El pasado 5 de marzo se iniciaba en
Vilanova i la Geltrú la campaña de Societat Civil Catalana “nuestros símbolos,
nuestros derechos” dirigida a reclamar la presencia en los ayuntamientos y demás
administraciones de las banderas española y europea. Se trata de una campaña
que combinará peticiones populares, impulso de mociones que exijan la
reposición de las banderas que han sido retiradas en algunos edificios públicos
de Cataluña y convocatoria de concentraciones.
Quizás se critique dicha campaña
arguyendo que aviva una estéril guerra de banderas, y que se centra en un
aspecto formal que para nada afecta a los problemas reales de los ciudadanos.
Ambas críticas deben ser rechazadas.
En lo que se refiere a la primera de
ellas, ha de replicarse que la guerra de banderas la inician quienes,
incumpliendo la normativa vigente, hacen que la bandera de Cataluña luzca en
solitario o retiran de las fachadas de los ayuntamientos todas las banderas que
allí deberían ondear. No puede acusarse de avivar una guerra a quien
simplemente pretende que se cumpla con la legalidad, pues la responsabilidad de
iniciar el conflicto será siempre de quienes hayan pretendido apartarse de las
reglas que nos vinculan a todos.
La segunda crítica ha de ser abordada con
algo más de detalle. En ocasiones se ha planteado la reclamación de la
presencia de banderas o símbolos como prueba de que se padece todavía de una
pulsión identitaria ya superada por la razón, que pretende que todo símbolo es
muestra de un primitivismo que deberíamos dejar atrás. No dudo que algunos de
quienes rechazan apoyar la reclamación de la presencia de nuestras banderas en
los edificios públicos basen ese rechazo en tal planteamiento aparentemente
lúcido y racional.
Se trata, sin embargo, de una
aproximación equivocada. La retirada de la bandera española de los edificios
públicos catalanes no se basa en ninguna superación de planteamientos
identitarios, sino precisamente en la estrategia del nacionalismo esencialista
y supremacista que dirige el movimiento separatista en Cataluña. Una vez
conseguida la retirada de la bandera española su ausencia se convierte en un
símbolo que profundiza en la separación entre los catalanes y el resto de los
españoles. Esa tarea de ruptura emocional que con tanta habilidad se desarrolla
en la escuela y a la que contribuyen decididamente los medios de comunicación
públicos y subvencionados se refuerza por medio de la ausencia de los símbolos
comunes en las instituciones públicas. La ausencia del símbolo es un símbolo en
si mismo, y relevante para los separatistas, quienes se muestran reacios a la
reposición de las banderas pese a que son conscientes de la obligación legal
que impone su presencia. En contra de lo que nos quieren hacer creer los
símbolos sí importan, y muestra de ello es la airada reacción de los
separatistas cuando aquellos que consideran propios, la estelada en particular,
son retirados de los espacios públicos, tal como sucedió durante las campañas
electorales del año 2015 en Cataluña.
Así pues la ausencia de la bandera
española en los ayuntamientos no es algo baladí, sino relevante en la
estrategia separatista. Es por ello que su retirada, ilegal desde la
perspectiva del ordenamiento español, supone que las administraciones, también
aquí, actúan no en defensa de los intereses generales, sino de forma
partidista. De esta forma la negativa a que la bandera española ondee en los
ayuntamientos no solamente favorece el secesionismo, sino que también supone
una nueva manifestación de la falta de neutralidad de las administraciones
catalanas.
Todo lo anterior justifica la
conveniencia de una campaña como la que se ha iniciado. No puede consentirse
que de forma impune las administraciones incumplan la ley con el objetivo de
favorecer la estrategia secesionista. Las banderas española y europea han de
volver a los ayuntamientos y todos deberíamos comprometernos con ello. No se
trata solamente de iniciar actuaciones legales, sino que, sobre todo, hemos de
conseguir que las fuerzas políticas asuman como propia esta reclamación, puesto
que, como hemos visto, tolerarla solamente se explica desde la complicidad con
la estrategia separatista.
Resulta, por otra parte, doloroso que
cause reparos reclamar la presencia de unas banderas, la española y la europea,
que simbolizan la democracia, la libertad, el progreso y la unión. Tanto la
Constitución Española de 1978 como los textos fundacionales de la UE recogen
estos principios esenciales de nuestro marco de convivencia que hemos de reforzar
y mejorar a través de las instituciones de las que disponemos.
Este aspecto simbólico se pasa por alto
con demasiada facilidad. Se insiste poco en que la bandera española es más el
símbolo de nuestro actual sistema democrático que de épocas, glorias o miserias
pasadas. La Constitución de 1978 asume la historia que nos une y que explica
nuestro presente; pero, a la vez, es originaria, ya que es la Constitución la
que dota de validez y coherencia a nuestro sistema jurídico y político y, por
tanto, la que identifica a nuestra sociedad. La bandera es, por tanto, símbolo
del consenso al que llegamos los españoles hace cuarenta años y de todo aquello
que implica y que no deberíamos dar por descontado: democracia, libertad,
respeto a los derechos humanos, garantía de las libertades públicas y también
respeto a la pluralidad dentro de España. Cuando se defiende retirar la bandera
de España ¿qué mensaje se pretende trasladar? ¿el de que no son relevantes
tales principios, derechos y garantías?
Algunos podrían argüir frente a lo que se
acaba de exponer que lo que precisa nuestro sistema es un profundo cambio que
resuelva problemas y dé satisfacción a legítimas demandas ciudadanas; pero
quien así opine no debería rechazar el símbolo que es la bandera. Una de las
grandezas y aciertos de la Constitución de 1978 es la previsión detallada de
sus mecanismos de reforma. Hace cuarenta años ya se era consciente de que el
paso del tiempo podría hacer necesario modificar ciertos elementos del marco
básico de convivencia y, por tanto, disponemos de instrumentos para realizar
esa adaptación de forma acordada y pacífica. En este sentido, la bandera
simboliza también esta posibilidad de adaptación, que sin la Constitución
solamente sería posible mediante la revolución y la violencia.
Así pues la bandera representa nuestra
sociedad democrática y el sistema de libertades del que gozamos; así como
también la posibilidad de modificar nuestro marco de convivencia de forma
acordada. Es por esto que quienes defienden o toleran la retirada de los
símbolos comunes deberían explicar si lo hacen para contentar al separatismo o
porque no comparten los valores democráticos que simboliza la Constitución o
porque rechazan un cambio del marco de convivencia actual que no tenga carácter
revolucionario. En cualquier caso, si no contestan a estas cuestiones merecerán
el calificativo reservado para quienes no saben o pueden dar respuesta:
irresponsables.
Es por todo lo anterior que reclamando la
presencia de nuestras banderas no solamente manifestamos nuestra oposición al
proceso secesionista, sino que también hacemos patente que para nosotros los
derechos son importantes y que no toleraremos que nos priven de ellos.
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