La objetivación del horror

Hechos objetivos:

El ayuntamiento de Vic ha impedido la realización de un acto de Cs en la localidad.

Reparemos otra vez en ello: una administración pública ha impedido que un partido político, y por más señas el partido que ha ganado las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, con más de un millón de votos, realice un acto político en la calle.

No sé si perciben las implicaciones de lo que acabo de explicar: estamos hablando de censura política y de discriminación por razón ideológica. Y no hablo de discriminación en el vacío. Compruébenlo, viendo el acto que se celebró en el mismo lugar en el que quería hacerlo Cs tan solo hace unos días.

La libertad de expresión, la libertad ideológica y la posibilidad de que todas las ideas puedan ser difundidas y accedan al espacio público son elementos fundamentales de nuestros Estado de Derecho, y también están reconocidos por el sistema europeo de Derechos Humanos. La discriminación por razón ideológica es incompatible con nuestra democracia e impedir que los poderes públicos la practiquen es una obligación que España asumió también cuando se incorporó a la UE. La pertenencia a la Unión es incompatible con que las diferentes administraciones no garanticen plenamente los derechos fundamentales, entre los que se incluye la expresión de cualquier planteamiento, con los límites que pueden derivarse del Derecho penal, del orden púbico o de razones de seguridad.

En relación a esto me permito no decir más y remitirme al comentario que hacía Miguel Presno, catedrático acreditado de Derecho Constitucional, en mi muro de facebook en relación a la noticia con la que comenzaba esta entrada.

"Una prohibición de ese tipo es contraria a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos: las reuniones y concentraciones políticas, sean del signo que sean, suponen “una manifestación colectiva de la libertad de expresión”, derecho que aparece como uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional español y que está situado “en una posición preferente y objeto de especial protección” (STC 101/2003, de 2 de junio, F. 3), y necesitada de un “amplio espacio” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, F. 5; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 4; 127/2004, de 19 de julio, F. 4); es decir, de “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero, F. 4). En la misma línea, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas en el sentido del artículo 10 del Convenio constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión y de asociación consagrada por el artículo 11,…, teniendo en cuenta su relevancia para el mantenimiento de pluralismo y el buen funcionamiento de la democracia” (asunto Refah Partisi y otros c. Turquía, de 13 de febrero de 2003)."

En otro comentario, y ante el matiz que le hacía sobre la diferencia entre la concentración misma y la utilización de elementos auxiliares como escenarios, megafonía o carpas me aclaraba lo siguiente:

"El uso de megafonía, carpas, mesas,.., está vinculado al ejercicio del derecho fundamental; como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 195/2003, de 27 de octubre, F. 6), “la posibilidad de emitir en el momento de la reunión mensajes escritos o verbales -amplificados por megafonía o no- por parte de los titulares del derecho de reunión es inescindible de éste, por lo que cualquier prohibición, limitación o imposición gubernativa sobre este punto ha de incidir de modo ineludible sobre el derecho de reunión… al fin de la emisión o intercambio de ideas, mensajes, reivindicaciones, aspiraciones, denuncias o adhesiones entre manifestantes y ciudadanos son imaginables una multiplicidad de medios materiales. Su libre utilización, siempre que no suponga una desnaturalización del contenido del derecho fundamental…, debe considerase amparada igualmente por el derecho del artículo 21.1 CE” (STC 193/2011, de 12 de diciembre, F. 7)."

No creo que quepa ninguna duda de que el ayuntamiento de Vic ha vulnerado derechos fundamentales y quebrado principios esenciales de nuestro sistema democrático. Una quiebra que, además, no está desconectada del intento explícito de que la ideología nacionalista ocupe el espacio público y se expulse de él a quienes no comparten los planteamientos de los secesionistas. Ayer mismo me ocupaba del indignante boicot al acto de homenaje a Cervantes organizado por Societat Civil Catalana en la Universidad de Barcelona.

Ante esta situación no cabe más que reaccionar, y hacerlo con mucha convicción. Creo que la decisión del ayuntamiento de Vic debería ser impugnada ante los tribunales por la vía del proceso específico para la protección de derechos fundamentales a fin de que se declare la vulneración producida, lo que serviría para intentar evitar que este tipo de acciones antidemocráticas se produzcan en el futuro.

Y digo "intentar evitar" porque no tengo muchas esperanzas de que las decisiones de los tribunales fueran respetadas por las administraciones controladas por los independentistas, quienes han hecho expreso que desobedecerán y nos muestran que tan solo siguen su propio criterio, sin atender a la Constitución, al Convenio Europeo de Derechos Fundamentales o a cualquier regla que dificulte sus planes.

Es por eso que el recurso ante los tribunales no puede ser la única actuación. La denuncia al Síndic de Greuges ha de ser formalmente presentada, pero sin ninguna esperanza de que el defensor de los nacionalistas actúe. Su presumible inacción debería servir para justificar el recurso al Defensor del Pueblo español.

Más allá de esto, hay que introducir este tema en la agenda política. El gobierno español ha de pronunciarse sobre este progresivo, y ahora acelerado, retroceso de los derechos fundamentales y principios democráticos en Cataluña. No es un tema menor ni al que pueda ser ajeno el Gobierno de España.

En esta misma línea, es necesario llevar esta situación a la Unión Europea. Como acabo de decir, la pertenencia a la UE obliga a que cada Estado respete de manera escrupulosa los derechos fundamentales, y este respeto puede ser exigido por la propia Unión. Creo que ha llegado el momento de que se plantee formalmente la quiebra de los principios democráticos en Cataluña como un problema europeo.

Ahora bien, también es preciso dar respuesta en la calle. Hoy mismo Inés Arrimadas y otros diputados de Cs viajaron a Vic con el fin de atender a los medios y dar testimonio de la aberración democrática que supone que el consistorio no hubiera permitido su acto político. Creo que todos hemos de agradecer a Cs que hubiera tenido la dignidad de acudir hoy a Vic para mostrar que no tolerarán ser excluidos del espacio público, lo que no sería más que una metáfora de la expulsión de ese mismo espacio de los catalanes no nacionalistas.

Es necesario indicar también que no fue suficiente la prohibición del acto; incluso la comparecencia ante los medios de Inés Arrimadas fue objeto de boicot por parte de los nacionalistas, tal como se puede apreciar en el vídeo de la misma.

Como digo no estamos ante un tema menor. Es objetivo que una administración pública ha impedido un acto público de un partido político que no comulga con sus ideas. Algo extraordinariamente en democracia.

Y algo que no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia que debería ser evidente para todos desde hace tiempo y que se basa en la ocupación del espacio público por una ideología concreta y la exclusión de ese mismo espacio público de quienes no comulguen con esa idea.

El paso previo a la prohibición de la idea, como ha sucedido en todos los totalitarismos.

Por desgracia no exagero. A esto es a lo que nos enfrentamos, totalitarismo, nacionalismo, xenofobia, incitación al odio. El horror de la laminación de la democracia.

Pero lo que a algunos les preocupa es "normalizar" la situación; una normalización que no va más allá de la cáscara de una sociedad que se está pudriendo ante nuestros ojos.