La escuela en Cataluña según "El País"

Publica hoy "El País" un editorial sobre la situación de la escuela en Cataluña. Comparto varias de las cosas que dice; pero discrepo en otras y, sobre todo, discrepo en el tono y el enfoque. En un tema como éste dejar de decir algunas cosas u omitir ciertas preguntas muestra un sesgo que me parece preocupante. Y no lo digo solo por el editorial de "El País". Tomo éste por el prestigio del medio y porque sirve para cuestionar una determinada manera de ver las cosas en Cataluña que comparten bastantes opinadores, intelectuales y políticos.

La visión es complaciente en relación al modelo vigente en la escuela catalana, y así se afirma que los resultados pedagógicos son "razonables". Podría discutirse, desde luego; porque los resultados de los escolares catalanes, por ejemplo en el informe PISA, no se corresponden con el nivel socioeconómico de las familias catalanas. Deberíamos preguntarnos cómo es posible que un sistema aparentemente tan bueno como el de inmersión tiene como resultado que en PISA, en sus resultados globales, Cataluña no está por encima de ninguna Comunidad Autónoma, excepto el País Vasco, con un índice socioeconómico superior al de Cataluña; y, sin embargo, tres comunidades con un índice más bajo que Cataluña tienen resultados mejores en el Informe Pisa (Castilla y León, Galicia y Aragón). Podria pensarse que el que Cataluña se sitúe por encima de la media española es más debido a su mayor nivel de riqueza (algo que influye de manera determinante en los resultados escolares) que por las bondades de su sistema educativo.

Pero más preocupante que esto es que en el editorial no se haga referencia a los informes existentes que prueban que los resultados difieren en función de la lengua materna de los estudiantes. Hay un informe de la fundación Jaume Bofill del año 2009 en este sentido y también uno más reciente de Conviviencia Cívica.

Que no se haga mención a estos informes y las dudas que se plantean ya no sobre el éxito del sistema, sino sobre su capacidad de cohesión, tratándose de un método que hace pasar sobre criterios pedagógicos una determinada opción política: la no segregación de alumnos por razón de lengua; da que pensar. Un análisis mínimamente objetivo no debería obviar datos como estos que podrían tener cierta relevancia.

Pero más allá de esto, lo que llama la atención es que en el editorial no se formulen algunas preguntas que, me parece, han de ser afrontadas.

La primera pregunta es cuáles son las razones para que la Generalitat mantenga un sistema que no se ajusta a las exigencias legales y constitucionales, tal como han reiterado los tribunales. En democracia no puede presentarse como irrelevante, y mucho menos obviarse, que una administración rehuse ajustar su actuación a las exigencias de la ley. Como es sabido, no es admisible un sistema que imponga como lengua vehicular únicamente la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma, excluyendo al castellano. Esta irregularidad en la actuación de la Generalitat tiene que ser resuelta y, además, debemos interrogarnos sobre las causas de una rebeldía tan contraria a principios democráticos básicos. Esta situación aberrante ha de estar presente en todo análisis de la situación, y más ahora, cuando es el Gobierno de España quien está obligado a hacer lo que hasta ahora no ha hecho la administración autonómica.

La segunda cuestión que ha de introducirse necesariamente en cualquier presentación sobre el tema de la lengua en Cataluña es el acoso a las familias que han solicitado el cumplimiento de la ley en esta materia. Resulta extraordinariamente grave que se hayan montado escraches a familias y boicots a negocios familiares; que niños hayan abandonado su colegio y que, como explica Ana Losada, se tenga miedo a pedir lo que en derecho resulta obligado para la Generalitat. ¿Cómo puede hablarse de convivencia -tal como hace este editorial- y no se haga mención a estos hechos, de una gravedad, como digo, enorme en cualquier sociedad y más en una que se pretenda democrática?

Finalmente, tampoco resulta razonable en una valoración de conjunto de la escuela catalana obviar las evidencias existentes sobre adoctrinamiento en las escuelas. Mirar para otro lado no hará que desaparezca el problema y tan solo ayudará a quienes han utilizado y utilizan las aulas para transmitir un determinado mensaje político ¿es que esto no es lo suficientemente grave o es que, en el fondo, se simpatiza con quienes han optado por convertir la escuela en una herramienta de construcción nacional y no en el lugar de formación de ciudadanos libres familiarizados con los valores constitucionales?

En definitiva. Para muchos -no solo para este editorial de "El País"- el problema en la escuela catalana no existe o lo crean quienes pretenden que la lengua materna de la mayoría de los catalanes y oficial en toda España tenga una presencia más allá de lo simbólico en la educación de nuestros hijos.

En realidad, sin embargo, existen elementos para afirmar que la escuela catalana se ha diseñado en los últimos cuarenta años para cumplir en primer lugar un fin político: estructurar la nación catalana a través de la lengua y de unos referentes culturales e históricos -en parte inventados- que fueran favoreciendo la progresiva separación del resto de los españoles. Cualquier elemento que afectara a este objetivo era desechado, hasta el punto de colocar al entero sistema en la ilegalidad al negarse a incorporar un 25% de la enseñanza en castellano. El acoso a las familias que han pedido el cumplimiento de la ley y las muestras de adoctrinamiento existentes colocan más sombras que luces sobre un sistema educativo que ni siquiera consigue los resultados académicos que deberían resultar del nivel de riqueza y socioeconómico de Cataluña.

Creo que un editorial con este contenido sería más ajustado a la realidad que el que hoy he leído.