Leía el otro día en un titular que la Vicepresidenta del Gobierno, tras la presentación del propuesta de ley para el referéndum en Cataluña, había declarado que el Gobierno podía paralizar el referéndum en 24 horas.
Me sorprendió bastante; pero cuando leí el contenido de la noticia vi que no era eso lo que había dicho, sino que al Gobierno le bastaban 24 horas para paralizar "la ley del referéndum" (no el referéndum) o, según otros, que al Gobierno le bastaban 24 horas "para recurrir la ley del referéndum" (no propiamente para suspenderla).
No es lo mismo una cosa que otra, y los matices son importantes; sobre todo porque dan cuenta de cuál ha sido la actitud del Gobierno hasta ahora frente al desafío secesionista y, por tanto, permiten adivinar cuál será esa actitud en el futuro.
Como hemos visto, no se trata, en las palabras de la Vicepresidenta, de impedir el referéndum, sino de suspender la ley del referéndum o de recurrir la ley del referéndum. No se trata de impedir que se coloquen urnas o se llame a los ciudadanos a votar, sino de obtener una declaración por parte de un órgano jurisdiccional (el Tribunal Constitucional, por ejemplo) que establezca que eso que se está haciendo es contrario a Derecho. En el fondo una declaración de inconstitucionalidad, como tantas que ya se han dictado en el marco del proceso separatista, no es más que la confirmación por un tribunal de que algo es antijurídico.
Hasta ahora el gobierno se ha mostrado bastante eficaz en la consecución de este tipo de declaraciones. La Vicepresidenta viene de la Abogacía del Estado, y por tanto, a lo largo de su vida profesional habrá obtenido muchas sentencias favorables de los juzgados. Me la imagino satisfecha con la sentencia en la mano, el documento que prueba que sus argumentos fueron mejores y que en esa lucha incruenta que es un juicio supo jugar mejor las cartas que su contrario.
Hasta ahora en el caso catalán está consiguiendo los mismos éxitos. Los recursos que interpone el Gobierno son indefectiblemente ganados; creo que no ha perdido ni uno. Bien es verdad que, al igual que hacen algunos abogados, tiene cierto prurito a no encontrarse con una sentencia en contra y tan solo recurre "sobre seguro". Basta la más mínima duda para que la Abogacía del Estado, que dirige en última instancia la Vicepresidenta, se eche para atrás. No fue la Abogacía del Estado la que consiguió que se declarara que no es legal la utilización de las esteladas por parte de las administraciones públicas, sino que fueron abogados particulares que desinteresadamente pusieron su trabajo al servicio de este propósito y contando con el apoyo de Societat Civil Catalana. Igual que han sido abogados particulares los que consiguieron que se declarara que la adscripción de los colegios profesionales al pacto por el derecho a decidir era contrario a derecho o que los acuerdos municipales de adscripción a la AMI eran nulos. Llama la atención que todas estas causas hubieran sido dejadas de lado por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía; pero ya digo que me casa con esta actitud conservadora según la cual solamente hay que acudir a los tribunales cuando tienes muy claro que vas a ganar. No vaya a ser que tu "rating" de victorias/derrotas se estropee.
Ahora bien, incluso con esta salvedad puede concederse que el Gobierno ha conseguido que el Tribunal Constitucional haya declarado que todo lo que está haciendo la Generalitat y el Parlamento de Cataluña es contrario a derecho (¿de verdad que había alguna duda sobre ello?); pero, a partir de eso ¿qué? El mundo real va un poco más allá de los límites del papel timbrado en que están escritas las sentencias. Es necesario que lo que en ellas se pone sea cumplido, obedecido, ejecutado; porque de no conseguir el papel acaba siendo tan solo papel mojado.
Esto ya es harina de otro costal. Ejecutar las sentencias. ¡Uf! Complicado. Quizás en su época como Abogada del Estado la Vicepresidente estaba acostumbrada a que lo más difícil concluyera con la sentencia. Quizás las sentencias se cumplían voluntariamente o simplemente se pasaban a otro departamento que era el encargado de conseguir la ejecución. Ahora, sin embargo, nos encontramos con que no hay ese otro departamento encargado de la ejecución y tras obtener estas maravillosas sentencias que declaran ¡oh sorpresa! que lo que hace la Generalitat es inconstitucional, algo hay que inventarse para conseguir su cumplimiento.
O no, creo que todos recordamos cómo unos días después del 9-N Rajoy nos informaba de que no había habido ningún referéndum. Ok, lo entiendo. Seguramente quería decir que lo perpetrado por la Generalitat el 9 de noviembre era ilegal y, por tanto, "no válido", o sea inexistente. Bien, para un leguleyo tiene un pase; pero coincidamos en que no deberíamos conformarnos con que el referéndum fuera "inexistente" en el mundo de lo jurídico, sino que fuera también "inexistente" en el mundo real. El Derecho tiene que tener vocación de convertirse en realidad, porque de otra forma es un mero formalismo que en nada se diferenciaría de un video juego.
Y esto es importante por dos cosas. La primera tiene también su lado jurídico, pero en una vertiente que, quizás, se toca poco en el temario para Abogado del Estado. Me refiero al Derecho internacional, que es el escenario en el que se juega esta partida. En ese ámbito internacional el hecho acaba siendo Derecho. Es decir, por mucho que Rajoy diga que el 9-N no hubo ningún referéndum y que lo repita en relación al 1-O, si realmente lo hubo al margen de la legalidad española, pero de acuerdo con la legalidad secesionista, al final la conclusión a la que llegará el Derecho internacional es que el ordenamiento realmente eficaz en Cataluña es el nacionalista y no el español, y eso querrá decir que Cataluña es un nuevo Estado y ya no parte de España. Jugar con el formalismo y conformarse con las declaraciones de inconstitucionalidad tiene, como digo, un pase desde la perspectiva del Derecho interno, pero no desde la del Derecho internacional.
Lo segundo que quería destacar es que este no es un juego de argumentos jurídicos, sino de personas y derechos. Hace años que los catalanes tenemos reconocido el derecho de que un 25% de la enseñanza sea en castellano, pero como sabemos, en la realidad eso no es así y hemos de asistir a la vergüenza que sean las familias las que una a una vayan intentando derribar ese enorme muro de injusticia que es la inmersión, con el resultado de que estas familias son sometidas a acosos que acaban en ocasiones con los niños fuera del colegio en el que estaban estudiando.
¿Le explicará la señora Vicepresidenta a esta madre que la sentencia le da la razón y que tiene el derecho a que sus hijos reciban parte de la enseñanza en su lengua materna? ¿Le añadirá entonces las razones que impiden que el Estado le garantice este Derecho?
Hemos obtenido sentencias que nos dicen que las esteladas no pueden ondear en espacios de titularidad pública, pero siguen ondeando. ¿Le explicará la Vicepresidenta a los ciudadanos que han de pasar cada día ante esos símbolos de supremacismo y de falta de neutralidad de las instituciones las razones para que el Estado no actúe pese a que ya hay sentencias que reconocen que esas esteladas ahí no pueden ondear?
Se adoctrina a nuestros hijos en las escuelas. Sabemos que eso no es legal, pero ¿se hará algo para cambiarlo?
Sra. Vicepresidenta, no basta con que los tribunales declaren que algo no es legal, es preciso que esa sentencia se convierta en realidad, y en cinco años, va para seis de gobierno del PP, se han conseguido muchas sentencias, pero en Cataluña no ha cambiado prácticamente nada, y lo poco que ha cambiado (la retirada de la estelada de Sant Cugat, por ejemplo) no ha sido por la acción del gobierno, sino de los ciudadanos.
Me gustaría que la próxima vez que le pongan un micrófono delante no nos diga que recurrirá la ley del reférendum (lo doy por sentado) sino que lamenta que en Cataluña vivamos al margen de la legalidad constitucional y que empeña su palabra en conseguir la devolución real, no meramente en el papel timbrado, del Estado de Derecho a nuestra querida tierra.
Me gustaría.
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