Las críticas a la propuesta de ley de lenguas

La publicación en "El Mundo" de un artículo de Mercè Vilarrubias sobre su propuesta de ley de lenguas, y su difusión por las redes sociales ha permitido un fructífero debate sobre la propuesta, detallada en el libro de la misma autora "Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo".

De las críticas a la propuesta se pueden deducir algunas conclusiones que quizás ayuden a centrar el debate en torno a la misma.

1) Críticas no a la propuesta, sino a los que se dice que dice la propuesta

Una parte significativa de las críticas no se dirige a la propuesta, sino a lo que algunos dicen que defiende la propuesta. Así, en primer lugar, que la propuesta convertiría en oficiales en toda España las lenguas españolas diferentes del castellano. Esto es falso. basta consultar las páginas 165 y 166 del libro de Mercè para comprobar que en la propuesta el castellano sigue siendo la única lengua oficial en todo el Estado. Lo que hace la propuesta es añadir que las otras lenguas españolas que sean oficiales en las Comunidades Autónomas son también propias del Estado; lo que no implica oficialidad; sino que el Estado asume que tales lenguas son también suyas en el sentido de que forman parte de la identidad española. Se trata de un reconocimiento simbólico que no implica que las lenguas españolas diferentes del castellano sean oficiales fuera de la Comunidad Autónoma que les ha dado este carácter. Decir, por tanto, que la propuesta convierte en oficiales en toda España a las lenguas españolas dientes del castellano es una falsedad.

De igual forma, es falso que la propuesta implique que podrá pedirse atención en cualquier lengua española en cualquier parte de España. Esto es radicalmente falso. Lo que mantiene la propuesta es lo que ya existe ahora: la administración periférica del Estado en cada Comunidad Autónoma con una lengua oficial diferente del castellano utilizará también esa lengua oficial. A esto se añade que los ciudadanos podrán utilizar las lenguas oficiales diferentes del castellano ante las instituciones centrales del Estado (Defensor del Pueblo, Ministros...) así como ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional. Esto, por supuesto, no implica que pueda pedirse en Cádiz un formulario en gallego. Esto está descartado por la propuesta de Ley de Lenguas. Decir, por tanto, que la propuesta de Ley de Lengua implicaría que cualquiera pudiera exigir atención en una lengua española diferente del castellano en cualquier lugar de España es otra falsedad.

Así pues, hay algunas críticas a la propuesta que no van dirigidas a la propuesta, sino a una "imagen de paja" de la propuesta.

2) Críticas por entender que la propuesta es "buenista" o un guiño a los nacionalistas

De acuerdo con este planteamiento, ante la constante vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las comunidades controladas por gobiernos nacionalistas, la propuesta intentaría llegar a un "acuerdo" por el que los derechos de los castellanohablantes pasarían a ser respetados a cambio de que se ampliaran los derechos de los hablantes de lenguas españolas diferentes del castellano fuera de sus Comunidades Autónomas.

Esto es también completamente falso. La propuesta no pretende llegar a ningún acuerdo para que se respeten los derechos de los castellanohablantes que ahora no son respetados. Estos derechos han de ser exigidos y deben garantizarse sin contraprestación alguna. La exigencia de respeto a tales derechos por parte de quienes defendemos la propuesta de ley de lenguas es clara y sin condiciones. Así como la crítica a los gobiernos españoles que no han cumplido con su obligación de convertir en reales tales derechos.

La propuesta no pretende, por tanto, llegar a ningún acuerdo con los nacionalistas ni ofrecerles ninguna "contraprestación". Es más, la propuesta ataca la línea de flotación del elemento estructural del planteamiento nacionalista en relación a la lengua. Veamos por qué.

El planteamiento nacionalista es la utilización de la lengua como instrumento de construcción nacional. En ese sentido, el concepto nuclear en la propuesta, "derechos lingüísticos", es antitético al plan nacionalista. No se trata de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sino de acabar por imponerles la utilización de la lengua que pretende potenciarse. En Cataluña es claro. Los derechos lingüísticos en relación a la utilización del castellano son permanente vulnerados con el fin de potenciar el catalán, porque el objetivo de los nacionalistas, como digo, no es garantizar derechos lingüísticos sino promover el uso de la que se quiere utilizar como eje de la nación que quiere construirse.

Si ese planteamiento basado en la lengua, su promoción y protección, es sustituido por otro en el que el eje son los derechos lingüísticos de los hablantes, el plan "catalanizador" (en Cataluña) llega a su fin. Ya no se tratará de promover el uso de una determinada lengua, sino de garantizar los derechos de los hablantes de esa lengua, pero también de los hablantes de castellano, velando porque puedan usarla ante la administración, que esté presente en las escuelas y en los medios públicos de comunicación. No es extraño que los nacionalistas estén mudos ante la propuesta, esperando seguramente que no siga adelante.

No, la propuesta no es ningún guiño a los nacionalistas. ¿Cómo podría serlo defender los derechos lingüísticos de los castellanohablantes y exigir que el Estado haga lo que no ha hecho en los últimos cuarenta años: regular sobre esos derechos, empezando por la presencia del castellano en las escuelas de las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial?

3) La propuesta pone en riesgo a la lengua común, el español

Esta es una crítica que se repite y se expresa de distintas maneras; pero en el fondo el planteamiento es siempre el mismo: España tiene ya una lengua común y cualquier cosa que implique debilitarla ha de ser rechazad. En la medida en que la propuesta llevaría a que en algunos supuestos en los que ahora se utiliza el castellano se utilizaría una lengua española diferente del castellano habría un debilitamiento de la lengua común que ha de ser rechazado.

Bien, es cierto que habrá supuestos en los que ahora se emplea el castellano y en los que, de acuerdo con la propuesta, se podría utilizar una lengua española diferente del castellano. Así, por ejemplo, cuando se testifique ante el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Además, la visibilidad de las lenguas españolas diferentes del castellano aumentaría, lo que, de acuerdo con la crítica que aquí se examina, redundaría en una menor difusión del español.

Esta es tremendamente significativa. Vamos a verlo a continuación.

En España hay diversos proyectos políticos en conflicto en cuanto a la configuración del Estado. Y en ellos la lengua juega un papel muy relevante. Los nacionalismos periféricos pretenden construir nuevas comunidades nacionales en sus territorios utilizando para ello la lengua como un elemento esencial en esa construcción nacional. La promoción en la utilización de las lenguas "propias" de las diferentes Comunidades Autónomas es clave en este proyecto.

Frente a estos proyectos del nacionalismo periférico hay una reacción basada en la promoción de la "lengua común", el español, como elemento de cohesión de España. De acuerdo con este planteamiento, todo lo que suponga promoción de la lengua común sería conveniente y lo que implicara debilitarla, negativo. Puede comprobarse en una de las críticas recibidas a la propuesta en las redes sociales en los últimos días.

La propuesta de Ley de Lenguas no se adscribe a ninguna de de estas dos posiciones. Ni promueve el catalán, el gallego o euskera... ni el castellano. La propuesta de Ley de Lenguas lo que pretende es cambiar el centro de la regulación desde la lengua, su promoción o defensa, a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Y ese es un cambio radical.

De lo que se trata es de defender los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, de los que tienen como lengua de preferencia el castellano y de los que tienen como lengua de preferencia una lengua española diferente del castellano. A partir de ahí serán los ciudadanos los que tenga que decidir cuál utilizan y cómo la utilizan. Como digo, es una perspectiva radicalmente diferente al planteamiento actual, basado en la promoción de las lenguas españolas diferentes del castellano.

Lo anterior no es incompatible con que los agentes políticos o sociales interesados en ello intenten promover el conocimiento o la utilización del español o de cualquier otra lengua española. Tengo mi opinión respecto a esas políticas, que básicamente se resume en que de acuerdo con las políticas de promoción del conocimiento y en desacuerdo con las políticas de promoción del uso; pero esta opinión no tiene nada que ver con la Ley de Lenguas. La propuesta de Ley de Lenguas se centra en la defensa de los derechos lingüísticos y pretende que el elemento esencial en la regulación de las lenguas ha de ser éste, los derechos lingüísticos, en vez de la promoción de la lengua o los pretendidos derechos de la misma.

Esto explica que quienes pretenden potenciar la utilización del español como elemento de fortalecimiento de la unidad del Estado discrepen de la propuesta de Ley de Lenguas. En este punto la coincidencia entre los nacionalistas periféricos y los nacionalistas españoles coherente. En ambos casos los derechos lingüísticos son secundarios frente al papel de la lengua como elemento de articulación nacional.

Quienes defendemos la propuesta de Ley de Lenguas, en cambio, partimos, como ya se ha dicho, del respeto a los derechos lingüísticos y a la libertad de todos para utilizar la lengua que prefieran. Veremos a dónde nos conduce esa libertad, tan alejada de la experiencia de las últimas décadas.

Aclaración

La utilización del término "castellano" o "español" se ha convertido también en campo de batalla. Yo utilizo indistintamente ambos. Desde un punto de vista filológico es más correcto "español", o al menos esto me enseñaron en COU en la asignatura de Lengua Española, donde estudió un libro  de texto magnífico, el que había escrito Emilio Alarcos Llorach; pero la Constitución utiliza el término "castellano" y creo que en textos jurídicos es más adecuado, por esa razón, utilizar esta última palabra. No hago cuestión de ello, sin embargo, por lo que creo que no corresponde criticar que utilice uno u otro, porque, como digo, voy alternado ambos, en ocasiones por razones estilísticas.