanas, es que la crisis va remontando, incluso en España, que siempre va con retraso para todo; y es por eso que la medida de la brutal bajada de sueldo a los funcionarios no podía realizarse en mejor momento. Hasta ahora la reducción del consumo de los funcionarios podría ser la puntilla que acelerase la recesión; ahora que este temor se va alejando es posible castigar a este colectivo; castigo que, además, es justo y necesario.

Es cierto que existen razones coyunturales que explican un fuerte recorte del gasto público; en concreto el ataque sufrido por Grecia y por el euro justo la semana anterior a la transcendental reunión de los Ministros de Economía y Finanzas europeos el 9 de mayo; pero estas razones coyunturales no deben hacernos olvidar que también hay motivos más profundos para debilitar la función pública; y son estas razones las que hacen que el castigo a los funcionarios no sea solamente posible; sino también necesario, como acabo de decir. Esta necesidad se vincula a la evidencia de que la función pública no deja de ser una anomalía y un problema para el actual sistema.

En una sociedad en la que los sueldos miserables y la precariedad se extienden como mancha de aceite o de petróleo la Administración sigue manteniendo unos sueldos que, sin ser excesivos, son dignos, y una gran estabilidad laboral. La existencia de este grupo de personas que aún mantienen los derechos que tenían todos hace veinte o treinta años es un indeseable ejemplo para quienes todavía se oponen a la versión más salvaje del capitalismo depredador. Mientras existan empleados altamente cualificados que cobran dos o tres mil euros al mes seguirá existiendo presión en las empresas para que los sueldos suban; mientras se mantenga la estabilidad laboral de los funcionarios habrá quien piense que el despido libre y sin indemnización no tiene por qué ser inevitable; en definitiva, los funcionarios dan un mal ejemplo al conjunto de la sociedad, pudiendo algunos llegar a pensar que otro mundo es posible.

Además la función pública está integrada por personas que han llegado a su puesto tras demostrar en ciertas pruebas su capacidad; ciertamente, el sistema de oposiciones es perfectible, como todo lo humano; pero no deja de ser también ejemplo de exigencia y objetividad: no se puede concurrir a una oposición de Abogado del Estado si, previamente, no se tiene la Licenciatura en Derecho; no se puede pretender el acceso a un puesto de cirujano en un hospital público si no se han concluido los estudios de Medicina, superado el MIR y los cursos de especialización posteriores, y se presentan méritos mayores que el resto de candidatos al puesto. La función pública se convierte así en un ejemplo de exigencia en una sociedad en la que el esfuerzo no es un valor que cotice al alza; y es, además, muestra de objetividad, ya que la rigidez del sistema de acceso limita la posibilidad de que los políticos coloquen a sus fieles y amigos en esos puestos de la Administración que, a veces, parece que son considerados botín de guerra tras unas elecciones.

De esta forma, la devaluación de la función pública tiene varias ventajas. En primer lugar, los puestos que ahora son ocupados por personas que han superado una oposición y que pueden tener independencia de criterio gracias al carácter casi inamovible de su puesto de trabajo pasarían a personas designadas por los partidos, creciendo esa legión de asesores (ya varios miles) que ven recompensada su capacidad de organizar mítines o su lealtad en la recaudación de cuotas mediante puestos directivos en empresas municipales de recogida de residuos o con cargos de responsabilidad en materia medioambiental, sanitaria o cualquier otra alejada de sus capacidades y conocimientos reales. Personas fieles a la voz de su amo porque su puesto depende de la voluntad de éste.

En segundo término, si los tres millones de funcionarios entrasen en el mercado laboral sería más fácil todavía para los empresarios reducir salarios y ventajas laborales. Además, y tal como se ha adelantado, se cerraría la última puerta que quedaba abierta a un mundo en el que uno podía vivir dignamente de su trabajo. El mileurismo podría pasar a ser paradigma sin que se pretendiese siquiera que es posible cambiar la situación.

Es por todas estas razones que antes de que se diera por concluida la crisis debía darse un buen golpe a la función pública. A la hora de reducir gastos públicos no podía optarse por eliminar los miles de asesores designados digitalmente por los partidos políticos, porque tal cosa podría poner en peligro la profesionalización de la política que tantos beneficios ha traído al país. Al contrario, debía aprovecharse el momento para castigar a los funcionarios; envidiados por quienes prefirieron en su día las fiestas a hincar codos; despreciados por los especuladores que en los momentos de bonanza loan la iniciativa privada y cuando surgen dificultades exigen la ayuda del Estado; y temidos por los partidos, que ven en ellos el último obstáculo para la definitiva apropiación de lo público.

¿Existe alguna duda de que la reducción del sueldo de los funcionarios no era solamente posible, sino también absolutamente necesaria?