Nuestros datos en su censo

El pasado jueves 21 muchos catalanes nos dimos cuenta de que, efectivamente, nuestros datos personales habían sido utilizados para configurar un censo ilegal destinado a ser utilizado en el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.

El propio Presidente Carles Puigdemont difundía la dirección de la web donde introduciendo el número y letra del DNI, la fecha de nacimiento y el código postal se obtenían la dirección, mesa y sección para la votación del 1 de octubre. Introduje mis datos y comprobé que la página web me devolvía la información relativa al lugar donde me correspondería votar (el mismo lugar habilitado para la consulta del 9 de noviembre de 2014, por cierto).

El que me indicara con tanta precisión dónde debía votar tan solo podía suceder si quien gestionaba la página web (una página web pirata, ubicada no se sabe dónde y construida para evitar que la Guardia Civil la bloqueara como había bloqueado otras réplicas de la página web original, referendum.cat) disponía de mis datos personales y, cuando yo introducía la consulta verificaba el punto de votación que me correspondía. De todas formas, a fin de asegurarme de ello procedí también a introducir datos que no se correspondían con la realidad manteniendo tan solo como cierto el código postal. Con ello pretendía verificar que la página no era más que una apariencia de censo que, en realidad, no utilizaba mis datos personales, sino que, a través del código postal, atribuía aleatoriamente puntos de votación en el área identificada por el código. No era así, sin embargo, si introducía datos falsos el mensaje que me devolvía la página era el de error.

Existen, pues, indicios razonables de que se ha configurado una base de datos con los datos personales de los catalanes con el fin de utilizarlos para el referéndum ilegal del 1 de octubre. La primera constatación directa y personal de que lo que nos habían explicado hace meses Santiago Vidal y Lluís Salvadó. Tal como escribía en su momento, el Sr. Vidal no tuvo problema en detallar públicamente los trabajos que desde la Generalitat se estaban realizando para construir las denominadas "estructuras de Estado", entre las que se incluía la elaboración de bases de datos "ilegales" en palabras del propio Vidal, que permitirían al nuevo Estado desarrollar sus funciones. Estas declaraciones fueron confirmadas por el Secretario de Hacienda de la Generalitat en una conferencia (a partir de 1:00:00) donde explica cómo se están construyendo al margen de la ley las bases de datos que precisa la República Catalana

La gravedad de estas declaraciones motivó que se presentaran denuncias tanto ante la Agencia Española de Protección de Datos como ante la Autoridad Catalana. Yo mismo lo hice de acuerdo con los modelos facilitados por Societat Civil Catalana (aquí y aquí).

No he vuelto a tener noticias significativas de aquellas denuncias, lo que es grave, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos la constancia de que las informaciones que de forma tan despreocupada habían facilitado Vidal y Salvadó respondían a la realidad: se estaban construyendo bases de datos para fines que no eran los previstos constitucional y estatutariamente, aprovechando, presumiblemente, los datos de los ciudadanos de los que disponía la Generalitat para otros fines.

En materia de protección de datos es claro, tanto de acuerdo con la normativa española como la normativa europea que los datos que han sido cedidos a un particular o a una administración para un uso determinado no pueden ser utilizados para otro uso. Mucho menos los datos que figuran en un archivo o registro pueden ser trasladados o utilizados en otro registro o archivo sin una habilitación específica para ello. Evidentemente, si el uso al que se destinan es en sí ilegal se produce una gravísima vulneración de la normativa en materia de protección de datos. Todo esto debería haber sido investigado hace meses y haberse evitado llegar a la situación que traducen las dos capturas de pantalla que acabo de mostrar y deberán exigirse responsabilidades por ello.

Pero la construcción de una base de datos al margen de la ley aprovechándose de datos aportados para otros fines no solamente es una infracción de la normativa en materia de protección de datos, sino que puede tener transcendencia penal. Es por eso que en la denuncia que presentó Societat Civil Catalana el 30 de enero de 2017 en relación a las declaraciones de Santiago Vidal, se incluyó una referencia a la posible vulneración de varios preceptos del Código Penal como consecuencia de la construcción de estas bases de datos.

Esta denuncia de Societat Civil Catalana fue remitida a la Fiscalía General del Estado y, según parece, ha acabado en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, quien la habría unido a otras denuncias que serían la base de las actuaciones que se han desarrollado esta semana a fin de comprobar si los delitos de los que ahí se advertía están realmente cometiéndose.

En lo que se refiere a la utilización de los datos personales de los catalanes para la confección del censo para el 1-O nos encontramos, como vemos, con una clara vulneración de la normativa sobre protección de datos, pero también con un hecho con transcendencia penal, y ello por dos vías (al menos): por una parte es un nuevo incumplimiento de la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional, por lo que podría suponer ya en sí un delito de desobediencia; pero, aparte de esto, al tratarse de una utilización ilegítima de nuestros datos personales podríamos estar ante el tipo de revelación de secretos del art. 197 del Código Penal, tal como indica la denuncia que acabo de compartir de Societat Civil Catalana.

Es por eso que no resulta extraño que ya ayer la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ordenase investigar la web que facilita la información sobre el punto de votación para el 1-O; pero esta investigación no exime a los ciudadanos de ejercer su deber cívico de denunciar la utilización que de sus datos está haciendo la Generalitat. Ayer, junto con mi amigo Joaquim Coll, acudimos a la Guardia Civil a denunciar que nuestros datos personales obraban en poder de quien gestionaba esa web ilegal construida para un propósito igualmente ilegal.

Animo a que todos los ciudadanos lo hagan. Deberían entrar en la web, comprobar que al introducir sus datos la web informa del punto de votación; hacer captura de esa pantalla y con ello acudir a un puesto de la policía judicial de la Guardia Civil. A través de internet o llamando a la Guardia Civil pregunten cuál es el puesto de policía judicial de la Guardia Civil más cercano (no todos los cuarteles de la Guardia Civil tienen a todas horas personal de la policía judicial), persónense y denuncien.

Los independentistas pretenden mostrar imágenes de colas de personas pretendiendo votar el 1 de octubre. Me gustaría que nosotros pudiéramos mostrar colas de personas que denuncian la flagrante vulneración de sus derechos -en este caso el derecho a que sus datos personales no sean utilizados para fines ilegales- ante las autoridades competentes. Es una manera de exigir la devolución del Estado de Derecho a Cataluña.

Ser ciudadano no da solamente derechos, sino que también atribuye responsabilidades. Asumámoslas y hagamos aquello que está en nuestra mano para poner fin al desafío nacionalista. No les engañaré, deberán emplear parte de su tiempo en ello; pero si no estamos dispuestos a sacrificar esa parte de nuestro tiempo para defender nuestros derechos quizás sea que no nos los merezcamos.

Obremos con generosidad ahora, hagamos frente al desafío y dejemos para más adelante ver qué cosas se han hecho mal para haber llegado a donde estamos. Ahora mostremos la mayor unidad posible.