España y el estado autonómico

I. Introducción

Uno de los debates que más deberían interesarnos es el relativo al estado autonómico. La configuración y evolución de la estructura territorial de España tiene una enorme influencia en la organización de nuestra sociedad, la prestación de servicios públicos, el ejercicio de derechos y libertades y la prevención y gestión de desastres o catástrofes. Ya adelanto que mi opinión es que hay que introducir profundas reformas en ese estado autonómico y que si ni siquiera se llega a la fase de debate sobre ellas es porque no interesa en absoluto a los políticos profesionales que ahora controlan las diferentes administraciones públicas; así como a la nube de periodistas, intelectuales y opinadores que envuelven a ese grupo de políticos profesionales.

II. Un poco de historia

En el año 1978, España era un país centralizado. El único poder legislativo existente eran las Cortes. Las leyes eran desarrolladas por reglamentos gubernamentales y las administraciones diferentes de la central se limitaban a los ayuntamientos y las diputaciones; con un rango de competencias limitado.

Todo esto cambió a partir del inicio de la Transición. La necesidad de incorporar a nacionalistas catalanes y vascos al consenso constitucional implicó la previsión de una cierta autonomía política tanto para Cataluña como para el País Vasco, lo que se tradujo en regímenes preautonómicos, incluso antes de la aprobación de la constitución y, tras ésta, en la creación y desarrollo de las comunidades autónomas. Además, y pese a que la demanda política de autonomía se limitaba, inicialmente, a Cataluña y al País Vasco, enseguida aparecieron demandas de autonomía en otros territorios y, finalmente, se decidió que en vez de limitar las autonomías a unos pocos territorios, toda España debería quedar "cubierta" por comunidades autónomas.

La herramienta para esa transformación fue la constitución de 1978. Es importante subrayar que el titulo VIII de la constitución, que es el que se ocupa de las comunidades autónomas, no regula propiamente estas -que todavía no existían- sino la creación de comunidades autónomas. De esta forma, lo que incluye son una serie de previsiones que deberían de servir para la instauración del estado autonómico. Ahora bien, la consulta del título VIII casi nada nos dice, en la actualidad, sobre cómo son las relaciones entre el estado y las comunidades autónomas, de estas entre sí o del papel que juegan en la vida de los ciudadanos; pues todo esto ha de hallarse en los estatutos de autonomía (que no existían en 1978) y en las sucesivas leyes de transferencia que se han ido aprobando desde entonces.

De esta forma, el proceso autonómico no está cerrado. Siempre es posible que aumenten las competencias autonómicas, bien por vía de una reforma de los estatutos de autonomía (como las vividas hace ahora veinte años al hilo de la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña) o bien por medio de leyes de transferencia de competencias desde el estado a las comunidades autónomas. El hilo conductor de este proceso, que se ha prolongado por más de cuatro décadas, es la negociación entre los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE y los partidos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco. El apoyo de estos partidos a uno u a otro partido estatal ha venido condicionado por el traspaso de competencias a esas comunidades autónomas, traspaso que, en ocasiones, también se extiende a otros territorios.

Obviamente, el propósito de los nacionalistas es vaciar de competencias al estado. No lo ocultan, ese es su objetivo y para eso trabajan. En el otro lado (PP y PSOE), sin embargo, no parece existir un proyecto político equivalente que entre en diálogo con el proyecto nacionalista; sino que, simplemente, se compra en cada momento el apoyo nacionalista para gobernar lo que queda del estado a cambio de ir haciendo a éste más pequeño.

El menos de cincuenta años la estructura territorial de España se había modificado profundamente. España había sido un estado centralizado, en el sentido moderno del término, desde mediados del siglo XIX, tras el fin de la primera guerra carlista. Antes de dicho momento, y desde principios del siglo XVIII, tan solo en Navarra se habían mantenido instituciones propias y en otros territorios (Aragón, Cataluña, Valencia), el poder real había ido imponiéndose desde la época de los Reyes Católicos. Con la excepción del País Vasco, en el territorio de la Corona de Castilla (las actuales comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, la Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Murcia y Andalucía) ya en la época medieval habían desaparecido o sido privadas de poder instituciones medievales propias de cada uno de esos territorios; es decir, el escenario en el que nos encontramos ahora es una novedad absoluta en nuestra historia, una novedad a la que, sin embargo, hemos llegado no por obra de una decisión basada en los intereses generales; sino por la negociación permanente entre quienes quieren vaciar de poder al estado (los nacionalistas catalanes y vascos) y quienes quieren el poder, aunque sea en una España menguante.

III. Sentido del estado autonómico

¿Quiere decir lo anterior que el estado autonómico es, en sí, un error? No defiendo eso. El estado autonómico es uno de los elementos nucleares del pacto de 1978 y, además, tiene varias ventajas: permite una cierta competencia entre ordenamientos dentro de España que facilitará encontrar las respuestas más eficaces a determinados problemas; acerca el poder público a los ciudadanos y permite ofrecer soluciones diversas en función de las peculiaridades de cada lugar. ¿Por qué, por ejemplo, vamos a tener una misma política de horarios comerciales si en Madrid la mayoría prefiere más libertad y, en cambio, en Cataluña, les parece mejor más restricciones? En 1978, cuando se optó por convertir a España en un estado "semifederal" se hizo por buenas razones que, como digo, permitieron construir el consenso constitucional. El estado autonómico es un elemento de ese consenso, como la monarquía parlamentaria o el respeto a los derechos fundamentales y, por tanto, ha de respetarse.

Ahora bien, como explicaba antes, en la constitución de 1978 no está el estado autonómico que ahora tenemos. Este es fruto de unos pactos alejados de cualquier defensa del interés general que se han ido acumulando en los últimos cuarenta años. Es la configuración actual del estado autonómico la que cuestiono y no el estado autonómico en sí.

Desde mi perspectiva, la evolución que ha tenido el estado autonómico debe enderezarse. El progresivo vaciamiento del estado nos está conduciendo a una confederación de facto, a la que ya me refería hace unos años ("La España confederal", del 12 de abril de 2021) y que, por desgracia, cada vez más están viendo; sobre todo al hilo del reciente pacto de los socialistas con los nacionalistas para transferir a la comunidad autónoma de Cataluña las competencias en materia fiscal.

El debilitamiento del estado central que resulta de la continua transferencia de competencias a las comunidades autónomas plantea problemas casi diariamente; pero ahora me centraré en tres crisis que se han producido en los últimos años y que, a mi juicio, muestran que retrasar el debate de este problema es suicida, casi en términos literales.

IV. ¿Un estado fallido? 2017, 2020, 2024

En los últimos siete años, España ha afrontado tres crisis que deberían haber conducido a un debate abierto, rico y profundo sobre los defectos que se aprecian en nuestra estructura constitucional; unos defectos que condujeron a una crisis constitucional sin precedentes (en 2017) a una gestión deficiente de la pandemia de COVID en 2020 y, ahora, en 2024, a la parálisis que ha seguido al DANA en Valencia.

A) 2017: Cataluña

La crisis constitucional abierta en Cataluña en 2017 fue la más grave desde 1978. Las instituciones de una comunidad autónoma (gobierno autonómico y parlamento), junto con muchas administraciones locales participaron en un proyecto que tenía como objetivo la derogación de la constitución en Cataluña (leyes de desconexión aprobadas el 6 y el 7 de septiembre de 2017 por el parlamento de Cataluña) para que el territorio y la población de Cataluña pasaran a integrarse en un estado diferente de España. El desafío obligó al despliegue de policías en Cataluña, a realizar gestiones diplomáticas ante estados extranjeros y las instituciones de la Unión Europea, dañó la imagen de España en el mundo, implicó la deslocalización de empresas y el traslado de fondos desde sucursales bancarias en Cataluña a otras partes de España.

Que las autoridades de una comunidad autónoma hubieran sido capaces de poner al estado en esta situación de crisis; incluso aunque, finalmente, la secesión no llegara a producirse; implica que la arquitectura institucional de España presenta algunas deficiencias. Creo que debería haberse hecho un análisis de lo sucedido, con el fin de adoptar las medidas necesarias para que no pudiera volver a pasar. Subrayo el matiz: no se trata de que no vuelva a pasar lo ocurrido en 2017; sino que no pueda volver a pasar, que es cosa diferente.

Desde mi perspectiva, ese "evitar que no pueda volver a pasar" implica que las comunidades autónomas no asuman aquellas competencias que identifican a los estados. En concreto, la competencia en materia de policía y de acción exterior. Si en Cataluña no hubiera una policía autonómica, el desafío de la Generalitat no sería creíble. De igual forma, el daño que se produjo a la reputación de España estuvo en gran parte vinculado a la acción exterior de la Generalitat, una acción exterior que se utilizó con el propósito de construir una legitimación internacional para la secesión. Para evitar eso, la acción exterior de las comunidades autónomas debería enmarcase de manera estricta en la política exterior española, de tal forma que el estado ejerciera una labor efectiva de supervisión y control de la de la autonómica. Si no se abordan reformas que permitan llegar a este resultado, la amenaza de un nuevo proceso de secesión en Cataluña o, en su caso, en alguna otra comunidad autónoma que cuente con policía propia y capacidades exteriores (y esto último lo tienen todas las comunidades autónomas), seguirá estando presente.

B) 2020: COVID

El COVID puso también de relieve las debilidades del estado autonómico. El ministerio de sanidad había quedado convertido en una "cáscara vacía", (Guillermo López García, "El Gobierno del cambio, con el paso cambiado", Plaza, mayo de 2020, pp. 36-37, p. 37); de tal forma que no disponía de la capacidad para hacer frente a una situación como la que se produjo, a la vez que es dudoso que los responsables de sanidad de las diferentes comunidades autónomas asumieran que debía ser tarea suya prepararse para una pandemia mundial. El resultado de este desajuste lo vivimos a partir de febrero de 2020: dudas sobre quién podía, por ejemplo, decretar el cierre de una comunidad autónoma, comunidades y ministerio intentando comprar el material sanitaria del que se carecía (¿recordamos las imágenes de sanitarios "protegidos" por bolsas de basura?), ausencia de utilización de los medios sobrantes en algunas comunidades autónomas para atender a los pacientes que no tenían cama en las comunidades con más casos, disputas políticas sobre los cambios de fase en unas y otras comunidades autónomas, ausencia de un número de información centralizado para temas de COVID...

Desde 1978 se había admitido sin discusión que lo "bueno" era transmitir competencias a las comunidades autónomas y que lo que precisaría justificación era negar a las comunidades autónomas una competencia que solicitaran. El COVID mostró que hay ciertas competencias que, por su naturaleza, es mejor que correspondan al estado. A partir de ahí, hubiera sido necesaria una reflexión sobre en qué nivel (estatal o autonómico) habría que ubicar cada competencia a fin de que ésta se ejerciera de la manera más eficaz posible. Ese debate no se ha producido.

C) 2024: DANA

Cuando escribo esto han pasado cuatro días desde que unas dramáticas inundaciones se llevaran por delante centenares de vidas en la comunidad valenciana, a la vez que provocaban destrucción de infraestructuras y enormes daños materiales. Cuatro días después del suceso centenares de personas siguen desparecidas, poblaciones casi aisladas, falta de agua, electricidad y comida... un escenario semejante al que hemos visto en situaciones de conflicto bélico o desastres naturales en otros países.

España es un país desarrollado, dispone de sistemas de protección civil, una sanidad de calidad, infraestructuras equiparables a las de cualquier otro país europeo y unas fuerzas armadas con más de 130.000 efectivos. Pasadas las primeras horas, en que resulta excusable cualquier falta de reacción, ¿cómo es posible que esas fuerzas armadas no se hubieran desplazado inmediatamente para evitar el pillaje (que, lamentablemente, se ha producido en medio de todo este desastre), ayudar a localizar a los desaparecidos, hacer llegar agua y comida a las zonas en las que falta, abrir comunicación para alcanzar a los puntos que permanecen aislados?

Los efectivos han ido llegando con cuentagotas, de pocos centenares en pocos centenares, hasta el día de hoy en que se ha anunciado, finalmente, el envío de 5.000 militares y 5.000 policías. Entre tanto, era desolador ver en los últimos días cómo los afectados se quejaban de que nadie había ido a ayudarles.

Esa ayuda era lo esperable. Si nos organizamos en comunidades políticas es, entre otras cosas, para mejor hacer frente a situaciones como las que se han vivido en Valencia. Si en circunstancias como éstas la ayuda no llega, ¿no tenemos que preguntarnos por qué?

Pues en este caso también tiene que ver con el estado autonómico. La comunidad autónoma gobernada por el PP y el gobierno de España en manos del PSOE. Parece (así se ha publicado) que unos y otros intentan que el terrible desastre les afecte los menos posible y acabe afectando más a su rival político.

El que en un momento así se valore, aunque sea solamente por una fracción de segundo, la rentabilidad política de esta o aquella medida debería producir un profundo rechazo; pero en la información que comparto un poco más arriba hay algo más: la impresión que transmiten las declaraciones del gobierno es que consideran que su actuación en este caso es tan solo subsidiaria de la de las comunidades autónomas, llegando a decir que las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie y que, por tanto, son ellas las que tienen que asumir la responsabilidad de la resolución de esta crisis.

No sé si reparamos en lo que esto implica. Por una parte, el gobierno se olvida de que el terreno en el que se ha producido el daño no es solo territorio de la Comunidad Valenciana, sino también de España; esto es, se olvida de que el gobierno, en tanto que gobierno de toda España, ejerce de manera directa las competencias que tiene en todo el territorio nacional. Esto, a veces, se nos olvida. En España no hay un distrito federal, como sucede en Estados Unidos o en México. En todo el país se superpone la actuación de las comunidades autónomas y del gobierno. Los ministros pueden ejercer sus funciones de la misma manera en Madrid que en Cataluña o en Galicia; no necesitan pedir permiso a las autoridades de la comunidad autónoma para ejercer dichas competencias. El gobierno de España, sin embargo, parece negarse a asumir este principio y se adscribe al nacionalista según el cual los ciudadanos deben interaccionar de manera directa con las autoridades autonómicas, siendo estas, en su caso, las que se relacionan con los estatales. La confederación de facto que parece asentada en el imaginario de quienes ocupan ahora el gobierno de España.

Pero todavía hay más. El tema que se trata es el envío del ejército a colaborar en las tareas de rescate y asistencia. ¿Está diciendo el gobierno que el ejército español necesita "tutela" para operar en una parte cualquiera del territorio nacional? Siendo el ejército, ¿no es capaz de realizar operaciones en su propio país más que bajo la dirección, en este caso, de las autoridades autonómicas? En caso, por ejemplo, de que, no sé, Portugal invada Galicia, ¿se supone que debe ser la comunidad autónoma de Galicia la que asuma en primera línea la solución de la crisis dirigiendo, en su caso, la actuación de los militares que solicite se le envíen para hacerle frente?

Es un puro disparate. Más allá de las responsabilidades que pueda tener el ejecutivo autonómico, en un caso como éste, con más de mil desaparecidos, centenares de muertos, personas a las que les falta agua y alimento, con las comunicaciones cortadas, la responsabilidad del gobierno de cualquier país es inmediata, máxime si, como el propio gobierno reconoce, la ayuda está tardando en llegar.

¡Qué contraste con lo sucedido en Bilbao hace cuarenta años! Entonces la movilización del ejército fue inmediata. Recuerdo las imágenes de las columnas de camiones acudiendo a las zonas donde se habían producido las inundaciones sin que nadie planteara ninguna duda sobre la necesidad de que el país pusiera todos los medios de los que disponía para ayudar a las víctimas. Entonces ya existían las comunidades autónomas, pero aún se mantenía la conciencia de que éramos un solo país. 

V. La necesaria revisión del modelo autonómico

En los últimos años hemos tenido ya suficientes muestras de que el estado autonómico actual pone en riesgo la estabilidad del conjunto del país (Cataluña en 2017) nos debilita para hacer frente a desafíos globales (COVID en 2020) y dificulta la puesta a disposición de los ciudadanos de los recursos de los que disponemos para hacer frente a grandes crisis o desastres naturales.

Es el momento de introducir en el debate público la necesaria revisión del modelo autonómico. No para acabar con él porque, como he dicho, es un elemento esencial del pacto constitucional, sino para convertirlo en un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos.

Ciertamente, esta revisión encontrará pocas simpatías en la mayoría de los políticos profesionales, que tienen en las comunidades autónomas una fuente casi inagotable de recursos para colocar o favorecer a propios y afines. Las estructuras de poder que ha generado el estado autonómico son demasiado golosas para ponerlas en peligro. Ahora bien, es necesario también asumir que las necesarias políticas de ahorro que tendrán que llegar en los próximos años exigirán algún tipo de recorte; y siempre será preferible que esos recortes se produzcan en administraciones duplicadas (¿por qué hemos de tener 18 agencias de calidad universitaria en España?) que en servicios públicos como sanidad, educación o en las pensiones.

A esos políticos profesionales que no quieren que nada cambie les diría que han de ser valientes y asumir que, como decían en el Gatopardo, algo deberá cambiar, aunque nada más sea para que nada cambie. Si siguen empecinados en no tocar el modelo autonómico al final o bien se descompondrá el país (y esto a algunos ya les parecerá bien) o bien habrá un cambio tan profundo que nada de lo que ahora hay permanecerá. Sean inteligentes y ábranse a una revisión que es absolutamente imprescindible.

Tiene razón Vito Corleone en lo de Puigdemont

Hay un momento en "El Padrino" en el que se reúnen los jefes mafiosos para poner fin a la guerra que mantienen desde hace un tiempo. En el encuentro, Vito Corleone dice que quiere la paz, que ya ha perdido un hijo en esa guerra y no quiere perder más. Todos están de acuerdo en poner fin a los ataques; pero Corleone añade que la condición para mantener esa paz es que nada le pase a Michael, su hijo. Dice algo así como que es una persona supersticiosa, y que si Michael tiene un accidente o hasta le parte un rayo, culpará a los que están allí reunidos y su venganza será terrible.

Todos asienten.

(Puede verse aquí a partir de 04:53)

Puede parecer absurdo que alguien asuma que es responsable de la muerte de una persona porque le caiga un rayo encima; pero este tipo de responsabilidades objetivas favorecen que se extremen las precauciones. 

Si alguien se coloca en una posición que haga levantar sospechas sobre su conducta, pudiera ser que respondiera de lo que sucede, tenga o no tenga la culpa. Es lo que vemos en la escena de "El Padrino" que acabo de compartir.

Un paso por debajo de la responsabilidad objetiva, está la inversión de la carga de la prueba. No es que se responda de una manera objetiva; pero sí que se obliga a una persona a demostrar que no es culpable o, al menos, que ha actuado con toda la diligencia que debía. En "El Padrino" -se trata de la mafia al fin y al cabo- no se da esta oportunidad. Si algo pasa y tú eras el responsable, eres culpable. Punto final, zapatos de cemento y al río.

A la llegada y fuga en Barcelona de Puigdemont se le podría aplicar lo anterior.

Primero los hechos:

- Puigdemont informa de que va a venir a Barcelona.

- Se pide un permiso al ayuntamiento de Barcelona para montar un escenario en el Arco del Triunfo que, todos asumían, sería para algún tipo de acto vinculado con la llegada de Puigdemont a Barcelona.

- Puigdemont aparece en el escenario preparado.

- Acompañan a Puigdemont políticos conocidos, entre ellos, la segunda autoridad de Cataluña, el presidente del Parlamento autonómico.

- Se le permite dar su discurso.

- Tras el discurso, pese a que en el lugar había bastante policía, Puigdemont escapa (y Puigdemont no es Jason Bourne; es una persona normal que no parece tener especiales capacidades atléticas o propias de un agente secreto).

- La operación montada para detenerlo posteriormente causa bastantes molestias a muchos ciudadanos, pero no evita la huída de Puigdemont, que regresa a Bélgica.

Estos hechos, por sí solos ya obligarían a dar explicaciones, muchas explicaciones; pero es que, además, se dan en un contexto muy significativo

- Puigdemont es aliado del presidente del Gobierno español. Sin los votos del grupo de Puigdemont, Pedro Sánchez no estaría en La Moncloa.

- Los contactos entre Puigdemont y el entorno de Puigdemont son frecuentes y reconocidos por todos.

- Se ha publicado, incluso, representantes de Pedro Sánchez habrían desaconsejado que Puigdemont viajar a España porque, según le transmitieron, ellos (el Gobierno) no controlan el Tribunal Supremo (me imagino que a diferencia de otros Tribunales, que sí controlan).

- Illa acaba de ser investido presidente de la Generalitat con los votos de ERC; partido cuyas discrepancias con Junts son notorias; pero que mantiene que las órdenes judiciales contra los implicados en los hechos de 2017 (el intento de derogación de la Constitución en Cataluña para conseguir la secesión del territorio) carecen de fundamento y son una mera persecución judicial. De hecho, Illa, en su discurso de investidura defendió que "nadie debe ser detenido".

Ante todo lo anterior, no hace falta de que existan indicios de culpabilidad para que tanto el PSC como el Gobierno de Cataluña (todavía en manos de ERC el pasado jueves) como el Gobierno de España den explicaciones. Esto, sin embargo, no ha sucedido. Han colocado bajo los focos a unos Mossos d'Esquadra para que nos hablan de "fases semafóricas" y podamos constatar así lo ridículo de su actuación; los que tenían que hablar, los que tenían que explicarse, los que tenían que asumir su responsabilidad, no lo han hecho.

Y no lo han hecho porque la opinión pública tampoco se lo exige. Les basta mantener ese 30% de incondicionales que les votarán hagan lo que hagan para seguir aferrándose al poder; mientras la mitad de la población se siente engañada e indignada.

Porque la convivencia exige que se den ciertas garantías. Si pensamos -y razones hay para pensarlo- que la policía decide arbitrariamente a quién deja de detener, lo que seguirá, como apuntaba agudamente Pastrana en X el otro día, es que decida arbitrariamente a quién detiene (ya ha pasado, precisamente con los Mossos de protagonistas, cuando hostigaron a los grupos que retiraban lazos amarillos del espacio público).

Los Mossos, con su prestigio como cuerpo muy tocado desde hace tiempo, han perdido toda credibilidad (toda) después de la huída de Puigdemont y la rueda de prensa de las "fases semafóricas". Mala cosa es que la seguridad dependa de un cuerpo policial al que cabe hacerle tantos reproches.

Pero, lo peor, es que las sospechas de que el gobierno y el partido socialista algo han tenido que ver con lo que ha pasado son letales para la confianza en las instituciones.

¿Cómo podremos reparar todo el mal que se está haciendo?

No será fácil, y mientras el PSOE siga ya no gobernando, sino siendo relevante para la gobernabilidad, imposible.

Sería bueno también que la oposición asumiera la gravedad de lo que está sucediendo y pusiera en marcha iniciativas que fueran más allá de canutazos. La circunstancia requiere el compromiso de toda la sociedad ante la profundísima degradación institucional en la que hemos caído.

Venezuela

Siempre es complicado juzgar lo que sucede en otros países.

En la última semana, sin embargo, hemos tenido elementos más que sobrados para poder opinar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo que está pasando es indignante.

Como es sabido, había elecciones presidenciales. La lucha no era justa, tal y como constató el centro Carter en su informe sobre las elecciones; donde destaca el desequilibrio en favor del candidato que ya era presidente, Maduro, en detrimento de otros candidatos.

En los días previos a las elecciones vimos, además, cómo se denegaba la entrada de observadores extranjeros invitados por la oposición

Mientras que sí eran admitidos aquellos políticos extranjeros cercanos al régimen de Maduro

Pese a todo lo anterior, las elecciones fueron ganadas por la oposición. Las actas publicadas no dejan lugar a dudas. Pueden consultarse en este enlace: https://resultadosconvzla.com/.

Obvimente, puede pensarse que la información que ofrece la oposición está sesgada; pero en la web pueden consultarse el 81% de las actas electorales. Actas como ésta que comparto aquí. Cualquiera puede entrar y obtener todas las que quiera.

A lo anterior hay que añadir que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), sin publicar actas ni detallar resultados, pocas horas después de cerrarse los colegios, proclamó como vencedor a Maduro, sin atender a las informaciones y datos que indicaban que el resultado era otro.

Hasta hoy, el CNE no ha mostrado las actas de las elecciones. Transcurridos cinco días ya, y habiendo ofrecido la oposición las actas digitalizadas que comentaba antes, la única conclusión posible es que la victoria en las elecciones, pese a las trabas y desventajas que señalaba el centro Carter, ha sido para la oposición y que el CNE ha mentido abiertamente al dar como vencedor a Maduro. Este es un hecho que nadie pueda negar.

La comunidad internacional, sin embargo, se ha mostrado dubitativa ante el proceso. Pese a la evidencia del fraude, varios países aún insisten en pedir al CNE que muestre las actas electorales; cuando es obvio que a estas alturas esa exigencia carece de sentido ante un organismo absolutamente deslegitimado por su fraudulenta proclamación de Maduro el mismo domingo. En ese sentido, es preciso destacar positivamente la declaración de Estados Unidos en el sentido de que considera vencedor de las elecciones a Edmundo González, el candidato de la oposición.

Ante su derrota, el régimen de Maduro ha reaccionado con violencia. Tras la fraudulenta proclamación del CNE, Maduro ha amenazado a la oposición, tal y como puede verse en este vídeo.

Y ya han comenzado las detenciones irregulares de miembros de la oposición.

Y patrullas pro-Maduro han intentado rodear la embajada de Argentina en Venezuela, donde se encuentran miembros de la oposición venezolana

Los objetivos principales de Maduro son Edmundo González, candidato de la oposición y vencedor en las elecciones del pasado domingo

Y María Corina Machado, líder de la oposición; pero a quien no se le permitió inscribirse como candidata presidencia (lo que explica su apoyo a Edmundo González como candidato de la oposición).

Machado participó en las protestas que siguieron a la jornada electoral, reclamando que se respetara la voluntad manifestada en las urnas. Aquí puede vérsela dirigiéndose a los antidisturbios desplazados a una de esas protestas.

Rechazó el asilo que le ofrecía Costa Rica y sigue en Venezuela, aunque ha limitado su exposición pública como consecuencia de las amenazas de Maduro. Aun así, ha convocado movilizaciones para este sábado exigiendo que se respete el resultado de las elecciones.

A estas alturas la situación es clara: no hay dudas de que la oposición ganó las elecciones del pasado domingo; pero el régimen de Maduro ha decidido desatender a dicho resultado y mantenerse en el poder por medio de la violencia y la amenaza. Veremos si en Venezuela son suficientes los que deciden dar el paso de protestar hasta convertir la situación en insostenible para Maduro. Por desgracia, sin embargo, la violencia ya ha comenzado y no sería extraño que aumentara; porque quien pretende usar la fuerza, tan solo por la fuerza podrá ser vencido; esto es, la posición que adopten la policía y el ejército será fundamental en los próximos días.

Desde España  no podemos permanecer indiferentes a lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela es un país con vínculos estrechos con España desde siempre, ¿quién no conoce a alguien que tenga algún familiar que hubiera emigrado a Venezuela? Yo mismo los tengo. Además, ahora, y como consecuencia de la diáspora que provocó el chavismo, cientos de miles de venezolanos viven en España.

Aparte de lo anterior, la política de Venezuela y la española están conectadas. Todos recordamos, por ejemplo, el escándalo de un ministro del gobierno de España recibiendo a un alto cargo del gobierno de Maduro que no tenía permitida la entrada en la UE.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de España entre los años 2004 y 2011, antiguo secretario general del PSOE y colaborador de Pedro Sánchez tiene estrechos contactos con Maduro y ha actuado como facilitador suyo en la UE.

Y, como se había indicado un poco más arriba, ha actuado como legitimador de las elecciones del pasado domingo.

Más grave todavía que lo anterior, es la legitimación del fraude electoral por parte de algunas fuerzas políticas españolas. Así, Izquierda Unida, que forma parte de la coalición de gobierno Sumar, pidió que la oposición diera por ganador a Maduro (no empleo el verbo "reconocer" porque solamente se puede reconocer lo que existe y, como hemos visto, no hay tal victoria de Maduro).

Lo mismo ha hecho Bildu, entre otros

Causa una enorme indignación este reconocimiento de lo que es una evidente falsedad, y más cuando ya ha comenzado a intentar imponerse la mentira mediante la violencia y la amenaza, como hemos visto.

Ante esta situación lo que corresponde hacer es reconocer la victoria de Edmundo González y exigir una pacífica transición. Obviamente, un estado extranjero no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro; pero sí cabe denunciar los actos violentos y las amenazas contra la oposición, exigir el respeto de la democracia y estudiar la puesta en marcha de sanciones en caso de que no se permita a la oposición acceder al poder.

Por otra parte, creo que deberían adoptarse medidas respecto a quienes desde España apoyan el abiertamente criminal régimen de Maduro. Que un antiguo presidente del gobierno español haya participado en la farsa que es la proclamación de Maduro como vencedor, pese a las pruebas irrefutables de su derrota no puede sernos ajeno. En Venezuela se amenaza a quienes han ganado las elecciones, hay desaparecidos y ya ha habido muertos entre quienes se manifestaban para exigir el respeto a los resultados electorales. En la medida en la que la jurisdicción española pueda operar, ha de proteger los derechos fundamentales vulnerados e investigar a quienes participan en su vulneración, aunque sea en el extranjero, si se dan las condiciones para ejercer la extraterritorialidad penal.

Cuando se asiste a una injusticia palmaria, a una mentira evidente, a la amenaza y violencia contra quienes han vencido en las elecciones; no queda más que apoyar sin reservas a las víctimas de esa amenaza que, a la vez, son depositarios de las esperanzas de millones de venezolanos, tanto en Venezuela como fuera de ese país. Todo mi apoyo.

Por desgracia, siempre hay motivos para recuperar las palabras con las que concluyo. En este caso, en homenaje a los que defienden la democracia en Venezuela. Que tengan suerte en su propósito y se consiga un país en paz, justicia, libertad y prosperidad.

Libre

Si la muerte llega ahora,

si libre entregas tu sangre y tu luz,

si dejas que la ola el pecho quiebre,

si te abandonas,

si las palmas de las manos ofreces,

si no temes la soga ni el puñal...

nadie por ti vendrá.

Los ojos vivos, la carne que tiembla

mientras aguarda la sombra que llega

y tu rostro comienza ya a tocar.

Ver más allá del final

la brisa entre las hojas,

las conversaciones plácidas,

jóvenes que caminan descuidados,

piel que brilla en el claro atardecer.

Gozar más allá de la oscuridad

sonrisas y amores, suaves caricias

que ya no sentirás.

Si cambias el temor de este instante

por vidas sin violencia ni injusticia

que otros -desconocidos- tendrán;

si hoy la muerte aceptas

sin reproches ni esperanzas, confiando

sí

que algún día la hierba crecerá,

cubrirá las piedras ensangrentadas,

verdearán las rocas arrojadas

y nadie entonces ya recordará

este dolor fatal.

Confiando, sí

que esta noche a punto de llegar

sueño será, oscuro y frío, mortal;

pero sueño al fin, sueño del que alguien,

-otro- despertará.

Confiando, sí

en la mañana en que el niño o la joven,

la mujer o el anciano,

serenos y tranquilos, aburridos quizás,

ignoren que la libertad que tienen,

la seguridad, la prosperidad

aquí fueron ganadas,

la tarde en que supiste

que esa mañana que no verás

más importa que la vida que pierdes,

que el recuerdo y la memoria

que contigo desaparecerán.

Si estas cosas haces,

un beso -el mío- en la frente, al morir,

recibirás.

El Decreto de imposición lingüística, suspendido

El pasado 14 de mayo, el gobierno de la Generalitat aprobaba un decreto que tenía como finalidad excluir al castellano como lengua de la escuela en Cataluña. Su artículo 16 era muy claro:

 

"Art. 16

El catalán como lengua oficial de la Administración educativa

1. El catalán, como lengua propia de Cataluña y lengua propia de la enseñanza, lo es también de la Administración educativa. El aranés disfruta de esta condición en Arán.

2. La Administración educativa de Cataluña y los centros deben emplear el catalán tanto en sus relaciones internas como en las que mantengan entre sí, con las administraciones públicas del resto del dominio lingüístico catalán y con sus entes públicos dependientes. El catalán será también la lengua de uso normal para la prestación de servicios contratados por el Departamento" (negritas añadidas)

 

Esta exclusión del español como lengua de la institución educativa se iba concretando en cada una de las materias reguladas por el Decreto. Por supuesto, la enseñanza debería impartirse en catalán (art. 6.1); pero es que también esa debía ser la lengua utilizada en las comunicaciones con las familias (art. 6.2), en los exámenes (art. 6.4) y en la rotulación de los centros (art. 6.7). También sería en catalán la acogida de los alumnos que se incorporaran al sistema educativo (art. 10); llegando al punto de exigir la utilización del catalán también en las comunicaciones informales que desarrollen los docentes (art. 6.1). También ha de ser el catalán (o en aranés en Arán) la lengua que se utilice en las actividades de proyección externa del centro (art. 14).

 

El castellano es oficial en Cataluña y, por tanto, no puede recibir el tratamiento de una lengua extranjera a efectos educativos. El español no solamente es una lengua que hay que enseñar en las escuelas, sino que tiene que considerarse como una lengua propia. Es, además, la lengua mayoritaria entre los catalanes; pese a lo mucho que eso molesta a los nacionalistas.

 

La exclusión del castellano es inconstitucional y supone una vulneración de derechos, implica consagrar la escuela como una herramienta de construcción nacional y utilizarla no para que los alumnos obtengan la mejor formación posible, sino para extender el uso del catalán entre aquellos que todavía emplean el castellano (véase el art. 6.5 del decreto: "Los centros educativos deben analizar los usos lingüísticos y la exposición de su alumnado a las diferentes lenguas del entorno para impulsar el conocimiento de la lengua catalana o del aranés en Aran, favorecer el uso entre todo aquel alumnado que tiene limitado el acceso por razón de su contexto sociolingüístico e impulsar las medidas necesarias para compensar las carencias en catalán o aranés".

El decreto es, llanamente, un insulto para todos los catalanes que defienden que las dos lenguas del conjunto de catalanes son el castellano y el catalán; y que ambas han de ser conocidas y apreciadas; que ambas nos identifican (junto con el aranés) y que ambas han de ser utilizadas con normalidad por la administración y la escuela. Una escuela bilingüe para una región bilingüe, que es lo que defiende la Asamblea por Una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB).

Y es por eso que la AEB ha llevado a los tribunales el Decreto de la Generalitat 91/2024 de 14 de mayo. Hace unas semanas presentó un recurso en tutela de derechos fundamentales alegando que el Decreto vulneraba los derechos lingüísticos de los alumnos, y que la vulneración era tan grave que se hacía preciso adoptar la medida cautelar de suspensión del mismo con el fin de no perjudicar tales derechos durante la tramitación del recurso.

Lo ha tenido que hacer la AEB porque el Gobierno de España está a otras cosas y, por supuesto, no iba a mancharse las manos con un caso así.

Hoy hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a la AEB en la solicitud de medidas cautelares y ha suspendido la aplicación del Decreto.

Lo exigible, de acuerdo con los estándares europeos del Estado de Derecho, sería que la Generalitat respetase la decisión judicial. Por supuesto, está en su derecho de recurrirla; pero no puede cuestionar el criterio de los tribunales y, menos aún, descalificarlos. Lo he repetido muchas veces, pero lo haré una más: de acuerdo con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 2010, el poder legislativo y ejecutivo, cuando comenten las decisiones judiciales han de hacerlo de manera tal que no ponga en riesgo la confianza de la opinión pública en los jueces

Con lo que nos hemos encontrado, sin embargo, es con esto:

Para la Consejera estamos ante jueces que se extralimitan y admite con naturalidad que el poder legislativo y ejecutivo había adoptado normas para hacer frente a sentencias judiciales en las que se adoptan ideas "peregrinas"; en concreto, aquella decisión que estableció que al menos una cuarta parte de las materias tenían que impartirse en cada una de las lenguas oficiales.

La Consejera, además, carga también contra la AEB; una entidad de la sociedad civil; y se queja de que los jueces le hagan caso en vez de atender a lo que ella califica como consenso social y político mayoritario.

¿No tiene todo esto un tufo totalitario que debería repugnar? El gobierno debe encajar las derrotas judiciales con espíritu constructivo y, en su caso, intentar buscar consensos efectivos que, en ningún caso pueden pasar por la vulneración de derechos individuales y que, además, exigen escuchar a todos; en vez de quitar de en medio con desdén las opiniones que, según la Consejera, no se acomodan al "consenso social y político mayoritario".

Y cuando hablo de vulneración de derechos no es un recurso retórico. El procedimiento iniciado por la AEB es el específico para la tutela de los derechos fundamentales, y si se solicitó y ha sido concedida la medida cautelar de suspensión de la vigencia del Decreto en tanto se resuelve sobre el fondo, es porque se aprecia que existen visos de vulneración de derechos fundamentales de los alumnos catalanes (en la fase en la que nos encontramos no es posible más que un pronunciamiento provisional del Tribunal).

Hasta aquí, lo jurídico; pero me gustaría ir más allá. El Decreto de la Generalitat, el recurso de la AEB, la suspensión del decreto y muchas más cosas se insertan en un debate profundo que ha de ser explicitado.

Cataluña es una sociedad en la que hay dos lenguas: el castellano y el catalán. El aranés también es oficial, pero tiene unos pocos miles de hablantes que se localizan en una sola comarca del Principado. Catalán y castellano, sin embargo, son lenguas conocidas por prácticamente todos los catalanes y que muchos pueden usar indistintamente. Cataluña es una región bilingüe en la que la convivencia de catalán y castellano es lo normal.

Los nacionalistas catalanes, en cambio, lo que pretenden es una Cataluña donde la lengua preferente sea el catalán, de manera que en aquellos ámbitos controlados por el nacionalismo (la Generalitat, muchos ayuntamientos, el sistema educativo...) el castellano recibe el tratamiento de una lengua extranjera. Es una lengua que está ahí, pero que no tiene reconocimiento oficial.

Lo anterior no es una simple anécdota. A los niños en la escuela se les transmite que la lengua "normal" es el catalán (y no el castellano); que la lengua de Cataluña es el catalán (y no el castellano) y que ha de extenderse el uso del catalán (lo que implica la disminución del uso del castellano). Esta es la formulación de lo que la Consejera de Educación llama "consenso social".

Frente a esta imposición del catalán, todavía algunos defendemos lo que explicaba tres párrafos más arriba: catalán y castellano han de ser utilizados con normalidad y de acuerdo con las preferencias de cada uno, sin imponer desde el poder o desde la escuela una de las dos lenguas en detrimento de la otra. Esta es la línea en la que está la AEB, en la que está Impulso Ciudadano y en la que estoy yo mismo.

Defendemos el planteamiento anterior con pocos medios (prácticamente ninguno), tan solo espoleados por la convicción de que dejarse abandonar en los brazos del nacionalismo no es solución; pero sin contar con el apoyo del gobierno y, es más, muchas veces haciendo frente a la oposición expresa del gobierno de España.

Por cierto, en este caso que nos ocupa, no solo la Generalitat, sino también la Fiscalía se han opuesto a la petición de la AEB. Afortunadamente, en esta ocasión el Tribunal nos ha dado la razón (no pasa siempre, pero nosotros, a diferencia de lo que hace el gobierno de la Generalitat, somos moderados en las críticas a los tribunales cuando no nos dan la razón; y eso que sobre nosotros, particulares o asociaciones, no pesan los límites que el Consejo de Europa fija tan solo para quien ejerce el poder legislativo o el ejecutivo). Ahora bien, como digo, también la Fiscalía se ha opuesto a la adopción de la medida cautelar solicitada. Pero, bueno, ya se sabe, la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso

Ahora se dirá que la AEB lo que quiere es acabar con el catalán. Es falso, por supuesto. Lo que defiende la AEB es que la escuela tenga como lenguas el catalán y el castellano; ambas. Son quienes tenemos enfrente los que quieren excluir una de ellas; y eso con la complicidad de los socialistas y del gobierno de España.