Libre

lunes, 29 de abril de 2019

Pasar página

En democracia hay una verdad absoluta: los resultados electorales. La imagen que tenemos tras unas elecciones es un dogma que no puede discutirse y sobre el que hay que partir. Tenemos que asumir que los electores no se equivocan y analizar los resultados en esa clave.



¿Qué es lo que nos dicen los resultados de ayer? Muchas cosas, por supuesto; pero me fijaré en una de las claves que ha sido especialmente relevante durante la campaña: Cataluña. ¿Qué nos dicen estos resultados sobre la evolución de la crisis abierta en Cataluña?



El gran debate de los últimos años ha sido la independencia. En estas elecciones los partidos independentistas han alcanzado un 39,38% (ERC, JXCAT, Front Republicà). Menos del 40% de los votantes han optado por partidos independentistas, un número muy por debajo de lo mínimo exigible para poder legitimar una demanda de secesión.
El otro gran debate es el denominado "derecho a decidir"; esto es, la propuesta de que se realice en Cataluña un referéndum de autodeterminación. Según los nacionalistas, un 80% de los catalanes apoyan esta opción, la celebración del referéndum; pero estas últimas elecciones no arrojan este resultado. Si a los independentistas les sumamos los votos obtenidos por ECP-Guanyem el Canvi, que sí defiende la autodeterminación, el resultado final es que tan solo un 54,27% de los votantes están por la celebración de dicho referéndum. La pretensión de que una amplia mayoría de la sociedad catalana quiere pronunciarse sobre la secesión no se sostiene.
El resultado de lo anterior es que el gran debate del último lustro, la secesión de Cataluña, puede darse por finiquitado. Es seguro que se volverá a plantear en unos años; pero el envite iniciado en 2012 (o, quizás, en 2003) ha concluido. El escenario ahora es otro.
Lo anterior es una buena noticia para quienes nos oponemos a la secesión; pero hay otra dimensión que debería preocuparnos.
La secesión y la autodeterminación no agotan los problemas que se viven en Cataluña. Desde hace años se ha hecho evidente que vivimos un déficit democrático y una quiebra del Estado de Derecho. Aplastamiento de los derechos de las familias que reclaman una mínima presencia del castellano en las escuelas, tolerancia del adoctrinamiento en los centros educativos, incumplimiento de resoluciones judiciales y de la administración electoral, acoso a los constitucionalistas, vulneraciones de derechos como el de no ser discriminados, libertad de expresión y de opinión... En relación a este tema hay dos posturas: quienes denuncian estas vulneraciones y reclaman la recuperación del Estado de Derecho en Cataluña y quienes niegan la existencia de estos déficits democráticos. Es una contraposición que pude comprobar en primera persona cuando presenté en el Congreso de los Diputados el segundo informe sobre déficits democráticos en Cataluña en mayo de 2017


En estas elecciones quienes denuncian estas vulneraciones de derechos fundamentales han sido claramente superados por quienes mantienen que se ha de mirar para otro lado en relación a estos temas. Y eso ha pasado en el conjunto de España y aún con más claridad en Cataluña. Esto no creo que sean buenas noticias, pero es lo que hay. Seguramente ha sido culpa nuestra no haber explicado suficientemente bien a nuestros conciudadanos la gravedad de estas vulneraciones de derechos y la importancia que tiene reconducir la anómala situación que vivimos; pero el caso es que relativamente pocos han mostrado su solidaridad con nosotros en estos momentos difíciles. También es cierto que la pretensión de buscar la alianza de la extrema derecha ha perjudicado a los partidos que denuncian estos déficits haciéndolos, quizás, poco creíbles; pero el caso es que la imagen de la noche electoral del 28 de abril es la que es y ya no puede ser modificada.
Se trata de unos resultados que, por tanto, limitarán la posibilidad de defensa del Estado de Derecho a las actuaciones ante los tribunales, sin que podamos esperar que existan iniciativas políticas que favorezcan poner fin a las vulneraciones democráticas denunciadas. Son unos resultados que favorecerán el llegar a acuerdos con quienes han atentado recientemente contra el marco constitucional, aumentar las competencias autonómicas y que, además, darán legitimidad a los indultos que puedan concederse a quienes sean condenados por el golpe de septiembre y octubre de 2017. En definitiva, son unos resultados que apuestan por pasar página de los hechos recientes y volver a los usos y costumbres que nos han traído hasta aquí.
En fin, así sea. El pueblo nunca se equivoca. Pero somos muchos los que no renunciaremos a nuestros derechos y seguiremos defendiéndolos de la manera que mejor podamos. Estamos solos, y esa es una perspectiva estimulante, leía hace unas horas que escribía alguien citando a Churchill. Pienso lo mismo.

domingo, 28 de abril de 2019

Confusión y mentiras sobre la lengua en las escuelas de Cataluña

Adelanto aquí mi próxima publicación en Ataraxia. Se dedica a la lamentable manipulación -una más- que se ha ejercido sobre la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Educación de Cataluña. Esa sentencia no avala el ilegal e inconstitucional sistema de inmersión, sino que ratifica la doctrina constante del Tribunal Constitucional en la materia, aquella que declara que el castellano ha de ser lengua vehicular junto con el catalán. Esa doctrina que es desobedecida por el Gobierno de la Generalitat mientras el anterior gobierno, el del PP, miraba para otro lado y el Gobierno actual, el del PSOE, afirma de forma explícita que ese ilegal sistema es lo mejor que podría pasar



En los últimos días hemos sido sacudidos por una de las campañas más tramposas, miserables y vergonzosas de las que tengo recuerdo. La difusión de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 2019 sobre la ley de educación de Cataluña ha sido saludada por nacionalistas y otros partidos y grupos afines como “un aval” de la inmersión que se practica en las escuelas catalanas. Nada más falso, como veremos. Una mentira frontal y directa, desvergonzada; pero posible como consecuencia de una confusión, quizás interesada, que alcanza a políticos, periodistas, opinadores y a una gran parte de la ciudadanía. En las siguientes líneas intentaremos desenmarañar el hilo de la educación en Cataluña aclarando las distintas dimensiones de una cuestión de una cierta complejidad.
Lo primero que hemos de determinar es sobre qué estamos discutiendo y cuáles son las posturas enfrentadas. Lo primero es la concreción de las lenguas que se utilizarán como vehiculares en la enseñanza; lo segundo (las posturas enfrentadas) son las que se corresponden a quienes, por una parte, mantienen que esta lengua vehicular ha de ser únicamente el catalán; y, por otra parte, a quienes entienden que estas lenguas vehiculares han de ser el castellano y el catalán. Esto último, a su vez, puede ser objeto de algunos matices; pero no nos detendremos ahora en ellos. Sobre lo primero es necesario concretar qué es la lengua vehicular; un concepto que en gran medida coincide con el de lengua de aprendizaje y que se refiere a aquella lengua que es usada para enseñar y para las comunicaciones en la escuela y con las familias. Se diferencia así la lengua vehicular de las distintas lenguas que son enseñadas en la escuela y que no por el hecho de formar parte del currículo son lenguas vehiculares. La lengua vehicular no es la lengua que se enseña, sino la lengua “en” la que se enseña. Esto es, lo que determinará cuáles es o son la o las lenguas vehiculares no son los idiomas que se enseñan en la escuela, sino qué lenguas se utilizan para el aprendizaje de las materias no lingüísticas; esto es, en qué lenguas se estudian matemáticas, plástica, ciencias sociales o naturales.
Actualmente la práctica en las escuelas catalanas es la de que la única lengua vehicular sea el catalán; excepción hecha de la lengua de aprendizaje de la materia lengua castellana. En lo que se refiere a ésta puede utilizarse como lengua de aprendizaje el propio castellano que es enseñado; pero esta es la única excepción en la inmensa mayoría de las escuelas catalanas. De esta manera, la lengua en la que se realizan las comunicaciones con los niños y las familias, la que se utiliza para enseñar cualquier materia que no sea lengua castellana y la rotulación y documentos de los centros se hace exclusivamente en catalán.
Para una parte de la sociedad catalana esta situación es la correcta y deseable, mientras que otra parte considera que tanto el castellano como el catalán deberían ser lenguas vehiculares en la enseñanza. Como decía, no entraré en los detalles ya que para algunos el catalán y el castellano tendrían que tener el mismo peso; para otros el catalán debería asumir una presencia mayor que el castellano mientras que habría otros que preferirían que cada familia eligiera entre estudiar en catalán o en castellano. En cualquier caso; en todos estos supuestos nos encontraríamos con que no tendríamos una única lengua vehicular, sino dos (no entraré en el tema del aranés, la otra lengua oficial de Cataluña, baste aquí apuntar que en el Valle de Arán existen algunas particularidades derivadas de la oficialidad del aranés).
No entraremos en las razones de fondo que unos y otros utilizan para justificar o bien el monolingüismo en catalán o la presencia en la escuela tanto del catalán como del castellano. El propósito de esta contribución es tan solo determinar cuáles son los condicionantes legales de esta utilización de las lenguas en la escuela, qué es legalmente posible y qué está legalmente prohibido.
El punto de partida de este análisis es el art 3.1 de la Constitución, que establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado, así como que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. De este carácter oficial del castellano en toda España se deriva, tal como ha interpretado el Tribunal Constitucional, que existe el derecho a que la educación se reciba EN castellano. Esto es, en la escuela no solamente ha de haber clases de español, sino también en español. Esto lo estableció el TC ya en el año 1982, en su Sentencia 6/1982.



Y después en la Sentencia 337/1994



Así pues, es necesario que se reciba enseñanza EN castellano y no solo DE castellano; pero ¿cómo se convierte en eficaz esta obligación constitucional?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la competencia en materia educativa está repartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas; pero son estas últimas las que gestionan los centros educativos y disponen de unas amplias competencias para configurar el sistema educativo dentro de la Comunidad Autónoma. El Estado tiene competencias básicas en la materia y las ha utilizado, entre otras cosas, para establecer que en las Comunidades Autónomas con varias lenguas oficiales el castellano ha de ser también lengua vehicular y parte de las materias han de impartirse en casellano. Así se establece en la Disposición Adicional 38ª de la Ley Orgánica de Educación


Es relevante que la Generalitat de Cataluña no ha impugnado ante el Tribunal Constitucional esta exigencia de que una parte de la educación se imparta en castellano. Y no lo ha hecho porque, como digo, es claro que existe esta obligación constitucional de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza.
Ahora bien, esta obligación puede cumplirse de varias maneras. Así, la Comunidad Autónoma puede optar por ofrecer líneas diferenciadas, de tal modo que en algunas de ellas el castellano sea vehicular mientras que en otras no. En ese caso las familias elegirán en cuál de las líneas escolarizan a sus hijos. No es ésta, sin embargo, la única opción, también es posible que se ofrezca una única línea educativa, sin posibilidad de elección para las familias, pero en este caso esa línea ha de incluir necesariamente el castellano como lengua vehicular. Esto quedó claro en la STC 31/2010



En Cataluña el modelo legal es el de conjunción lingüística sin derecho de opción para las familias. Esto es, el castellano y el catalán son vehiculares y todos los alumnos están integrados en el mismo sistema y no separados en función de la lengua que elijan, porque, como se acaba de indicar, ese derecho de opción no existe. Así se establece en la Ley de Educación de Cataluña, específicamente en su artículo 11.



Es cierto que este artículo no menciona el castellano; pero, como toda norma en el ordenamiento jurídico, ha de interpretarse junto con el resto de normas relevantes y, especialmente, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución. De esta manera, la referencia que se hace en este precepto a que el catalán será la lengua “normalmente” utilizada como lengua vehicular no ha de entenderse como una exclusión del castellano. En este sentido es relevante que no se diga que el catalán es la “única” lengua vehicular, o que el catalán será utilizado “exclusivamente” como lengua de aprendizaje. El utilizar el adverbio “normalmente” en vez de “exclusivamente” permite una interpretación constitucionalmente conforme de acuerdo con la cual el castellano sería también lengua vehicular. Así lo han interpretado los tribunales que han conocido de reclamaciones en relación a la utilización de la lengua en las escuelas de Cataluña. Esta interpretación constitucionalmente conforme evita la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley de Educación de Cataluña.
La propia Generalitat asume esta interpretación conforme del precepto cuando afirma en las alegaciones que realiza en los procesos relativos a la presencia del castellano en la educación. En estos litigios la Generalitat afirma que el sistema legal en Cataluña es un sistema de conjunción lingüística en el que el catalán y el castellano son lenguas vehiculares. Así, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional en el caso que acabó con la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 2019. Veamos este fragmento de la Sentencia que recoge las alegaciones de la Generalitat:



Así pues, si consideramos tanto la Constitución como la Ley de Educación de Cataluña resulta que el sistema legal en Cataluña es uno de conjunción lingüística en el que tanto el catalán como el castellano son lenguas vehiculares. Esto no impide que el catalán sea utilizado en mayor medida que el castellano, pero éste no puede quedar limitado al papel de una lengua extranjera. Es decir, no solamente ha de impartirse clase de castellano, sino que el castellano tiene que ser también lengua de aprendizaje. Tal como han establecido los tribunales esto implica que no menos del 25% de la docencia ha de impartirse en esta lengua. Así, no solamente la materia lengua castellana tendrá que impartirse en castellano, sino al menos otra. Además, el castellano ha de ser utilizado en las comunicaciones de la comunidad educativa. Así lo establecen sistemáticamente los tribunales que conocen de las reclamaciones de las familias que exigen el cumplimiento de la ley en materia educativa.



Este es el sistema legal y obligado en Cataluña: el castellano ha de ser lengua vehicular, al menos otra asignatura, aparte de la de lengua castellana, ha de impartirse en castellano. El castellano ha de ser utilizado en las comunicaciones de la comunidad educativa y también ha de estar presente en la educación anterior a los seis años. La realidad, sin embargo, es que el castellano no es utilizado en las comunicaciones de la comunidad educativa ni en la rotulación de los centros. No tienen ninguna presencia en la etapa de 0 a 6 años y a partir de esa edad tan solo es vehicular en las clases de lengua castellana, tanto en educación primaria como en educación secundaria obligatoria y bachillerato. La única lengua vehicular, excepto en lengua castellana, es el catalán. A esto es a lo que se conoce como inmersión lingüística y, como hemos visto, no es el sistema legal en Cataluña, sino que responde a una práctica administrativa contra ley que los tribunales condenan sistemáticamente sin que sea modificada por la administración que pretende por la vía de hecho imponer uno de los elementos nucleares de su modelo nacionalista: un sistema escolar en el que el castellano ha sido expulsado como lengua de uso en la escuela situándose en el plano de una lengua extranjera. Como digo, esto es la inmersión y no es el sistema legal en Cataluña.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 2019 conoció del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley de Educación de Cataluña. El artículo clave en relación a la lengua en la escuela, el artículo 11, no era objeto de impugnación; así que el Tribunal Constitucional no tenía oportunidad de pronunciarse directamente sobre esta cuestión; pero sí que lo hace tangencialmente y, evidentemente, no en el sentido de “avalar la inmersión” como se ha dicho de manera mendaz; sino recordando la doctrina que había sentado anteriormente en el sentido de que el castellano ha de ser lengua vehicular junto con el catalán



Así pues, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 2019 sigue manteniéndose la ilegalidad e inconstitucionalidad del sistema educativo que se practica en Cataluña, en el que el castellano ni es lengua de comunicación en la comunidad educativa ni se encuentra presente en la educación entre los 0 y los 6 años y en el que su presencia entre los 6 y los 16 años es el propio de una lengua extranjera.
Y quienes en los últimos días han mentido afirmando lo que no dice la Sentencia deberían dar explicaciones y pedir disculpas.

viernes, 19 de abril de 2019

Consentimiento y delitos contra la libertad sexual en la propuesta del PSOE para las elecciones generales de abril de 2019



El PSOE propone una radical modificación de lo que en su programa califica como "delitos sexuales" (más propiamente, delitos contra la libertad sexual). La propuesta implica que el consentimiento de la mujer -no del hombre, una diferencia significativa- deberá siempre realizarse de una manera explícita "si una mujer no dice que sí, todo lo demás es. no". Esto es, cualquier relación sexual que no vaya precedida de un "sí" de la mujer será un delito de carácter sexual.
Del tenor literal de la propuesta se deriva que en el caso de la mujer el consentimiento que ha de prestarse para que las relaciones sexuales no sean delictivas ha de ser expreso y formal. De otra forma, además, no se aportaría nada sobre lo ya existente, pues ya ahora cualquier relación sexual no consentida supone la comisión de un delito por parte de quien mantiene la relación sin que la otra parte haya prestado consentimiento.
Parece que se excluirá de esta manera que pueda ser eficaz un consentimiento que no consista en la formulación expresa de una afirmación ("sí"). La relación sexual será delictiva si la mujer no ha accedido a  ella mediante una fórmula concreta. Se supone que la palabra exigida podrá ser emitida en cualquier idioma, y no necesariamente en castellano o en otro idioma oficial en España. Cualquier lengua debería ser admitida para que la mujer expresara su consentimiento al mantenimiento de relaciones sexuales y no creo razonable que pudiera llegarse a una solución diferente; solución que implicaría que tan solo unas lenguas y no otras serían aptas para la fórmula del consentimiento para el mantenimiento de relaciones sexuales. Ha de pensarse también en posibilidades diferentes al consentimiento oral, al menos para los casos de mujeres que no puedan hablar o no exista idioma común entre quienes participan en la relación sexual. Dada la formalidad del consentimiento requerido, sería necesario que las fórmulas alternativas a la expresión de un "sí" fueran también recogidas en la norma.
Aparte de lo anterior, forzosamente será necesario precisar algo más. La relación sexual no se agota en un instante, sino que se desarrolla durante un tiempo más o menos prolongado, en el curso del cual lo habitual es que se desarrollen distintas prácticas eróticas que pueden incluir besos, caricias y penetraciones, por detenernos tan solo en conceptos muy generales que luego pueden ser objeto de múltiples variantes.
No creo que la reforma pueda ser interpretada en el sentido de que basta un "sí" en el comienzo de la relación para que desaparezca la posibilidad de incurrir en un delito por falta de consentimiento durante la misma. Supondría un retroceso respecto a la situación actual que el "sí" formalizado al comienzo del encuentro sexual fuera ya suficiente. Es exigible que el consentimiento se mantenga durante toda la relación. Ahora bien, ¿se exigirá que a cada nueva concreción de la relación (cada beso, cada caricia) se emita un nuevo "sí" formal?. Sería deseable que en la redacción del tipo penal se aclarara este punto.
Sería, seguramente, razonable mantener que una vez prestado el primer "sí", luego ya no fuera necesario reiterarlo; pero pudiendo poner fin a la eficacia de ese consentimiento mediante una fórmula expresa (un "no", por ejemplo). Ahora bien, si esto no es aclarado en la regulación no puede descartarse la interpretación contraria.
Resulta más dudoso que una vez prestado un "sí" formal sea posible ya la revocación de dicho consentimiento por un medio que no sea expreso, bien el "no" mencionado antes, bien de otra forma igualmente clara. Una mera declaración implícita debería ser insuficiente para revocar la eficacia de un "sí" formal y expresamente emitido y no sería coherente con el rigor exigido al primer consentimiento. Piénsese en que una mera actitud pasiva, que actualmente podría implicar ya no consentimiento, tal como ha establecido alguna sentencia; sería imposible de mantener tras un primer "sí" formalmente expresado. De llegarse a esa solución resultaría que ese "sí" primero, seguido de, por ejemplo, una mera actitud pasiva podría implicar la comisión de un delito contra la libertad sexual, con lo que en la práctica sería necesario, tal como se adelantaba anteriormente, una permanente serie de asentimientos formales durante la práctica sexual para evitar incurrir en el tipo delictivo. Seguramente la jurisprudencia podría ir aquilatando estos extremos, pero no puede dejar de señalarse que se hará a costa de condenas severas en supuestos que podrían dar lugar a dudas, tal como estamos viendo; lo que quizás no sea excesivamente compatible con la lógica inherente al Derecho penal.
Así pues, desde una perspectiva sustancial, la reforma pretendida por el PSOE no debería implicar una modificación de la situación actual, en la que todo el desarrollo del intercambio sexual ha de realizarse con pleno consentimiento de todos los implicados, incurriéndose de otra forma en alguno de los delitos contra la libertad sexual que se prevén en nuestro Código Penal. Ahora bien, a lo anterior se añade la necesidad de que la mujer (no el hombre) deba realizar una declaración formal de asentimiento ("sí") con la duda de si tal declaración será necesaria en cada una de las fases del encuentro sexual o es suficiente conque dicha declaración formal se realice al inicio del mismo. Se plantea, sin embargo, la duda, de si existiendo esa declaración formal resultaría exigible para su revocación durante el desarrollo de la relación sexual alguna declaración formal o bastaría con una declaración implícita de desestimiento.
Los problemas, sin embargo, no se circunscriben a los aspectos sustanciales. Existen también algunas cuestiones relativas a la prueba, un tema siempre delicado en los delitos contra la libertad sexual.
En principio, y a partir del principio de presunción de inocencia, todos los elementos constitutivos del tipo penal deberán ser probados por la acusación, sin que corresponda al acusado probar su inocencia; pero dado que con la reforma que plantea el PSOE la declaración formal de conformidad es un elemento necesario para que la relación sexual no sea delictiva, resultaría necesario para la acusación probar la no formulación de dicha declaración; lo que implicaría una prueba negativa de por sí imposible. El resultado de lo anterior sería una inversión de la carga de la prueba que exigiría que quien ha mantenido una relación sexual con una mujer debería aportar prueba de la declaración formal de consentimiento para evitar la condena por un delito contra la libertad sexual; al menos -supongo- si existe algún otro indicio de que la declaración formal no fue realizada.
Ciertamente, la declaración de la mujer sería suficiente para probar la declaración. Repárese en la importancia de dicha declaración, porque dado que el requisito que convierte en lícita la relación sexual es la declaración y no el consentimiento un testimonio de la mujer en el sentido de que la relación fue consentida, pero sin que se hubiera producido un consentimiento formal (la expresión del "sí") se hubiera incurrido igualmente en la comisión del delito.
Por supuesto, si la declaración de la mujer es en el sentido de que el "sí" no se formuló existirían serios fundamentos para la condena; es por ello que sería conveniente documentar de alguna forma el consentimiento; y no solo para el caso de que la mujer pudiera declarar algo diferente de lo realmente sucedido; sino también para el caso de que por las razones que sean la mujer no puede declarar (fallecimiento, por ejemplo). Tal como se ha adelantado, con la reforma que propone el PSOE ya no se trata de probar que la relación no fue consentida, sino de la necesidad de probar que la declaración formal de reconocimiento se realizó, y en ausencia de una declaración en ese sentido de la mujer, y ante la presumible limitación en la fuerza probatoria de la declaración del acusado, quizás fuera conveniente, como digo, preconstituir prueba de dicha declaración formal a fin de evitar el riesgo de una acusación y condena por un delito contra la libertad sexual, pese a que la relación hubiera sido consentida.
Finalmente, llama la atención el que el consentimiento formal solamente se exija a la mujer y no al hombre. Pareciera que las razones que fueron utilizadas para penar de manera diferente ciertos delitos en función de si la víctima es una mujer y el agresor un hombre han sido proyectadas sobre esta propuesta. Como es sabido, se ha asumido que en ciertos delitos se manifiestan "las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" (artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, BOE, 29-XII-2004). Este planteamiento implica que en estos delitos las penas son más graves que en aquellos casos en los que o bien la víctima es un hombre o bien siendo una mujer el agresor es otra mujer; pues en estos casos no se manifiestan estas relaciones de poder y dominación.
Si esta es la razón de que en la propuesta del PSOE el consentimiento reforzado solamente deba ser prestado por la mujer, resultaría lógico limitar esta exigencia a aquellos casos en los que la relación sexual se mantiene con un hombre; de tal forma que no incurriría en delito contra la libertad sexual una mujer que mantuviera relaciones sexuales con otra mujer sin la mediación de este consentimiento formalmente realizado; cabe aventurar que incluso en aquellos supuestos en los que en la relación sexual también interviene uno o varios hombres las mujeres que participan no podrán ser acusadas de delitos contra la libertad sexual por el hecho de que alguna o alguna de ellas no hubieran manifestado formalmente su consentimiento.
No puede dejar de señalarse que la propuesta trasluce que esas relaciones de poder del hombre sobre la mujer afectan también al consentimiento de éstas, lo que supone un cambio significativo en las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a su capacidad para decidir y consentir. La exigencia del consentimiento formal de la mujer cuando mantiene relaciones sexuales parece indicar que también en este contexto su situación se encuentra "per se" en una situación de sometimiento que exige medidas relativas a la verificación de la realidad de su consentimiento.
Personalmente creo que este es un paso que debería ser cuidadosamente meditado antes de darse; pues una vez alcanzado el nivel del consentimiento en este ámbito no sería descabellado que tuviera un alcance más general, de tal manera que se introdujeran requisitos diferenciados para el consentimiento de hombres y mujeres en otros ámbitos; al menos en los casos en los que la relación se establece entre una mujer y un hombre.
Por último, no quisiera concluir estas breves reflexiones sin mencionar que la regulación tendrá como efecto convertir en ilegales todas aquellas relaciones sexuales con una mujer en las que ésta no hubiera dicho expresamente "sí". Ciertamente, la regulación penal no tiene carácter retroactivo más que en lo que sea favorable por lo que no podrá ser aplicada a supuestos anteriores a su entrada en vigor; pero causa cierto escalofrío pensar que tal regulación convertiría en delito todas aquellas relaciones en las que se mantuvieron relaciones sexuales consentidas pero sin pasar por el trámite de un "sí" formal expresado en castellano o en cualquier otra lengua. Recordemos, además, que según como sea implementada e interpretada dicha regulación el "sí" no deberá limitarse al inicio de la relación, sino reiterarse en cada una de las distintas fases y prácticas por las que pasa.
¿Es esto lo que queremos?

jueves, 11 de abril de 2019

UAB, 11 de abril de 2019



Me levanté dándole vueltas a lo que explicaría en el acto de las 13:00 en la UAB, organizado por S'ha acabat! sobre nacionalismos, populismos y Europa.


Preparé con cariño las notas, porque el tema me apasiona y admiro a los ponentes que me acompañaban. Me hacía ilusión participar en él.


Como ya he explicado, el pasado martes la carpa en que se publicitaba el acto fue boicoteada por los autodenominados antifascistas, auténticos totalitarios en realidad, que son instrumento de la estrategia nacionalista que pretende impedir que quienes discrepan de lo que se ha convertido en pensamiento oficial en Cataluña puedan expresarse en el espacio público. Pese a ese boicot, pensaba que el acto podría realizarse sin incidentes ya que imaginaba que tanto la Universidad como la policía tomarían las medidas adecuadas para garantizar la realización del mismo.
Me equivocaba.
Un poco después de las doce Julia Moreno, la vicepresidenta de S'ha acabat!, me llamó para decirme que estaba ocupado el acceso a la Sala Teatro de la UAB donde se iba a desarrollar el acto. Quedamos en vernos en la Plaza Cívica, al lado del edificio donde estaban previstas nuestras conferencias.
Cuando llegué Julia, Josep Lago, el presidente de S´ha acabat!, María Domingo y otros jóvenes de la entidad acompañaban a Maite Pagazaurtundúa, una de las ponentes. Juntos vimos que, efectivamente, las escaleras que daban acceso al teatro de la UAB estaban ocupados por un grupo que nos cortaba el paso.


Hablamos con seguridad de la UAB (los del chaleco amarillo que se ven sobre las escaleras) y les comentamos que para evitar conflictos estábamos dispuestos a desarrollar el acto en la Plaza Cívica, al aire libre. Para eso lo único que necesitábamos era que la UAB nos facilitara un micrófono y un altavoz, tal como suele hacer con todos los colectivos. La respuesta de seguridad es que ellos no tenían ningún micrófono, que su tarea se limitaba a cuestiones de seguridad, cuestiones que, por lo que se ve, no incluyen evitar que se vea impedido el derecho de los miembros de la comunidad universitaria a realizar los actos que se tienen programados.
Desesperado llamé a los números que tenía de la Rectora y de dos Vicerrectores. Tan solo uno me devolvió la llamada mediante un mensaje en el que me decía que estaba en la inauguración de no sé que congreso o seminario. Josep Lago, Julia Moreno y el resto de integrantes de S'ha acabat! realizaban gestiones para intentar encontrar una solución. Entretanto, los boicoteadores instalaban su propio equipo de sonido mientras nosotros dábamos vueltas viendo cómo podríamos realizar un acto que estábamos decididos a llevar a cabo.
Recurrimos a un contacto de la UAB, un chico que no sé que funciones desarrolla en el Vicerrectorado de Estudiantes -imagino que en el de Estudiantes-, pero que se presentaba como interlocutor ante la situación. Le planteamos nuestra alternativa: hacer el acto en la Cívica y nos dijo que las instrucciones que tenía eran la de que el acto se hiciera en la sala donde estaba programada y no en otro sitio. Le indicamos que el acceso estaba bloqueado y que si seguridad iba a abrir un pasillo para que pasáramos. Nos dijo que no y a eso replicamos que cuáles eran nuestras alternativas, si estas eran intentar pasar pese a las personas que bloqueaban la escalera. Nos dijo que esperáramos. Fue entonces cuando vimos a la Vicerrectora de Estudiantes, quien dijo que lo iba a arreglar, pero, obviamente, nada pasó.
A todo esto ya era más de la una, la hora a la que tenía que haber comenzado nuestro seminario sobre Europa, nacionalismos y populismos. Los ponentes estábamos, pues hacía poco que Alejandro Fernández había llegado, acompañado de Cayetana Álvarez de Toledo y de otros miembros del PP. Les explicamos cuál era nuestro plan: en primer lugar intentar entrar superando la barrera que formaban quienes querían impedir que se desarrollara el acto. En caso de que no pudiéramos superar esa barrera haríamos el acto en la Plaza Cívica aunque fuera a viva voz, pues no contábamos con micrófonos.
Quiero destacar la extraordinaria actitud de Maite Pagaza y de Alejandro Fernández, quienes enseguida asintieron a la propuesta de integrarse en el grupo que intentábamos crear para, empujando, subir las escaleras y llegar a la Sala Teatro. Nadie les hubiera reprochado que se hubieran intentado introducir en la Sala por otro lado; pero quisieron estar donde estábamos los demás. Cayetana Álvarez también se sumó al grupo sin dudar un momento.
Formamos así el grupo que intentaba franquear la barrera que formaban los fascistas que creían que el espacio público es tan solo para ellos y para quienes ellos autorizan. Estábamos decididos a no ceder, a luchar por nuestro derecho a hablar, a opinar, a expresarnos.
Y comenzamos a empujar


Fueron unos minutos bastante duros. Empujábamos y éramos empujados. En dos o tres ocasiones los fascistas que estaban en las escaleras nos empujaron haciéndonos retroceder unos pasos, pero seguíamos aguantando. Un chico que estaba bastante adelante comenzó a sentirse mal y tuvimos que dejar que se fuera para más atrás, otra voz a mi espalda sugería que retrocediéramos; pero la mayoría no pensábamos en eso, sino en avanzar. A mi lado tenía a Josep Bou, a quien conozco desde hace años y a quien sé que es fácil pinchar. Bastó decirle que no se dijera para que el empuje, que ya era grande, se multiplicara, él solo empujaba como tres. Por detrás oía una voz que decía "ni un paso atrás", era Cayetana Álvarez de Toledo, que no intervenía en el acto - no era un acto del PP ni de Cayetana ni se la increpaba especialmente a ella, pese a lo que dicen las noticias- pero que demostró un compromiso, una gallardía y una entereza que merecen todo mi respeto, al igual, como digo, de los ponentes, Alejandro Fernández, Maite Pagaza y todos los amigos que hoy estaban en la UAB.
Así que seguimos empujando y en un momento dado conseguimos llegar a las escaleras. Caí hacia adelante y me sujetó Josep Bou. Delante ya teníamos solo un par de fascistas que no nos impidieron seguir subiendo. Otro gritaba que subieran rápido para formar otro parapeto delante de la puerta del teatro. Corrí y uno se interpuso delante diciendo que yo no podía pasar. Me zafé como pude y llegué a la puerta. Me agarré a ella rodeado por tres o cuatro de los energúmenos que pretendían impedir que pudiéramos lleva a cabo lo que teníamos programado. Pronto llegaron otros amigos que los apartaron y así pudimos acceder al Teatro


Era casi la una y media, pero habíamos conseguido superar a los matones que querían imponer su ley. Ahora podríamos realizar el acto, como hicimos


Pude hablar de lo que había preparado, Alejandro Fernández expuso cómo veía a la UE, la relación con el mundo anglosajón, la articulación entre los Estados Nación y la UE y, como no, destacó la importancia de que hoy hubiéramos conseguido superar el boicot que los totalitarios querían imponer. Maite Pagaza, eurodiputada y luchadora por la libertad y los derechos humanos desde hace décadas nos emocionó con su testimonio vívido de lo sucedido en el País Vasco y la necesidad de que los demócratas no diéramos ni un paso atrás y Àlex Serra y Julia Moreno, los jóvenes de S'ha acabat! nos emocionaron son su testimonio claro y lleno de convicción sobre la necesidad de defender los principios esenciales de la democracia cada día en la Universidad.
Desde el público también intervinieron Josep Lago, presidente de S'ha acabat!, Isabel Fernández, Manuel Valls, Pepe Domingo y Josep Bou entre otros. En primera fila estaba Sonia Reina con un vendaje en el pie. Al acabar el acto nos explicó que en el forcejeo se había producido un esguince. Afortunadamente creo que fue lo más grave sucedido, podría haber sido mucho peor.
Nos sentíamos satisfechos. Estamos acostumbrados a la derrota (en perder nadie nos gana, dice con sorna Carlos Silva, otro de los amigos que hoy estaban en la UAB empujando por la democracia); pero hoy habíamos ganado. Habíamos podido realizar nuestro acto pese a todo, habíamos hablado de Europa, de populismos y de nacionalismos y salíamos convencidos de que no todo está perdido, de que aún hay esperanza.

martes, 9 de abril de 2019

Plaza Cívica, 9 de abril de 2019

El próximo jueves, 11 de abril, tendrá lugar el acto "Ante los nacionalismos y populismos, ¡Europa!", organizado por S'ha acabat! y que se desarrollará en la Sala Teatro de la UAB.



Agradezco que S'ha acabat! me haya invitado a participar en este acto. Europa es una de mis obsesiones y he escrito varias entradas sobre la necesidad de profundizar en la construcción europea (pueden leerse aquí). Además, me permite compartir mesa con dos personas a las que admiro. Por una parte, Alejandro Fernández, actualmente presidente del PPC; un tarraconense de claras convicciones y un parlamentario brillante, con muchas e incisivas intervenciones que defiende con nitidez la democracia y nuestro marco de convivencia. Desafío a cualquiera a que encuentre en cualquiera de sus intervenciones o publicaciones ninguna afirmación o idea que no sea escrupulosamente democrática. 
Y junto con Alejandro Fernández, Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada y una activista en favor de la paz, la democracia, los derechos fundamentales y contra el terrorismo con una trayectoria consagrada. Una de las fundadoras de la plataforma ¡Basta Ya!, que recibió en el año 2000 el premio Sajarov, que concede el Parlamento Europeo. Su hermano fue asesinado por ETA y ella ha sufrido personalmente el acoso y la amenaza terrorista.
Se trata de un acto que tiene pleno sentido en cualquier lugar y más en una Universidad. Europa es nuestra oportunidad, nuestro presente y nuestro futuro, y los populismos amenazan hoy esa construcción europea que ya ha superado el medio siglo, que ha conseguido tantos éxitos pero que, a la vez, está sometida a tantos peligros.



Como es habitual en este tipo de casos, los organizadores del acto montaron una carpa informativa dos días antes de éste, el 9 de abril, muy cerca de donde se desarrollará, en la Plaza Cívica de la UAB con el fin de repartir información sobre el mismo y animar a la asistencia. La carpa estaba programada desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.


Pasaba por la Plaza Cívica poco después de las 11:00 y me acerqué a saludar a quienes estaban en la carpa. Dada la experiencia de otras ocasiones (aquí y aquí) les pregunté si pensaban que habría problemas. Me señalaron a un grupo cerca de la carpa que se había concentrado parece ser que para boicotear su acto. No eran muchos y en aquel momento no daban señales de agresividad alguna, así que les dije que confiaba en que no pasara nada, les pedí que me avisaran si había incidentes y me fue al despacho.
Poco antes de las doce y media recibía un mensaje que decía "Rafa, ven". Me dirigí a la Plaza Cívica. La situación había cambiado.
El grupo que protestaba por la presencia de la carpa de S'ha acabat! se había compactado y se acercaba a la carpa. Parecía que, como en otras ocasiones, querían impedir la actividad y, si podían, desmontar la carpa. Había personal de seguridad de la UAB cerca. Desde hacía rato se les había pedido que alejaran a quienes se oponían a la presencia de la carpa; pero la responsable de dinamización por parte de la UAB dijo que no entrarían en la ocupación del espacio público; o sea, que no harían nada para impedir que los que protestaban se acercara a la carpa.
Y esto es lo que hacían. Paso a paso, lentamente, pero sin pausa la línea de los opositores se acercaba a la carpa. Los jóvenes de S'ha acabat! se colocaron delante de la carpa para impedir de esta forma que siguieran acercándose. Utilizando una técnica que ya habíamos visto en otras ocasiones los boicoteadores desplegaron una pancarta que cubría la primera fila de su grupo y continuaron avanzando.
Se llegó al contacto físico. Jóvenes de S'ha acabat! y el grupo que avanzaba hacia la carpa se enzarzaron. Intenté separarlos y solo entonces se acercó el personal de seguridad para interponerse entre quienes avanzaban y la carpa.
Pero el personal de seguridad no impedía que avanzaran. Siguieron empujando hasta llegar a la misma carpa.


En ese momento ya se intentaba evitar que desmontaran la carpa. Intentaron pegar su pancarta a la carpa, pero lo impedimos. Hubo zarandeos, escupitajos, manotazos y empujones para intentar llegar hasta los palos que sostenían la carpa. En un momento dado intentaron quitar una de las banderas que ondeaban en la carpa y se forcejeó por recuperarla. Material que se estaba repartiendo fue arrebatado y los insultos se hicieron constantes.
Dentro de la carpa optamos por seguir con la música y aguantar. Durante media hora sonaron una y otra vez

Libertad, libertad de Jarcha


Canto a la libertad de Labordeta


La Balada de Sacco y Vanzetti de Joan Baez


Bella Ciao


Mediterráneo de Joan Manel Serrat


Hoy puede ser un gran día, también de Serrat


El derecho a vivir en paz de Víctor Jara


España, camisa blanca de Ana Belén


y el Himno de Riego


Llama la atención la indignación con la que recibieron esta última pieza. Creo que no sabían de qué se trataba.

El caso es que durante más de media hora tuvimos que aguantar la tensión del acoso, evitar que llegaran a la carpa y la desmontaran, forcejear, soportar insultos y, en definitiva, vernos privados de nuestro derecho a expresar libremente nuestras opiniones. 
En todo ese tiempo tan solo contamos con la protección del personal de seguridad de la UAB, que no fue capaz de mantener alejados de la carpa a quienes la acosaban. Pese a que se pidió la presencia de la policía, los Mossos d'Esquadra no acudieron, pese a que se llamó reiteradamente al 112. A nuestro conocimiento tampoco la UAB requirió su presencia o la autorizó.
Y se estaban cometiendo delitos. Al menos el previsto en el art. 514.4 del Código Penal,


quizás un delito de coacciones del art. 172 del Código Penal.


O un incluso el delito de odio recogido en el art. 510 del Código Penal


¿Cómo es posible que ante una situación como ésta ningún policía aparezca? ¿Cómo es posible que se permita esta limitación de la libertad de expresión, este acoso, esta humillación sin que nadie actúe?
Solo hay una explicación: quienes se oponen al nacionalismo carecen de derechos en Cataluña. Me contaban los jóvenes de S'ha acabat! que unos días antes, cuando estaban pegando carteles del acto del día 11 en la UAB la seguridad de la Universidad procedió a identificarlos y llamó a la policía para que interviniera, policía que acudió de inmediato.
Cuando se pegan carteles -como tantos otros que hay en la UAB- se actúa de inmediato y se llama a la policía. Cuando esos mismos jóvenes son acosados, empujados, agredidos e insultados la policía no aparece.
Es grave, muy grave; y es por eso que es tan importante que la voz de S'ha acabat! se mantenga.
Si alguna duda pudiera haber sobre la necesidad del acto del jueves y de la carpa de hoy lo sucedido las ha disipado: tenemos que estar ahí precisamente porque molesta, porque molesta hasta el punto de que se han cruzado todas las líneas admisibles en un Estado de Derecho para impedir que el mensaje de quienes se oponen al nacionalismo sea escuchado en la Universidad.
Y es necesario porque es preciso que todos despierten, incluida la comunidad universitaria.
Muy poca solidaridad he visto en estos años incluso entre mis mismos compañeros. La democracia se defiende cuando está en peligro, cuando están siendo vulnerados los derechos de todos, cuando se priva a algunos de la posibilidad de expresarse y cuando otros tienen bula para ocupar lo que es de todos con su ideología.
Ante esto la reacción es tibia o inexistente. El régimen nacionalista impone, por lo que se ve. Así que pido a todos los que aún crean en eso que se llama democracia que alcen la voz y no dejen que ante sus propios ojos se laminen los derechos de otros. Compartan o no la crítica al nacionalismo de S'ha acabat! todo demócrata debería revolverse ante las prácticas totalitarias que se practican contra ellos.
Si al final perdemos la democracia que nadie nos pueda echar en cara que no hicimos todo lo que pudimos para defenderla.