Lo que está en juego (ahora) no es la secesión, sino la democracia

Hace 3 años muchos estábamos en las calles de Barcelona, manifestándonos para impedir que se consumar la secesión de Cataluña.

Lo conseguimos. Obviamente no fue solo una consecuencia de la manifestación del 8 de octubre; pero sin ella las cosas hubieran sido más difíciles. Dio legitimidad al gobierno español y enmendó el relato nacionalista, sobre todo en el extranjero, donde muchos creían que los catalanes mayoritariamente apoyoban la secesión. Las manifestaciones independentistas de los años anteriores fueron replicadas por una ola que cubrió de banderas españolas el centro de Barcelona.

Salimos a la calle porque el riesgo de ruptura era cierto (no una ensoñación como equivocadamente sostiene el Tribunal Supremo en su benevolente sentencia hacia los líderes del intento de derogación de la Constitución en Cataluña) y era preciso que todos aportaran su granito de arena para evitar el desastre.

Tres años después la situación ha cambiado. La amenaza de secesión no es inmediata (lo que no excluye que vuelva a serlo de aquí a unos meses, hay que ser conscientes de ello); pero nos enfrentamos a un desafío que no es de una envergadura menor y que debería preocuparnos a todos, un desafío que ha ido creciendo con los años ante la indiferencia cuando no la colaboración de muchos que se dicen opuestos al nacionalismo pero que, al menos con su silencio, mucho han contribuido a que la situación llegue al punto en el que nos encontramos ahora.

El desafío al que me refiero es la quiebra de principios democráticos básicos en Cataluña como consecuencia de la implementación del proyecto nacionalista. Esta quiebra democrática es grave y continuada (sistémica podríamos decir con un término que ya se utiliza en otros territorios) y la falta de reacción de la clase política española, de los medios de comunicación y de la opinión pública son preocupantes.

En lo primero que debemos reparar es que los principios democráticos son esenciales si queremos continuar siendo una democracia homologable al resto de Europa. Se trata, además, de una exigencia recogida en el Derecho de la UE, ya que el artículo 2 del Tratado de la UE impone que los estados miembros garanticen el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

No son palabras vacías, tienen un contenido muy concreto que implica exigencias específicas para los estados miembros. Estos valores, en su conjunto, son los que permiten identificar a las democracias plenas y diferenciarlas de aquellos sistemas que no lo son.

Y en Cataluña esos principios no son respetados.

Fijémonos, por ejemplo, en el Estado de Derecho. ¿Qué implica afirmar que un país es un Estado de Derecho? En primer lugar, que todos, y especialmente los poderes públicos están sometidos a la ley y se respetan las decisiones de los tribunales. ¿Es ésta la situación en Cataluña donde las autoridades amenazan abiertamente con la desobediencia y donde, de hecho, dos de los tres últimos presidentes de la Generalitat han sido condenados por desobediencia (y el tercero está fugado de la justicia)? No, radicalmente no. Un territorio en el que el poder público afirma de manera abierta que no acatará las leyes no puede ser considerado un Estado de Derecho, lo que excluye que los principios democráticos operen de manera plena en él.

Si del Estado de Derecho pasamos a la garantía de los derechos fundamentales la situación no es mejor. Esta semana sabíamos que los tribunales han declarado que la Universidad de Barcelona vulneró los derechos fundamentales de sus integrantes al suscribir un manifiesto partidista. La libertad ideológica, de expresión y el derecho a la educación han sido violados con esa toma de posición partidista de los órganos de la universidad.

No es la primera condena a una universidad catalana por vulneración de derechos funamentales. Hace dos años, la Universidad Autónoma de Barcelona fue condenada por haber discriminado a los estudiantes que disentían del nacionalismo. En aquella ocasión se declaró que la universidad había vulnerado los derechos de los estudiantes a no ser discriminados por razón de pensamiento, libertad ideológica, libertad de esxpresión y derecho a la educación.

La quiebra de los derechos de los padres y de sus hijos en la escuela que algunos denominan catalana para enfatizar su adscripción a los planteamientos nacionalistas es también constante, traduciéndose en utilización sesgada de materiales, exclusión -contraria a la Constitución- del español como lengua de aprendizaje en la escuela y el acoso a las familias que piden el ejercicio de sus derechos.

La limitación de derechos se extiende también a la participación política, habiéndose prohibido que partidos contrarios al nacionalismo lleven a cabo actos políticos en determinados municipios, y acosándose sistemáticamente a quienes pretenden exponer ideas contrarias a las nacionalistas en ciertos lugares.

Finalmente, la obligación de neutralidad de las administraciones públicas, incluso en período electoral, brilla por su ausencia, con edificios públicos que exhiben banderas esteladas, lazos amarillos u otros símbolos de identificación con el nacionalismo.

Lo que describo son hechos; hechos que son fácilmente constatables y que muestran una quiebra democrática profunda y continuada en Cataluña. Lo que está en juego ahora es que esta quiebra continúe o se corrija y, lo siento, aquí no puede haber equidistantes. Quienes pretendan que estos problemas no existen no pueden llamarse plenamente demócratas, y conviene que lo tengamos claro. Siento que tantos amigos socialistas, de Cataluña y de fuera de Cataluña, rechacen luchar contra esas quiebras democráticas, miren para otro lado antes hechos tan graves como los descritos y orienten su política a pactar con quienes perpetran estos atentados a los valores que son base de nuestra convivencia.

Y digo socialistas porque quienes se adscriben a la órbita de Podemos han hecho expresa su alianza con los nacionalistas y su rechazo a los demócratas (entendido demócrata como quien defiende los valores y principios que recoge el artículo 2 del TUE: Estado de Derecho, libertad, garantía de los derechos fundamentales), por lo que será difícil que puedan adscribirse a esta ineludible lucha por la democracia y la libertad; pese a que entre ellos haya personalidades aisladas que han mostrado públicamente su compromiso con estos valores.

Esta es la situación que tenemos. Los valores a los que me refería un poco más arriba siguen siendo las herramientas más valiosas que tenemos para construir la convivencia en las sociedades modernas. No pierden su fuerza y valor poque quienes los defendamos estemos ahora en minoría (que lo estamos); pero nuestra tarea es luchar, desde esa posición minoritaria, para evitar que la sociedad acabe colapsando en un régimen que pretenda pasar por encima de la ley, en el que no se respeten las decisiones judiciales y en el que los derechos fundamentales no estén garantizados.

Esta es nuestra tarea, esta es nuestra responsabilidad. Como decía en el título, ahora es lo que nos jugamos, y ojalá consigamos que muchos asuman la importancia de esta idea, de este debate, de esta lucha.