Diálogo, reconocimiento, legalidad y lengua

 Esta entrevista a Eva Granados en "El Mundo" es relevante.

El planteamiento que constituye el eje de la entrevista me parece muy acertado: respeto a las reglas y diálogo entre catalanes. Coincido en que ésta es la única vía para reconstruir la convivencia en Cataluña. Ahora bien, como apunta el entrevistador, Iñaki Ellakuría, ese diálogo será difícil mientras los nacionalistas se nieguen a reconocer a los catalanes no nacionalistas. Ese no reconocimiento será difícil de superar, porque -ya añado yo- es esencial en el planteamiento nacionalista. Para los nacionalistas Cataluña son los nacionalistas catalanes, ellos son los únicos que han de estar representados en las instituciones y éstas tan solo han de dialogar con las instituciones "españolas" (pongo comillas porque tan española es la Generalitat como el gobierno de España; pero, obviamente, esto no es así en el planteamiento de ERC, Junts y la CUP). Admitir que en Cataluña han de convivir en pie de igualdad nacionalistas y no nacionalistas y que las instituciones han de representar tanto a unos como a otros es la negación misma de la base del proyecto nacionalista. No hay que tener, por tanto, muchas esperanzas en que los nacionalistas acepten ese diálogo, máxime si dicho diálogo parte del respeto a la legalidad vigente.

Este respeto a la legalidad no es una anécdota. Tal como señala Eva Granados, la única manera de que las instituciones representen a todos es dicho respeto. En una sociedad carente de consensos -y esto también lo añado yo-, como es la catalana, el respeto a la ley es la única salvaguarda de la convivencia, porque si una parte de la sociedad se cree legitimada para saltarse la ley, a la otra parte tan solo le queda saltarse también la ley o someterse.

Ahora bien, la clave de la entrevista creo que se encuentra en la última pregunta, la relativa a las sentencias del TSJC que reiteran la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano. La respuesta a esta pregunta de Eva Granados es, me parece, decepcionante.

En primer lugar indica que las sentencias dicen que el catalán tiene que ser el centro de gravedad del sistema. Esto no es totalmente exacto. Las sentencias lo que dicen es que la regulación actual implica que el catalán es el centro de gravedad del sistema, pero no impiden que esto pueda ser cambiado. Quizás parezca sutil, pero es importante para lo que vendrá a continuación.

Y lo que sigue es que reitera la propuesta del PSC para flexibilizar la inmersión lingüística. Parece que asume que el sistema legal en Cataluña es el de inmersión lingüísitica, cuando no es así. El sistema legal en Cataluña es el de conjunción lingüística en el que el catalán y el castellano son ambas lenguas vehiculares; y el problema es que la Generalitat se niega a implementar algo tan básico y que es no solamente una exigencia constitucional, sino lo que resulta de la legislación catalana a partir de una interpretación conforme con la Constitución.

Así que lo relevante de las sentencias del TSJC es que ponen de manifiesto que el sistema que ahora mismo se sigue en las escuelas catalanas no se ajusta ni a la Constitución ni a la normativa catalana interpretada en clave constitucional; y ante eso la única respuesta que puede darse es que se pondrán todos los medios para que el sistema legalmente obligado sea el que realmente se aplique en los colegios de Cataluña.

En diciembre se dictó una sentencia que establecía la obligación de la inmediata implementación del 25% de castellano en todas las escuelas catalanas. El gobierno español (en manos del partido socialista) podía haber pedido la ejecucion de la sentencia y no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Supongo que la Generalitat habrá recurrido esa decisión ¿qué instrucciones tiene la Abogacía del Estado de cara al recurso? Cuando la sentencia adquiera firmeza ¿pedirá el gobierno español su ejecución? Estas son preguntas que deberían ser hechas y contestadas.

No podemos seguir eludiendo que en Cataluña millones de niños están inmersos en un sistema educativo que es contrario a la Constitución, tal como han establecido reiteradamente los tribunales; y eso no exige una reforma o una flexibilización, sino la denuncia y la actuación inmediata. ¿Qué razones hay para no hacerlo así?

Porque -y esto es, creo, la clave que explica lo anterior- no es que la inmersión (inconstitucional) tenga que ser "flexibilizada" para "mejorar el conocimiento de las lenguas en Cataluña". El objetivo de la inmersión no es el conocimiento de las lenguas, sino construir una Cataluña en la que la única lengua de referencia sea el catalán. Si el objetivo de la inmersión fuera pedagógico no tendría sentido en aquellas zonas de Cataluña en las que la mayoría tiene como lengua habitual el catalán y donde, por tanto, no es preciso que todas las horas se impartan en catalán para asentar un buen conocimiento de la lengua catalana. El objetivo de la inmersión es reafirmar que la única lengua propia de Cataluña es el catalán y el castellano es una lengua extraña que está al mismo nivel que las otras lenguas "no propias" que se hablan en Cataluña (árabe, chino, urdú...). No nos engañemos: la inmersión poco tiene que ver con el conocimiento de las lenguas y sí, y mucho con el plan nacionalista de remodelación de la sociedad.

Y este objetivo pasa por encima de otro pedagógico, claro y contrastado, como es el que la primera enseñanza se reciba en la lengua materna. Más de la mitad de los niños catalanes han de renunciar a esta ventaja, que es sacrificada en el altar del nacionalismo, con la consecuencia de que los resultados académicos de los niños castellanohablantes son peores, a igualdad de condiciones socioeconómicas, que los de los niños catalanohablantes.

Disimular o eludir el debate no ayuda a resolver el conflicto y a recuperar la convivencia. Y aquí el PSC tiene una enorme responsabilidad. Así lo han querido los electores.