Ángel Manuel Hernández, policía nacional, resultó herido en el brazo por una pedrada el 18 de octubre de 2019 en Barcelona. Como resultas de aquella herida ha perdido movilidad en el brazo por lo que fue declarado incapaz para el servicio y jubilado. Ese mismo día, otro policía, Iván Álvarez Faginas, fue herido en la cabeza y como consecuencia de ello tiene secuelas que permanecerán toda la vida.
Tras la ley de impunidad (amnistía), ningún reproche penal cabrá hacer a quien hirió e incapacitó a estos dos policías. Ningún problema habría para que los autores de los ataques -que no han sido detenidos- hicieran pública su participación en los incidentes que causaron esos daños y que sumieron a Cataluña, especialmente a Barcelona, en el caos durante días.
El 23 de febrero de 2022, jóvenes estudiantes del colectivo S'ha Acabat! fueron rodeados, acosados y atacados en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Al final, por la fuerza, fueron expulsados del campus.
Los hechos están siendo investigados judicialmente en estos momentos. Si se aprueba la ley de impunidad (amnistía), esa investigación deberá cesar y ningún reproche jurídico cabrá hacer a quienes impidieron a otros expresar pacíficamente sus ideas, a quienes les rodearon y acabaron echando por la fuerza de un lugar, el campus universitario, que es de todos.
El 6 de octubre de 2021 otra carpa de S'ha Acabat!, en esta ocasión, en la UAB, fue atacada y destrozada. Fuimos zarandeados y algunos acabamos arrastrados por el suelo. Estos ataques están siendo ahora investigados judicialmente, pero si se aprueba la ley de impunidad (amnistía) esas investigaciones deberán cesar y ningún reproche podrá hacerse a quienes nos agredieron.
En septiembre de 2017, algunos comprobamos que nuestros datos personales habían sido incluidos, sin nuestro consentimiento, en el censo ilegal que se había preparado para el referéndum del 1 de octubre.
La utilización por una autoridad pública de datos personales al margen del consentimiento de su titular y para fines ilegales puede tener transcendencia penal. Actualmente se están investigando las denuncias que en su día planteamos en relación a esta utilización ilegal de nuestros datos personales. Si se aprueba la ley de impunidad (amnistía) esas investigaciones deberán cesar.
Porque lo que se denomina ley de amnistía es, en realidad, una ley de impunidad, una norma que establecerá que los nacionalistas -pero solo los nacionalistas- podrán actuar al margen de la ley sin que eso tenga consecuencias para ellos. De esta forma, las vulneraciones de derechos que ya se han producido, los atentados a la legalidad y a la democracia que han protagonizado quedarán sanados; de tal forma que las víctimas de aquellos actos quedarán deslegitimadas, doblemente victimizadas, puesto que el legislador de su propio país les estará trasladando que los atropellos que sufrieron estaban hasta tal punto justificados que no es posible actuar contra ellos. El siguiente paso será el exigir responsabilidades por las actuaciones que algunos desarrollamos a fin de impedir que aquellos a los que ahora se les da la razón se salieran con la suya. Quizás sea la próxima petición que deba atender Sánchez.
Lo anterior es de una enorme gravedad, y ya no solo porque, como se ha dicho, supone una enmienda al pacto constitucional; ni porque implica la quiebra de varios principios democráticos esenciales (separación de poderes, derecho a la tutela judicial, igualdad ante la ley...) sino porque rompe el delicado equilibrio que hasta ahora se había mantenido en Cataluña. Me explico.
Cataluña es una sociedad dividida. Se apreció con mucha claridad en 2017. Con diferencia de días, las mismas calles se llenaban con centenares de miles de manifestantes que pedían la secesión y por otros tantos que exigían la continuidad de Cataluña en España.
En una sociedad en la que se vive esta división y en la que, por tanto, los consensos están rotos, lo único que permite mantener la convivencia es el respeto a la ley. Por eso insisto tanto en lo dañino que resulta que los poderes públicos alardeen de no cumplir las leyes y las sentencias. Si los ciudadanos que no comparten los planteamientos políticos de la autoridad no pueden confiar en que quien gobierna la administración ajustará su comportamiento a la ley, la sensación de inseguridad es angustiosa en sentido literal, no metafórico.
Durante estos años, sin embargo, los defensores del Estado de Derecho, de la continuidad de Cataluña en España y de la vigencia de la Constitución contábamos con el apoyo de la ley. Incluso aunque los dirigentes de la Generalitat la desconocieran, incluso aunque se produjeran abusos, incluso en aquellos casos en los que se nos atacaba ante la policía sin que esta interviniera, teníamos la confianza de que, en alguna forma, se acabaría reconociendo que estábamos en el lado correcto de la historia, tal y como escribió en su día Enric Millo.
La impunidad (a la que insisten en llamar amnistía) supone quitarnos eso también. Una amnistía implica que el legislador dobla la cerviz ante quien le desafió y le reconoce sus razones. Y eso, además, sin que se haya producido ninguna renuncia a volver a actuar contra la Constitución, cuando se siguen vulnerando los derechos de quienes discrepan del nacionalismo y cuando quienes se enfrentan a dicho nacionalismo continúan sin tener ningún reconocimiento. Un reconocimiento que se vuelve imposible una vez que la ley de amnistía sanciona que en los hechos que acaecieron desde 2014 (la fecha en la que parece que quieren fijar el inicio de la impunidad) quienes llevaban la razón eran quienes desafiaban a la Constitución y a los tribunales, quienes amenazaban y malversaban, quienes quemaban y destrozaban; y no quienes se les oponían.
Hace ya tiempo creo que era Fernando Savater quien, ante la pregunta de qué es lo que habían dado los socialistas a los nacionalistas (¡qué tiempos! ¡qué larga tendría que ser ahora la respuesta a esa pregunta!) contestó: "les han dado lo más importante. Les han dado la razón".
La amnistía es la consagración de ese darles la razón. Los victimarios salen triunfantes, las víctimas se invisibilizan y, por tanto, ya poco tiene sentido. Sin consensos y sin ley tan solo una lección queda: poco importa lo que hagas si al final consigues tu propósito. Si todos se aplicaran ese principio ¿qué sociedad es la que nos espera?
Es por eso que no creo excesivamente útil entrar ahora en el debate sobre si la Constitución permite o no la amnistía. ¿Qué más dará ya cuando lo que se hace es legitimar a quienes dicen abiertamente que no reconocen autoridad alguna a la Constitución y anuncian que la desobedecerán en cuanto tengan ocasión? ¿Qué más dará si cualquier pronunciamiento relevante sobre este extremo no se dará más que tras varios años en el marco de una decisión del Tribunal Constitucional?
El tema no es la constitucionalidad o no de la ley de impunidad (amnistía); el tema es qué razones la justifican.
Y no pregunto por las razones que la explican. Ahí se podrá decir que es que Pedro Sánchez lo necesita para gobernar y les dará lo que pidan los nacionalistas. Más o menos eso es lo que venía a admitir el presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, hoy mismo en Onda Cero
Podría ser, aunque no lo comparto completamente. No creo que haya únicamente razones de oportunidad, sino que también hay una coincidencia estructural entre las políticas socialistas y nacionalistas; pero, como digo, no quiero entrar en esto porque lo que me preocupa no son las razones que explican la ley de impunidad, sino las que la justifican; esto es, las que se tendrán que incluir en la exposición de motivos de la ley.
Y ahí tan solo es posible una respuesta: una concesión de impunidad a los nacionalistas que no va acompañada de la renuncia a la secesión ni del compromiso de cumplir la ley y las decisiones judiciales ni de ninguna concesión (NINGUNA) a las demandas de los constitucionalistas catalanes tan solo puede justificarse porque se entiende que los que delinquieron lo hicieron justificadamente.
Tan solo puede justificarse la impunidad porque el legislador entiende que:
- dejar lisiados de por vida a policías,
- usar la violencia contra las asociaciones juveniles constitucionalistas,
- atacar los medios de comunicación que no se alinean con el nacionalismo (ataque de Arran a Crónica Global hace unos años),
- levantar barricadas,
- oponerse a la policía,
- desobedecer órdenes judiciales,
- conspirar para derogar la Constitución en Cataluña,
- llegar a acuerdos con agentes extranjeros para apoyar la secesión,
- utilizar de manera ilegal los datos personales de los catalanes,
- malversar dinero público o
- coaccionar a los funcionarios judiciales
eran acciones justificadas.
En los indultos lo anterior estaba implícito; en la ley de impunidad ya será explícito.
Ante esto, queridos conciudadanos, tenemos que oponernos con los medios de los que dispongamos. Todos somos responsables de hacer lo que esté en nuestra mano.
Y si me permitís, quienes tienen una mayor responsabilidad en este sentido son los socialistas, puesto que sé que muchos en privado manifiestan su crítica a estas medidas.
Pues bien, queridos amigos, ahora es el momento de hacerlo en público. Si no lo hacéis ahora ¿para cuándo lo dejáis?
Y a los demás, creedme, es el momento de hacer política de verdad. Y la política de verdad empieza donde acaba la política de partido.
