Universidad y derechos fundamentales

El 19 de abril de 2016 tiene lugar el primer acto del colectivo "Joves SCC-UAB" (JSCCUAB) en el campus de la UAB. El colectivo, recién incorporado al listado de colectivos del campus es invitado por la propia Universidad a instalar una carpa en la feria de colectivos. Cuando la carpa se estaba montando un grupo de personas increpan a quienes allí estaban y uno de los acosadores arranca la bandera española en la carpa y la raja con un cúter. Ante esta situación y a fin de evitar males mayores se opta por desmontar la carpa.

En vez de haber suspendido la feria de colectivos en solidaridad con el que había sido expulsado de ella por los intolerantes lo que se hace es reordenar el espacio para que todo siga como si no hubiera pasado nada. Entonces yo presidía Societat Civil Catalana y en mi calidad de tal y como profesor de la UAB pedí al entonces Rector Ferran Sancho, que condenara el ataque y se hiciera presente, como muestra de solidaridad, en la carpa que instalaría JSCCUAB unos días más tarde para reivindicar su presencia en el espacio público. El Rector se negó a realizar la condena solicitada y personarse en la carpa que se instaló el día 22 de abril y que fue objeto de un escrache por un grupo autodenominado "antifeixista".

En el mes de diciembre de 2016 JSCCUAB volvió a ser objeto de coacciones en el campus de la UAB. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir para impedir el paso a un grupo que pretendía rodear la carpa montada por JSCCUAB y un cineformum organizado por la entidad fue boicoteado por un grupo que ocupó el espacio inicial en el que debía celebrarse el acto y luego rodeó el nuevo lugar del evento. En el acoso intervinieron encapuchados que portaban palos.

En esta ocasión la UAB emitió un comunicado en el que indicaba que el espacio universitario debía estar a disposición de todos; pero no condenó el acoso sufrido por JSCCUAB. Las referencias genéricas al respeto a los derechos son, a mi juicio, insuficientes cuando es posible identificar claramente a los agresores y a los agedidos. En estas circunstancias es necesario solidarizarse con los últimos y condenar las actuaciones de los primeros.

Tras la emisión de este comunicado (en la tarde del 13 de diciembre de 2016) se produjo el acoso a un grupo de asistentes al acto de SCC. Fueron perseguidos por un grupo a la carrera en medio del campus, hasta el punto que estos asistentes cruzaron las vías del tren justo antes de la llegada de un convoy con el fin de protegerse así de los acosadores. Ninguna condena por parte de la Universidad en relación a esta acción.

Unos meses más tarde, en marzo de 2017, una carpa de JSCCUAB fue atacada en la Plaza Cívica de la UAB. Se desmontó la mismo y se roció con un extintor.

Ninguna condena por parte de la UAB. Las declaraciones del equipo de gobierno en relación a este "incidente" se limitaron a indicar que esa carpa había sido instalada sin el permiso de la Universidad. Ni solidaridad con los agredidos ni condena a los agresores. Una frialdad que choca con la condena muy pocos días después de una "incursión" de encapuchados en una copistería del campus.

Me parece bien que se hubiera condenado esta acción vandálica, pero al mismo tiempo hace aún más hiriente que ante una agresión como la que se puede ver un poco más arriba no se hubiera producido condena alguna de las instituciones universitarias.
JSCCUAB denunció públicamente lo que entendía que era pasividad de la institución ante las agresiones sufridas y pidió que el equipo de gobierno hiciera lo necesario para garantizar que todos en el campus pudieran ejercer en igualdad su libertad de expresión. También denunció que se tolerara que las asociaciones de estudiantes nacionalistas ocuparan con sus pintadas las paredes de los edificios de la Universidad.

JSCCUAB se había convertido en un fenómeno extraño en la Universidad catalana: un grupo de estudiantes que frente al nacionalismo dominante mostraba sin complejos su discrepancia con el proceso secesionista y su deseo de que Cataluña continuara participando en los proyectos español y catalán. No es difícil imaginar que molestaba.
Y así es como durante el curso 2016-2017 se desarrolló una campaña de recogida de firmas orientada a pedir que JSCCUAB fuera expulsada del campus. JSCCUAB pidió públicamente que no se permitiera una campaña que pretendía reducir la pluralidad ideológica en el campus; pero la protesta no surtió efecto y la campaña se desarrolló en distintos espacios de la UAB.

A finales del curso 2016/2017 desde el vicerrectorado de estudiantes de la UAB se comunicó a JSCCUAB que habían sido dados de baja del colectivo de estudiantes por considerárseles un colectivo "inactivo". JSCCUAB decidió, en vez de recurrir, solicitar de nuevo a comienzos del curso siguiente su incorporación al colectivo.
Tras una entrevista se les comunicó que se les denegaba la inscripción solicitada. Entre otras razones porque no accedían a cambiar su política de comunicación crítica con las decisiones adoptadas por los órganos directores de la Universidad.
Aquí es preciso aclarar que en los meses que precedieron a esta decisión de la UAB, JSCCUAB no solamente había mantenido las críticas a lo que ellos entendían "pasividad" ante quienes les acosaban en la UAB; sino que también se habían mostrado críticos con diversos comunicados emitidos en septiembre y en octubre y que mostraban -a juicio de JSCCUAB- que la institución compartía planteamientos nacionalistas incompatibles con su obligada neutralidad institucional.
En este momento tuve conocimiento de esta resolución del vicerrectorado de estudiantes a través de JSCCUAB. Me quedé extraordinariamente sorprendido y desilusionado. Que una institución universitaria que, además, es administración pública, pretenda condicionar el acceso al registro del colectivo de estudiantes a que estos sigan una determinada política de comunicación me parecía una limitación de los derechos fundamentales de los estudiantes que era incompatible con principios democráticos básicos. De hecho, el que se transmitiera la idea de que el equipo de gobierno seguía las opiniones que manifestaban los miembros de la comunidad universitaria y que esas opiniones pudieran tener consecuencias en el ámbito universitario tenía ya en sí una fuerza coactiva incompatible con el respeto a los principios que han de articular una sociedad libre.
Ante la negativa a proceder a la inscripción en el registro de colectivos de JSCCUAB, sus integrantes presentaron recurso a la Rectora. La Rectora confirmó la expulsión por resolución de 1 de marzo de 2018. Como la cosa me parecía extraordinariamente grave yo mismo presenté una queja al Síndic de la Universidad en el mes de marzo de 2018 transmitiéndole la gravedad de que un colectivo pudiera ser excluido del directorio como consecuencia de sus declaraciones públicas.
Hasta aquí unos hechos que podrán ser valorados de una u otra manera; pero que son los que son: JSCCUAB es constantemente acosado en la UAB, colectivos de estudiantes vinculados al nacionalismo organizan una recogida de firmas para pedir su expulsión de la Universidad y finalmente dicha expulsión se concreta en dos fases: en una primera son excluidos del directorio de colectivos y en una segunda se les deniega una nueva inscripción, alegando, entre otras cosas, que su política de comunicación no era adecuada y no mostraban voluntad de rectificarla.
Como digo, se intentó resolver el problema dentro de la propia Universidad. Primero en el marco del Vicerrectorado de Estudiantes, luego apelando a la Rectora y transmitiendo también el problema al Síndic de la Universidad. En todo este tiempo JSCCUAB se abstuvo de realizar declaraciones públicas en relación a su expulsión. Esto es, hizo lo posible para que el tema se resolviera dentro del ámbito universitario.
Ahora bien, una vez agotadas las vías universitarias y manteniéndose su expulsión ¿qué alternativas quedaban para la defensa de sus derechos? Una tan solo, acudir a los tribunales, que tienen la misión, entre otras cosas, de garantizar la tutela de los derechos fundamentales.
Porque a juicio de JSCCUAB esto es lo que había sucedido: se había vulnerado su derecho de asociación al no permitírseles constar en el registro de colectivos de la UAB, se había limitado de esta forma su posibilidad de transmitir sus planteamientos en el campus y, además, al producirse esa denegación por las opiniones que expresaban se producía una limitación de su libertad ideológica que, potencialmente, tenía capacidad de extenderse a otros miembros de la comunidad universitaria que pudieran temer represalias equivalente en caso de oponerse públicamente a la política de los órganos rectores de la UAB.
Todo de la suficiente gravedad como para acudir a los tribunales.
Y eso es lo que hicieron los integrantes de JSCCUAB, formularon recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales solicitando que se declarara que la expulsión del colectivo había vulnerado sus derechos fundamentales y que se acordara la inscripción del colectivo en el directorio.
La demanda ha sido admitida a trámite y la magistrada que está conociendo del asunto decidió conceder las medidas cautelares solicitadas: la inscripción provisional del colectivo en el directorio con el argumento de que había indicios de que sí podría haberse producido una vulneración de los derechos fundamentales. Literalmente se dice:
"En el presente caso ha quedado acreditado por parte de los recurrentes el "fumus bonis iuris" derivado de la exclusión del colectivo "Joves Societat Civil Catalana UAB" del Directorio de Colectivos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en base a unos argumentos por parte de la entidad que pudiera vulnerar los derechos fundamentales alegados, especialmente la libertad ideológica y de expresión, por cuanto uno de los motivos de su exclusión es el cambio de posicionamiento del colectivo en los perfiles públicos".
Veremos que dice la sentencia que se acabe dictando; pero, como digo, de momento se aprecia la existencia de indicios de esta vulneración de derechos fundamentales por parte de la Universidad, algo de una extraordinaria gravedad.
El que se hubiera abierto el proceso por vulneración de derechos fundamentales debería preocupar a toda la comunidad universitaria, que debería alarmarse ante la posibilidad de que la institución pudiera haber incurrido en una conducta lesiva de los derechos fundamentales de los estudiantes.
Es por eso que es sorprendente la declaración del Consejo de Gobierno aprobado esta semana en el que se muestra la confianza en el equipo de gobierno de la UAB y se lamenta la judicialización de los conflictos.

¿Eran conscientes los integrantes del Consejo de Gobierno que durante más de seis meses este asunto se había intentado resolver dentro de la Universidad? ¿Sabían que la demanda se basaba en el seguimiento por parte de la Universidad de las opiniones vertidas en redes sociales por los integrantes de JSCCUAB?