Libre

viernes, 22 de junio de 2018

Pravda y "La Vanguardia"

Hace muchos años, en la época de la "Guerra Fría" circulaba el siguiente chiste:
Un día resucitan a la vez Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. No se sabe qué hacer con estos personajes históricos y lo único que se les ocurre a los dignatarios mundiales es cursar invitaciones para que los tres líderes del pasado les visiten.
El primer país de la gira es la Unión Soviética y allí los jerarcas comunistas piensan que lo mejor es ofrecerles un desfile militar en la Plaza Roja.
Situados en puesto de honor Alejandro, Julio César y Napoleón contemplan las tropas. En un momento dado, al ver pasar los tanques, Alejandro exclama: "¡Con unos carros como esos hubiera conquistado toda la India en unas semanas!". Cuando llegan los misiles Julio César comenta: "Si hubiera dispuesto de flechas como éstas hubiera conquistado la Galia sin haber perdido un solo hombre".
Mientras tanto Napoleón se había retirado y hojeaba "Pravda", el periódico oficial del partido comunista, y musita: "Si yo hubiera tenido este periódico nadie se hubiera enterado de lo de Waterloo".



Hasta aquí la historia de humor que nos habla de algo que he oído muchas veces en los últimos años: "la percepción de la realidad es la realidad misma", y por eso la importancia de la prensa (escrita, en la radio, en televisión, en internet) con el fin de tener una sociedad libre. La prensa ha de intentar ser rigurosa y ecuánime; pero si opta por dar un sesgo a su visión de la realidad al final lo que realmente haya ocurrido puede acabar teniendo muy poca importancia.
Digo esto porque hoy he leído un artículo de La Vanguardia que me ha recordado la historia sobre Napoleón, César y Alejandro. La tesis del artículo es que las universidades han intentado no posicionar al sistema universitario en el conflicto planteado por el desafío secesionista. En concreto el texto dice que: "los grandes campus catalanes han tratado de mantener la neutralidad institucional" y que "Este intento por no posicionar el sistema universitario, esta "prudencia", en palabras de la rectora de la UAB, Margarita Arboix, ha llevado aparejada cierta "inactividad" en un momento de excepcionalidad, reconoce la rectora". Y se añade: "Para ello, argumentan tanto Arboix como Pons, es necesario mantener esta posición de neutralidad institucional".



En primer lugar, sorprende que se pretenda que es positivo mantener la neutralidad ante un golpe de Estado. Entre, por una parte, la derogación de la Constitución por la vía de hecho, la pulverización de los derechos de las minorías en el Parlamento de Cataluña, el intento de secesión ilegal y la utilización de la administración al margen de la ley; y por otra parte, la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y del respeto a la ley y a las sentencias judiciales. La neutralidad entre quienes han pretendido destruir nuestro marco de convivencia y quienes lo han defendido no es sabiduría, sino grandísima necedad, podríamos decir remedando el estilo del Cervantes vetado recientemente por los sicarios del independentismo.
Pero es que, además, esta pretendida neutralidad es más falsa que un billete de cuatro euros. Por ejemplo:


Esta es la página web de la Universidad de Girona. Fíjense en la neutralidad: la afirmación de que los detenidos son "presos políticos", y no personas acusadas de delitos graves que en cualquier país son penados con severidad. La petición de libertad que o bien es una presión a los jueces o bien una crítica a los mismos. En cualquier caso, una afirmación que ofende a una parte importante de la sociedad catalana, que se vio amenazada por la actuación de quienes robaron nuestros datos personales y nos advertían que nos privarían de nuestra Constitución y nos separarían del resto de nuestro país.
¿Neutralidad?
Pero es que basta leer el artículo para darse cuenta de la falsedad de la afirmación. En la pieza ¿periodística? se afirma que las Universidades catalanas se posicionaron a favor del 9-N (pese a su carácter ilegal) y que emitieron comunicados en contra del encarcelamiento de los políticos independentistas. A esto aún podríamos sumar la adhesión a la "parada de país" del 3 de octubre y otros comunicados (recuerdo uno en mi Universidad, la UAB, del día 20 de septiembre, coincidiendo con el registro de la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, realmente inoportuno).



¿Es esto neutralidad? Pero, además, es que no recuerdo ningún comunicado en relación al golpe a las instituciones perpetrado por los nacionalistas los días 6 y 7 de septiembre, ni tampoco en relación a las declaraciones de independencia de los días 10 y 27 de octubre. Aquí, parece que para ser neutral basta con afirmarlo, aunque todos los posicionamientos públicos hayan ido orientados al apoyo de las tesis nacionalistas y ninguno se haya hecho en favor de la Constitución, del Estado de Derecho y de la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Porque es que, además, aquí se han afectado a derechos de ciudadanos concretos, y las Universidades no han sido ajenos a ello. Ahora mismo se está ventilando un proceso por vulneración de derechos fundamentales que tiene su origen en la demanda planteada por unos estudiantes de la UAB, integrantes del colectivo Joves SCC-UAB, que habían sido excluidos del colectivo de estudiantes de la Universidad, y eso tras haber padecido el acoso por parte de colectivos independentistas, los mismos que pueden decorar con sus símbolos las paredes de la Universidad.


No son meras palabras. A continuación las pruebas de los ataques sufridos y de la forma en que lo difundían en redes asociaciones de estudiantes independentistas:





En este contexto, que el artículo de La Vanguardia indique que se ha tratado de mantener un difícil juego de equilibrios para evitar "una fractura interna" más parece un ejercicio de cinismo que otra cosa.
Y el problema quizás sea que algunos piensan realmente que el no condenar los ataques a grupos "unionistas" como Joves SCC-UAB y el "limitarse" a colocar lazos amarillos en la página web de la Universidad, convocar al "paro de país" o llamar a convocatorias para protestar contra la represión policial, con motivo de registros judiciales ordenados para investigar la comisión de delitos como rebelión, sedición, desobediencia o malversación de caudales públicos es realmente mantener la neutralidad; porque el nacionalismo ha ocupado tanto espacio en Cataluña que para muchos es simplemente inimaginable oponérsele frontalmente, y contemporizar con él es ya un ejercicio de "neutralidad", aunque sea a costa de apoyar a quienes intentan destruir el Estado de Derecho o limitan la libertad de expresión de quienes sí se oponen la nacionalismo.
Necesitamos voces que con claridad y convicción llamen a las cosas por su nombre. Nos sobran "Pravdas" en Cataluña.

viernes, 15 de junio de 2018

Universidad y derechos fundamentales

El 19 de abril de 2016 tiene lugar el primer acto del colectivo "Joves SCC-UAB" (JSCCUAB) en el campus de la UAB. El colectivo, recién incorporado al listado de colectivos del campus es invitado por la propia Universidad a instalar una carpa en la feria de colectivos. Cuando la carpa se estaba montando un grupo de personas increpan a quienes allí estaban y uno de los acosadores arranca la bandera española en la carpa y la raja con un cúter. Ante esta situación y a fin de evitar males mayores se opta por desmontar la carpa.



En vez de haber suspendido la feria de colectivos en solidaridad con el que había sido expulsado de ella por los intolerantes lo que se hace es reordenar el espacio para que todo siga como si no hubiera pasado nada. Entonces yo presidía Societat Civil Catalana y en mi calidad de tal y como profesor de la UAB pedí al entonces Rector Ferran Sancho, que condenara el ataque y se hiciera presente, como muestra de solidaridad, en la carpa que instalaría JSCCUAB unos días más tarde para reivindicar su presencia en el espacio público. El Rector se negó a realizar la condena solicitada y personarse en la carpa que se instaló el día 22 de abril y que fue objeto de un escrache por un grupo autodenominado "antifeixista".



En el mes de diciembre de 2016 JSCCUAB volvió a ser objeto de coacciones en el campus de la UAB. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir para impedir el paso a un grupo que pretendía rodear la carpa montada por JSCCUAB y un cineformum organizado por la entidad fue boicoteado por un grupo que ocupó el espacio inicial en el que debía celebrarse el acto y luego rodeó el nuevo lugar del evento. En el acoso intervinieron encapuchados que portaban palos.


En esta ocasión la UAB emitió un comunicado en el que indicaba que el espacio universitario debía estar a disposición de todos; pero no condenó el acoso sufrido por JSCCUAB. Las referencias genéricas al respeto a los derechos son, a mi juicio, insuficientes cuando es posible identificar claramente a los agresores y a los agedidos. En estas circunstancias es necesario solidarizarse con los últimos y condenar las actuaciones de los primeros.



Tras la emisión de este comunicado (en la tarde del 13 de diciembre de 2016) se produjo el acoso a un grupo de asistentes al acto de SCC. Fueron perseguidos por un grupo a la carrera en medio del campus, hasta el punto que estos asistentes cruzaron las vías del tren justo antes de la llegada de un convoy con el fin de protegerse así de los acosadores. Ninguna condena por parte de la Universidad en relación a esta acción.
Unos meses más tarde, en marzo de 2017, una carpa de JSCCUAB fue atacada en la Plaza Cívica de la UAB. Se desmontó la mismo y se roció con un extintor.


Ninguna condena por parte de la UAB. Las declaraciones del equipo de gobierno en relación a este "incidente" se limitaron a indicar que esa carpa había sido instalada sin el permiso de la Universidad. Ni solidaridad con los agredidos ni condena a los agresores. Una frialdad que choca con la condena muy pocos días después de una "incursión" de encapuchados en una copistería del campus.



Me parece bien que se hubiera condenado esta acción vandálica, pero al mismo tiempo hace aún más hiriente que ante una agresión como la que se puede ver un poco más arriba no se hubiera producido condena alguna de las instituciones universitarias.
JSCCUAB denunció públicamente lo que entendía que era pasividad de la institución ante las agresiones sufridas y pidió que el equipo de gobierno hiciera lo necesario para garantizar que todos en el campus pudieran ejercer en igualdad su libertad de expresión. También denunció que se tolerara que las asociaciones de estudiantes nacionalistas ocuparan con sus pintadas las paredes de los edificios de la Universidad.


JSCCUAB se había convertido en un fenómeno extraño en la Universidad catalana: un grupo de estudiantes que frente al nacionalismo dominante mostraba sin complejos su discrepancia con el proceso secesionista y su deseo de que Cataluña continuara participando en los proyectos español y catalán. No es difícil imaginar que molestaba.
Y así es como durante el curso 2016-2017 se desarrolló una campaña de recogida de firmas orientada a pedir que JSCCUAB fuera expulsada del campus. JSCCUAB pidió públicamente que no se permitiera una campaña que pretendía reducir la pluralidad ideológica en el campus; pero la protesta no surtió efecto y la campaña se desarrolló en distintos espacios de la UAB.



A finales del curso 2016/2017 desde el vicerrectorado de estudiantes de la UAB se comunicó a JSCCUAB que habían sido dados de baja del colectivo de estudiantes por considerárseles un colectivo "inactivo". JSCCUAB decidió, en vez de recurrir, solicitar de nuevo a comienzos del curso siguiente su incorporación al colectivo.
Tras una entrevista se les comunicó que se les denegaba la inscripción solicitada. Entre otras razones porque no accedían a cambiar su política de comunicación crítica con las decisiones adoptadas por los órganos directores de la Universidad.
Aquí es preciso aclarar que en los meses que precedieron a esta decisión de la UAB, JSCCUAB no solamente había mantenido las críticas a lo que ellos entendían "pasividad" ante quienes les acosaban en la UAB; sino que también se habían mostrado críticos con diversos comunicados emitidos en septiembre y en octubre y que mostraban -a juicio de JSCCUAB- que la institución compartía planteamientos nacionalistas incompatibles con su obligada neutralidad institucional.
En este momento tuve conocimiento de esta resolución del vicerrectorado de estudiantes a través de JSCCUAB. Me quedé extraordinariamente sorprendido y desilusionado. Que una institución universitaria que, además, es administración pública, pretenda condicionar el acceso al registro del colectivo de estudiantes a que estos sigan una determinada política de comunicación me parecía una limitación de los derechos fundamentales de los estudiantes que era incompatible con principios democráticos básicos. De hecho, el que se transmitiera la idea de que el equipo de gobierno seguía las opiniones que manifestaban los miembros de la comunidad universitaria y que esas opiniones pudieran tener consecuencias en el ámbito universitario tenía ya en sí una fuerza coactiva incompatible con el respeto a los principios que han de articular una sociedad libre.
Ante la negativa a proceder a la inscripción en el registro de colectivos de JSCCUAB, sus integrantes presentaron recurso a la Rectora. La Rectora confirmó la expulsión por resolución de 1 de marzo de 2018. Como la cosa me parecía extraordinariamente grave yo mismo presenté una queja al Síndic de la Universidad en el mes de marzo de 2018 transmitiéndole la gravedad de que un colectivo pudiera ser excluido del directorio como consecuencia de sus declaraciones públicas.
Hasta aquí unos hechos que podrán ser valorados de una u otra manera; pero que son los que son: JSCCUAB es constantemente acosado en la UAB, colectivos de estudiantes vinculados al nacionalismo organizan una recogida de firmas para pedir su expulsión de la Universidad y finalmente dicha expulsión se concreta en dos fases: en una primera son excluidos del directorio de colectivos y en una segunda se les deniega una nueva inscripción, alegando, entre otras cosas, que su política de comunicación no era adecuada y no mostraban voluntad de rectificarla.
Como digo, se intentó resolver el problema dentro de la propia Universidad. Primero en el marco del Vicerrectorado de Estudiantes, luego apelando a la Rectora y transmitiendo también el problema al Síndic de la Universidad. En todo este tiempo JSCCUAB se abstuvo de realizar declaraciones públicas en relación a su expulsión. Esto es, hizo lo posible para que el tema se resolviera dentro del ámbito universitario.
Ahora bien, una vez agotadas las vías universitarias y manteniéndose su expulsión ¿qué alternativas quedaban para la defensa de sus derechos? Una tan solo, acudir a los tribunales, que tienen la misión, entre otras cosas, de garantizar la tutela de los derechos fundamentales.
Porque a juicio de JSCCUAB esto es lo que había sucedido: se había vulnerado su derecho de asociación al no permitírseles constar en el registro de colectivos de la UAB, se había limitado de esta forma su posibilidad de transmitir sus planteamientos en el campus y, además, al producirse esa denegación por las opiniones que expresaban se producía una limitación de su libertad ideológica que, potencialmente, tenía capacidad de extenderse a otros miembros de la comunidad universitaria que pudieran temer represalias equivalente en caso de oponerse públicamente a la política de los órganos rectores de la UAB.
Todo de la suficiente gravedad como para acudir a los tribunales.
Y eso es lo que hicieron los integrantes de JSCCUAB, formularon recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales solicitando que se declarara que la expulsión del colectivo había vulnerado sus derechos fundamentales y que se acordara la inscripción del colectivo en el directorio.
La demanda ha sido admitida a trámite y la magistrada que está conociendo del asunto decidió conceder las medidas cautelares solicitadas: la inscripción provisional del colectivo en el directorio con el argumento de que había indicios de que sí podría haberse producido una vulneración de los derechos fundamentales. Literalmente se dice:
"En el presente caso ha quedado acreditado por parte de los recurrentes el "fumus bonis iuris" derivado de la exclusión del colectivo "Joves Societat Civil Catalana UAB" del Directorio de Colectivos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en base a unos argumentos por parte de la entidad que pudiera vulnerar los derechos fundamentales alegados, especialmente la libertad ideológica y de expresión, por cuanto uno de los motivos de su exclusión es el cambio de posicionamiento del colectivo en los perfiles públicos".
Veremos que dice la sentencia que se acabe dictando; pero, como digo, de momento se aprecia la existencia de indicios de esta vulneración de derechos fundamentales por parte de la Universidad, algo de una extraordinaria gravedad.
El que se hubiera abierto el proceso por vulneración de derechos fundamentales debería preocupar a toda la comunidad universitaria, que debería alarmarse ante la posibilidad de que la institución pudiera haber incurrido en una conducta lesiva de los derechos fundamentales de los estudiantes.
Es por eso que es sorprendente la declaración del Consejo de Gobierno aprobado esta semana en el que se muestra la confianza en el equipo de gobierno de la UAB y se lamenta la judicialización de los conflictos.



¿Eran conscientes los integrantes del Consejo de Gobierno que durante más de seis meses este asunto se había intentado resolver dentro de la Universidad? ¿Sabían que la demanda se basaba en el seguimiento por parte de la Universidad de las opiniones vertidas en redes sociales por los integrantes de JSCCUAB?

lunes, 11 de junio de 2018

Insurrección

Está tomado del libro de Sandrine Morel, corresponsal en España de Le Monde, "En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del procés".


La periodista relata lo que le cuenta un chico que había participado en las ocupaciones de colegios el día 1 de octubre. Como puede verse explica con todo lujo de detalles cómo habían preparado una emboscada a la policía que había acudido a cumplir con las órdenes judiciales relativas al cierre de los colegios electorales y a la incautación del material que allí se encontrara. La autora no da crédito a la falta de conciencia de lo que está relatando: una acción conscientemente dirigida a rodear a una fuerza armada.
El día 2 de octubre me entrevistaban en la Radio de la UAB. El periodista comenzaba leyéndome un artículo de Jordi Évole donde decía que había visto sangrar a señoras que podrían ser su madre y me preguntó qué opinaba. Le dije que me parecía que lo que había sucedido el día 1 de octubre tendría que ser investigado a fondo, que había estado durante todo el día viendo las imágenes y que me parecían extraordinariamente preocupantes, que había visto cosas que no eran propias de una democracia; que había visto cómo la gente rodeaba a la policía. Ahí el periodista me interrumpió y me dijo: "¿cómo gente rodeando a la policía? Será al revés ¿no?". "No, no", le contesté. "He dicho lo que quería decir y lo que yo vi, personas rodeando y acosando a la policía que estaba allí para cumplir con las órdenes judiciales". Entramos en una discusión en la que me preguntaba si negaba las imágenes de la violencia policial y yo le dije que no ponía en duda tales imágenes, pero que yo le explicaba lo que había visto, y esto también formaba parte del 1 de octubre.
Y lo mantengo. En el libro de Sandrine Morel se explica muy bien. La policía que había acudido a los colegios electorales se encontró con una resistencia organizada que en algunos casos llegó a ser violenta, como aquí se describe. También vi las patadas que daba un policía a personas que estaban en un centro, y también los disparos de balas de goma; y todo tiene que ser analizado en profundidad; pero tampoco pueden desvincularse unas cosas de otras.
De hecho, las imágenes que yo he visto de actuación más contundente de la policía se suelen corresponder con aquellos momentos en los que la policía es acosada o rodeada por los congregados, quienes en ocasiones también lanzan piedras u otros objetos a los policías. En esas circunstancias, y especialmente cuando los policías están subiendo a sus vehículos para irse, momento en el que son especialmente vulnerables, ningún acoso o intimidación puede ser admitido y en esas circunstancias es lógico que la policía reaccione porque ha de protegerse y ha de proteger su equipo, entre el que se incluyen armas de fuego.



Por supuesto también existen imágenes de violencia policial fuera de ese contexto y, como digo, han de ser investigadas; pero ahí también ha de tenerse en cuenta que la policía acude a los colegios con órdenes judiciales y que quienes allí les esperan están decididos a impedir que cumplan esas órdenes. Tal como explica Sandrine Morel, la resistencia estaba perfectamente organizada.
Cuando la policía ha de cumplir una orden judicial y se encuentra con un grupo de personas que pretenden impedirlo ha de pedir educadamente que se retiren. Si no lo hacen ha de ordenar la retirada. Si la orden no es atendida ha de explicar que en caso de que no les dejen cumplir con su trabajo emplearán la fuerza; y si ante esa advertencia se mantiene la actitud de resistencia la policía está legitimada para emplear una fuerza proporcional.
Habrá que investigar si el día 1 de octubre se cumplió con este protocolo y si la fuerza que se empleó fue proporcional; pero mi impresión es que sí lo fue; como muestra que el número de heridos hospitalizados por los incidentes generalizados en toda Cataluña fuera de unas pocas personas. Y el más grave de ellos, la persona que ha perdido la visión de un ojo, como consecuencia de los enfrentamientos con la policía, no con la fuerza empleada por ésta para desalojar a quienes obstaculizaban su acceso a los colegios.
En la Cataluña de Disneylandia que se han inventado los nacionalistas la gente puede desafiar a la policía, desobedecerla, escupirles o lanzarles piedras sin que estos puedan defenderse o reaccionar. Y si lo hacen, según las reglas de esa misma Cataluña del helado de postre cada día, son unos fascistas.
Las cosas no son así. Cuando se participa en una insurrección hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias.
Recomiendo el libro de Sandrine Morel. Explica muy bien lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años.


sábado, 9 de junio de 2018

La objetivación del horror

Hechos objetivos:
Reparemos otra vez en ello: una administración pública ha impedido que un partido político, y por más señas el partido que ha ganado las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, con más de un millón de votos, realice un acto político en la calle.
No sé si perciben las implicaciones de lo que acabo de explicar: estamos hablando de censura política y de discriminación por razón ideológica. Y no hablo de discriminación en el vacío. Compruébenlo, viendo el acto que se celebró en el mismo lugar en el que quería hacerlo Cs tan solo hace unos días.


La libertad de expresión, la libertad ideológica y la posibilidad de que todas las ideas puedan ser difundidas y accedan al espacio público son elementos fundamentales de nuestros Estado de Derecho, y también están reconocidos por el sistema europeo de Derechos Humanos. La discriminación por razón ideológica es incompatible con nuestra democracia e impedir que los poderes públicos la practiquen es una obligación que España asumió también cuando se incorporó a la UE. La pertenencia a la Unión es incompatible con que las diferentes administraciones no garanticen plenamente los derechos fundamentales, entre los que se incluye la expresión de cualquier planteamiento, con los límites que pueden derivarse del Derecho penal, del orden púbico o de razones de seguridad.
En relación a esto me permito no decir más y remitirme al comentario que hacía Miguel Presno, catedrático acreditado de Derecho Constitucional, en mi muro de facebook en relación a la noticia con la que comenzaba esta entrada.
"Una prohibición de ese tipo es contraria a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos: las reuniones y concentraciones políticas, sean del signo que sean, suponen “una manifestación colectiva de la libertad de expresión”, derecho que aparece como uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional español y que está situado “en una posición preferente y objeto de especial protección” (STC 101/2003, de 2 de junio, F. 3), y necesitada de un “amplio espacio” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, F. 5; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 4; 127/2004, de 19 de julio, F. 4); es decir, de “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero, F. 4). En la misma línea, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas en el sentido del artículo 10 del Convenio constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión y de asociación consagrada por el artículo 11,…, teniendo en cuenta su relevancia para el mantenimiento de pluralismo y el buen funcionamiento de la democracia” (asunto Refah Partisi y otros c. Turquía, de 13 de febrero de 2003)."
En otro comentario, y ante el matiz que le hacía sobre la diferencia entre la concentración misma y la utilización de elementos auxiliares como escenarios, megafonía o carpas me aclaraba lo siguiente:
"El uso de megafonía, carpas, mesas,.., está vinculado al ejercicio del derecho fundamental; como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 195/2003, de 27 de octubre, F. 6), “la posibilidad de emitir en el momento de la reunión mensajes escritos o verbales -amplificados por megafonía o no- por parte de los titulares del derecho de reunión es inescindible de éste, por lo que cualquier prohibición, limitación o imposición gubernativa sobre este punto ha de incidir de modo ineludible sobre el derecho de reunión… al fin de la emisión o intercambio de ideas, mensajes, reivindicaciones, aspiraciones, denuncias o adhesiones entre manifestantes y ciudadanos son imaginables una multiplicidad de medios materiales. Su libre utilización, siempre que no suponga una desnaturalización del contenido del derecho fundamental…, debe considerase amparada igualmente por el derecho del artículo 21.1 CE” (STC 193/2011, de 12 de diciembre, F. 7)."
No creo que quepa ninguna duda de que el ayuntamiento de Vic ha vulnerado derechos fundamentales y quebrado principios esenciales de nuestro sistema democrático. Una quiebra que, además, no está desconectada del intento explícito de que la ideología nacionalista ocupe el espacio público y se expulse de él a quienes no comparten los planteamientos de los secesionistas. Ayer mismo me ocupaba del indignante boicot al acto de homenaje a Cervantes organizado por Societat Civil Catalana en la Universidad de Barcelona.



Ante esta situación no cabe más que reaccionar, y hacerlo con mucha convicción. Creo que la decisión del ayuntamiento de Vic debería ser impugnada ante los tribunales por la vía del proceso específico para la protección de derechos fundamentales a fin de que se declare la vulneración producida, lo que serviría para intentar evitar que este tipo de acciones antidemocráticas se produzcan en el futuro.
Y digo "intentar evitar" porque no tengo muchas esperanzas de que las decisiones de los tribunales fueran respetadas por las administraciones controladas por los independentistas, quienes han hecho expreso que desobedecerán y nos muestran que tan solo siguen su propio criterio, sin atender a la Constitución, al Convenio Europeo de Derechos Fundamentales o a cualquier regla que dificulte sus planes.
Es por eso que el recurso ante los tribunales no puede ser la única actuación. La denuncia al Síndic de Greuges ha de ser formalmente presentada, pero sin ninguna esperanza de que el defensor de los nacionalistas actúe. Su presumible inacción debería servir para justificar el recurso al Defensor del Pueblo español.
Más allá de esto, hay que introducir este tema en la agenda política. El gobierno español ha de pronunciarse sobre este progresivo, y ahora acelerado, retroceso de los derechos fundamentales y principios democráticos en Cataluña. No es un tema menor ni al que pueda ser ajeno el Gobierno de España.
En esta misma línea, es necesario llevar esta situación a la Unión Europea. Como acabo de decir, la pertenencia a la UE obliga a que cada Estado respete de manera escrupulosa los derechos fundamentales, y este respeto puede ser exigido por la propia Unión. Creo que ha llegado el momento de que se plantee formalmente la quiebra de los principios democráticos en Cataluña como un problema europeo.
Ahora bien, también es preciso dar respuesta en la calle. Hoy mismo Inés Arrimadas y otros diputados de Cs viajaron a Vic con el fin de atender a los medios y dar testimonio de la aberración democrática que supone que el consistorio no hubiera permitido su acto político. Creo que todos hemos de agradecer a Cs que hubiera tenido la dignidad de acudir hoy a Vic para mostrar que no tolerarán ser excluidos del espacio público, lo que no sería más que una metáfora de la expulsión de ese mismo espacio de los catalanes no nacionalistas.
Es necesario indicar también que no fue suficiente la prohibición del acto; incluso la comparecencia ante los medios de Inés Arrimadas fue objeto de boicot por parte de los nacionalistas, tal como se puede apreciar en el vídeo de la misma.


Como digo no estamos ante un tema menor. Es objetivo que una administración pública ha impedido un acto público de un partido político que no comulga con sus ideas. Algo extraordinariamente en democracia.
Y algo que no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia que debería ser evidente para todos desde hace tiempo y que se basa en la ocupación del espacio público por una ideología concreta y la exclusión de ese mismo espacio público de quienes no comulguen con esa idea.
El paso previo a la prohibición de la idea, como ha sucedido en todos los totalitarismos.
Por desgracia no exagero. A esto es a lo que nos enfrentamos, totalitarismo, nacionalismo, xenofobia, incitación al odio. El horror de la laminación de la democracia.
Pero lo que a algunos les preocupa es "normalizar" la situación; una normalización que no va más allá de la cáscara de una sociedad que se está pudriendo ante nuestros ojos.

viernes, 8 de junio de 2018

Sobre fascistas

Hoy unos energúmenos fascistas han boicoteado un acto de Societat Civil Catalana en la Universidad de Barcelona. Un acto sobre Cervantes.



No empleo aquí el término "fascista" con precisión, puesto que no lo relaciono con el movimiento político que se desarrolló en Italia durante la primera mitad del siglo XX; sino que lo utilizo como se hace ahora habitualmente, como equivalente de "antidemócrata".
En una sociedad democrática el respeto a los demás y el reconocimiento de que todos han de poder acceder al espacio público es un principio básico. La tolerancia y la garantía de las libertades de pensamiento, ideológicas y de expresión son esenciales.
Una sociedad en la que se impide que algunos puedan expresarse ya no es una sociedad democrática.
Una sociedad en la que las personas son coaccionadas por sus ideas ya ha perdido la libertad.
Una sociedad en la que haya quienes se creen en el derecho de impedir que otros hablen u opinen ya ha entrado en el camino del autoritarismo.
Y esta es Cataluña. En Cataluña hay quienes creen que pueden decidir quién habla y quién no, quienes pueden ocupar el espacio público y quiénes no; qué ideas se pueden defender y cuáles no. Resulta intolerable e inadmisible.
Que existen coacciones e intentos de monopolizar el espacio público es evidente. Ya me he ocupado en otras ocasiones de cómo en la Universidad Autónoma de Barcelona prácticamente todos los actos organizados por Societat Civil Catalana han sido objeto de boicots o ataques. Hoy, otro acto de SCC ha sido boicoteado y ha acabado siendo suspendido.


Lo más grave, sin embargo, no es que existan fascistas que crean que pueden hacer primer sus opiniones sobre el resto, incluso por la fuerza. Lo más grave no es que haya quienes piensen que es legítimo impedir que otros realicen actos o expresen sus opiniones. Lo más grave es que tanto las instituciones como la sociedad justifican o explican esta quiebra de los derechos fundamentales.
Hace año y medio tuvimos en la UAB un acto que fue boicoteado por fascistas. Primero ocuparon el lugar en el que se iba a realizar el cineforum que organizaba Joves SCC-UAB. Luego rodearon el espacio alternativo en que se iba a desarrollar el evento e intentaron que no pudiera llevarse a cabo. Cuando acabó el acto todavía persiguieron a algunos de quienes habían participado en él, y que tuvieron que escapar hacia la estación de los ferrocarriles de la Generalitat en la Universidad, librándose de sus perseguidores al cruzar las vías justo antes de que llegara un tren.
Cuando en los días siguientes comentaba este ataque con compañeros de la Facultad y me escandalizaba porque se hubiera perseguido a aquellos asistentes al acto varios me dijeron "bueno, es que esos asistentes a vuestro acto eran fascistas".
"Fascistas", la palabra mágica. Bien, no no lo eran. Nadie me mostró ni la más mínima prueba de esa etiqueta; pero mi pregunta es ¿y si lo fueran? Imaginémonos que fueran lo que estos antidemocrátas llaman "fascistas" ¿justificaría eso que se les persiguiera haciéndoles cruzar las vías con un tren acercándose?
Esto es lo que me indigna. No la existencia de energúmenos que piensan que pueden perseguir a otros seres humanos porque sus ideas no les gustan; sino que ponderados profesores universitarios, enfrentados a un hecho como éste, aleguen que los perseguidos "eran fascistas". ¿Nos damos cuenta de a lo que hemos llegado?


Hoy ha vuelto a repetirse. Se organiza un acto por parte de SCC ¡sobre Cervantes! Un acto en el que participan académicos reconocidos, y hay unos cuantos fascistas que se creen en el derecho de decidir que no puede realizarse. Y a tal fin acosan, boicotean y mediante el ruido y golpes en las puertas pretenden perturbar su desarrollo hasta que finalmente se suspende; y eso pese a la convicción y dignidad que mostraron quienes se vieron encerrados por los energúmenos autoritarios.


En una sociedad donde la libertad y la democracia fueran la piedra angular de la convivencia las condenas se hubieran sucedido en cascada, la indignación sería generalizada y se haría patente que esas actitudes no son de recibo. Los tribunales ya habrían comenzado a investigar y la policía habría intervenido para defender el derecho de todos a expresarse.
No ha sucedido.
La policía, por las informaciones que ahora tengo, no entró en el edificio de la Universidad ni protegió de ninguna manera a los acosados, quienes, finalmente, tuvieron que suspender el acto. En estos momentos no veo ninguna condena en la página web de la UB. Por el contrario, son otros los que se han congratulado de haber conseguido paralizar el acto de SCC.




Estamos en una sociedad en la que impunemente se asume la comisión de actos delictivos. Porque impedir que alguien haga uso de su derecho es un delito, como mínimo de coacciones. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en el que sin rubor se afirma públicamente que están orgullosos de haber privado a otros de sus derechos?
El "argumento" que repiten es que SCC es fascista (o "amiga" de fascistas). Y esto se dice de una asociación que es Premio Ciudadano Europeo, que ha producido docenas de documentos sin que nunca nadie haya encontrado en ellos nada que no sea coherente con la defensa de los principios democráticos que caracteriza a SCC, y que ha emitido comunicados en los que pide que no se acerquen a sus actos quienes no compartan los valores democráticos, personas a las que se califica literalmente de "energúmenos fascistas"


Evidentemente todo lo anterior es igual, porque quienes pretenden ocupar el espacio público e impedir que accedan a él quienes se oponen al nacionalismo no repararán en argumentos ¿cómo lo harán quienes gritan "las calles serán siempre nuestras"?
Estos son los fascistas, quienes pretenden convertir la sociedad catalana en un páramo amarillo, quienes quieren callar cualquier disidencia, quienes pretenden ser los representantes en exclusiva de palabras como "democracia" o "libertad" y son, precisamente quienes nos las roban con sus actitudes intolerantes.
La sociedad tiene que reaccionar; y para eso ha de condenar, ha de condenar sin matices y mostrar que la intolerancia no es admisible, que la pretensión de silenciar a quienes se oponen al nacionalismo no puede contar con el apoyo o el silencio cómplice de quienes se dicen demócratas.

martes, 5 de junio de 2018

Por el diálogo entre catalanes

En las últimas semanas he oído muchas voces reclamando un diálogo entre el gobierno español y Torra, entre el gobierno de España y la Generalitat; un diálogo que, según esas mismas voces, debería servir para resolver el conflicto abierto en Cataluña. Creo que este análisis no es del todo correcto.



En primer lugar, ha de asumirse que el conflicto que padecemos es un conflicto entre catalanes. Es en Cataluña donde la convivencia está rota, donde los símbolos son usados como armas arrojadizas, donde se pelea por el espacio público, donde los ciudadanos sienten que las instituciones ya nos les representan. Es en Cataluña donde algunos pretenden que no hay más salida que saltarse la ley, es en Cataluña donde algunos nos sentimos amenazados por el poder público. Es en Cataluña donde unos recurren a los tribunales y otros se burlan de las sentencias. Este es un conflicto entre catalanes.
Y somos los catalanes en primer lugar los que debemos abordarlo. Y para ello tenemos que abrir un diálogo profundo, sincero, abierto, entre nosotros. Compartimos el mismo territorio y las mismas instituciones. Compartimos escuelas y calles, gobierno y parlamento, ayuntamientos y fiestas. Somos nosotros quienes hemos de escucharnos y entendernos como primer paso para hallar reglas de convivencia que nos permitan restañar heridas y afrontar un futuro juntos los catalanes nacionalistas y no nacionalistas.
No será fácil, pero es la única vía ¿o pretendemos vivir de espaldas unos a otros eternamente?
Y mientras ese diálogo entre catalanes no fructifique en acuerdos ¿de qué diálogo entre Madrid y Barcelona hablamos? No digo que las administraciones no tengan que hablar; pero han de hacerlo de la gestión de las competencias que a ambos interesan, del día a día de la administración. Evidentemente, de eso pueden y deben hablar pero ¿han de abordar ahora la Generalitat y el gobierno de Madrid un diálogo sobre el futuro de Cataluña? ¿De qué manera si los catalanes estamos divididos? ¿Llevará Torra a Madrid la opinión de algo menos de la mitad de Cataluña, la Cataluña nacionalista, como si fuera la opinión de toda Cataluña? Seguro que esa es su intención pero ¿ha de admitirlo el gobierno español, los partidos políticos o las Cortes? No, no deberían. Ante esta situación de división esas llamadas al diálogo por parte de los nacionalistas deberían tener una respuesta muy clara: "mire, Sr. Torra, lo primero es que los catalanes lleguen a acuerdos amplios, y sobre la base de esos acuerdos hablaremos; pero en la situación actual, con una sociedad dividida ¿pretende que lleguemos a acuerdos con usted que probablemente no satisfarán a una parte significativa de los catalanes? ¿qué futuro tendrían pactos "con Cataluña" que carecerían de la adhesión de una parte significativa de los catalanes?
Creo que cualquier otra respuesta por parte de "Madrid" sería una tremenda irresponsabilidad. Conseguida la desafección de una parte significativa de la sociedad catalana, la búsqueda de pactos con esa parte de la sociedad al margen de la mitad (al menos) de los catalanes no haría más que aumentar el descontento, la tensión y los enfrentamientos. Enfriar las posibilidades de ese diálogo con el Estado en tanto se mantenga la división dentro de Cataluña sería un ineludible ejercicio de responsabilidad.



Y ante esta situación ¿por dónde empezar? Lo primero es el reconocimiento del otro. Es necesario que los no nacionalistas reconozcan que hay una parte importante de los catalanes insatisfechos con la situación actual; pero también que los nacionalistas admitan a los catalanes no nacionalistas como parte de Cataluña y como actores necesarios en su situación. El ninguneo que practican los nacionalistas hacia los no nacionalistas no contribuye precisamente a sentar las bases de este diálogo tan necesario. Es preciso que todos asuman que nada se conseguirá contra la otra mitad de Cataluña.
A partir de aquí no hay una única forma de abordar ese debate. Creo que las asociaciones de la sociedad civil han de tener un papel; pero también el Parlamento, donde estamos todos representados. Es más, creo que la iniciativa para este diálogo debería partir de los grupos parlamentarios, y aquí el primer grupo de la Cámara catalana, Cs, tiene una especial responsabilidad.
¿Cuál debería ser el objetivo final de ese diálogo? Creo que los resultados de ese diálogo deberían plasmarse de muchas maneras. Unas con relevancia normativa y otras no; pero entre las primeras no hemos de descartar la posibilidad de un nuevo Estatuto de Autonomía.
El Estatuto vigente no contenta a nadie. Los nacionalistas no dejan de repetir que su contenido "no les representa"; pero los no nacionalistas tampoco están satisfechos con un texto que no hace más que dar forma jurídica al nacionalismo del que venimos y tantos malos nos ha causado. Somos muchos los catalanes que no estamos cómodos con un Estatuto que no da cuenta cabal del carácter plural de Cataluña, de una Cataluña que no puede ser tan solo la imagen que los nacionalistas tienen de ello. Creo que precisamos un Estatuto con el que todos los catalanes nos podamos sentir satisfechos. Y ese, desde luego, no es el estatuto vigente.
Quizás algunos se escandalicen de lo que acabo de escribir, pero si estamos de acuerdo en que vivimos una grave crisis de convivencia en Cataluña ¿no tendrá alguna responsabilidad en dicha crisis la norma básica que rige nuestra autonomía? Si asumimos que es preciso un diálogo profundo entre catalanes ¿mantendremos que ese resultado no ha de tener ningún reflejo en nuestra norma básica como Comunidad Autónoma?
Creo que esta es la tarea que debemos abordar: construir la convivencia entre catalanes, revisar lo que han sido las últimas décadas y hacer todo el esfuerzo posible para llegar a acuerdos que permitan devolver la paz a la convivencia. Si este diálogo acaba fructificando una reforma del Estatuto de Autonomía debería ser su corolario natural.
Y entre tanto este diálogo entre catalanes no avance, por favor, señores de Madrid, no tomen la parte por el todo ni den por supuesto que lo único que hay que hacer es contentar a los nacionalistas.
Los catalanes no nacionalistas no volveremos a callar.

viernes, 1 de junio de 2018

Carta a Pedro Sánchez

Cuando escribo esto faltan minutos para que usted sea designado presidente del gobierno de España. Ante todo, buena suerte.
Dentro, por tanto, de unas horas, usted será el responsable de la seguridad y de la libertad de los españoles, de su economía y del respeto a sus derechos. Y de esto último quería hablarle.
No sé si sabe (y aquí el "no sé" no es una forma vacía, se basa en que en sus muchas horas de atril ayer en Congreso de los Diputados no le escuché ninguna referencia -salvo error por mi parte- a lo que a continuación explicaré) que en una parte del país que ahora gobernará se vulneran sistemáticamente derechos de los ciudadanos, se discrimina por razón de ideología o de lengua y se carece de seguridad jurídica.



Me refiero a Cataluña, y lo que acabo de indicar, por desgracia, no son exageraciones. Está todo bastante detallado, por ejemplo, en los informes sobre déficits de calidad democrática en Cataluña presentados por Sociedad Civil Catalana (aquí está el primero, el segundo y el tercero).
En Cataluña las administraciones vulneran la libertad ideológica de los ciudadanos al adoptar como oficiales los planteamientos nacionalistas, y así lo han dicho los tribunales en varias sentencias (adscripción de colegios profesionales al pacto por el referéndum, incorporación de ayuntamientos a la Asociación de Municipios por la Independencia, presencia de banderas esteladas en espacios públicos).
En las Universidades se discrimina por razón ideológica y se limita la libertad de expresión de quienes se oponen al nacionalismo. Así se ha apreciado al menos indiciariamente por una decisión judicial en el marco de un proceso que está pendiente de sentencia. Ya sé que esto da menos réditos electorales que la falsificación de un título de máster o es menos morboso que la sustracción de unas cremas antiedad en un supermercado; pero creo que coincidiremos en que la vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes en una Universidad pública es objetivamente más grave que los casos que acabo de mencionar y deberían preocuparle como nos preocupan a muchos en Cataluña y fuera de Cataluña.
En las escuelas hay casos de adoctrinamiento que han sido denunciados y documentados; no se aplican las sentencias que establecen la obligación de que un 25% de la enseñanza se imparta en castellano y los padres que solicitan el cumplimiento de la ley son acosados; y en ocasiones en ese acoso participan miembros del partido de los socialistas catalanes (PSC). Estos casos de acoso han concluido con niños desplazados, boicots a comercios y una gran tensión social. Recientemente el propio Parlamento Europeo ha mostrado su preocupacion por el incumplimiento en Cataluña de las sentencias judiciales que establecen la obligación de una presencia mínima en la educación de la lengua materna de más de la mitad de los catalanes y oficial en Cataluña y en el conjunto de España ¿piensa hacer algo al respecto?
La falta de neutralidad de las administraciones es permanente y ni siquiera se consigue que se respeten las exigencias establecidas por las Juntas Electorales en período electoral. Las órdenes de la administración electoral para retirar de los espacios de titularidad pública símbolos partidistas es sistemáticamente desobedecida y finalmente las elecciones en muchos lugares se celebran en condiciones que no pueden merecer reconocimiento democrático.
La televisión pública de Cataluña invita a antiguos terroristas para que expliquen los delitos cometidos, y los entrevistadores intercambian sonrisas con ellos cuando se "bromea" sobre los asesinatos pepetrados. Esta misma televisión pública y también la radio pública no se caracterizan por cumplir aquello a lo que están obligados: la difusión de los valores constitucionales; al contrario, han sido utilizados como altavoz de los que pretenden por la vía de hecho derogar la Constitución en Cataluña.



Y este es el último punto que me gustaría comentarle. Como usted sabe, hace tan solo unos meses se produjeron en Cataluña unos hechos de una extraordinaria gravedad que obligaron a utilizar el mecanismo previsto en el art. 155 de la Constitución, una aplicación que usted mismo apoyó. El retraso en la utilización de las medidas previstas en ese precepto constitucional causó, sin embargo, un profundo daño a la imagen exterior de España, a su prestigio internacional y a su capacidad de interlocución con otros países. La concreción del desafío separatista, que llegó a colocar al servicio de la naciente república catalana la administración de la Generalitat ha tenido consecuencias internacionales que seguro que usted conoce mejor que yo.
Comprenderá entonces nuestra intranquilidad, ciudadanos catalanes comprometidos con los valores constitucionales, cuando percibimos la sintonía que muestra con quienes aún ahora no ocultan que su propósito sigue siendo convertir en realidad una república en Cataluña que nos privaría de nuestros derechos constitucionales y nos convertiría en extranjeros en nuestra propia tierra. Es cierto que usted ha reiterado su firme compromiso con la Constitución; pero ¿cómo es posible dicho compromiso con la renuncia a recriminar políticamente y a utilizar todos los medios de los que dispone el Estado para privar a quienes nos amenazan con la secesión de la utilización de los medios de los que dispone la administración de la Generalitat? Ya le he explicado cómo en los últimos años estos medios han sido utilizados para limitar la libertad y los derechos de quienes no compartimos los planteamientos nacionalistas y también para preparar lo necesario para la secesión. Tenemos derecho a confiar en que se adoptarán medidas para conseguir que este acoso, esta limitación de derechos y esta inseguridad cesen. No estamos hablando de lo que pueda suceder, sino de lo que ya está sucediendo, de lo que lleva años sucediendo.
Lo anterior no quiere decir que no defienda el diálogo, que ha de ser abordado de manera intensa, profunda y leal; pero me preocupa que usted -y ayer en sus intervenciones dio pie para pensarlo- asuma que el diálogo con Cataluña es el diálogo con los nacionalistas catalanes. Su rechazo y agresividad con el partido que ha ganado las últimas elecciones en Cataluña ha contrastado con su sintonía en relación a los que han protagonizado el ataque a la democracia más grave desde 1981 y, como digo, su discurso parecía identificarlos a ellos con Cataluña, obviando a los millones de catalanes que no somos nacionalistas y que exigimos el respeto a nuestros derechos constitucionales, también en Cataluña.