Cataluña es desde hace lustros, uno de los campos de batalla más significativos en la lucha entre la democracia liberal, la que se practica en Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la que se concreta en los valores estructurales del Consejo de Europa y de la Unión Europea; y las alternativas a dicho sistema político, con frecuencia calificados como "populismos", aunque, obviamente, el término es poco preciso, implica aunar fenómenos de naturaleza muy diferente y puede conducir con frecuencia a confusión.
En el caso de Cataluña, la crisis de la democracia liberal se concreta en el rechazo de los poderes públicos a actuar de acuerdo con límites legales, el cuestionamiento de la legitimidad de los tribunales y la sumisión de los derechos individuales a lo que se identifica como voluntad de la mayoría y que se concreta en las posiciones políticas de los partidos que gobiernan en la Comunidad Autónoma y en las distintas administraciones locales. Como corolario de lo anterior, se tolera o favorece que los poderes públicos adopten posiciones partidistas, convirtiendo un planteamiento ideológico, el nacionalismo en ideología oficial; entendiendo por ideología oficial aquella que es explícitamente apoyada por esos poderes públicos. A esto se une el intento de controlar el entramado de asociacionismo civil, forzando que éste también tome partido. En el caso de Cataluña es claro que tanto muchos de los sindicatos como las asociaciones de madres y padres de alumnos y otros grupos (culturales, religiosos, lúdicos) tienen una penetración mayor o menor del nacionalismo.
Por supuesto, es legítimo que quienes no ejercen poder público se posicionen como estimen más conveniente; pero no lo es que el poder público utilice los mecanismos de los que dispone para favorecer ese alineamiento de la sociedad civil con posiciones partidistas. Se trata de conseguir que todos acaben comulgando con un determinado planteamiento político que, como se avanzaba, tiene reconocimiento oficial y pretende pasar por hegemónico en la sociedad.
Si me permitís la licencia, este intento de que tanto los poderes públicos como el cuerpo social abracen como propia una determinada concepción política algo recuerda los planteamientos de la democracia orgánica, con su partido oficial y el control de los cuerpos intermedios (familias, sindicatos, escuelas, ayuntamientos, etc.).
La universidad pública no es ajena a esta injerencia política. Los ejemplos de utilización partidista de la universidad pública son abundantes y conocidos. Una imagen lo expresa bien: la de los rectores de las universidades públicas portando carteles pidiendo la amnistía de los condenados por haber intentado derogar la Constitución en Cataluña en el año 2017.
La instrumentalización partidista de la universidad pública también se intenta con frecuencia a través de la difusión de tomas de posición partidista de órganos de gobierno de la institución. Así, por ejemplo, cuando se aprobó en las diversas universidades públicas catalanes un manifiesto de apoyo a los condenados en 2019 por los hechos de 2017.
En algunas de esas universidades, profesores y alumnos llevaron a los tribunales estos manifiestos alegando que estas tomas de postura partidista por la administración suponían una limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria. Los tribunales aceptaron la queja y el Tribunal Supremo confirmó que los órganos de gobierno de las universidades públicas (entre los que se incluye el claustro) no pueden adoptar posición en temas que dividen a la sociedad.
La decisión es coherente con principios básicos de la democracia liberal. En primer lugar, no pueden ampararse declaraciones de los órganos de la universidad como este manifiesto conjunto en la libertad de expresión, puesto que los derechos fundamentales tienen como finalidad, precisamente, defender al ciudadano frente a las injerencias del poder público. Que el poder público pretenda utilizar para sí un derecho fundamental como la libertad de expresión es la negación misma del sentido y finalidad de ese derecho fundamental.
En segundo término. Las tomas de posición partidistas del poder público suponen una limitación de la libertad ideológica de quienes están sometidos a ese poder público. La existencia de una ideología oficial, aquella que es amparada y defendida por la administración en cuanto a tal, supone dejar en peor posición a otras ideologías y planteamientos y a quienes los defienden. Por eso es tan importante esa obligación de neutralidad de las administraciones públicas respecto a las cuestiones que son objeto de debate social.
Ciertamente, lo anterior no quiere decir que las administraciones públicas no puedan (y deban) defender ciertos principios y valores; pero será precisamente aquellos que vienen recogidos en la Constitución como estructurales de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el respeto a los derechos fundamentales, la separación de poderes o el principio democrático. Defender otros principios, sin embargo, supondría que la administración entra en un debate partidista, máxime cuando los valores que se defienden son contrarios a los constitucionales.
Esto último exige que nos detengamos un momento. España no es una democracia militante, por lo que es posible que existan partidos políticos que se opongan a la Constitución y el discurso público contrario a los valores que recoge la Carta Magna está permitido (afortunadamente). Ahora bien, lo que pueden hacer los particulares no se extiende a las administraciones públicas. Estas están obligadas a ajustar estrictamente su comportamiento a las exigencias constitucionales y no pueden ser utilizadas para limitar la eficacia de ésta o atacarla.
Aparte de lo anterior: es cierto que cuando un partido político llega al gobierno del país, de la Comunidad Autónoma o de un ayuntamiento ha de desarrollar su programa político, ahora bien, tendrá que hacerlo siempre dentro de la ley y no estará legitimado para utilizar la administración pública para "oficializar" sus planteamientos. Si se quiere resumir en una imagen, no es ni legal ni legítimo que el partido que gane las elecciones sustituya en los edificios públicos la bandera nacional por la del partido ganador. Este es un límite que no podrá nunca alcanzarse aunque, como es lógico, las políticas que desarrolle quien gobierne se ajusten a los planteamientos defendidos en las elecciones. Espero que se entienda la diferencia entre bajar o subir impuestos, según se haya planteado durante la campaña electoral y obligar a que en las escuelas se instaure como obligatoria la enseñanza del ideario del partido que ha ganado las elecciones.
De todas formas, y como se acaba de indicar, cuando estamos hablando de administraciones gobernadas por quien ha ganado unas elecciones abiertas a todos los ciudadanos (del país, de la Comunidad Autónoma o del municipio), es lógico que aquellos elementos que han sido objeto de debate electoral tengan traducción en el funcionamiento de la administración, aún con los límites que han sido apuntados. Ahora bien, en el caso de las universidades públicas esas tomas de partido no se derivan de ningún debate previo ni responden a un principio democrático, tal como veremos inmediatamente.
En la actualidad los claustros universitarios están integrados por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios elegidos a través de un sistema que podríamos denominar "estamental". Los profesores permanentes tienen reservado un 50% de los puestos del claustro, los estudiantes un 30%, el personal de administración y servicios un 10% y los profesores no permanentes el restante 10% (más o menos, estoy escribiendo de memoria). Aparte de esto, hay miembros natos del claustro (miembros del equipo de gobierno de la universidad, decanos de las facultades o directores de las escuelas universitarias, directores de departamento...). Es decir, los miembros del claustro no están designados a partir de un criterio de representación democrática, sino académica. Quienes están allí no están como ciudadanos, sino como profesores, estudiantes o personal al servicio de la universidad. La distinción es importante.
Este funcionamiento del claustro (que podríamos hacer extensivo a otros órganos de gobierno de la universidad: consejo de gobierno, consejos de departamento, juntas de facultad, etc.) se justifica porque ha de desarrollar una función específica vinculada a la tarea que la universidad tiene encomendada: enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad. Es para servir a esta función para lo que se configuran los distintos órganos y quienes participan en ellos lo hacen en el marco de este papel de la universidad. A ello responde también el proceso de selección, en el que lo esperable es que los candidatos hagan propuestas en relación a la enseñanza, la investigación y la organización de la universidad. De esta forma, si quienes luego están en el claustro se pronuncian sobre cuestiones que no han estado vinculadas a su proceso de designación ¿qué legitimidad tendrán para pronunciarse sobre ellas? Estarían aprovechando una situación generada por razones académicas para realizar pronunciamientos políticos. Como hemos visto, es lo que pasa habitualmente en Cataluña, pero hemos de verlo como una patología, tal como han declarado los tribunales.
Pues bien, los nacionalistas y sus compañeros de viaje (socialistas y el entorno de Unidas Podemos) ha decidido que lo conveniente es profundizar en esa politización de la universidad, puesto que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que se ha compartido un poco más arriba, han aprovechado la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario para introducir, vía enmienda, una nueva función de los claustros universitarios: "analizar y debatir otros temas de especial transcendencia". El texto original que se proponía indicaba que los claustros tendría competencia para "debatir temas de transcendencia social"; pero el sentido de la enmienda es claro, pues se indicó expresamente que se trataba de dejar sin efecto la Sentencia del Tribunal Supremo que había considerado contrarios a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria los pronunciamientos políticos de los claustros.
De esta forma, el legislador habilitará a los claustros universitarios a pronunciarse políticamente; pese a que, como habíamos visto, este tipo de pronunciamientos suponen una limitación de la libertad ideológica. Ahora bien, como ahora existirá una habilitación legal para ello, los tribunales ordinarios, si han de pronunciarse sobre la validez de este tipo de declaraciones, deberían plantear una cuestión de inconstitucionalidad en relación a este punto de la LO del Sistema Universitario. Es decir, la misma táctica que el gobierno de la Generalitat puso en práctica para esquivar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas: saco una norma que priva de derechos constitucionales, pero sabiendo que al ser de rango legal los tribunales ordinarios no podrán dejar de aplicarla y cuando llegue al Tribunal Constitucional ¿quién sabe lo que pasará?
Me parece muy grave.
Si ahora los claustros podrán pronunciarse políticamente ¿qué impedirá que lo hagan a favor de la independencia de Cataluña en algunos casos? Pero, abierta la veda ¿por qué en alguna universidad no podrá haber declaraciones de apoyo a éste o aquél partido político, en favor de subidas o bajadas de impuestos, sobre la tipificación de cualquier delito o para criticar al gobierno central o autonómico? Una vez iniciado este camino ¿qué impedirá que los claustros sean sucedáneos de parlamentos pese a su configuración estamental y su nula legitimidad democrática?
Creo que debemos oponernos a una modificación de las competencias de los claustros que los convertirían en campo de batalla partidista alejándolos de su función académica. Esta última, la académica es lo suficientemente importante como para no permitir que se embrolle en una lucha de partidos que haría perder a la universidad su sentido y función.
La universidad ha de ser terreno privilegiado para la libertad de expresión y el debate; pero precisamente por eso sus órganos de gobierno (claustro incluido) han de mantenerse al margen para fijar un campo de juego basado en el rigor y la igualdad de todos. De otra forma los centros universitarios dejarán de ser los laboratorios de pensamiento privilegiados que precisa toda sociedad.
Es claro que esta instrumentalización de los claustros tiene su origen en el intento totalitario de control de la sociedad que practican los nacionalistas catalanes. Desde 2018 asistimos con preocupación -al menos en mi caso- a la extensión al conjunto de España de esas prácticas totalitarias y liberticidas. Pongámosles fin antes de que sea tarde.
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