Ley y política en Cataluña

No es difícil encontrarse en Cataluña con personas que, incluso teniendo buen criterio para otras cosas, sostienen que no debe insistirse demasiado en el incumplimiento de la ley en que incurren de una manera grosera y arrogante diversas administraciones catalanas, tanto la Generalitat como no pocas administraciones locales. Cuando se señala lo inadmisible de ese comportamiento la respuesta es evasiva, se alude a la necesidad de buscar soluciones políticas y se minimizan las consecuencias y la gravedad de los incumplimientos legales. Al final, se acusa de formalista a quien alega la ley, como si se tratara de un recurso en el que se refugian quienes no tienen argumentos mejores.

Se trata de una actitud equivocada y extraordinariamente peligrosa e, incluso, perversa, tal como intentaré mostrar a continuación.

La ley no es ningún capricho, son la serie de reglas que permiten que unos y otros convivamos sin recurrir a la fuerza para conseguir aquello que deseamos o para evitar que otro nos quite lo que es nuestro. En toda sociedad hay diferentes puntos de vista o perspectivas, no todos ven de la misma manera los conflictos que inevitablemente se plantean, y cuando surgen estas discrepancias la ley determina cómo hemos de actuar.

En toda sociedad el cumplimiento de la ley es garantía de paz y convivencia; pero es aún más relevante en aquellos casos en los que existe una fractura social como la que ahora experimentamos en Cataluña entre quienes pretenden la secesión y quienes nos oponemos a ella. Cuando otros puntos de encuentro han sido rotos la ley permanece como el último reducto de reglas que al tener que ser acatadas por todos permiten la convivencia. Si unos creen que no han de cumplir la ley ¿por qué los otros habrán de hacerlo? Y si nadie ajusta sus comportamientos a lo legalmente establecido ¿cómo se resolverán los conflictos? ¿por la fuerza? ¿utilizando mecanismos de presión o coacción? Por desgracia algo de esto estamos comenzando a ver en Cataluña.

No, el cumplimiento de la ley no es negociable. Me enervan quienes parecen supeditar el cumplimiento de las normas a una negociación previa. Es justo al revés: cualquier negociación, diálogo o pacto es solamente posible cuando se ha asegurado el cumplimiento de la ley y la amenaza de un posible incumplimiento no se introduce como un elemento más de la negociación. Ese tipo de chantaje es, por definición, inadmisible.

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley, pero las instituciones y autoridades tienen un reforzado deber de acatamiento. En tanto en cuanto la administración goza de la posibilidad de utilizar la fuerza frente a los ciudadanos, tan solo una actuación escrupulosamente ajustada a la legalidad es legítima. La autoridad o funcionario que ejerce su poder público al margen de la ley es, simplemente, un delincuente. En nada se distingue de un mafioso y, si acaso, su comportamiento es aún más reprobable, porque adquirió su condición de autoridad por la confianza que el ordenamiento al que traiciona puso en él. A su condición de matón une, por tanto, la de traidor.

Es por todo esto que me sorprende que tantos estén dispuestos a tolerar que Puigdemont, Junqueras y otras autoridades públicas hagan manifiesto que actuarán, si es preciso, contra lo que establece la Constitución. Ahora mismo ya hay abundantes ejemplos de autoridades públicas que han decidido no obedecer ni la ley ni los tribunales. Ahí están todos los ayuntamientos en los que pese a las órdenes de las Juntas electorales no se descolgaron las esteladas que había en lugares de titularidad pública ¡durante las campañas electorales! Un incumplimiento grave de las reglas que permiten unas elecciones limpias es justificado cuando no jaleado por quienes mantienen que todo ha de verse en su contexto, incluyendo en este todo algo que no debería estar sometido a ninguna condición, el cumplimiento de la ley.

Creo, por tanto, que es una aberración bastante evidente que se tolere que las autoridades públicas hagan alarde de que incumplen las leyes y las sentencias; pero para quien sea alérgico al razonamiento abstracto le planteo la siguiente pregunta: ¿qué pensaría si Rajoy declarara que dadas las condiciones excepcionales que se viven en Cataluña se verá forzado a adoptar las medidas que sean necesarias para reconducir la situación sin necesidad para ello de ajustar su comportamiento a los límites legales y estando vinculado solamente por la voluntad popular, por el deseo de los españoles de mantener la unidad nacional? ¿Se imagina al presidente del Gobierno de España diciendo que actuará al margen de la Constitución y sin ajustarse a lo que prevé nuestro Derecho con el fin de poner fin al desafío separatista? Una aberración, ¿verdad? Pues ¿por qué no les parece la misma aberración si esto lo dice Puigdemont? Y aquí no interrogo solamente a los nacionalistas, hay quienes -con razón- crucificarían a Rajoy por una aberración semejante y, sin embargo, están dispuestos a ser comprensivos con esa misma aberración si sale de la boca de un nacionalista.