Inmersión y Parlamento Europeo

Pues les ha quedado niquelada la visita de los eurodiputados a los nacionalistas.

Tras décadas repitiendo que el sistema de inmersión estaba reconocido internacionalmente, a la primera oportunidad que tienen de lucirlo ante un grupo de eurodiputados (una estonia, un alemán, dos polacos, una italiana y una francesa), primero intentan que la misión no venga y luego, al ver que no pueden pararla, los socialnacionalistas se bajan de ella en un claro intento de preparar el terreno para deslegitimarla.

Aún así la misión viene y ¿qué se encuentran?

- Padres que explican el doloroso camino que hay que seguir cuando, simplemente, exiges tu derecho a que una parte (¡una parte tan solo!) de la educación sea en una lengua oficial que es materna de la mayoría de la población.

- Al salir de la reunión, y cuando, quizás, los diputados se están preguntando si será cierto lo que acaban de escuchar, se encuentran con un escrache montado contra ellos por los partidarios de la inmersión en el que les insultan e increpan. Constatan así en primera persona el trato que reciben en Cataluña los que son sospechosos de cuestionar los dogmas nacionalistas.

- En los centros educativos que visitan se encuentran con un alto cargo de la Generalitat y el inspector, sin que los eurodiputados puedan charlar de manera directa y libre de presiones con directores y profesores.

- Cuando visitan el Tribunal Superior de Justicia, los magistrados les explican que las sentencias no se cumplen y que se sienten presionados cuando han de dictar decisiones en esa materia. Además, la Alta Inspección "pasa" de colaborar con los jueces cuando estos la requieren para ello.

Un panorama desolador que tuvo reflejo en la rueda de prensa de la jefa de la delegación, la eurodiputada estonia Yana Toom, quien destacó varias cosas:

- Que les habían insultado, y que entendía que hubiera pocas peticiones de una presencia mínima de castellano ante el acoso existente.

- Que no era admisible que no se cumplieran las sentencia judiciales.

- Que era normal que hubiera padres que desearan que sus hijos estudiaran en castellano, incluso más allá del 25%, sin dejar de lado el catalán.

- Que una integración forzosa era una asimilación.

- Que el catalán no estaba en peligro.

- Que el sistema no funcionaba y que nadie buscaba alternativas.

Veremos las conclusiones de la comisión en unos meses; pero lo que ya se ha dicho hasta ahora es significativo y creo que merece ser reflexionado.

Durante décadas hemos dado por bueno en España un sistema educativo que, lo digo sin exagerar, es perverso.

Lo es porque excluye una lengua oficial y mayoritaria, para darle un tratamiento secundario con el objetivo explícito de extender el uso de la lengua catalana.

No se insiste lo suficiente en que es ilegítimo que el poder público utilice los medios de que dispone, incluida la escuela, para cambiar los usos lingüísticos de la población.

El sistema educativo ha de garantizar el conocimiento de las lenguas, hasta ahí estamos de acuerdo; pero sin que se trate de imponer un uso determinado de las mismas. Intentar que se extienda el uso del catalán, lo que comportará una disminución del uso de otras lenguas y, especialmente, del castellano, la lengua que es actualmente mayoritaria entre la población es una aberración.

Imponer a las familias que presten sus hijos para este programa de sustitución lingüística es perverso. Un mecanismo de asimilación (como ha sido denominado por Yana Toom) es, en sí -y a mi juicio- equivocado; pero cuando no se da alternativa, cuando se impone a todos sin siquiera preguntarles se convierte en ilegítimo, en un ataque a la libertad, la dignidad y a la identidad de los niños y de sus familias.

No somos herramientas para que los nacionalistas construyan su soñada "Cataluña en catalán". Y es triste que tengan que venir de afuera a recordárnoslo.

Pero es que aún hay más. Los eurodiputados parece ser que estaban asombrados de que las sentencias no se cumplieran. Esto es una quiebra esencial de un principio nuclear en la UE: el respeto al Estado de Derecho. Algunos llevamos repitiéndolo hace años, pero hasta ahora ninguna acción se había llevado adelante por parte de la UE, que rechaza fiscalizar a entidades subestatales como es la Generalitat. Confío en que la visita de los eurodiputados ayude a cambiar la perspectiva de la Comisión e indague en la forma en que son despreciadas y cuestionadas las decisiones judiciales en Cataluña.

Comentario aparte merece la agresividad nacionalista, que los diputados pudieron comprobar en primera persona. En España se comenta poco que si el número de familias que piden la enseñanza bilingüe es reducido se debe en buena medida a las presiones existentes para evitar que se extienda la demanda de este tipo de enseñanza. Debería indignarnos que demos por bueno un sistema de presión y acoso generalizado orientado a impedir que las personas ejerciten sus derechos.

Y, finalmente, el mantra de que el catalán está en peligro. Lo ha dicho con claridad Yana Toom: el catalán no está en peligro.

Lo de que el catalán está en peligro ha sido la excusa utilizada para imponerlo en la administración y en la escuela.

Que conste que aunque así fuera no habría justificación para tales imposiciones. Más en peligro estaría el aranés y no se nos ocurre establecer un sistema de inmersión obligatoria en aranés para "salvarlo". Además, como he dicho, no puede imponerse a los alumnos que se conviertan en "salvadores de lenguas". Esa es una opción que uno puede adoptar si quiere, pero no puede obligarse a ello desde el poder público.

Pero es que, además, es mentira. Existen ahora mismo unos diez millones de personas que conocen el catalán/valenciano. De estos, hablantes nativos de la lengua habrá más de cuatro millones, incluyendo Cataluña, Valencia y Baleares. No existe pérdida de la transmisión intergeneracional; esto es, los padres que tienen el catalán como lengua materna se lo transmiten a sus hijos; pero, incluso si asumiéramos una pérdida intergenaracional de un 20% (que es muchísimo y que, repito, no se ajusta en absoluto a los datos existentes, que hablan, incluso, de una ganancia en la transmisión intergeneracional), pasarían casi 200 años antes de que el catalán bajara del millón de hablantes nativos.

Si en vez de hablantes nativos consideramos el total de hablantes, el tiempo necesario para que se produjera esa situación por debajo del millón de hablantes, partiendo de una pérdida del 20% en cada generación, sería de unos tres siglos.

No, el argumento no es la "desaparición" del catalán, sino la imposición de un proyecto de construcción nacional que exige la modificación de los usos lingüísticos de los hablantes, una modificación que tiene en la escuela una herramienta esencial; una herramienta en la que nuestros hijos hacen el papel de tornillos o pistones.

Es hora de ponerle fin, y confío en que la misión de eurodiputados sea una ayuda en una lucha tan justa como desigual.

Pegasus

El caso Pegasus da buena cuenta de la difícil situación en la que nos encontramos.

Recordemos. El caso surge cuando en 2020 se publica que los teléfonos móviles de varios políticos catalanes habían sido infectados por una aplicación espía (Pegasus). A esta publicación siguió un informe de Citizen Las (institución vinculada a la Universidad de Toronto, en Canadá) en el que ponía cifras al caso, afirmando que habían sido infectados los teléfonos de, al menos, 65 personas. A partir de ahí, el informe asume que el espionaje tenía su origen en el CNI (servicio de inteligencia de España), planteando que nos encontrábamos ante un escándalo que debería ser investigado.

En estos años no he seguido con excesivo interés el tema; y por lo que se verá a continuación se entenderá mi escasa preocupación por las noticias relativas a lo que algunos han llamado Catalangate. Ahora bien, la posibilidad de que se abra una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto me ha animado a volver sobre él.

Es claro que esa comisión de investigación apoyaría las afirmaciones victimistas del nacionalismo y debilitaría no solamente la posición de España a nivel internacional, sino también la del CNI y la de los tribunales, como veremos enseguida; así que creo que merece la pena repasar lo que se sabe y lo que se imagina sobre este tema.

En primer lugar, sabemos que varios políticos catalanes afirman que han sido espiados por medio de un programa producido por una empresa israelí que lleva por nombre Pegasus. La afirmación fue, como se ha avanzado, publicada por los diarios The Guardian y "El País", basándose en investigaciones del instituto "Citizen Lab", de Canadá.

La calidad de la investigación de Citizen Lab ha sido cuestionada; entre otras cosas por la participación en la misma de algunas de las personas afectadas, tal y como ha mostrado por José Javier Olivas.

Es decir, podría ponerse en duda si todas o alguna de las personas afectadas por el programa Pegasus habían sido realmente espiadas a través de él; pero, incluso si damos ese dato por bueno, quedaría por saber quién ha realizado el espionaje.

Citizen Lab parece dar por sentado que es el CNI; así como el nacionalismo catalán; pero, hasta donde yo sé, ese dato no se tiene. Es decir, no hay ninguna prueba de que el programa Pegasus que pudo haber infectado los teléfonos móviles de algunos políticos catalanes hubiera sido introducido en ellos por el CNI.

Podría pensarse que, dada la situación de conflicto generada por el proceso de secesión de Cataluña, lo lógico es que el espionaje fuera cosa del gobierno español. Como digo, así parece asumirlo Citizen Lab.

Ahora bien, como digo, no hay -que yo sepa- pruebas de ello. Además, no sería sensato descartar que algún otro actor estuviera interesado en conocer lo que tramaban los nacionalistas catalanes. Así, en primer lugar, están los propios nacionalistas. No hay que perder de vista que la Generalitat no es una asociación de jubilados para jugar a la petanca; sino una administración con un presupuesto de más de 40.000 millones de euros anuales (más que el gasto público total de países como Bulgaria, Croacia o Ecuador o la mitad del total del gasto público de Hungría) y que, entre otras cosas, ejerce competencias en materia de policía (17.000 agentes armados), incluida la lucha contra el terrorismo. Desde luego, dispone de las capacidades para realizar tareas de información equivalentes a las que puede realizar un estado. Además, las distintas facciones del nacionalismo no han estado siempre bien avenidas (recordemos, por ejemplo, cómo en 2016 el partido CUP evitó que repitiera como presidente de la Generalitat Artur Mas, de CiU, lo que llevó a la presidencia a Carles Puigdemont). No existen razones para descartar que la propia Generalitat hubiera realizado labores de espionaje a líderes políticos, incluso afines.

Que quede claro que tampoco afirmo lo anterior; pero sí que mantengo que si se puede especular con el CNI también se puede hacer con otros actores; como puede ser la Generalitat.

Por otra parte, tampoco puede descartarse que otros países estuvieran también interesados en tener información de primera mano sobre los movimientos nacionalistas. A veces parece olvidársenos la seriedad del desafío nacionalista. La ruptura de un país como España, que no ha visto modificadas sus fronteras desde el Tratado de los Pirineos de 1659 (excepción hecha de las diferentes ocupaciones de Menorca durante el siglo XVIII por ingleses y francesas, hasta la vuelta definitiva a España en 1802; y de la ocupación de Gibraltar por el Reino Unido durante la Guerra de Sucesión), que es la cuarta economía de la UE y con una posición estratégica relevante preocuparía a más de una potencia. Máxime si tenemos en cuenta los vínculos del nacionalismo con Rusia.

Así pues, afirmar que han sido los servicios secretos españoles los responsables del Catalangate no es más que una especulación; y dejar de lado la posibilidad de que existan otros gobiernos (regionales o nacionales) implicados no deja de ser también una especulación interesada. El proceso catalán es un problema internacional que alteraría equilibrios en el continente europeo y, por tanto, sería ingenuo pensar que no interesa a nadie más allá de los Pirineos.

Pero, incluso dejando de lado lo anterior y asumiendo que el espionaje, en todo o en parte, fuera cosa del CNI... ¿y qué?

Hace un momento decía que se es poco consciente de las implicaciones internacionales del desafío secesionista catalán. De igual forma, parece que no somos conscientes de lo que supone para la estabilidad en España y para el mantenimiento del orden constitucional.

Estamos hablando de una administración que, como ya he dicho, maneja más de 40.000 millones de euros anuales y controla 17.000 policías que hace expreso que actuará al margen de la Constitución para constituir un nuevo estado sobre una parte del territorio español con una población de casi ocho millones de personas. Una administración cuyas autoridades han ido más allá de las palabras la declarar al convocar y llevar a cabo un referéndum contra la prohibición del Tribunal Constitucional, al declarar la independencia, al haber establecido contactos con otros países para que apoyaran la secesión y al haber desviado dinero público para tales fines.

Estamos hablando de personas que han cometido delitos y otros que han huido de la acción de la justicia y que desde un país extranjero mantienen su plan de conseguir la secesión de Cataluña, sin renunciar para ello a la vía unilateral.

Estamos hablando de una organización que intentó bloquear el aeropuerto de Barcelona y otras infraestructuras vitales, y que está siendo investigada por haber iniciado trabajos para la preparación de explosivos.

Ante todo esto, ¿no tienen legitimidad los servicios secretos para investigar a personas que, de manera declarada, participan en todo lo anterior?

Lo que sería una irresponsabilidad es que no se investigara. O, mejor dicho, que no se investigue, que es lo que está sucediendo ahora como consecuencia de los pactos entre el PSOE y los nacionalistas.

Así pues, no me causaría escándalo que los servicios de inteligencia vigilaran a quienes afirman abiertamente que quieren derogar por la vía de hecho la Constitución en Cataluña. Al revés, me parecería una irresponsabilidad que no se les vigilara. Por supuesto, siempre de acuerdo con las previsiones legales, que en el caso de España, para las escuchas u otras intervenciones equivalentes, exigen la autorización judicial (LO 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, BOE, 7 de mayo de 2022).

Por cierto, la necesidad de autorización judicial marca una diferencia fundamental con otros países, en los que es el ejecutivo quien autoriza las escuchas de los servicios de inteligencia (ver, por ejemplo, la Investigatory Powers Act del año 2016 en el Reino Unido).

Esta no es una diferencia menor, y quizás esté en la base de algunos escándalos artificiales que se plantean en relación a este tema. No es lo mismo una escucha autorizada por un político que la que autoriza un juez. ¿Vamos a negar ahora la posibilidad de escuchas autorizadas judicialmente en relación a personas que reconocen su vinculación con actividades que afectan a la soberanía nacional? Como dije en su momento ante la polvareda que estaba levantando el Catalangate, si alguno de los que tanto protestan ven la mítica serie The Wire se caerían de espaldas.

Así que:

- No sabemos a quién se implantó el Pegasus.

- Aun asumiendo que hubo políticos afectados por el software espía, no sabemos quién lo introdujo en sus móviles.

- Aun asumiendo que hubiera sido el CNI, si la intervención se hizo con autorización judicial ¿dónde está el problema?

El problema puede venir ahora; porque, siendo conscientes los nacionalistas de que la intervención de las comunicaciones que pudieron haber sufrido como consecuencia de su abierto propósito de poner fin a la eficacia de la Constitución en Cataluña, sería con autorización judicial; pretenden trasladar a los jueces una presión que les ayudará en su confesado propósito de debilitar a una de las pocas instituciones que supuso un freno a sus planes en 2017. De esta forma, ahora sabemos que el juez que tuvo que autorizar las escuchas (en caso de haberlas habido) fue presionado por el Parlamento de Cataluña para dar información que el juez, además, no podría facilitar por relacionarse con la seguridad nacional.

En estos momentos, además, la presión a los jueces que puede venir tanto desde el Parlamento de Cataluña como desde la comisión que quiere crearse en el Congreso, afectaría a un punto delicado en nuestra arquitectura institucional: las relaciones entre el poder legislativo y el judicial. No por casualidad, el art. 399 de la LOPJ prohíbe que las autoridades conminen a los jueces a comparecer ante ellas.

Como es sabido, uno de los elementos nucleares en el acuerdo entre el PSOE y Junts es la asunción por el primero del lawfare que el segundo predica respecto a la actuación de los tribunales en el caso catalán. La creación de esta comisión Pegasus, en el fondo, no es más que una piedra más, y de considerables dimensiones, en el intento de debilitar uno de los pocos poderes del Estado que ahora no controlan los nacionalistas.

El otro es la Monarquía.

Napoleón, el emperador y el asesino

No sé si Ridley Scott ha visto "El emperador y el asesino", una película china del año 1998 sobre el primer emperador de la China unificada tras la época de los reinos combatientes, Quin Shi Huang. Supongo que sí la ha visto, porque imagino que los que se dedican al cine serán voraces devoradores de películas, y ésta que comento; aunque parece imposible de encontrar en plataformas o en otros formatos, no es una película  desconocida, sino que llegó a competir por la Palma de Oro en Cannes.

Lo comento porque el Napoleón de Ridley Scott me ha hecho recordar esta película china. Cuando la vi hace más de veinte años, pensé que, entre sus hallazgos, estaba el de dibujar un personaje, el emperador, que, cuanto más poderoso y cruel era (y llega a ser muy poderoso y muy cruel), más ridículo resultaba. Esa mezcla de crueldad, poder y comedia me parecía fascinante. No creo haberla vista en ningún otro personaje de la literatura o del cine.

Y el Napoleón de Scott me ha causado la misma impresión. Seguramente habrá que esperar a la versión íntegra de la película, la que se verá en Apple TV, para poder juzgarla con fundamento, porque una versión de dos horas y media de una película que, en realidad, es de cuatro horas, forzosamente carecerá de algunos elementos narrativos que podrían ser de interés; pero aún así algunas cosas se pueden apuntar a partir de la versión de los cines que se ha estrenado este fin de semana (si no estoy equivocado).

Y si tuviera que empezar por algo sería por una idea que, me parece, es esencial en la versión que hace Ridley Scott: Napoleón es, ante todo, un hombre corriente y en algunos casos, como digo, hasta ridículo. De aquí, quizás, parte de la decepción que ha causado en más de un espectador o en más de un crítico. Siendo Napoleón el prototipo de persona excepcional, de genio militar y político, una especie de superhombre capaz de cambiar el curso de los pueblos, presentarlo como una persona que condiciona gran parte de su vida a su relación con Josefina, que se ve engañado y hasta agredido por ésta, que se somete a las pruebas de fertilidad que le impone su madre, que aprovecha las ocasiones que tiene, pero que también comete evidentes errores o se ve sorprendido por lo que no entiende (el abandono de Moscú por sus habitantes tras la batalla de Borodino, por ejemplo); lo convierten en el Napoleón más humano que he visto en el cine. En el resto de versiones que recuerdo, el Napoleón heroico y sobrehumano se impone al hombre. Así, en la de Gance, de 1927.

En la de Sacha Guitry, de 1955

O, incluso, el de Waterloo (1970). Un Napoleón ya en el ocaso, pero aún así pintado como un hombre excepcional.

Sin olvidar el Marlon Brando de Desirée

En el de Ridley Scott, sin embargo, prevalece siempre el individuo por debajo del personaje. Napoleón es un marido engañado y aún así incapaz de romper con Josefina; un hijo en el que se percibe la sujeción a su madre, un político que, sin embargo, no es capaz de convencer con la palabra al Consejo de Ancianos que debía convertirlo en cónsul; un diplomático que se equivoca en el tratamiento que ha de dar a un monarca extranjero y un monarca que cuenta anécdotas de segunda mano como si fueran propias al emperador Francisco.

Esa humanidad y debilidad de Napoleón no gusta en exceso a los que quieren pintarlo como un semidiós griego; pero, quizás fuera más fiel al personaje que las idealizaciones a las que estamos acostumbrados. Así, por ejemplo, y volviendo al momento en el que da el golpe de estado del 18 de brumario (9 de noviembre de 1799); lo cierto, a la luz de los relatos que han llegado, es que hizo el ridículo al dirigirse a los diputados reunidos en Saint-Cloud, hasta el punto de que, según relata Max Gallo, Bourrienne, que había sido su secretario, tras oírle dirigirse a la asamblea diciendo "Recuerden que el dios de la victoria y el dios de la fortuna me acompañan", le dijo: "Salga, general, no sabe lo que dice".

En la película de Scott, el papel de Napoleón ante la asamblea es igualmente poco digno; siendo arrastrado y golpeado por los diputados y teniendo que fingir una farsa con su hermano para hacer que las tropas entren a someter a los legisladores. Discutir si es real o no carece, a mi juicio, de importancia, porque Scott no filma un documental, sino que intenta trasladar su visión del personaje y, como digo, opta por uno que lo convierte en humano, para lo que cualquier recurso es válido. Una película no es un retrato fiel, porque la verdad no está en los hechos, sino en lo que traslada el conjunto; y, como digo, lo que transmite es una persona que se convierte en emperador sin dejar de ser humano; algo que, quizás, hacía falta en una figura como Napoleón.

Una humanidad que se basa en unas pocas características que se van subrayando a lo largo de la película. Así, por una parte, sus debilidades como hombre, ante su mujer y su madre, pero también ante sus colaboradores y frente a la realeza con la que se codea y ante la que, sin embargo, parece sufrir el síndrome del impostor, con sus intentos de acercamiento a Francisco, el emperador de Austria y, sobre todo, Alejandro, el zar de Rusia.

Junto a esto, una fría crueldad de la que es metáfora la forma en que se tapa los oídos tras dar la orden de disparar los cañones, una imagen que se ve en varias ocasiones, pero que es especialmente dura en dos momentos: en el momento en el que sofoca en París una rebelión realista y en la batalla de Austerlitz

Así pues tenemos a un persona cruel que, dependiendo de las circunstancias, resulta casi ridícula. Y, a la vez, poderosa. En esta dimensión destaca la escena de la coronación, en la que, además, la pompa se ve alterada por el gesto de que sea el mismo quien se corone. Una situación alejada de la rígida etiqueta de una institución consolidada.

Al final lo que tenemos es un hombre que -como no podía ser de otra forma- tiene las mismas debilidades que cualquier otra persona; pero que gracias a unas determinadas condiciones personales (entre las que la frialdad -que tan bien transmite Phoenix- es esencial) y al hecho de vivir en un momento histórico singular, acaba asumiendo una posición de poder que no hace modificar su naturaleza humana. Me parece que esta es la propuesta que plantea Ridley Scott. Quizás se pueda criticar cómo la desarrolla, pero no hay que perder de vista que estamos viendo una fracción de la película de Scott, que en su integridad solamente tendremos en unos meses en Apple TV.

En cualquier caso, me parece un acercamiento que aporta; y eso ya es difícil ante un personaje como Napoleón. Un punto de vista diferente sobre una figura como la de Bonaparte debe ser elogiado y valorado; sobre todo porque se corre el riesgo de un escrutinio riguroso.

Así pues, enhorabuena a Ridley Scott por una propuesta valiente. Napoleón te hace pensar sobre el personaje y, además, te motiva a volver a ver otros "Napoleones" del cine. Bienvenido, pues, este Napoleón.

La ignominia

Las declaraciones de Illa tras la manifestación de ayer, 8 de octubre, son muy significativas. Es minuto y medio; pero ahí está todo.

En primer lugar, como no podía ser menos, está la mentira. Es difícil que en tan poco tiempo se puedan incluir tantas cosas que no se ajustan a la verdad.

 

1. LA PRIMERA. Se refiere a la manifestación sin mencionar a quien la convocaba, una asociación cívica, Societat Civil Catalana, que él conoce bien, porque estuvo aguantando la pancarta en la manifestación convocada por esta asociación el 8 de octubre de 2017. Illa, sin embargo, no se refiere a ella y se queda en "la derecha" y "la ultraderecha", Feijóo y Abascal; como si fueran estos los convocantes y obviando, por ejemplo, que uno de los dos oradores invitados a intervenir (además del vicepresidente de SCC, Àlex Ramos -por cierto, militante del PSC, desconozco si lo sigue siendo; pero, desde luego, lo era cuando tenía más trato con él, hace unos pocos años-; y de su presidenta, Elda Mata) fuera Francisco Vázquez, socialista, y no de base, sino una figura relevante en el partido "hermano" (ahora ya, hermano pequeño) del PSC, el PSOE. Desde la tribuna también intervino Teresa Freixes, activista antifranquista, discípula de Jordi Solé Tura (seguro que el nombre le suena a Illa) y que no sé si, según el líder del PSC, tendrá que ser calificada de derecha o de extrema derecha; en vez de lo que realmente es: Catedrática de Derecho Constitucional, Catedrática Jean Monnet, europeísta y reconocida como "mujer europea en el año 2004".

 

2. LA SEGUNDA. Illa se refiere a la manifestación como si ésta tuviera por lema el "España se rompe", cuando lo que convocaba a los manifestantes era, ante todo, el rechazo a una posible ley de amnistía que reescribiera lo que sucedió en el año 2017. Los gritos que se coreaban eran, entre otros:

 

- No a la amnistía.

- Amnistía es impunidad.

- No todo vale para gobernar

 

Y si hubiera escuchado el discurso de su compañero Franciso Vázquez hubiera visto que lo que se reivindicaba era la concordia que había surgido de la Constitución y que resultaba incompatible con legitimar a quienes intentaron derogarla y deslegitimar a quienes se opusieron a esa derogación.

No, la manifestación no iba de "España se rompe", iba de lo que Francisco Vázques llamó "perjurio ideológico", que es el que se produce cuando los socialistas dejan el lado de los constitucionalistas para unirse al de los rupturistas.

No, señor Illa, no iba la manifestación de "España se rompe", sino de "hacer Venezuela en España", como resumió el antiguo alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, en su intervención.

3. LA TERCERA. Acusa a los manifestantes (en interesada confusión con Feijóo y Abascal, el PP y Vox, que eran asistentes a la manifestación, no convocantes de la misma) de "ir siempre a la contra", de ser incapaces de construir nada y de ir siempre destruyendo.

¿Se ha leído la convocatoria? ¿Ha escuchado las intervenciones? Ciertamente, si por ir a la contra entendemos apartarse de los dictados que en cada momento ordene Pedro Sánchez, pues entonces habrá que decir que la manifestación encaja en ese planteamiento. Por cierto, como todas las manifestaciones, que se hacen para protestar por algo o pedir algo; pero los que estábamos ayer en el Paseo de Gracia lo hacíamos no por destruir, sino por conservar. Por conservar el marco de convivencia que nos dimos en 1978 y que algunos de los que allí estaban (entre ellos, los oradores invitados) habían contribuido a construir.

Pero es que, además, el lema de la manifestación de ayer podría ser suscrito al 100% por el mismo Illa... de hace cuatro meses, cuando antes de las elecciones el PSC/PSOE sostenía justamente el lema de SCC para el 8 de octubre: ni la amnistía ni un referéndum de autodeterminación caben en la Constitución.

En un tweet se han recogido varias declaraciones de dirigentes socialistas (incluido Illa) en esta línea. No me he parado a contrastarlas; pero no tengo elementos para pensar que no se ajustan a la realidad, porque mi recuerdo personal es el de un rechazo claro de la amnistía y de un referéndum de autodeterminación, por parte de los socialistas hasta hace no mucho.

Defender lo que defendía el mismo Illa hace unas semanas es ir a la contra y sembrar el miedo. Es difícil encontrar un ejemplo más perfecto de cinismo.

Pero lo más preocupante no es la mentira; sino lo que hay tras ella.

Fijémonos en que Illa hace un canto al entendimiento y a la convivencia... a la vez que carga contra las decenas de miles (300.000, según SCC, 50.000 según la Guardia Urbana; seguro que más de medio millón según la ANC si fuera una manifestación independentista) que ayer se manifestaron en Barcelona. ¿Es que el entendimiento, el diálogo y la búsqueda de la convivencia no alcanza a quienes discrepan de la alianza nacionalsocialista (o socialnacionalista, no busquen intenciones ocultas en lo que es simplemente unir en la palabra lo que ya está firmemente unido en los pactos electorales y en las instituciones)?

Parece que no, que los que discrepamos no merecemos esa consideración que en otras ocasiones, desde la izquierda, se ha prodigado hacia "la calle", "la gente" o los manifestantes. ¿Para quién queda eso tan socorrido de que es necesario escuchar a todos y ver las razones de unos y de otros, que tantas veces he oído cuando unos pocos centenares de personas toman una bandera que, por lo que sea, interesa a la izquierda? Obviamente, solo para los afines; porque, al fin y al cabo, la amnistía también va de eso, de aplicar la ley con diferente rasero a unos y a otros. Para los unos, amnistía como premio al delito; para los otros ya no el silencio, sino el insulto como castigo a su oposición al delincuente.

Además, es de una coherencia estremecedora. La hostilidad y el desprecio de Illa se corresponde con lo que implica aquello por lo que protestamos ayer -y por lo que seguiremos protestando-, ya que la amnistía, como se ha repetido, supone legitimar a quienes intentaron derogar la Constitución en Cataluña en 2017 y, a la vez, deslegitima la reacción frente a ese intento de derogación. Hoy mismo, un diputado nacionalista del Parlamento de Cataluña nos recordaba que la amnistía implica pedir perdón. Es decir, nuestros país ha de inclinar la cabeza ante quienes hace seis años quisieron destruirlo.

Y ese pedir perdón, obviamente, deslegitima a quienes entonces mostraron su oposición al golpe contra las instituciones. El propio Illa, que acudió a la manifestación convocada por SCC el 8 de octubre de 2017 estará entre aquellos que deberían, si es coherente con lo que plantea su partido, explicar por qué entonces se opuso a lo que ahora se reconoce como justo. El discurso de Illa de ayer se inserta, como adelantaba, en esa línea de deslegitimación de la reacción al 1-O que se acabará escribiendo en piedra en una ley de amnistía.

Así pues, ese minuto y pico de Illa nos da mucha información. Nos habla con claridad de que la amnistía se inserta en una línea de actuación que tiende a excluir de pactos o acuerdos a la mitad de los españoles; mientras el partido socialista busca acomodar a sus votantes con los de los partidos nacionalistas; de tal manera que el futuro de España estará marcado por los acuerdos entre ellos dando la espalda a lo que planteen (planteemos) quienes no queremos sumarnos a esa alianza.

Aparte de lo anterior, hay otro elemento significativo. Cuando, tras despreciar la manifestación de ayer, nos habla de la convivencia, según él la entiende, va desgranando los nombres de varias Comunidades Autónomas. España somos todos, dice Illa; los que vivimos en Cataluña, los que viven en Andalucía, en el País Vasco...

Me llama la atención porque no habla -como había hecho Francisco Vázque en la manifestación de SCC, de izquierdas y derechas, de Maura y Azaña; sino que habla de territorios. Y esto, como digo, es muy significativo.

Un elemento claro en la alianza socialnacionalista es la apuesta por la confederación de España. Hace unos años, cuando se debatía sobre la presencia del castellano en las aulas catalanas, una ministra del gobierno de Sánchez (no recuerdo si fue Montero o Calvo) dijo algo así como que cada uno debería poder expresarse en las condiciones que establezca su territorio. Aquí "su territorio" es la Comunidad Autónoma, a la que se convierte en marco de referencia para algo tan básico como los límites a la libertad de expresión. La idea sería que España mutara de ser una nación de ciudadanos a convertirse en una confederación de Comunidades Autónomas, en las que el gobierno central debería asumir unas competencias mínimas, que, en su mayoría, deberían ejercerse de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Este planteamiento, a su vez, lleva a que la diversidad dentro de cada Comunidad Autónoma deje de ser relevante. Cataluña sería nacionalista y los nacionalistas deberían poder hacer y deshacer a su gusto; tal y como está sucediendo ahora, llevando a quienes no se adecuan a esa etiqueta (nacionalista y, quizás, podríamos añadir "nacionalista o amigo de los nacionalistas") a la parte oscura de la sociedad. A partir de aquí, resultaría que todo se reduciría a una serie de negociaciones entre Comunidades Autónomas o de las Comunidades Autónomas con el Estado; pero los ciudadanos, en términos generales, tendrían una interrelación directa con su Comunidad Autónoma, y tan solo mediata o indirecta con el conjunto de España.

En ese marco tiene sentido la afirmación de Illa de que España son los que viven en Cataluña, los que viven en Andalucía o los que viven en Galicia. El mensaje es que España no sería más que la suma de las particularidades de cada Comunidad Autónoma. Como digo, es un proceso que es fácil percibir en los últimos años y que podríamos llamar de confederalización de España.

Es un proyecto que a muchos, que vemos el afán uniformador de la Generalitat en Cataluña, nos pone los pelos de punta; porque abandonados por el Estado y en manos de los nacionalistas ya sabemos qué futuro nos espera: una Cataluña cada vez más nacionalista, cada vez más cerrada, cada vez más centrada en el proyecto de ingeniería social que pretende convertir una región extraordinariamente diversa en un territorio férreamente uniformado por el nacionalismo, utilizando para ello la lengua como marcador y termómetro de la "catalanización" de Cataluña.

No sé si lo que acaba de explicar le conviene al PSOE, que puede quedar condenado en varias Comunidades Autónomas a ser permanentemente "el otro"; aunque con la ventaja de que será difícil que en las Comunidades que no estén gobernadas por nacionalistas se de el nivel de sectarismo y exclusión que se vive en éstas. 

Sean cuales sean las ventajas o desventajas que tiene este proyecto confederalizador para el PSOE, sí que somos conscientes de las que implica para el conjunto de España y para los ciudadanos que no compartan ese planteamiento. Para España implica el debilitamiento de su proyecto común y el incremento del riesgo de secesión. Las confederaciones (de facto o de iure) son naturalmente inestables y el dotar de mayores medios y competencias a quienes hacen explícito que quieren usarlas para destruir al Estado; a la vez que éste se repliega de las Comunidades Autónomas es un cóctel explosivo; pero no insistiré aquí en ello porque el tema que nos unía ayer no era éste; sino, como he intentado señalar, el rechazo a lo que sería la legitimación del golpe de Estado y la deslegitimación de quienes se intentaron oponer a ello.

El PSC/PSOE ha elegido bando. La dura reacción de Illa ayer deja poco lugar para la duda; el constitucionalismo es hoy mucho más pequeño sin ese partido; aunque espero que siempre pueda contar con aquellos socialistas que estén dispuestos a dar un paso adelante para no incurrir en el perjurio ideológico del que hablaba ayer Francisco Vázquez.

Por desgracia, los que no den ese paso y decidan quedarse en el bando rupturista, mancillarán su nombre y su historia, tal como decía ayer el que fuera alcalde de La Coruña. Y lo harán por tomar parte en la ignominia, que es el nombre que otra socialista, ayer mismo, le daba a la amnistía en un cariñoso mensaje de apoyo que me transmitía privadamente, que le agradezco y que tomo prestado para dar título a esta entrada.

Illa no será uno de los que vuelvan al constitucionalismo. Ayer nos lo dejó meridianamente claro.

Todos debemos ser igualmente claros.

Lo que vale cada uno de nosotros

Hace ya bastantes años leía una entrevista a Juan Luis Arsuaga en la que éste explicaba que quizás la característica más llamativa de nuestra especie en relación a otros homínidos era nuestra capacidad simbólica. En un momento dado, basta izar una tela de un color determinado para que decenas, centenares o miles de personas se identifiquen con cierto grupo o con un propósito determinado. Creo recordar que añadía que, visto desde afuera, podría considerarse un rasgo patológico; pero que tenía también enormes ventajas evolutivas. A continuación explicaba que quizás nosotros no éramos más inteligentes que los neandertales; pero que teníamos la ventaja frente a ellos de que podíamos formar grupos más grandes a partir, precisamente, de esa capacidad simbólica.

La observación me sorprendió; pero inmediatamente me hizo comprender muchas cosas. Poco después de haberla leído, alguien en redes sociales comentaba que le había pasado una cosa curiosa. Quien comentaba era de Madrid, una persona a la que no le gusta el fútbol, racional y de los que buscan distancia con los sentimientos "primarios". Explicaba que la tele estaba encendida en su casa y que estaban viendo un partido europeo del Getafe. Al pasar no pudo evitar detenerse y al cabo de pocos minutos ya estaba animando al Getafe, lamentándose de una ocasión perdida y achuchando para que marcaran un gol. Como digo, en redes lo comentaba preocupado.

Yo le dije que no había por qué preocuparse. Simplemente, era un "homo sapiens" normal; esto es, con una acendrada capacidad de vincularse a un grupo a través de símbolos simples (una equipación deportiva, un himno; a veces, tan solo un color).

Desde luego, lo anterior no es nada racional; pero obviar que somos así no conduce a ningún lado. Por eso insisto siempre en que los símbolos importan, e importan mucho; y en que hay que desconfiar de quienes nieguen lo anterior porque, como digo, eso es tanto como negar nuestra propia naturaleza.

Aparte de lo anterior, esa capacidad de vinculación simbólica ha sido clave para nuestro desarrollo como especie; que muchas veces se basa en unir el esfuerzo de muchos para un propósito común. Parece ser que esto está ahí desde antes del Neolítico, como prueban las enormes construcciones paleolíticas en lugares como Göbekli Tepe, de más de 11.000 años de antigüedad.

Nada de lo que nos rodea (sociedad, servicios sociales, cultura...) existiría sin esa capacidad de los individuos de sumarse a un grupo o a un proyecto en el que, forzosamente, su aportación será pequeña en comparación con el conjunto; pero, a la vez, imprescindible.

Esto último ha de ser destacado. En la mayoría de las empresas cada uno de los que participan podría pensar que lo que el añade es insignificante; y, sin embargo, aún así, sigue empujando. En ocasiones, se aprecia una desproporción enorme entre el riesgo individual que se asume y lo que cada persona aporta al proyecto común. Piénsese, por ejemplo, en una carga de infantería. Una línea que puede ser de miles de personas. Cada una de ellas arriesga su vida y, sin embargo, sabe que lo que él aporta a la carga es menos de un 0,1% del empuje total. Y aún así, sigue. Muchos seguirán porque temen las consecuencias de abandonar; pero otros, sin duda, lo hacen porque creen que es su deber o, incluso, porque es más la satisfacción de defender aquello que creen que es justo o necesario que el riesgo que asumen personalmente. Los dos libros sobre la Primera Guerra Mundial de Ernst Jünger y Gabriel Chevallier lo ilustran perfectamente.

El anterior es, desde luego, un ejemplo extremo; pero en la vida diaria nos encontramos con casos en los que se nos exige un pequeño sacrificio para un fin que entendemos como valioso. Un pequeño sacrificio que, sin embargo, entendemos que puede ser evitado con el argumento de que lo que nosotros aportamos nada (o casi nada) añade al resultado final.

Cuando hacemos lo anterior no razonamos como homo sapiens, sino -si se me permite la expresión- como neandertales; porque ese exceso de razón es más propio de nuestros primos extintos que de nosotros. Como he dicho, lo que nos caracteriza es la capacidad de hacer cosas que no serían consideradas como racionales desde una perspectiva individual, pero que sí lo son desde un punto de vista colectivo.

Mañana tendremos otra ocasión de mostrarlo. Una mañana de domingo que se podría dedicar a muchas cosas; pero que muchos emplearemos en un propósito colectivo: manifestarnos para mostrar nuestro rechazo a la entrega del Estado de Derecho, de la justicia, de la igualdad y de la democracia a los nacionalistas. A manifestarnos para intentar construir una oposición sólida, en la sociedad y en la política, a la deriva antidemocrática en la que estamos entrando.

Habrá quien, estando de acuerdo con lo que se pide en la manifestación, piense que su ausencia no hará cambiar el resultado final.

Sí que lo cambiará, porque todos somos necesarios y todos sumamos. Yo, desde luego, estaré a las 11:00 en el punto de encuentro de Impulso Ciudadano, en el Paseo de Gracia, a la altura de la calle Rosellón. Espero encontrar allí a muchos amigos que, codo con codo, todos juntos hagamos ese recorrido Paseo de Gracia hacia el mar.

La impunidad desde la perspectiva de la víctima (sobre la mal llamada ley de amnistía)

Ángel Manuel Hernández, policía nacional, resultó herido en el brazo por una pedrada el 18 de octubre de 2019 en Barcelona. Como resultas de aquella herida ha perdido movilidad en el brazo por lo que fue declarado incapaz para el servicio y jubilado. Ese mismo día, otro policía, Iván Álvarez Faginas, fue herido en la cabeza y como consecuencia de ello tiene secuelas que permanecerán toda la vida.

Tras la ley de impunidad (amnistía), ningún reproche penal cabrá hacer a quien hirió e incapacitó a estos dos policías. Ningún problema habría para que los autores de los ataques -que no han sido detenidos- hicieran pública su participación en los incidentes que causaron esos daños y que sumieron a Cataluña, especialmente a Barcelona, en el caos durante días. 

El 23 de febrero de 2022, jóvenes estudiantes del colectivo S'ha Acabat! fueron rodeados, acosados y atacados en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Al final, por la fuerza, fueron expulsados del campus.

Los hechos están siendo investigados judicialmente en estos momentos. Si se aprueba la ley de impunidad (amnistía), esa investigación deberá cesar y ningún reproche jurídico cabrá hacer a quienes impidieron a otros expresar pacíficamente sus ideas, a quienes les rodearon y acabaron echando por la fuerza de un lugar, el campus universitario, que es de todos.

El 6 de octubre de 2021 otra carpa de S'ha Acabat!, en esta ocasión, en la UAB, fue atacada y destrozada. Fuimos zarandeados y algunos acabamos arrastrados por el suelo. Estos ataques están siendo ahora investigados judicialmente, pero si se aprueba la ley de impunidad (amnistía) esas investigaciones deberán cesar y ningún reproche podrá hacerse a quienes nos agredieron.

En septiembre de 2017, algunos comprobamos que nuestros datos personales habían sido incluidos, sin nuestro consentimiento, en el censo ilegal que se había preparado para el referéndum del 1 de octubre.

La utilización por una autoridad pública de datos personales al margen del consentimiento de su titular y para fines ilegales puede tener transcendencia penal. Actualmente se están investigando las denuncias que en su día planteamos en relación a esta utilización ilegal de nuestros datos personales. Si se aprueba la ley de impunidad (amnistía) esas investigaciones deberán cesar.

Porque lo que se denomina ley de amnistía es, en realidad, una ley de impunidad, una norma que establecerá que los nacionalistas -pero solo los nacionalistas- podrán actuar al margen de la ley sin que eso tenga consecuencias para ellos. De esta forma, las vulneraciones de derechos que ya se han producido, los atentados a la legalidad y a la democracia que han protagonizado quedarán sanados; de tal forma que las víctimas de aquellos actos quedarán deslegitimadas, doblemente victimizadas, puesto que el legislador de su propio país les estará trasladando que los atropellos que sufrieron estaban hasta tal punto justificados que no es posible actuar contra ellos. El siguiente paso será el exigir responsabilidades por las actuaciones que algunos desarrollamos a fin de impedir que aquellos a los que ahora se les da la razón se salieran con la suya. Quizás sea la próxima petición que deba atender Sánchez.

Lo anterior es de una enorme gravedad, y ya no solo porque, como se ha dicho, supone una enmienda al pacto constitucional; ni porque implica la quiebra de varios principios democráticos esenciales (separación de poderes, derecho a la tutela judicial, igualdad ante la ley...) sino porque rompe el delicado equilibrio que hasta ahora se había mantenido en Cataluña. Me explico.

Cataluña es una sociedad dividida. Se apreció con mucha claridad en 2017. Con diferencia de días, las mismas calles se llenaban con centenares de miles de manifestantes que pedían la secesión y por otros tantos que exigían la continuidad de Cataluña en España.

En una sociedad en la que se vive esta división y en la que, por tanto, los consensos están rotos, lo único que permite mantener la convivencia es el respeto a la ley. Por eso insisto tanto en lo dañino que resulta que los poderes públicos alardeen de no cumplir las leyes y las sentencias. Si los ciudadanos que no comparten los planteamientos políticos de la autoridad no pueden confiar en que quien gobierna la administración ajustará su comportamiento a la ley, la sensación de inseguridad es angustiosa en sentido literal, no metafórico.

Durante estos años, sin embargo, los defensores del Estado de Derecho, de la continuidad de Cataluña en España y de la vigencia de la Constitución contábamos con el apoyo de la ley. Incluso aunque los dirigentes de la Generalitat la desconocieran, incluso aunque se produjeran abusos, incluso en aquellos casos en los que se nos atacaba ante la policía sin que esta interviniera, teníamos la confianza de que, en alguna forma, se acabaría reconociendo que estábamos en el lado correcto de la historia, tal y como escribió en su día Enric Millo.

La impunidad (a la que insisten en llamar amnistía) supone quitarnos eso también. Una amnistía implica que el legislador dobla la cerviz ante quien le desafió y le reconoce sus razones. Y eso, además, sin que se haya producido ninguna renuncia a volver a actuar contra la Constitución, cuando se siguen vulnerando los derechos de quienes discrepan del nacionalismo y cuando quienes se enfrentan a dicho nacionalismo continúan sin tener ningún reconocimiento. Un reconocimiento que se vuelve imposible una vez que la ley de amnistía sanciona que en los hechos que acaecieron desde 2014 (la fecha en la que parece que quieren fijar el inicio de la impunidad) quienes llevaban la razón eran quienes desafiaban a la Constitución y a los tribunales, quienes amenazaban y malversaban, quienes quemaban y destrozaban; y no quienes se les oponían.

Hace ya tiempo creo que era Fernando Savater quien, ante la pregunta de qué es lo que habían dado los socialistas a los nacionalistas (¡qué tiempos! ¡qué larga tendría que ser ahora la respuesta a esa pregunta!) contestó: "les han dado lo más importante. Les han dado la razón".

La amnistía es la consagración de ese darles la razón. Los victimarios salen triunfantes, las víctimas se invisibilizan y, por tanto, ya poco tiene sentido. Sin consensos y sin ley tan solo una lección queda: poco importa lo que hagas si al final consigues tu propósito. Si todos se aplicaran ese principio ¿qué sociedad es la que nos espera?

Es por eso que no creo excesivamente útil entrar ahora en el debate sobre si la Constitución permite o no la amnistía. ¿Qué más dará ya cuando lo que se hace es legitimar a quienes dicen abiertamente que no reconocen autoridad alguna a la Constitución y anuncian que la desobedecerán en cuanto tengan ocasión? ¿Qué más dará si cualquier pronunciamiento relevante sobre este extremo no se dará más que tras varios años en el marco de una decisión del Tribunal Constitucional?

El tema no es la constitucionalidad o no de la ley de impunidad (amnistía); el tema es qué razones la justifican.

Y no pregunto por las razones que la explican. Ahí se podrá decir que es que Pedro Sánchez lo necesita para gobernar y les dará lo que pidan los nacionalistas. Más o menos eso es lo que venía a admitir el presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, hoy mismo en Onda Cero

Podría ser, aunque no lo comparto completamente. No creo que haya únicamente razones de oportunidad, sino que también hay una coincidencia estructural entre las políticas socialistas y nacionalistas; pero, como digo, no quiero entrar en esto porque lo que me preocupa no son las razones que explican la ley de impunidad, sino las que la justifican; esto es, las que se tendrán que incluir en la exposición de motivos de la ley.

Y ahí tan solo es posible una respuesta: una concesión de impunidad a los nacionalistas que no va acompañada de la renuncia a la secesión ni del compromiso de cumplir la ley y las decisiones judiciales ni de ninguna concesión (NINGUNA) a las demandas de los constitucionalistas catalanes tan solo puede justificarse porque se entiende que los que delinquieron lo hicieron justificadamente.

Tan solo puede justificarse la impunidad porque el legislador entiende que:

- dejar lisiados de por vida a policías,

- usar la violencia contra las asociaciones juveniles constitucionalistas,

- atacar los medios de comunicación que no se alinean con el nacionalismo (ataque de Arran a Crónica Global hace unos años),

- levantar barricadas,

- oponerse a la policía,

- desobedecer órdenes judiciales,

- conspirar para derogar la Constitución en Cataluña,

- llegar a acuerdos con agentes extranjeros para apoyar la secesión,

- utilizar de manera ilegal los datos personales de los catalanes,

- malversar dinero público o

- coaccionar a los funcionarios judiciales

eran acciones justificadas.

En los indultos lo anterior estaba implícito; en la ley de impunidad ya será explícito.

Ante esto, queridos conciudadanos, tenemos que oponernos con los medios de los que dispongamos. Todos somos responsables de hacer lo que esté en nuestra mano.

Y si me permitís, quienes tienen una mayor responsabilidad en este sentido son los socialistas, puesto que sé que muchos en privado manifiestan su crítica a estas medidas.

Pues bien, queridos amigos, ahora es el momento de hacerlo en público. Si no lo hacéis ahora ¿para cuándo lo dejáis?

Y a los demás, creedme, es el momento de hacer política de verdad. Y la política de verdad empieza donde acaba la política de partido.