El taxi como metáfora

Leía ayer un tweet de García Domínguez sobre el conflicto del taxi que me parece muy acertado:

Taxistas y conductores de Uber y Cabify representan el pasado y el futuro, y como apunta Garcia Domínguez, ambos, pasado y futuro, pueden ser cuantificados. El pasado (taxi) puede etiquetarse como 2000 euros al mes y el futuro (el conductor de Cabify o Uber) como la mitad de esa cantidad; y esto resulta significativo, conectándose con una de las preguntas que más me inquietan y que más deberían inquietarnos: en un mercado completamente libre, sin regulación ¿cuál es el precio de una hora de trabajo?

Creo que la cuestión tiene su miga porque mi hipótesis es que como consecuencia fundamentalmente de la globalización estamos avanzando hacia esa liberalización del mercado laboral que nos sitúa a los europeos en un escenario nuevo, desconocido, el que vendrá determinado por la irrupción de las reglas del mercado en el ámbito laboral.

Hasta ahora no creo que esa haya sido la situación. Hace más de un siglo que se estableció el descanso dominical obligatorio, luego se fijaron horas máximas de trabajo semanal, vacaciones también obligatorias, salarios mínimos y, más importante todavía, mecanismos de negociación colectiva que distorsionaban una fijación del precio del trabajo a partir exclusivamente de las reglas del mercado. Esto, es obvio, está cambiando.

Creo que no nos equivocamos si aventuramos que la progresiva limitación tanto de las regulaciones estatales como de la negociación colectiva han conducido a una bajada del precio de la mano de obra, tanto en lo que se refiere al salario como a las condiciones laborales. Me ocupaba de esto hace un tiempo. Creo que la mayoría tenemos la intuición de que comparativamente ahora los salarios ofrecen un poder adquisitivo menor que hace décadas y es objetivo que la proporción de las rentas salariales en el PIB no deja de disminuir, situándose en España ya por debajo del 50% del PIB. Esto es, menos de la mitad de lo que se produce se destina a la remuneración de los trabajadores.

En esta situación creo que no deja de ser interesante determinar cuál sería el precio de la hora de trabajo en un mercado libre. Me adelanto ya a la típica objeción que se hará a esa pregunta: dependerá de la formación (el viejo truco!), ok, tengamos en cuenta las diferentes formaciones posibles; pero no nos dejemos engañar por el mito de que una buena formación garantiza buenos salarios. No perdamos de vista que el médico que le atiende en urgencias, después de 6 años de carrera y de haber superado una prueba tan dura como el MIR puede ser que no cobre más de 1500 euros al mes; y que hay ingeniero que no llegan a los 1000 o pilotos de líneas aéreas que probablemente se quedan por debajo de los 2000 euros al mes. Quizás podamos especular conque la diferencia entre un trabajo altamente cualificado y otro que no lo es en ese hipotético mercado libre será quizás menor de lo que pensamos. Puede ser que duplique, triplique o cuadriplique uno a otro, siendo el más bajo realmente bajo; pero, en cualquier caso, dejemos esta tarea a los economistas.

Mientras nos responden, el conflicto del taxi nos da algunas pistas. No es que Cabify y Uber no estén reguladas, que lo están; pero existe una diferencia grande entre la rigidez del taxi y la de estas plataformas, así que las remuneraciones de taxistas y conductores de estos otros vehículos pueden darnos alguna pista muy aproximada sobre lo que diferencia el mercado de trabajo regulado (ya sé que empleo mercado de trabajo de una manera muy laxa, puesto que los taxistas son en su mayoría autónomos; pero, como he advertido, toda la reflexión es especulativa, hipotética y, forzosamente, trazada con líneas muy gruesas) y el no regulado; y la diferencia, como hemos visto, es del 50%. Tal como adelantaba el tweet de García Domínguez, el paso del taxi a Uber implicará que los salarios se reduzcan a la mitad.

¿Es eso lo que queremos? Y ahora no pregunto tan solo por el tema del taxi y Uber, sino en general, ¿queremos un mundo en el que el trabajo tendrá una remuneración más baja que la que ahora existe, mucho más baja de la que había en Europa hace décadas?

¿Quién podría responder afirmartivamente a la pregunta anterior? Pero si la respuesta es negativa ¿qué puede hacerse para evitarlo? ¿Poner puertas al campo? ¿Incrementar por vía de regulación los salarios y mejorar las condiciones laborales? ¿Poner límites a la globalización? ¿Existen otras alternativas o deberemos resignarnos a una progresiva depauperación de las condiciones laborales, a una sociedad en la que deberán trabajar ambos miembros de la familia para obtener poco más de 1000 euros al mes?

Me gustaría que los partidos políticos opinaran sobre este problema, porque si hay partidos es para que aborden y resuelvan problemas como éste ¿para qué si no?

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos y la retirada de lazos amarillos

En el pasado mes de agosto publicaba el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, un artículo en el que indicaba que quienes retiraban de lugares públicos símbolos independentistas en favor de los implicados en la declaración de independencia de octubre de 2017 debían ser considerados como fascistas. A partir de este artículo los Mossos d'Esquadra comenzaron a identificar a quienes procedían a dicha retirada.

Entonces me ocupé de este tema y mostré mi preocupación por la dirección que tomaba el gobierno de la Generalitat. La colocación de simbología política en la vía pública o en edificios públicos es una infracción administrativa, y cuando hace un tiempo en Barcelona se colocaron banderas españolas en espacios públicos sin contar con permiso para ello los Mossos d'Esquadra procedieron a identificar a quienes las habían colocado.

Sorprende que en aquella ocasión, cuando el símbolo era la bandera española, se procediera a la identificación de los autores por parte de los Mossos d'Esquadra y no, en cambio, cuando se colocaron símbolos nacionalistas en favor de los detenidos por los hechos de septiembre y octubre de 2017; pero esta doble vara de medir de la policía, inadmisible en cualquier país democrático, se convierte en escándalo mayúsculo cuando no solamente no se persigue a quienes colocan indebidamente símbolos políticos en el espacio público, sino cuando se actúa contra quienes lo retiran. Si son libres unos para llenar el espacio público de lazos amarillos, ¿por qué no son libres los otros de quitarlos? Recuerdo que la normativa vigente lo que establece es que nadie puede colocar símbolos políticos en el espacio público de manera permanente, y si se estableciera un doble rasero para unos y otros símbolos (en el caso de la bandera española se retira y sanciona a quienes la colocan y en el de los símbolos independentistas se tolera su colocación y se sanciona a quienes lo quitan) estaríamos ante una utilización arbitraria del poder público de una enorme gravedad y con consecuencias no solamente políticas, sino también -quizás- penales.

Como es sabido, en  los meses que siguieron asistimos a un debate intenso en cuanto a lo que correspondía hacer en esta situación. Impulso Ciudadano presentó en Fiscalía una denuncia en relación a tales identificaciones y la Fiscalía concluyó que identificar a los ciudadanos que retiraban lazos amarillos era un dislate. Esto es, no era delictivo proceder a dicha retirada y, por tanto, los Mossos debían abstenerse de identificar a quien lo hiciera. Además la Generalitat debería abstenerse de amenazar con graves sanciones a quienes procediesen a la retirada de dichos lazos.

Por su parte el Defensor del Pueblo hizo público su rechazó que en los edificios públicos pudieran colocarse lazos amarillos o símbolos equivalentes. Las razones para este rechazo son que las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales y no pueden mostrar su adscripción a ninguna concreta ideología. Como todos podemos apreciar, esta exigencia del Defensor del Pueblo ha caído en saco roto, lo que implica que la vulneración de la libertad ideológica en Cataluña por parte de la Generalitat y otras administraciones es constante. No podemos olvidar que, tal y como ya han señalado los tribunales, el que una administración acoja como propios símbolos partidistas supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos, ya que la oficialización de una determinada ideología implica colocar en un plano de inferioridad a aquellas que difieren de la oficial y, por tanto, también a los ciudadanos que las compartan.

Pero la Generalitat no se ha quedado aquí. Se ha creado una "Oficina de Derechos Civiles y Políticos" dependiente del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que acaba de hacer pública una nota de prensa en la que vincula a quienes retiran lazos amarillos con grupos de extrema derecha, a los que acusa de atentar contra la libertad de expresión.

Escalofriante.

Recordemos el punto de partida: según el Defensor del Pueblo los poderes públicos vulneran su obligación de neutralidad ideológica al utilizar en edificios públicos simbología partidista. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat obvia este planteamiento, reconduce a la libertad de expresión la presencia de tales símbolos; desconociendo que las administraciones públicas carecen de libertad de expresión; y criminaliza a quienes los retiran; olvidando que la colocación de símbolos partidistas en los edificios públicos es inadmisible y que su presencia en el espacio público no puede ser permanente y que, como habíamos visto, cuando los símbolos que se colocaron eran de otro signo político quienes los instalaron fueron identificados y se iniciaron los trámites para que fueran sancionados.

En este sentido, la vinculación con la extrema derecha es significativa. Comienzo diciendo que desconozco la ideología política de quienes integran los grupos que retiran lazos amarillos. Mi impresión es que en ellos hay personas de distintas orientaciones políticas y, por tanto, no descarto que entre ellos pueda haber personas que simpatizan con partidos de extrema derecha; igual que puede haber simpatizantes de Cs, del PP o de cualquier otro partido. Ahora bien, vincular la retirada de lazos con la extrema derecha es una falacia que no soporta la crítica, porque retirar lazos es una actividad que no se vincula con la extrema derecha, sino, como hemos visto, con la lucha por un espacio público en el que no se imponga una determinada ideología, y cuando los símbolos son retirados de edificios públicos, con la recuperación de la libertad ideológica, dañada -como hemos visto- cuando la administración toma partido. Tan absurdo es calificar como de extrema derecha la actuación de dichos grupos, incluso en el caso de que entre sus integrantes hubiera personas que simpatizaran con la extrema derecha, como vincular la retirada de lazos con el Fútbol Club Barcelona por el hecho de que algunos de los que retiran lazos sean aficionados del Barça (y es bastante probable que más de uno lo sea).

En este caso la vinculación con la extrema derecha no es lógica, sino que responde a la declarada intención nacionalista de considerar como extrema derecha toda manifestación de oposición al nacionalismo. Se coloca así en la línea del artículo de Torra de agosto y en toda la que ha seguido el nacionalismo de siempre y que tantos hemos sufrido: tachados de fascistas tan solo por oponernos al nacionalismo.

Pues no, los fascistas son ellos; y lo son porque utilizan el poder público, la Generalitat, para perseguir a sus adversarios políticos, para intimidarlos y amedrentarlos, para lanzar sobre ellos un estigma cuando los que atacan la libertad de todos, los que abusan de sus prerrogativas, los que quiebran la ley y la convivencia son los nacionalistas que ocupan la Generalitat y las administraciones locales.

Creo que ha de rechazarse políticamente la actuación de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, tan poco preocupada por el acoso, el boicot y las agresiones a los constitucionalistas y tan empeñada en criminalizar y arrinconar a quienes se oponen al nacionalismo. Es una auténtica vergüenza que el escudo de una Generalitat que debería ser de todos figure en la miserable nota de prensa que han hecho pública.

Espero que se denuncie ante el Defensor del Pueblo este atropello y que Fiscalía investigue si se puede haber cometido algún delito por esta estigmatización del constitucionalismo.

Societat Civil Catalana

El pasado sábado, 19 de enero, presenté (y retiré) mi candidatura a la presidencia de Societat Civil Catalana (SCC). En la propia Asamblea pude explicar sin entrar en detalles, las razones por las que había dado ese paso; pero desde entonces son varias las personas que me han preguntado por el tema, y ante informaciones que no se corresponden exactamente con lo que había pasado utilizo esta vía para detallar lo sucedido en las semanas previas a la Asamblea del día 19 de enero.

Como es sabido, el 19 de diciembre de 2018 se produjo un cambio en la atribución de cargos dentro de la Junta Directiva de la Asociación. El presidente hasta entonces, José Rosiñol fue sustituido por Álex Ramos y también se modificaron las Vicepresidencias, Secretaría y Tesorería de la asociación. A la mañana siguiente se publica una noticia en Crónica Global dando cuenta de estos cambios y señalando que existían dudas, dentro de la Junta Directiva, sobre la forma en que se había gestionado la entidad.

Observé con tristeza y desde la distancia la crisis generada pero sin pensar que pudiera hacer nada para resolverla. En los siguientes días, sin embargo, varias personas que habían tenido responsabilidades en SCC, habían participado en su fundación o ejercían responsabilidades dentro de la Fundación Joan Boscà, uno de los principales donantes de SCC, me preguntaron si yo estaría dispuesto a aceptar la presidencia de SCC como salida para la crisis generada. Mi contestación fue proponer nombres alternativos al mío que por unas circunstancias u otras no fructificaron. Finalmente dije que podría aceptar ese encargo pero siempre que se dieran una serie de condiciones, entre ellas que mi presidencia fuera aceptada por los distintos sectores enfrentados en la Junta; un consenso que, me parecía, no existía en ese momento. También indiqué que la situación económica de la sociedad debería resolverse antes de que yo aceptara la presidencia y que debía disponer de margen suficiente para configurar la Junta Directiva. El día 7 de enero tuve una reunión con un grupo de personas que pretendían actuar como mediadores en la situación y en el que se encontraban Ramon Bosch, Joaquín Tamames y Juan Arza (ambos de la fundación Joan Boscà), Joaquim Coll y Francesc Moreno. Expliqué mis condiciones y nos entrevistamos con los diferentes sectores confrontados en la Junta Directiva.

La actitud de los distintos integrantes de la Junta Directiva hacia la propuesta de mi presidencia se movió entre el rechazo absoluto (José Rosiñol) hasta la aceptación (Isabel Fernández) y la cautela (Alex Ramos). Ante esta situación, el 7 de enero comuniqué que no tenía sentido seguir con mi candidatura. En los siguientes días, sin embargo, se me comunicó que la actitud de quienes se habían opuesto a mi presidencia se había modificado y que la aceptaban. Dado que yo no había tenido constancia directa de ese cambio de actitud remití por escrito las condiciones que creía que debían darse para aceptar ser candidato a la presidencia. Este es el texto que envié el día 9 de enero:

El día 10 de enero recibí una llamada. Al otro lado, con el altavoz activado, estaban varios de los patronos de la Fundación Joan Boscà. Me pedían que aceptara presentar mi candidatura a la presidencia según las condiciones que les había expresado. En ese momento o posteriormente Joaquín Tamames, Joaquín Villanueva, Ramon Bosch y Joaquim Coll, entre otros, me trasladaron su pleno apoyo y que en las conversaciones con los distintos integrantes de la Junta estos habían aceptado que yo presidiera la entidad con el fin de resolver la crisis generada. En los días siguientes comencé la tarea de componer la Junta Directiva de la asociación. Según lo acordado, yo tendría margen para diseñarla en el bien entendido que deberían estar representadas las diferentes sensibilidades que componen la asociación.. Creo que la lista final respondía a este propósito. Este es el documento que pasé el viernes 18 al mediodía a quienes me habían pedido que asumiera la presidencia de SCC

Con Míriam Tey había hablado y me había manifestado que no podía incorporarse; pero posteriormente Joaquín Villanueva me indicó que había hablado con ella y había aceptado incorporarse en cuanto le fuera posible.

Entre los integrantes de la candidatura había personas que no eran socios de la entidad (Juan Mellen, Josep Lago, Óscar Alonso y Julia Moreno). Mi propuesta era que con anterioridad a la Asamblea se convocara una reunión de la Junta en que se les incorporara como socios, tal como se había hecho ya en ocasiones anteriores con otros candidatos a la Junta Directiva. En caso de que esto no fuera posible mi propuesta era la de que en la Asamblea se incorporaran aquellos que ya eran socios y se dejara para más adelante la inclusión de quienes todavía no eran socios.

En la misma tarde del viernes 18, la víspera de la Asamblea, y una vez conocida la composición de la Junta Directiva que proponía, volví a recibir el apoyo expreso de varias de las personas que habían promovido mi candidatura. Entre ellos Joaquim Coll, Ramon Bosch y Joaquín Villanueva. Varios de ellos también me indicaron que no les gustaba la propuesta de Junta Directiva a lo que respondí que entendía que no gustaría completamente a nadie, pero que debería poder ser asumible por todos. En ella había personas de las que habían perdido su responsabilidad en la sesión de la Junta de 19 de diciembre (Manuel Miró), personas del grupo que inicialmente había cuestionado en el seno de la Junta la gestión del anterior presidente (Isabel Fernández y Nuria Plaza), personas de las que se habían unido posteriormente a dichas críticas (Álex Ramos y Xavier Marín) y personas que no habían sido miembros de las anteriores juntas de SCC pero con un indudable prestigio en  el ámbito constitucionalista (Ana Losada y Jorge Calero, por ejemplo). De todas maneras, esa misma tarde del viernes reiteré que si no tenía el apoyo de quienes me habían pedido asumir la presidencia retiraría la candidatura en ese mismo instante. Se me animó a que continuara adelante.

Mi sorpresa el sábado no fue tanto que José Rosiñol anunciase una candidatura alternativa, pese a que lo que se me había dicho era que estaba de acuerdo en que fuera yo quien asumiera la presidencia; como que ninguno de las personas que me habían pedido que diera ese paso, que conocían mis condiciones y las habían aceptado, que me habían requerido para que mantuviera mi candidatura y todavía el día anterior me habían mostrado su apoyo, dijeran ni una sola palabra a favor de la misma o de explicación de lo que aquí relato. Creo que es legítimo sentirse decepcionado por ese silencio. En cualquier caso, dado que no se cumplía la primera de mis condiciones, que la candidatura fuera aceptada por todos, la retiré de inmediato.

No creo que sea ilegítimo o negativo que se produzca la confrontación entre distintas candidaturas. Al revés. Pero en mi caso, como he explicado, no tenía ningún interés particular en presidir SCC y tan solo me ofrecía como solución para intentar resolver una grave crisis de la entidad, y es obvio que si mi candidatura contribuía a la confrontación no ayudaría a resolver los problemas de SCC. Siempre tuve claro que no me pelearía por ser presidente de SCC y que lo único que había hecho era aceptar la petición que se me había formulado. Como es sabido, tras mi renuncia se presentó una candidatura encabezada por Josep Ramon Bosch y que incluía a Álex Ramos, Xavier Marín y Manuel Miró, candidatura que fue elegida por la Asamblea.

No puedo compartir, sin embargo, que la candidatura de Josep Ramon Bosch sea de consenso (tal como afirma la cuenta oficial de SCC)

y a la vez admitir que la mía no lo fuera. Es una afirmación que repugna a las más elementales reglas de la lógica pues todos los integrantes de la candidatura de Josep Ramon Bosch excepto él mismo, eran también integrantes de mi candidatura, donde, además, otras personas de diferentes sensibilidades estaban también presentes. ¿puede ser de más consenso una candidatura que incluye a una parte de los integrantes de otra candidatura -que se considera de menos consenso- a la vez que excluye a otros de dichos participantes? No, al revés, en mi opinión se trata de una candidatura que expresamente silencia a una parte de lo que es SCC.

Creo que, dada la ausencia de explicación alguna de lo que aquí relato, se hace necesario, por exigencias mínimas de transparencia, dar cuenta de lo sucedido en las semanas previas a la Asamblea  de SCC del pasado 19 de enero, tal como acabo de hacer.

Aprovecho para compartir el programa que hubiera presentado en la Asamblea del pasado sábado.