Vulneración de derechos y Universidad

El pasado 24 de mayo la Comisión de Interior del Parlamento de Cataluña aprobó la siguiente Resolución (Resolución 672/XI del Parlamento de Cataluña, sobre la violencia y la vulneración de derechos en el ámbito universitario, el desarrollo del debate y la votación puede seguirse aquí).

La moción fue presentada por el Grupo parlamentario de Cs, y tiene su origen, fundamentalmente, en los incidentes ocurridos en la UAB y de los que ya me he ocupado aquí en varias ocasiones (la última, aquí).

El punto de partida es una situación anómala que padecemos en la UAB y en otras universidades catalanas. Desde hace tiempo grupos de presuntos estudiantes campan a sus anchas y deciden tanto quién puede expresar sus opiniones en el campus y quién no, y también cuando se tiene clase y cuándo no. El que se hable de presuntos estudiantes se justifica en que en ocaciones actúan encapuchados, lo que dificulta determinar quién se esconde tras esa capucha.

Estos grupos imponen mediante la coacción sus propios criterios, y víctimas de sus actuaciones son tanto, en general, los integrantes de la comunidad universitaria, que ven bloqueados en ocasiones los accesos a la Universidad por barricadas custodiadas por encapuchados o impedido su acceso a las clases.

Como en particular el colectivo de Joves SCC-UAB, que ha visto como todas sus carpas informativas han resultado boicoteadas por un grupo de estudiantes autodenominados "antifascistas" que ha llegado a rajar una bandera española ubicada en la carpa y a destrozar otra llegando a rociarla con un extintor.

La situación de violencia y coacción que aquí se muestra tiene dos corolarios que deberían escandalizarnos. En primer lugar, la UAB ha rechazado condenar las agresiones sufridas por el colectivo de jóvenes de SCC, tal como explicaba en la entrada de este blog que citaba un poco más arriba. Por otra parte, los Mossos d'Esquadra han renunciado en ocasiones a actuar en la UAB bajo el argumento de que un protocolo firmado entre la UAB y el Departamento del Interior les impide intervenir en el campus universitario sin autorización del Rector o Rectora salvo en determinados supuestos de excepcional gravedad. La idea es que tan solo la integridad física de las personas se verá protegida por la policía. En cambio cualquier restricción de los derechos y libertades que no suponga vulneración de la integridad físca de los individuos no será objeto de atención por parte de la policía.

Resulta, evidentemente, inadmisible. En democracia los ciudadanos no solamente tenemos derecho a nuestra integridad física, sino también al ejercicio de nuestros derechos y, por tanto, las instituciones, autoridades y fuerzas de seguridad no tienen que contentarse con evitar que alguien sea golpeado, sino que han de poner los medios para que todos puedan ejercer con normalidad todos sus derechos, incluidos lo que se derivan de la libertad ideológica y de expresión.

Por eso resulta tan relevante la moción aprobada por el Parlamento de Cataluña el 24 de mayo.

En primer lugar, supone una condena sin paliativos de las violencias, coacciones y episodios de vandalismo que padecemos en el campus universitario. Tras la condena por parte del Parlamento se hace más difícil entender que la Universidad se resista a realizarla.

En segundo lugar se aborda el tema de los protocolos entre el Departamento del Interior de la Generalitat y la Universidad que limitan la actuación de la policía en el campus. Es importante porque la resolución aprobada por el Parlamento indica que han de garantizarse "los derechos fundamentales y las libertades individuales y colectivas de todos los miembros de la comunidad universitaria". Es decir, se desautoriza que la actuación policial se limite a proteger uno de esos derechos, el de la integridad física. Todos los derechos y libertades individuales y colectivos han de contar con la protección de las fuerzas de orden público.

Finalmente, en el tercer punto de la resolución aprobada, el Paralamento insta a la comunidad universitaria a reafirmar su compromiso con principios fundamentales como son la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Un compromiso que no debería operar en el vacío, sino que tendría que implicar la adopción de medidas que permitan garantizar de forma efectiva estos principios para todos los miembros de la comunidad universitaria. Que no vuelva a pasar que ante las coacciones de los encapuchados los Mossos d'Esquadra se nieguen a entrar en el campus y que no se repita que se toleren boicots a quienes quieren expresar en libertad sus ideas.

Agradezco al Parlamento de Cataluña y, en particular a quienes han promovido y apoyado esta Resolución su tarea por recuperar la democracia y libertad plenas en la Universidad. Creo que esta Resolución es un gran paso adelante.