Lengua, nacionalismo y libertad de expresión (a propósito del vídeo sobre la exigencia del C1 en las oposiciones para el personal sanitario)

Cuando ayer veía el vídeo de Begoña, la enfermera andaluza que criticaba la exigencia del nivel C1 de catalán para opositar en la sanidad pública lo que me venía a la cabeza insistentemente era "pobre, no se da cuenta de dónde se ha metido".

Veía, a la vez, el vídeo y lo que significaba para la religión nacionalista. El contraste entre la presumible intención de la enfermera y la reacción que iba a provocar me producían un cierto escalofrío. De alguna forma, me hacía ser consciente de la enorme distancia que existe entre la forma en que se abordan los problemas desde el laicismo lingüístico y desde la religión catalanista; una religión que se convierte en régimen cuando se aprecia la reacción unánime de los responsables públicos, los sindicatos, los periodistas y las personas que de forma anónima o no tan anónima calientan las redes sociales.

Si hacemos el esfuerzo de ver el vídeo desde la perspectiva de una enfermera gaditana de 25 años que ni siquiera sabe lo que es una oposición (tiene que preguntarle a una compañera cómo se llama eso de lo que están hablando), lo que nos encontramos es con una chica enfadada porque le han puesto la miel en los labios con la posibilidad de conseguir una plaza fija en su profesión y de pronto se da cuenta que no cumple con un requisito que es esencial y que ella no ve más que como un obstáculo injustificado.

Se puede compartir o no el análisis anterior (y volveremos a ello); pero no me parece que haya muchas dudas de que el planteamiento del vídeo responde a ese enfoque. Imaginémonos que en vez de quejarse del nivel C1 de catalán mostrara su disconformidad con que se le pidiera un máster determinado o un requisito físico específico. Como digo, ya volveremos sobre si el requisito está o no está justificado, y quedémonos, de momento, en lo que podría haber empujado a Begoña a grabar el vídeo; y que para mí es el cabreo porque para "las putas" oposiciones tuviera que tener el "puto" C1 de catalán.

Pero cuando veía el vídeo me daba cuenta de la forma tan diferente en que lo entenderían desde el nacionalismo. No se trataba de discrepar de cualquier requisito académico o físico que se nos pudiera ocurrir, sino de mostrar abiertamente su rechazo a un elemento esencial para la doctrina política que articula la Cataluña nacionalista (perdón por la redundancia). La visceral reacción que vendría no se hubiera producido con ningún otro punto más que con el de la lengua, auténtica obsesión nacionalista, sobre todo desde que han pretendido sustituir la independencia por la imposición del catalán tanto en lo público como en lo privado ("A menos independencia, más catalán", tal y como denuncia Joaquim Coll).

Tocar el tema de la lengua es colocarse en el ojo del huracán y obliga a colocar el cuello sobre el tajo; al menos metafóricamente; como prueban las amenazas e insultos recibidos por Begoña.

Importa reparar en lo anterior: el escándalo surge del rechazo a la prueba de C1. El tweet del Consejero de Sanidad, de UGT o el análisis periodístico (véase el artículo de Basté que refería un poco más arriba) no deja lugar a dudas.

Insisto en ello porque cuando las cosas pasen a la vía de la sanción administrativa el acento se pondrá en cosas como que el vídeo se grabó en un centro sanitario, probablemente en horario de trabajo, que las enfermeras no llevaban mascarilla o que el pelo no estaba recogido. Se incidirá en esas cuestiones por lo que veremos enseguida; pero no nos engañemos: si ese vídeo se hubiera grabado en las mismas condiciones, pero criticando las fechas de los exámenes, el sistema de puntuación o el sueldo que cobran no se liaría la que se ha liado, ni muchísimo menos.

Es decir, aunque se acabe descansando en las circunstancias anteriores (mascarilla, horario laboral o, incluso, la utilización de tacos -sobre la que también tendremos que volver- o la falta de recogido del pelo) la realidad es que lo que se pretende sancionar es la discrepancia en la exigencia de un título como el C1 para poder superar la oposición.

En definitiva, las autoridades públicas, columnistas y opinadores, sindicatos y tuiteros estarán señalando a Begoña porque abiertamente discrepa del elemento esencial del nacionalismo: la imposición lingüística. Ahora iremos al núcleo del problema; pero quiero subrayar esto porque lo que, en el fondo, está pasando es que se intenta restringir la libertad de expresión de quienes pretenden apartarse de lo que marca el catalanismo que quiere ser hegemónico.

Esto es claro si vemos la reacción de las autoridades públicas al "puto C1" en un vídeo de tik-tok de una veinteañera y la forma en que se ha tolerado que ¡en la televisión pública! una semana tras hora se repitiera "Puta España".

¿Si el vídeo de tik tok repitiera "puta España" reaccionaría el Consejero de Sanidad como  ha reaccionado o apelaría a la "libertad de expresión"? No lo podemos saber; pero no creo que fuera descartable lo segundo.

Y si fuera así, acertaría. Este, me parece, es un caso de libertad de expresión en el que de ninguna forma puede sancionarse el contenido de lo que dice Begoña sino, en su caso, los elementos accidentales que comentábamos antes (que el vídeo se hace en horario laboral o que no lleva mascarilla); pero la reacción de las autoridades públicas ante él debería ser de estricto respeto a lo que la enfermera opina sobre las exigencias idiomáticas. Se esté o no se esté de acuerdo.

Obviamente no sostengo lo mismo en relación al "puta España" de TV3; porque, aunque sea cansado explicarlo una vez más; es preciso diferenciar entre las obligaciones que tienen los ciudadanos y la que tienen las autoridades públicas. Un ciudadano puede expresar lo que quiera, una autoridad pública o un medio público de comunicación no tiene esa libertad. Ciertamente, en este caso Begoña lo ha hecho mal al utilizar su centro de trabajo para grabar un vídeo que, probablemente, pensaba que tendría un recorrido mucho menor que el que ha tenido; pero de ahí no puede pasarse a cuestionar desde el poder el contenido de sus opiniones. Este cuestionamiento forma parte de una estrategia nacionalista de amedrentamiento de la que existen muchos ejemplos.

Es este intento de represión sobre las opiniones discrepantes el que ha de ser denunciado. Como digo, ahora se pretenderá que las sanciones que puedan llegar se reducen a aspectos formales, sin entrar en la sustancia; pero el tweet del Consejero de Sanidad no da lugar a dudas: el problema no es el contexto, sino el contenido del mensaje; y es esta censura, ejercida desde la administración contra un trabajador público, la que debe ser denunciada con contundencia.

Que los sindicatos se unan al señalamiento, en vez de proteger al trabajador es ya lo esperable en una de las instituciones que más daño ha hecho a la sociedad en las últimas décadas. El alineamiento de los sindicatos con el nacionalismo en Cataluña es claro, evidente... y despreciable. Aquí han dado un nuevo ejemplo de ello.

Una vez aclarado lo anterior podemos pasar al problema que denuncia Begoña en su vídeo: la exigencia del nivel C1 de catalán para acceder a un puesto fijo en la sanidad catalana.

Lo primero que creo que puede destacarse es la extrañeza de la autora del vídeo ante esta exigencia, pese a que lleva ya tiempo trabajando en Cataluña. Quizás esta extrañeza lo que nos indica es que durante este tiempo pudo desarrollar su actividad como enfermera sin precisar ese requisito lingüístico, lo que para cualquiera que conozca el área metropolitana no debería causar sorpresa, puesto que es posible comunicarse en español sin mayores dificultades; que es lo que probablemente ha experimentado esta enfermera en el tiempo que lleva en Cataluña. Los datos lo confirman, pues la práctica totalidad de las personas entienden y hablan el castellano. Y si existen problemas de comunicación no es por la ausencia de conocimientos de catalán, sino, probablemente, de árabe. Al menos, en los hospitales a las personas a las que he visto asistir acompañadas de algún familiar que les tradujera eran más bien de procedencia árabe u oriental; no parece que la dificultad venga de poder expresarse en catalán y no poder hacerlo en castellano.

A lo que acabo de indicar se me podrá objetar que las personas tienen que tener derecho a ser atendidas en catalán. Al menos, desde el nacionalismo se postula este principio. Hace poco leía que alguien, después de estar esperando en urgencias se fue cuando en el momento de ser atendido el profesional sanitario no fue capaz de atenderle en catalán.

Curiosas urgencias, pensé. Por desgracia, he visitado urgencias muchas veces en muchos hospitales, y, al menos en mi caso, nunca he reparado en la lengua en la que hablo o me hablan, siempre que la entienda. He sostenido entrevistas con personal sanitario en español y en catalán en las circunstancias más variadas; porque cuando estás en un hospital, normalmente el problema es otro, no el idioma.

Desde mi perspectiva -y, por supuesto, respeto que haya otras-, el punto de partida en lo que se refiere a las exigencias lingüísticas en materia sanitaria debería partir de los datos anteriores. El que los profesionales sanitarios que trabajan en Cataluña entiendan el catalán y lo hablen me parece altamente positivo. Sobre todo lo primero, porque hay personas que en momentos delicados prefieren utilizar su lengua materna, y si ésta es el catalán creo que habría que intentar dar satisfacción a esta preferencia. Ahora bien, una exigencia universal, para todo el personal sanitario, del conocimiento del catalán solamente tiene una explicación nacionalista porque, como decía antes, con el español es posible comunicarse sin mayores problemas. De esta forma, una exigencia generalizada de conocimiento del catalán no puede tener una justificación sanitaria, sino política y, diría, dentro de la política, específicamente nacionalista.

Pero la exigencia no es general de conocimiento del catalán, sino del nivel C1 de catalán. Esto es, un nivel bastante alto, que exige conocimientos de gramática, un vocabulario muy amplio que va más allá de lo sanitario y no solamente capacidad de entender y hablar el catalán, sino también de escribirlo.

De esta forma, el requisito supera ampliamente lo que exigiría la atención sanitaria para convertirse, por una parte, en una barrera de entrada para profesionales que vienen de otros lugares y, por otra parte, como una manera de señalar el predominio del catalán respecto al castellano y, por tanto, de la Cataluña nacionalista sobre el resto.

Aquí es necesario recordar que esta exigencia de un nivel C1 de catalán va acompañada de la exclusión oficial del castellano en la rotulación de los centros sanitarios, en la tarjeta sanitaria individual y en otros ámbitos de la sanidad catalana. En el marco de la política nacionalista (que analizaba hace unos meses un extenso documento de Impulso Ciudadano), la exigencia del C1 es una herramienta más para la imposición lingüística, tal como decía un poco más arriba.

Así pues, creo, como Begoña, que la exigencia del nivel C1 de catalán para poder opositar en Cataluña a un puesto como enfermero o enfermera carece de justificación. Voy más allá de lo que ella expresa en el vídeo, porque añado que la explicación de tal exigencia es puramente nacionalista y no sanitaria.

Al mismo tiempo, creo que el conocimiento del catalán ha de ser valorado positivamente y que se equivocó al grabar un vídeo como el que ha circulado en su puesto de trabajo.

Pero lo anterior no es lo más importante. Para mí lo más importante es que este asunto ha permitido comprobar, una vez más, la forma visceral en la que el nacionalismo y las instituciones que ellos controlan (todas) reaccionan cuando alguien manifiesta su oposición a integrarse en el credo catalanista.

Si dejamos de valorar la libertad de expresión y permitimos que las autoridades se lancen a degüello contra quien habla del "puto C1" mientras que amparan a quienes dicen "puta España" es que tenemos muy poco aprecio a una libertad que debería ser santo y seña de cualquier democracia.

También de la nuestra.