No se trata de que no pase, sino de que no pueda pasar

No deja de sorprenderme la facilidad con la que se asume con naturalidad que no hay alternativa al soborno permanente al nacionalismo si se quiere evitar otro 2017.

Tras la crisis más grave de la democracia, que ocasionó un enorme coste social y político, además de comprometer la posición internacional de España, se da por bueno que la táctica de Sánchez; consistente en dejar hacer al nacionalismo en Cataluña (ley Celáa para favorecer la inmersión lingüística, ausencia de actuaciones contra los ayuntamientos que exhiben símbolos partidistas, desamparo de los constitucionalista que sufren agresiones o privación de derechos...) a cambio de que renuncien a volver a intentar lo que padecimos hace cuatro años. De esta manera algunos están satisfechos pues calculan que no habrá un nuevo intento de derogación de la Constitución en Cataluña.

En definitiva, están satisfechos porque Pedro Sánchez ha conseguido que, al menos de momento, no se haya repetido el ataque contra la Constutición que sufrimos en 2017 y miran para otro lado ante el constante incumplimiento de la legalidad y vulneración de derechos que se sufre en Cataluña.

Para mí es una perspectiva equivocada.

Tras esa gravísima crísis lo razonable hubiera sido analizar cómo pudo suceder; qué es lo que falló en nuestra arquitectura constitucional para que las autoridades de una Comunidad Autónomas se colocaran en disposición de causar el daño que causaron al conjutno del país. Ese análsis está por hacer.

A partir de aquí lo que debería intentarse es poner los medios necesarios no para que no se repita lo sucedido, sino para que sea imposible que se repita.

La diferencia puede parecer sutil, pero tiene su importancia. No es lo mismo intentar que algo no suceda que poner los medios para hacer imposible que suceda. Existen muchos ejemplos: así se pueden realizar campañas para concienciar sobre lo negativo que es secuestrar aviones (intentar impedir que se produzcan); pero, a la vez, se practican controles al pasaje antes de subir al avión para evitar que puedan transportar armas que pudieran ser utilizadas para secuestrar el aparato (poner los medios para impedir que suceda).

Las medidas anteriores no son incompatibles entre sí; es decir, no hay nada que impida que, a la vez que se ponen los medios para impedir que se introduzcan armas en el avión, se realicen campañas de disuasión o concienzación; pero sería absurdo limitarse a estas últimas y descuidar completamente las primeras. Imaginémos una prisión llena de advertencias sobre las consecuencias del quebrantamiento de condena, pero en el que todas las puertas estuvieran abiertas. Estaría en manos de los reclusos cumplir con su obligación de permanecer en el recinto penitenciario en tanto en cuanto no cumplieran su pena. Quizás algunos lo hicieran voluntariamente una vez que hubieran llegado a la conclusión de que romper dicha condena, arriesgándose a otra sanción carecería de sentido; pero lo cierto es que las prisiones siguen teniendo puertas cerradas y altas vallas; no fuera a ser que el convencimiento no resultara suficiente.

Yendo a un ejemplo un poco más amable; podríamos conformarnos con intentar convencer a las autoridades públicas que contrataran siempre a quienes ofrecen un mejor servicio a un precio más económico; pero se entiende que esto no es suficiente: se hace necesario regular la contratación pública con una serie de requisitos y contrapesos que hagan imposible que quien tienen la capacidad de contratar la utilice para beneficiarse él o quienes están próximos a él.

¿Por qué, sin embargo, en lo que se refiere al desafío nacionalista se renuncia a establecer las medidas que convertirían en imposible que las autoridades autonómicas comprometiesen los intereses generales del Estado y nos conformamos, como decía, con un soborno a plazos a los nacionalistas que consiste, además, en el abandono de los constitucionalistas catalanes?

Hay, por supuesto, una parte de cálculo político en esta táctica orientada a eludir la adopción de medidas que garantizaran la seguridad de todos a través de mecanismos que impidieran que pudiera repetirse un nuevo desafío como el vivido hace cuatro años; pero me parece que también hay una parte de pereza intelectual y de torpeza en el análisis; una torpeza que impide percibir en toda su dimensión la gravedad del peligro y una pereza que paraliza el estudio y la puesta en marca de las reformas de calado que podrían evitar que en el futuro se repitiera el intento de derogación de la Constitución que vivimos en septiembre y octubre de 2017.

Y aún podría especularse con que no es del todo inconveniente -desde la perspectiva de algunos- que los nacionalistas conserven todos los instrumentos con los que contaban en 2017. Si esos instrumentos no son usados contra un gobierno socialista, su mera presencia será un elemento paralizador para un gobierno alternativo. Tal y como comentaba hace unas semanas, la historia nos muestra que la alinza entre la izquierda y los nacionalismos es ya larga y se ha mostrado resistente a cambios coyunturales. Esa alianza podría ser especialmente útil en un futuro cercano, ofreciendo a los socialistas varias posibilidades de actuación en el caso de que fueran derrotados en las urnas.

Sea como fuere, lo cierto es que, como mostraba al principio. Muchos parecen satisfechos con la situación actual, en la que el gobierno de una Comunidad Autónoma conserva la capacidad de desafiar al estado en el momento que tenga por oportuno.

Desde mi perspectiva, esta situación es insatisfactoria. No deberíamos calcular cuántos derechos hay que sacrificar al nacionalismo para que este se mantenga apaciguado, sino que deberíamos estar ocupados en poner fin a su amenaza.

Soy conciente, sin embargo, de que es una batalla casi con toda seguridad perdida: la mayoría de mis conciudadanos parece que prefieren nuestra sumisión al nacionalismo que la construcción de una comunidad donde todos gozaran de los mismos derechos.