Castelldefels

Ayer asistí al acto de apoyo a las familias que en Castelldefels han pedido la educación en catalán y en castellano.

Fue un acto emotivo, donde se pretendía mostrar que estas familias no están solas, que su causa es justa y, además, necesaria.

Mientras oía las intervenciones no podía dejar de pensar en que lo que allí estábamos viviendo era una perfecta muestra de la anomalía democrática en que vive Cataluña. Intentaré explicarme y para ello tengo que repasar brevemente el origen de la reclamación de estas familias.

1) España es un Estado en el que las competencias en materia de educación se reparten entre las Comunidades Autónomas y el Estado central. Las Comunidades Autónomas tienen unas amplísimas competencias que incluyen la organización concreta de los estudios y la gestión del personal y de los centros; pero los principios básicos del sistema educativo están regulados en la Constitución y en una Ley Orgánica estatal.

2) En Cataluña se ha utilizado la competencia autonómica para imponer una educación monolingüe en catalán. Las razones para ello son puramente nacionalistas, tal como veremos enseguida; pero ahora no incidiremos en ello para reparar en una circunstancia que es bastante relevante: los tribunales han establecido que este sistema monolingüe en catalán no es constitucionalmente admisible. Es decir, es un sistema ilegal. Lo que han establecido los tribunales es que no es posible que el castellano sea únicamente una asignatura, como el inglés, sino que tiene que tener el carácter de lengua vehicular junto con el catalán. Puede haber una proporción mayor de enseñanza en catalán que en castellano, pero ha de haber enseñanza en castellano (no solamente "del" castellano).

3) Ante la constatación de que el sistema de enseñanza que se sigue en las escuelas catalanas es ilegal lo que hubiera debido pasar es que la Generalitat hubiera dado instrucciones a través del Departamento de Educación para modificar lo que se conoce como "proyecto lingüístico" de las escuelas a fin de que en todas y cada una de las escuelas de Cataluña dicho proyecto se ajustara a la ley e incluyera una parte de la docencia en castellano. Parte de la docencia en castellano que puede limitarse a una asignatura.

4) Ante la pasividad de la Generalitat, hubiera debido ser el Estado quien actuara para conseguir que el sistema educativo catalán se adaptara a la legalidad. Como el Estado tampoco ha hecho nada son las familias las que han tenido que asumir la carga de obligar a la Generalitat al cumplimiento de la ley.

Fijémonos en lo que acabo de explicar: el sistema educativo en Cataluña es ilegal. Esto es un hecho constatado por los tribunales. Ni la Generalitat ni el Estado hacen nada para devolver la legalidad al sistema educativo y han de ser los ciudadanos quienes exijan ese cumplimiento de la legalidad. Un reflejo de lo que, por desgracia, es España.

5) Cuando una familia quiere que en su colegio se aplique la ley ha de solicitarlo ante los tribunales y enfrentarse a la Generalitat. La Generalitat pierde todos estos juicios porque, como digo, es claro que está incurriendo en una ilegalidad, pero aún así hace pasar a todas y cada una de las familias por el peaje de un proceso para conseguir que se aplique la ley.

6) El peaje de la familia no es solamente el de tener que afrontar una proceso contra la administración, sino que ante cada nueva petición se pone en marcha un protocolo de acoso en el que participan las autoridades educativas, los partidos políticos y las instituciones. Tenemos ejemplos de ello en Mataró y en Balaguer. Aquí nos encontramos ya ante una anormalidad que no solamente afecta al Estado de Derecho como valor abstracto, sino a los derechos de las personas. Hay que decir que la indiferencia de la sociedad y de muchos partidos políticos ante estos acosos es escalofriante. Otra muestra de lo que es España.

7) Como lo que las familias piden es que se cumpla la ley, que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su educación en castellano, cuando una familia lo pide su recurso beneficia a todo el grupo en el que se integra el alumno. Este resultado es presentado como un perjuicio por el nacionalismo. Se argumenta que si alguien quiere hacer una parte de su educación en castellano (un 25% en concreto) ¿por qué ha de obligar a toda la clase a hacerlo igualmente? Esta pregunta muestra que o no se ha entendido lo que he explicado anteriormente o, más probablemente, sí se ha entendido, pero se pretende tergiversar para hacer demagogia.

No se trata de un derecho de opción de los padres a que sus hijos tengan parte de su educación en castellano. Es una obligación de la Generalitat para todos los alumnos. Lo que sucede es que como la Generalitat no cumple con la ley y el Estado no le hace cumplir son las familias quienes lo exigen y eso hace aparentar que estamos ante un derecho de opción cuando, repito, no hay ningún derecho de opción; se trata simplemente de hacer cumplir la ley que establece la necesidad de que todos los alumnos en Cataluña reciban una parte de su educación en castellano.

8) Dado todo lo que hemos visto, es evidente que resulta mucho más duro que la petición del cumplimiento de la ley se haga por una familia aislada que por un grupo de familias. En Castelldefels es lo que sucedió. No se trató de una petición aislada, sino de un grupo de familias. Inicialmente hasta 90 familias pidieron que el castellano se incluyera en el proyecto lingüístico de la escuela. Con frecuencia los nacionalistas explican que son una minoría los padres que piden la introducción del castellano en la educación. La realidad es que la Generalitat ni pregunta cuántos son ni facilita de ninguna manera que se haga esta solicitud (al revés). Los datos de las encuestas indican que son una amplia mayoría los padres que prefieren una enseñanza bilingüe o trilingüe a una enseñanza monolingüe en catalán, pero los mantras nacionalistas pretenden ocultarlo.

Como consecuencia de todo lo anterior, en Cataluña tenemos un sistema educativo que es único en el mundo (aparte de Groenlandia) en la que se excluye como lengua vehicular una oficial que, además es la materna de más del 55% de la población. Esta desatención a la lengua materna de la mayoría de los catalanes tiene consecuencias en los resultados académicos, que son mediocres y, además, perjudica a quienes tienen el castellano como lengua materna, ya que los resultados académicos de los castellanohablantes son peores que los de los catalanohablantes; como, por otra parte, era de esperar porque nadie niega que estudiar en la lengua materna es una ventaja para la asimilación de contenidos.

El sistema denominado de inmersión no tiene ningún fundamento pedagógico, sino únicamente nacionalista: la pretensión de construir una sociedad vertebrada alrededor del catalán como idioma, lo que supone, necesariamente, la minorización del castellano. Es por eso que la lucha porque el castellano esté presente en la educación no es solamente una exigencia legal, sino que tiene también un componente político -y es bueno explicarlo-, el de impedir que la escuela sea utilizada como un instrumento más del nacionalismo supremacista. La educación monolingüe en catalán tiene, al igual que la enseñanza de una falsa historia que refuerza los mitos nacionalistas un claro componente político y, por tanto, aparte de las razones pedagógicas, también existen razones políticas para impedir esta usurpación de la escuela por los nacionalistas.

Y todo esto lo están defendiendo las familias que piden la enseñanza en catalán y en español, personas como Ana Losada o Pepe Domingo, de la AEB, Mercè Vilarrubias o Carlos Silva. Son ellos quienes están dando una batalla en la que no quiere comparecer el Gobierno de España y en la que no pocos se ponen de perfil.

Esto es España.