miércoles, 28 de septiembre de 2022

Lección inaugural. No en mi nombre

Es tradicional que cada curso se inicie formalmente en la universidad con una lección solemne, la lección inaugural. Usualmente se considera como un gran honor ser designado para impartir esa lección, en la que, idealmente, toda la institución se para por un momento para escuchar a aquel que es elegido para impartir una clase que, también idealmente, debería servir de modelo para las que todo el resto de profesores deberemos dictar (si se me permite el anacronismo) durante el año que comienza.
No cabe duda, por tanto, que la elección de la persona y del tema de la lección inaugural no debería ser cosa que se dejara al azar. La lección inaugural, de alguna forma, representa a la Universidad y no debe ser descuidada. No es un tema menor.
Para abordarlo existen diferentes opciones. En algunas instituciones, el encargo se atribuye al catedrático más antiguo; quien, se supone, deberá impartir una lección sobre algún tema de su especialidad. De esta forma, el azar del escalafón nos puede deparar un año una clase sobre agujeros negros y al curso siguiente otra sobre la batalla de Cannas o las oraciones subordinadas en la lingüística comparada. Este criterio también se puede enriquecer haciendo que sea el catedrático más antiguo de cada facultad o escuela, correspondiendo cada curso a uno de los centros el honor de aportar el docente de la lección inaugural.
Quizás esta solución sea la más aburrida pero, a la vez, la que mejor reflejaría la realidad auténtica (si se me permite la redundancia) de la Universidad. Otra en cambio, preferiría invitar a académicos reconocidos que impartirían una conferencia sobre su especialidad, normalmente, más bien en tono divulgador, porque quienes mucho saben, incluso aunque hablen de la cosa más común, algo nuevo nos enseñarán. Finalmente, se puede hacer el encargo a una persona conocida, aunque no sea estrictamente un académico reconocido para que hable de algún tema de interés general.
Esta última es, probablemente, la opción preferida actualmente; lo que, a su vez, plantea algunas dificultades; porque cuando el tema no es estrictamente académico se corre el riesgo de utilizar un acto institucional para desarrollar discursos que comprometan a la universidad más allá de lo que sería razonable en una institución académica, y más si se trata de una institución académica financiada con dinero público e integrada en la administración pública.
Es un riesgo, pero, ¡qué diantre! la universidad ha de asumir también algún riesgo. Si al final el conferenciante te sale rana y acaba diciendo alguna extravagancia, los responsables académicos siempre podrán encogerse de hombros y decir que en la universidad ha de primar la libertad de expresión.
Este curso la UAB, mi universidad, ha optado por elegir a Màrius Serra para que hablara de "Català, a l'atac en l'era del lingüicinisme". La universidad ya había indicado que la conferencia inaugural se enmarcaba en la campaña "No em toquis la llengua", de la que me ocupé en otro lugar.


El que la lección con la que se da inicio solemne a curso se enmarque en una campaña con un nombre tan desafortunado y que se mete hasta la cintura en un debate que divide a la sociedad -tal como hemos podido  tenido ocasión de comprobar con el conflicto sobre la vehiculariedad del castellano en la escuela; un conflicto que ha supuesto debates en el Parlamento, acciones judiciales, manifestaciones y artículos en prensa- auguraba una lección en la misma línea.
Y así ha sido.
Ciertamente, nada que objetar a la estructura formal del discurso. Bien construido, articulado y expresado, no cabe duda que Màrius Serra es un buen conferenciante. Ahora bien, como el mismo dijo en su intervención, hay que ver qué es lo que dice, no solamente la lengua en la que se dice.
Y lo que dijo no puede dejarnos indiferentes (a partir del minuto 14).


Para quien caiga en esta entrada sin tener ningún contexto, hay que plantear algunos antecedentes, aunque sea muy sumariamente.
Cataluña es una Comunidad Autónoma en la que son oficiales el castellano y el catalán. La mayoría de la población tiene como lengua materna el castellano; pero tanto la administración autonómica como los medios públicos de comunicación que dependen de ella, la escuela y, en buena medida, las universidades, utilizan casi exclusivamente el catalán. Puede comprobarse, por ejemplo, cómo en esta inauguración del curso de la UAB prácticamente la única lengua utilizada es el catalán, limitándose el español a alguna cita del conferenciante.
Este monopolio oficial del catalán responde a un planteamiento nacionalista que mantiene que lo natural en Cataluña es la utilización del catalán y que a eso ha de tenderse, dejando el español, pese a ser lengua oficial y mayoritaria, en una posición residual.
Frente al planteamiento anterior, hay quien sostiene que tanto catalán como castellano han de ser lenguas consideradas como propias por los catalanes; que el castellano ha de ser también lengua de la escuela (y por eso se pide una escuela bilingüe) y que las administraciones han de utilizar con normalidad ambas lenguas oficiales.
Por supuesto, este es un resumen brevísimo, y hay muchos más debates abiertos en relación a este cuestión nuclear para cualquier sociedad, la lengua, y especialmente importante en aquellas, como la catalana, en la que varios idiomas tienen una presencia muy significativa. Para desarrollos más detallados sobre las múltiples dimensiones de esta cuestión me remito a este documento de Impulso Ciudadano que trata con cierta profundidad la problemática de la convivencia de las lenguas en Cataluña.
Estos son los términos del debate, y la lección inaugural del curso 2022-2023 ha sido utilizada para realizar una encendida defensa de la primera de las posiciones, la que pretende que la única lengua legítima de Cataluña es el catalán; acompañado de insultos dirigidos a quienes defendemos posiciones diferentes.
En este sentido el señor Serra ha sido muy claro; especialmente cuando en el minuto 35, donde dice que bilingüismo debería ser con "v" de vil, y califica de "viles" a los bilingüistas que "denuncian escuelas".
El insulto gratuito, duro y reiterado dirigido a un colectivo claramente identificado, que no se oculta y que plantea sus reivindicaciones con los medios de los que dispone dentro del marco legal; cuando se hace, además, desde la cátedra universitaria y en uno de los momentos más solemnes del curso a quien envilece es a quien utiliza esa posición para intentar denigrar (intentar tan solo, porque denigra quien puede, no quien quiere) a quien no puede defenderse. Y, lamentablemente -y siento decir esto- creo que mancha también a la propia institución, al menos cuando esas palabras son aplaudidas, puesto que tras haberlas pronunciado ya no cabe el encogimiento de hombros y el "no sabía que iba a decir eso".
El insulto, además, iba acompañado de la mentira; pues dijo que quienes defendemos el bilingüismo en realidad lo que queremos es no aprender catalán. Cosa que es radicalmente falsa y una acusación tan ridícula que no merece la pena ni contestarla. Que una falsedad de ese calibre se lance impunemente desde una posición de privilegio como es la que tenía el día 27 de septiembre el señor Màrius Serra descalifica -y siento decirlo- el acto en el que se realiza y a quienes lo han diseñado. Y siento también decir esto último.
El insulto y la mentira eran el núcleo de una presentación en la que el conferenciante confrontaba sus propios planteamientos con los que muchos venimos expresando desde hace tiempo y que hace poco más de una semana nos convocaron en una manifestación bajo el lema "Español, lengua vehicular".


En la manifestación también se reivindicaba (por cierto, como reivindicaba el catalanismo en los años 70 del siglo XX) la enseñanza en lengua materna.
En su conferencia, el señor Serra tuvo tiempo para meterse con ambas reivindicaciones de la manifestación (sin nombrarla), tanto la enseñanza en lengua materna como el cuestionamiento de la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela. En ese punto aprovechó para decir que los únicos ciudadanos monolingües en Cataluña son castellanohablantes, no catalanohablantes; una afirmación que bien merecería la cita de alguna fuente o de la metodología utilizada para llegar a dicha conclusión, pues de otra forma se podría entender que desprende un cierto tufillo supremacista (los de mi grupo, catalanohablantes, hablamos más idiomas que los de tu grupo, castellanohablantes).
Si a lo anterior añadimos que, como se ha adelantado, tildó de viles a los que "denunciaban escuelas"; entiendo que refiriéndose a las reclamaciones judiciales de familias y asociaciones para que al menos una cuarta parte de la enseñanza se imparta en castellano, no creo que pueda ser calificado como paranoia que en buena medida el objetivo de la conferencia era criticar a quienes ponemos en duda la hegemonía del catalán en las escuelas catalanas.
Meterse en un debate así y utilizar la cátedra que se le prestaba para hacer una intervención claramente partidista no es, como digo, seguramente lo que un observador imparcial esperaría de una lección inaugural de un curso universitario; pero también ha de aclararse que hubo en la conferencia una parte de construcción (entre los minutos 37 y 49 del vídeo); una parte en la que Màrius Serra explicaba algo tan transcendente como qué quiere decir ser catalán.
No cabe duda que es también un tema de enjundia. Personalmente siempre me he quedado en lo que establece el art. 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: es ciudadano de Cataluña el nacional español con vecindad administrativa en algún municipio de la Comunidad Autónoma; pero, obviamente, el señor Serra ni consideró esta posibilidad para buscar un concepto mucho más esencialista de la condición de catalán.
Según Màrius Serra para ser catalán hay que hablar catalán (minuto 38), pero teniendo en cuenta que hay territorios en que se habla catalán y que, sin embargo, están fuera de la Comunidad Autónoma (minuto 42). Aparte de hablar catalán, sin embargo, es preciso algo más; y ese algo más es que no se subordine la condición de catalán a la de español o francés (minuto 45) y que no se muestre indiferente por el futuro de la lengua catalana (minuto 46).
Vamos, una sesión de repartir carnets de catalán sin ningún disimulo ni timidez.
Es una opción, claro. Una opción que se aparta de la definición estatutaria y que se conecta con visiones esencialistas y nacionalistas a partir de un marcador muy claro: la lengua. Una visión nacionalista y excluyente (el que no comparta estos valores no formará parte del grupo, de la catalanidad) que conocemos muy bien, y que es legítima como planteamiento particular o colectivo; pero ¿es el planteamiento oficial de mi universidad?
Diría que sí, porque el Rector y resto de la mesa aplaudió el discurso; esto es, los insultos, descalificaciones, mentiras y la reedición de la construcción romántica de la nación sobre la lengua. Además, el Rector, tuvo en su intervención tiempo para reafirmar el compromiso de la universidad con el catalán, una lengua en regresión, según explicó (quién diría que está en regresión viendo un acto como éste en el que la única lengua empleada fue el catalán) y agradecer la lección de Màrius Serra. Además, como digo, la lección inaugural ya se enmarcaba en una campaña que claramente apuesta por identificar una lengua como "correcta" y otra como "incorrecta" en el campus universitario. Curiosamente, la incorrecta es, casi con toda seguridad, la materna de la mayoría de los alumnos, quizás también de los profesores y PAS, y tan oficial como el catalán.
De esta forma, y desde mi punto de vista, lamentablemente, la lección inaugural sí que dice mucho de la UAB "oficial", de unos responsables universitarios que, como he comprobado ya en varias ocasiones, se pliegan al nacionalismo y pretenden convertirlo -hoy se ha visto- en ideología oficial de la universidad.
Pues bien, ante eso, somos unos cuántos los miembros de la comunidad universitaria que desde la modestia de nuestros puestos seguiremos reivindicando una universidad que respete todas las posiciones, que se centre en la docencia, la investigación, la transferencia y permita un debate en su seno lo más vivo posible, sin asumir como propios más que los principios democráticos básicos y los valores fundamentales que identifican a todas las democracias de nuestro entorno.
Principios y valores que no son los que defendió ayer el encargado de la lección inaugural.
Y creo que es mi responsabilidad como universitario y, en concreto, como parte de la comunidad universitaria de la UAB escribir esto y decir, "no en mi nombre".

lunes, 26 de septiembre de 2022

Comisión Europea y garantía de los principios democráticos en los países miembros de la UE

I. La visita de Reynders

Estos días visitará España el Comisario de Justicia de la UE.


Creo que es buena ocasión para repasar cómo puede (y debe) controlar la UE el respeto a los principios democráticos en los estados miembros. Es un tema que tiene una cierta dificulta técnica, pero espero poder mostrar que, a la vez, es relevante para la práctica y, sobre todo, para el análisis político de la situación en la que se encuentran la UE y sus estados miembros.
Se trata de ver el papel que juega la Comisión Europea y el resto de instituciones de la UE en el control del respeto a los principios democráticos en los estados miembros de la Unión. Qué dificultades tiene ese control y también qué riesgos plantea. Antes de entrar en ello, sin embargo, es preciso ver qué queremos decir con principios democráticos y cuáles son las obligaciones que, desde la perspectiva del derecho de la UE, asumen los estados miembros en relación a dichos principios democráticos. A su vez, para entender esto tenemos que detenernos un momento en la estructura de la UE o, por mejor decir, en la estructura de la articulación (no es una redundancia, aunque lo parezca) de los estados miembros y la UE.

II. El papel de la Unión y el papel de los estados miembros

La primera idea es que la existencia de la UE no implica que la Unión sustituya a los estados miembros o que la UE sea un "superestado". Nada de eso. La Unión tiene sus competencias y los estados tienen las suyas. De hecho, la UE tan solo tiene las competencias que le han atribuido los estados y, además, en las competencias que no son exclusivas de la UE -y, por tanto, concurrentes con las de los estados, la UE solamente actuará cuando esa actuación sea imprescindible para conseguir un determinado objetivo, sin que dicho objetivo pueda ser alcanzado por los estados (principio de subsidiaridad). Esto explica que haya muchas cuestiones en las que el recurso a las instituciones de la UE sea inútil, puesto que se trata de cuestiones que competen a los estados. De la misma forma, esto también permite explicar por qué la Carta Europea de Derechos Fundamentales tiene un alcance limitado, pues solamente se aplica respecto a las instituciones de la UE y, en relación a los estados miembros, cuando el estado en cuestión está aplicando derecho de la UE. Esta Carta de Derechos Fundamentales no es una "versión bis" del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que, como digo, tan solo pretende que las actuaciones de las instituciones de la UE, y de los estados miembros cuando aplican derecho de la UE, se ajusten a los estándares de protección que ofrece la mencionada Carta.
Si tenemos en cuenta lo anterior, resultará que el papel que pueden jugar las instituciones de la UE en relación a muchos debates internos de los estados es muy limitado, puesto que las competencias de la Unión también son limitadas. Si tuviéramos en cuenta tan solo lo anterior resultaría que poco o nada tendría que decir el señor Reynders sobre la renovación del CGPJ, por ejemplo.
Sin embargo, como sabemos, el señor Reynders sí que tiene cosas que decir sobre ese tema, y la justificación para que las diga es doble. Una no tiene que ver directamente con el tema del respeto a los principios democráticos en los estados miembros y la otra sí. Comencemos por la primera y tras ella vayamos a la segunda que es la que realmente nos interesa para el tema que queremos tratar.
La primera vía es que los jueces de cada estado miembro no son solamente jueces nacionales, sino que son también jueces europeos. Me explico: el derecho de la UE, más allá del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública, no tiene un cuerpo propio de aplicadores del derecho de la UE. Ese derecho ha de ser aplicado por las autoridades nacionales y, en particular, por los jueces, por lo que si el sistema judicial de cada país no reúne los requisitos necesarios de independencia resultaría que no se estaría permitiendo una adecuada aplicación del derecho de la UE. Esta fue la vía utilizada por el Tribunal de Luxemburgo para entrar a verificar la adecuación de la normativa sobre el poder judicial adoptada en Polonia [STJ (Gran Sala) de 24 de junio de 2019, As. C-619/18, Comisión Europea c. República de Polonia, ECLI:EU:C:2019:531]



Ahora bien, como decíamos, esto no es lo que más nos interesa, sino la otra base que fundamenta la actuación de la UE en el control del respeto a los principios democráticos en los estados miembros, la que abre el art. 2 del TUE.

III. Los valores comunes a los estados miembros

Este artículo establece que la Unión se fundamenta "en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías". Y añade: "Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres". La importancia que tiene el respeto a estos valores en los estados miembros viene reforzada por lo que establece el art. 7 del TUE donde se prevén actuaciones y sanciones para los casos en que exista "un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2" y también cuando se constate "la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2".
De estos preceptos se deduce que hay una obligación, derivada del derecho de la UE y que se proyecta sobre todos los estados miembros, de garantizar el respeto a los principios que recoge el art. 2 del Tratado de la Unión Europea.

Y si hay una obligación derivada del derecho de la UE, las instituciones de la UE, incluida la Comisión, tienen competencia para verificar el cumplimiento de dicha obligación. Por esta vía, las instituciones de la UE adquieren una capacidad general de fiscalización del funcionamiento de los principios democráticos en los países miembros de la Unión.

Lo anterior parece que es "dos más dos, igual a cuatro"; pero ha habido no pocas resistencias a admitir el resultado que se acaba de explicar. De hecho, es relativamente reciente la asunción de esta competencia de la Unión, que se ha clarificado como consecuencia de las infracciones detectadas en Polonia y Hungría. Ha sido a partir de esos casos que las instituciones europeas han mostrado una voluntad más nítida en la monitorización del respeto a los principios democráticos en los estados miembros. En este sentido resulta significativa la propuesta motivada de la Comisión para una decisión del Consejo en relación a Polonia del año 2017, donde se dice expresamente que la Comisión y el resto de instituciones de la UE son responsables, junto con los estados miembros, del respeto en estos de los valores comunes de la Unión.


Es una afirmación de una enorme importancia que ha tenido continuidad con el establecimiento de un mecanismo de verificación permanente de la situación del Estado de Derecho en los estados miembros, un informe anual del que ya se han publicado tres ediciones (2020, 2021 y 2022)


Que se completa con un mecanismo de condicionalidad en la recepción de los fondos europeos que se supedita al respeto al Estado de Derecho en los estados miembros.


Se trata de mecanismos que dotan a las instituciones europeas de un enorme poder. Son un paso adelante en la federalización de Europa y creo que han de ser valorados de manera muy positiva.

IV. Un gran poder lleva aparejada una gran responsabilidad

Pero, como dicen en Spiderman, un gran poder supone también una gran responsabilidad. La Comisión ha de administrar con sabiduría unas herramientas que conectan el núcleo de los debates políticos internos de los estados miembros con Bruselas. Hay que hacerlo, no hay otra vía; pero hay que hacerlo siendo muy conscientes de que se está jugando con fuego.
¿Por qué digo lo anterior? Pues porque la Comisión puede tener la tentación de utilizar este mecanismo de control del respeto a los principios democráticos como una herramienta más de apoyo a sus políticas; lo que implicaría que en función de factores que no son el control técnico y objetivo de la vulneración de los principios democráticos se actuaría con más o menos intensidad en función del país infractor o de la naturaleza de la infracción. Esto es, evidentemente, muy peligroso.

Ya hemos visto ejemplos de ello. Uno de los motivos por los que se está investigando a Polonia es porque ha establecido un mecanismo de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces en los que tales miembros son elegidos por el Parlamento por una mayoría de 3/5. Esto motivó las protestas de la Comisión, que se reflejaron en la propuesta motivada de decisión que citaba hace un momento.


Bueno, esa mayoría de tres quintos en las cámara legislativas para designar a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces es el que hay en España desde 1985, un sistema de designación que los partidos de gobierno en España pretendieron modificar para sustituir la mayoría de tres quintos ¡por mayoría simple! Lógicamente, le faltó tiempo a las autoridades polacas para llamar la atención de la Comisión sobre el tema y exigirles que hicieran con España lo mismo que estaban haciendo con Polonia. A la Comisión no le quedó más remedio que intervenir y el tema de la renovación del CGPJ será uno de los que salgan en las reuniones que el Comisario mantendrá en España en los próximos días. Ahora bien, la gestión de este tema por parte de la Comisión sigue mostrando una contemporización con el gobierno de España que tiene difícil explicación desde un análisis objetivo de los requisitos que deberían considerarse para determinar el respeto al Estado de Derecho y, más en general, a los principios democráticos.
Así, en el último informe sobre el Estado de Derecho en España, la Comisión insiste en la necesidad de modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ por una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado (el mismo sistema que es objeto de críticas en relación a Polonia) pero, a la vez, se pide que ANTES de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para adecuarlo a las exigencias del Consejo de Europa y de la Unión Europea, se proceda a la renovación del CGPJ, de acuerdo con unas reglas que la propia Comisión considera que no se ajustan a los estándares europeos.
Es más, parece ser que el  Comisario Reynders se reunirá con PP y PSOE para conseguir desbloquear la elección de los vocales del CGPJ.


Esto es un disparate. De acuerdo con la normativa española, no son el Gobierno y el PP quienes designan a los vocales del CGPJ, sino que son el Congreso y el Senado. Si se quiere mantener alguna apariencia de respeto a la independencia judicial lo que, en su caso, tocaría hacer es forzar a los presidentes del Congreso y del Senado a que pusieran en marcha el mecanismo de renovación del CGPJ de acuerdo con el sistema viciado que ahora tenemos; pero sin profundizar en la politización del mismo reconociendo abiertamente que lo que se hace en el Congreso y en el Senado es un mero pariré y que todo se cuece entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Esto es tanto como condenar a la ilegitimidad al próximo CGPJ ¡y con el amparo del Comisario de Justicia de la UE que es quien debería velar por el respeto al Estado de Derecho!
¿Cómo es que se ha llegado a esto? Mi hipótesis es que Reynders, para conseguir la promesa de la modificación del sistema de elección del CGPJ ha introducido una exigencia que viene de la parte del Gobierno: la de la necesidad de renovar el CGPJ antes de que se produzca esa reforma. Si no es por concesión al Gobierno español no se alcanza el por qué de la exigencia de que esa renovación se produzca con anterioridad a la modificación de la normativa para adecuarla a las exigencias del Consejo de Europa y de la UE; exigencias que se concretan en que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces.

V. Sesgos en el informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la UE

El caso en sí es grave, pero lo traigo aquí a colación como ejemplo de los equilibrios que hace la Comisión para llevar adelante su responsabilidad de velar por el respeto a los principios democráticos en los estados miembros y la necesidad de no molestar excesivamente a demasiados gobiernos a la vez. Esto explicaría también un cierto sesgo en el informe anual sobre el Estado de Derecho, un sesgo que lleva a que determinadas actuaciones que han merecido un firme reproche de la Comisión en relación a unos estados sean pasadas por alto cuando son otros los estados afectados. Pondré un ejemplo cercano: en la ya mencionad propuesta motivada de decisión del Consejo en relación a Polonia se incide en que supone una vulneración del Estado de Derecho que miembros del poder ejecutivo, o, incluso, del partido de gobierno, descalifiquen a los jueces.


¿Qué decir entonces del gobierno de la Generalitat y sus continuas descalificaciones a los jueces, descalificaciones que van acompañadas de la desobediencia abierta y expresa a las decisiones judiciales y a una política de hostigamiento a los jueces en la que participan los partidos de gobierno de la Generalitat? Si se considera que, en el caso de Polonia, declaraciones públicas contra jueces impulsadas por el gobierno polaco o parlamentarios de la mayoría de gobierno han llegado a plasmarse en una propuesta motivada de decisión del Consejo sobre vulneración del Estado de Derecho, ¿cómo es posible que la abierta desobediencia a la judicatura en Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat no merezca ni una línea en el informe anual sobre el Estado de Derecho?




Solamente se me ocurren dos explicaciones. Una de ellas ya ha sido apuntada: la Comisión utiliza su competencia en materia de vigilancia del respeto a los principios democráticos en los estados miembros como una herramienta más de su política general, usándola como palo, en la dicotomía entre palo y zanahoria, en sus relaciones con los gobiernos. Y aquí la facilidad con la que sale el palo depende en buena medida de la mayor o menor intensidad con la que el gobierno de turno se da golpes de pecho europeístas.
Hay también otra explicación: la sensibilidad de la Comisión no es la misma cuando las infracciones van en una línea que cuando van en otra. Esto es, hay ciertos planteamientos ideológicos (el nacionalismo periférico, por ejemplo) que cuenta con mayores simpatías y al que se le permiten más cosas que a otros tipos de comportamientos igualmente contrarios a principios democráticos, pero que, además, cuentan con un peor aparato de propaganda.

VI. La responsabilidad de la Comisión en una Europa dividida

Esto último es especialmente peligroso. A nadie se le oculta que ahora mismo en Europa se desarrolla un debate integrísimo entre diferentes ideologías y concepciones sobre cómo han de configurarse los derechos fundamentales y las libertades públicas que está pensionando no solamente la UE, sino también el Consejo de Europa y el debate político en los estados miembros. Las instituciones europeas, por supuesto, han de defender aquellos valores y principios que son comunes (art. 2 del TUE) y que, en buena medida, son ante todo procedimentales, porque las democracias liberales se caracterizan por un sano escepticismo que hace prevalecer el debate público sobre las verdades eternas, tanto en un sentido como en el otro.
Si la Comisión no atiende a este principio y, por tanto, no es riguroso al máximo en la forma, muy exigente en lo que se refiere a principios comunes de los estados miembros y cautelosa en aquello que no sean principios comunes, acabará siendo percibida como un agente partidista más.
Y eso, en la Europa crispada y dividida que vivimos sería una muy mala noticia.

martes, 20 de septiembre de 2022

Constitucionalismo v. PSC


Hay un detalle en el que se repara poco cuando se compara la manifestación del pasado 18 de septiembre, "Español, lengua vehicular", con las manifestaciones constitucionalistas del año 2017. En aquellas, como veremos, de una forma u otra estaba el PSC. La manifestación de este último domingo, sin embargo, se ha hecho contra el PSC. Y este no es un detalle menor.


Confieso que no había reparado en ello hasta que en medio de la manifestación me percaté de que no había gritos contra el gobierno de Sánchez, el PSC o el PSOE. Sí que hubo recriminaciones en el manifiesto que se leyó y en las intervenciones finales, pero no recuerdo eslóganes contra los socialistas durante la marcha, al menos en la parte en la que yo estaba.


Lo anterior no deja de ser extraño, pues, en realidad, quien nos había convocado allí era la complicidad del PSC y del gobierno de España con los nacionalistas y en los últimos meses ha quedado clara la enorme responsabilidad, tanto del gobierno, como de los partidos socialistas (PSC/PSOE) en la situación actual de la escuela catalana. Ya no se trata de que el gobierno haya dejado hacer o mirado para otro lado; sino que ha sido cooperador necesario en la desactivación de la sentencia del 25%; tanto por haberse opuesto (a través de la Abogacía del Estado) a la ejecución forzosa de la decisión judicial (ejecución solicitada por la AEB, en el marco de la plataforma "Escuela de Todos", “Hablamos Español” y padres de alumnos escolarizados en Cataluña); como por haber pactado con los nacionalistas una ley (la ley autonómica 8/2022) que, según lo ha interpretado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impide la ejecución de dicha sentencia.


El TSJC ha señalado los vicios de inconstitucionalidad en que incurren tanto el decreto ley 6/2022 sobre proyectos lingüísticos de centros educativos, como la ley 8/2022 sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza universitaria, normas promulgadas por la Generalitat con el fin expreso de impedir la ejecución de la sentencia del 25%. También ha aclarado el TSJC que tales disposiciones paralizan la ejecución de la sentencia que obliga a que el español sea lengua vehicular en la escuela. Se trata de constataciones que no pueden ser obviadas al valorar la negativa del gobierno de España a impugnar dichas normas ante el Tribunal Constitucional (TC). Una impugnación que hubiera implicado la suspensión de la eficacia de las mismas. Advertido por los tribunales de que dicha ley y el mencionado decreto ley presentaban visos de inconstitucionalidad, y siendo conscientes de que tan solo el gobierno podría evitar que fueran aplicados durante el desarrollo del proceso de declaración de inconstitucionalidad ante el TC, dejar de usar la facultad que la Constitución le confiere para paralizar las normas autonómicas de rango legal que están siendo estudiadas por el Alto Tribunal, convierte al gobierno en cómplice de la Generalitat en la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes.


La inmensa mayoría de los que nos congregamos en Barcelona el día 18 de septiembre éramos conscientes de lo anterior y así se hizo constar en las intervenciones finales, como he indicado; pero, pese a ello, costaba verbalizarlo durante la marcha, aunque tan solo fuera con un grito. Y creo entender por qué. Intentaré explicarlo a continuación.


Hace años que se vive en España una fractura profunda entre quienes valoran positivamente la Constitución, el sistema democrático de derechos y libertades que diseña, y el mecanismo de articulación territorial que prefigura; y quienes, por el contrario, desean la destrucción de ese delicado andamiaje jurídico y político para cambiar la forma de gobierno (III República) y/o desgajar parte de su territorio. En este último caso con la alternativa de, sin llegar a la independencia formal, convertir el estado autonómico en una confederación en la que el poder central sería testimonial.


Esta tensión profunda entre dos maneras de entender el país se desarrolla más allá del marco constitucional, precisamente porque su destrucción es el objetivo de uno de los bandos; lo que lleva a situaciones de confrontación que casi llega a ser física. La sesión de investidura de Rajoy en octubre de 2016 nos abrió una puerta a ese enfrentamiento entre dos concepciones diferentes, radicalmente diferentes, del país.



En aquel debate hubo un momento significativo. Antonio Hernando (PSOE) pidió la palabra tras una intervención de Gabriel Rufián y le recordó que los socialistas habían vertido sangre para defender la democracia que permitía que Rufián estuviera en el Congreso expresándose con libertad y utilizándola para insultar de manera soez al grupo parlamentario y al partido socialista. Esas palabras de Hernando fueron recibidas con un fuerte y emocionado aplauso de los diputados no solamente socialistas, sino también de Cs y del PP. Ahí se vio con claridad uno y otro bloque en el Congreso, y he de reconocer que aquel momento me impresionó, porque también era consciente de lo frágil que era aquel aplauso.



Seis años después el PSOE está con Rufián y lo que representa. No hay duda sobre ello. Lo demuestran muchas cosas, y también, de forma muy clara, su alianza con el nacionalismo para excluir al español como lengua de la escuela en Cataluña. Durante lustros (o quizás, décadas) el PSC ha intentado una difícil equidistancia entre constitucionalismo y nacionalismo; pero al final la moneda deja de rodar y cae sobre una de sus caras. El giro no puede ser eterno.


Y la cara que ha quedado a la vista es la nacionalista. La manifestación del 18 de septiembre lo muestra. Es una manifestación constitucionalista en la que el PSC no  es que no esté presente; sino que, además, tiene como finalidad protestar por las políticas que desarrollan el partido y el gobierno socialista. Esto marca una diferencia esencial con las manifestaciones del año 2017, que no se limitan a las del mes de octubre, sino que también incluyen la de 19 de marzo, "Aturem el cop!", en la que se consiguió lo que entonces parecía imposible: llenar Vía Layetana hasta la subida hacia Plaza Sant Jaume.



El PSC no se sumó como tal a la convocatoria; pero sujetando la pancarta estaba David Pérez, entonces (y ahora) diputado socialista en el Parlamento de Cataluña.



En las grandes manifestaciones de octubre de aquel año ya hubo representación del partido socialista. No se les veía excesivamente entusiasmados con la idea de tener que compartir pancarta con el PP y Cs; pero al final, de una forma u otra, el partido socialista estaba presente.




No, en cambio, en la de 18 de septiembre de 2022. En la manifestación había socialistas (pude estrechar la mano de alguno); pero no había ningún cargo directivo o diputado sosteniendo la pancarta.

Ni lo había ni podía haberlo porque, como decía, la manifestación protestaba contra una política lingüística que ya no es la política nacionalista, sino que es la política nacionalista y socialista, unidos estos a los primeros por los vínculos que comentaba antes: el pacto para sacar adelante la ley 8/2022, el rechazo a la ejecución forzosa de la sentencia del 25% y la negativa del gobierno a impugnar ante el TC tanto el decreto ley 6/2022 como la ley 8/2022.

El constitucionalismo ya no es que no pudiera contar con el apoyo socialista, sino que no tenía más remedio que oponérsele. No por opción del primero, sino como inevitable consecuencia de la colaboración del segundo en la privación de derechos que sufren los alumnos catalanes; una colaboración que encontraba reflejo en otra imagen: el posado en el Parlamento de Cataluña de nacionalistas, comunes y socialistas tras la aprobación de la ley 8/2022



Creo que se ha destacado poco esta dimensión de la manifestación del 18 de septiembre, cuya transcendencia me había pasado desapercibida hasta que sentí lo costoso que nos era lanzar contra un partido que hasta ahora era “de los nuestros”, los reproches que tantas veces habíamos dirigido hacia los nacionalistas.

La ausencia del PSC/PSOE era algo más que una ausencia; era la constatación de que en esa división profunda entre las dos Españas de la que somos testigos desde hace años, el bando de aquellos que quieren poner fin al período más largo y próspero de convivencia y libertad en la historia de España está a punto de absorber de manera difícilmente recuperable a uno de los partidos que más había trabajado, sufrido y pagado por robustecer el sistema democrático que surgió tras la dictadura franquista.

Pienso que era esa dura constatación la que cerraba las gargantas. Reunir una manifestación como la del domingo en Cataluña, que se dirigía simultáneamente contra el nacionalismo y contra el PSC, sería impensable hace muy poco; pero éste es uno de esos casos en los que el éxito deja un trozo de hielo en el corazón.

jueves, 25 de agosto de 2022

Partido Socialista e inmersión

Esta entrevista, si no estoy equivocado, se hizo a Ernest Maragall cuando era Consejero de Educación en un gobierno presidido por José Montilla; esto es, un gobierno socialista, aunque con participación también de ERC y de Iniciativa per Catalunya; lo que se conoció como "tripartito".


Es muy claro. El Consejero de Educación entonces nos explica en qué consiste la inmersión. Dice que tiene que aplicarse en aquellos lugares en los que los alumnos no tienen un contacto "natural" con el catalán e implica que toda la actividad escolar, excepto el aprendizaje de otras lenguas, ha de hacerse en catalán.
Es lo que se viene practicando en las escuelas de Cataluña desde hace más de veinte años: una política (sí, sí, política; esta es una decisión política que tiene una justificación política) que está orientada a que la única lengua de la escuela sea el catalán, de tal manera que la otra lengua oficial en Cataluña, el español, queda relegado al papel de una lengua que se aprende, pero ni es una lengua EN la que se aprende ni puede ser usada en las actividades y comunicaciones ordinarias de la comunidad educativa.
Esto que explica el Consejero, entonces socialista, es contrario a la Constitución. He dedicado varias entradas a explicarlo con referencia a las decisiones del Tribunal Constitucional en las que se declara que el castellano, en tanto que lengua oficial en toda España tiene que ser utilizado con normalidad como lengua vehicular. Pueden consultarse aquí.
Lo anterior no quiere decir que el catalán no pueda tener una presencia mayor que el castellano en la educación, pero esta mayor presencia no puede implicar exclusión del español como lengua de la escuela. Y hay varias razones que explican y justifican la razón de esta garantía de presencia del castellano.

En primer lugar, no estamos hablando solamente de lengua de aprendizaje, sino de lengua que utilizan los profesores y resto de trabajadores en sus comunicaciones. Entre ellos y con otras personas (familias, instituciones, etc.). El español, como lengua oficial no puede estar excluido porque las administraciones han de utilizar ambas lenguas oficiales, sin excluir a ninguna de ellas. Así lo hace la administración general del Estado en Cataluña (donde se emiten, por ejemplo, los DNIs en versión bilingüe, castellano y catalán); pero no la Generalitat, que utiliza, por lo general, únicamente el catalán (échenle un vistazo, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria que emite la Generalitat).
En la escuela esta exclusión del español tiene consecuencias, porque contribuye a fijar en los alumnos la idea de que la única lengua "propia" es el catalán, cuando en la escuela debería también prestigiarse la lengua que es oficial en toda España. La lengua escolar tiene un valor simbólico indudable que los nacionalistas conocen perfectamente. De ahí su obsesión por excluir el castellano de la escuela.

En segundo término. La mayoría de los alumnos catalanes tienen como lengua materna el castellano. La exclusión de la lengua materna supone una dificultad adicional para los niños castellanohablantes, que al comenzar la escuela se encontrarán con una lengua extraña, lo que marca una diferencia sensible con los niños catalanohablantes, que verán en la escuela una continuidad con la lengua que ya hablan en casa. Quien no quiera reparar en ello poca sensibilidad tiene acerca de lo que implica para un niño comenzar su etapa escolar.
De hecho, las escuelas privadas que utilizan varias lenguas comienzan siempre potenciando la lengua materna del alumno para, a partir de ahí, ir introduciendo otras lenguas.


Esto, además, se corresponde con las recomendaciones de la UNESCO, que destaca la importancia de que la lengua materna sea lengua de aprendizaje. Esta presencia de la lengua materna, como herramienta pedagógica, está expresamente excluida para los castellanohablantes en Cataluña porque prima la política nacionalista de imposición del catalán, una lengua que quiere convertirse en supraoficial, intentado que se produzca un fenómeno de sustitución lingüística. Esto es, que los castellanohablantes dejen el español para convertirse en catalanohablantes.
Tanto se ha insistido en ello en estas últimas décadas que ya no nos causa escándalo que los poderes públicos pretendan dirigir la lengua que usan los ciudadanos y que utilicen para ello la escuela.

La entrevista a Ernest Maragall con la que comenzaba da cuenta de lo que a estas alturas debería ser evidente: el partido socialista es un elemento esencial en esta política nacionalista de sustitución del castellano. Lo vemos en la entrevista de hace 15 años; pero estos últimos meses lo hemos podido comprobar en toda su crudeza. Cuando los tribunales habían conminado a la Generalitat a impartir al menos un 25% de la docencia en castellano, el partido socialista pactó con los nacionalistas una reforma legislativa frente a la que son impotentes los tribunales ordinarios y que obliga a remitir la cuestión al Tribunal Constitucional, a la vez que el gobierno (socialista) se niega a pedir a este mismo Tribunal Constitucional la suspensión de las normativas que la Generalitat opone a la aplicación de las decisiones judiciales que garantizan una presencia mínima del español como lengua de la escuela en Cataluña.
La complicidad en este tema de nacionalistas y socialistas es clara. El objetivo de ambos es que la única lengua de la escuela en Cataluña sea el catalán, excluyendo así al español, lengua oficial en toda España y materna de más de la mitad de los catalanes.
Creo que es hora de decir ¡basta! Hasta aquí hemos llegado y no admitiremos más palmadas en el hombro de quienes se mostraron y se siguen mostrando como profundamente desleales con la Constitución y con los derechos de los alumnos y de las familias catalanas.
Es hora de poner fin a esta imposición.
Yo acudiré el próximo día 18 a la manifestación que convoca "Escuela de Todos" en Barcelona para exigir que el español sea lengua vehicular en la "Escuela Catalana" ¿Qué argumentos, que no sean nacionalistas, pueden oponerse a semejante petición?
¿Cómo es que los socialistas, catalanes y de otras partes de España, apoyan esta exclusión de nuestra lengua común y permiten que la lengua materna de la mayoría de los alumnos no sea lengua de la escuela en Cataluña?


sábado, 6 de agosto de 2022

Español, lengua vehicular

SUMARIO: I. Presentación. II. La lengua en la escuela catalana. Lenguas vehiculares y lenguas curriculares: 1) La situación del castellano en las escuelas de Cataluña. 2) Las exigencias constitucionales. 3) ¿Ha de mantenerse la exclusión del castellano o, por el contrario ha de ser lengua vehicular? III. Las razones para la vehiculariedad del castellano: 1) Porque la Constitución obliga a esta vehiculariedad. 2) Porque estudiar EN español es un derecho. 3) Porque el español es nuestra lengua común. IV. Español y otras lenguas españolas.

I. Presentación



"Escuela de Todos" convoca una manifestación para el próximo 18 de septiembre con un lema de solo tres palabras (y una coma) que identifica perfectamente una reclamación que no solamente implica la reivindicación de unos derechos que son vulnerados desde hace décadas; sino también un debate profundo, esencial para el futuro del país que pretende ser escamoteado a los ciudadanos, colocándolos ante una situación de hecho que mutará -que ya está mutando- España para convertirla en una federación de Comunidades Autónomas con un poder central cada vez más reducido y unos vínculos cada vez más débiles entre los ciudadanos de unas y otras Comunidades Autónomas.
Intuyo que muchos que hayan llegado hasta aquí dirán que me afecta un síndrome de Casandra, una alarmismo injustificado que convierte en innecesario seguir leyendo. Será la reacción normal porque, como adelantaba, no existe un gran interés en colocar este tema en el centro del debate político. Ahora bien, invito a continuar con la entrada, porque en ella espero mostrar cómo la evidente vulneración de derechos que se está produciendo y que cada vez es más difícil ocultar, no es accidental o fruto de algún tipo de exceso; sino que resulta esencial para esa modificación de la estructura política profunda de España; una modificación que ya ha comenzado, pues de otra forma no se entendería que a día de hoy, tanto el gobierno de España como la opinión pública y publicada continúen ya no tolerando, sino animando o colaborando a esa vulneración de derechos. En el país que deberíamos ser la situación que se vive en Cataluña (y no solamente en Cataluña) debería haber motivado protestas generalizadas, una crítica constante en la prensa, un cuestionamiento permanente del gobierno y la actuación de éste para reconducir a la legalidad el comportamiento de la Generalitat. En el país que somos no solamente se tolera, sino que no pocos animan que continúe esa privación de derechos.
Para cambiar esa situación es preciso ir más allá de las acciones judiciales. La movilización es también necesaria. Se hace preciso mostrar que estamos comprometidos con la defensa de esos derechos y que exigiremos a las autoridades que adopten las medidas necesarias para garantizarlos. Aquí intentaré explicar cuál es la situación de las lenguas en la escuela catalana; por qué se trata de una situación injusta que supone la privación de derechos de los estudiantes, qué explica la importancia que le dan los nacionalistas a mantener la situación actual y qué implica la colaboración del gobierno de Pedro Sánchez y del partido socialista con la estrategia nacionalista.

II. La lengua en la escuela catalana. Lenguas vehiculares y lenguas curriculares


1) La situación del castellano en las escuelas de Cataluña

La realidad de las escuelas catalanas es la de que la lengua de la institución (tal como indican las instrucciones que remite el Departamento de Educación a los centros educativos) es el catalán y solamente el catalán; lo que implica que ha de ser el catalán la lengua que se utiliza en las comunicaciones de la escuela, en las reuniones, la que emplean los profesores cuando se dirigen a los alumnos o a las familias, la que se utiliza en las comunicaciones y en la rotulación y, por supuesto, también en la docencia. Esto es, en las escuelas e institutos de Cataluña la enseñanza se desarrolla, a salvo de lo que se dirá a continuación, en catalán. Y esto se hace porque el catalán es la lengua propia de Cataluña. Así se establece en la Ley 8/2022, pactada entre los nacionalistas, Comunes y PSC y aprobada el 9 de junio de este año


Y así se traslada a las instrucciones que mencionaba antes y que cada año se dan a los equipos directivos, profesores y resto de personal implicado en la docencia.

Así pues, el catalán es la lengua de la escuela catalana (la lengua de la institución), siendo la única empleada, excepción hecha, como se indica en la instrucción que reproduzco más arriba, "de las actividades que tengan por objeto promover el conocimiento y el uso de otras lenguas". Entre esas otras lenguas está el castellano (o español), lengua oficial en toda España, también en Cataluña y que, sin embargo, como se ve, tiene en la escuela una presencia equivalente a la que tendría una lengua extranjera; esto es, una lengua que hay que aprender; pero que no es "lengua de la institución".
Esta es la situación en Cataluña, lo anterior no es una opinión, es un hecho. A partir de aquí lo que podemos discutir es:

1) Si esta situación se ajusta a las exigencias constitucionales.

2) Si es una situación que conviene mantener o, por el contrario, ha de ser modificada.

2) Las exigencias constitucionales

Seré breve en esto, porque en otras entradas de este blog ya me he ocupado con cierto detalle de la jurisprudencia constitucional en la materia. El resumen sería que, dado que el castellano es oficial en toda España; el castellano tiene que ser lengua que se emplea normalmente en la educación como lengua de comunicación y de enseñanza. Esto es, el castellano ha de ser lengua vehicular. Esta condición de lengua vehicular se opone a la de lengua curricular; es decir, una lengua que forma parte del currículo educativo en tanto en cuanto es una lengua que tiene que ser enseñada. El español es en Cataluña una lengua curricular, en tanto en cuanto se enseña lengua castellana y, además, existe la obligación de que los alumnos acaben dominándola al acabar sus estudios; pero no es lengua vehicular (como hemos visto); es decir, no es lengua de la comunidad educativa. Como digo, esto es contrario a la doctrina constitucional, que ha reiterado que la utilización normal del catalán como lengua vehicular no puede implicar que el castellano no sea también vehicular y que se utilice también con normalidad.
A lo anterior hay que añadir que la doctrina constitucional también ha indicado que el hecho de una lengua sea propia de la Comunidad Autónoma no puede implicar que reciba una preferencia respecto al castellano, que es oficial en toda España y, por tanto, también en la Comunidad Autónoma de que se trate. De esta manera, convertir en lengua vehicular al catalán excluyendo al castellano sobre la base de que el catalán es lengua propia de la Comunidad Autónoma es inconstitucional.
Así pues, la situación que se vive en las escuelas catalanas es contraria a la Constitución.
Hasta ahora, se había considerado que esta práctica administrativa de exclusión del castellano era también contraria a la legalidad catalana, interpretada de una manera constitucionalmente conforme; y esto explica que durante años los tribunales dictasen decisiones individuales que reconocían a familias concretas la enseñanza bilingüe. Ahora bien, el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 han cambiado esta situación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpreta que estas leyes ya no admiten una interpretación conforme y que, por tanto, ha de ser el Tribunal Constitucional el que declare su contrariedad con la Norma Fundamental. En tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, sin embargo, no parece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vaya a obligar a la Generalitat a utilizar el castellano como lengua vehicular. Este Tribunal parece haberse declarado impotente para enfrentarse a la Generalitat y pide el auxilio del Tribunal Constitucional.
El resultado de este bajar los brazos del TSJC es que miles de alumnos catalanes ven cómo se perpetúa la vulneración de sus derechos, sin que los tribunales de justicia, que hasta ahora habían adoptado resoluciones favorables al reconocimiento de la enseñanza bilingüe, puedan seguir haciéndolo ya que la normativa catalana ha hecho expreso, a nivel legal, la exclusión del castellano como lengua vehicular. Me ocupaba con algo más de detalle de estas cuestiones, al hilo del análisis de la ejecución de la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020, en la entrada anterior, que puede consultarse aquí).



3) ¿Ha de mantenerse la exclusión del castellano o, por el contrario, ha de ser lengua vehicular?

A partir de lo anterior, esta es la pregunta que ha de ser respondida. Y convendría ser claro en la respuesta. Hasta ahora, varios partidos han intentado eludirla confundiendo esta cuestión (la vehiculariedad del castellano) con otra: la de la garantía del aprendizaje del castellano al finalizar los estudios. Los argumentos del PSC y ahora también del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez van en esta línea. Cuando se les habla de la vehiculariedad del castellano en la escuela replican que todos los alumnos catalanes dominan el castellano. A partir de aquí podemos discutir sobre si es o no es cierto eso de que todos los alumnos dominan el castellano al acabar la enseñanza obligatoria (no es tan claro que así sea); pero lo importante no es eso; sino ver si el español es lengua de la escuela, en el sentido en el que lo es el catalán o, por el contrario, es una lengua que hay que aprender, igual que se pueden aprender lenguas extranjeras. Incluso aunque asumiéramos -que ya digo que podría discutirse- que todos los alumnos catalanes acaban la enseñanza obligatoria dominando castellano (como podrían acabar dominando también el inglés, lo que sería deseable); eso no cambiaría que la única lengua de la escuela seguiría siendo el catalán y no el español. Y ese es el punto sobre el que hay que pronunciarse.
"Escuela de Todos", quien convoca la manifestación del 18 de septiembre, lo tiene claro: el castellano ha de ser lengua vehicular; lo que implica que ha de ser lengua en la que puedan desarrollarse reuniones escolares, que pueda ser utilizada para la comunicación y también para la enseñanza de materias que no sean lengua castellana y literatura. Por supuesto, es lengua que debería ser utilizada también en la rotulación de los centros, junto con el catalán.
Esta es la posición de "Escuela de Todos"; pero no es la posición de los nacionalistas, quienes hacen expreso que la única lengua de Cataluña es el catalán, y que el castellano ha de ser tolerado (mientras no se pueda hacer otra cosa) porque no queda otro remedio, pero limitándolo tanto en lo oficial como en la escuela todo lo que se pueda. Para los nacionalistas el mentar que el castellano pueda ser lengua vehicular es la manera más fácil de indignarlos.
Tampoco es la posición de Comunes y PSC, quienes, como hemos visto, han pactado una ley en la que se excluye la vehiculariedad del castellano y se hace expreso que su condición es la de lengua curricular; esto es, lengua que se enseña, pero no lengua "en" la que se enseña, descartándose, además, que pueda ser lengua de comunicación dentro de la comunidad educativa. Para estos, Comunes y PSC, que el castellano tenga esta posición subordinada al catalán les parece bien, aunque ellos prefieren utilizar la expresión "que el catalán sea el centro de gravedad del sistema educativo"


Esto es ahondar en la confusión. El hecho de que el castellano sea lengua vehicular no impide que pueda haber una mayor presencia del catalán si esto está justificado; pero, de nuevo, este no es tema. La cuestión es si comunes y socialistas están de acuerdo en que la única lengua de la institución sea el catalán o, por el contrario, entienden que el español, en tanto que lengua oficial, también ha de ser lengua de la institución, lo que, como decimos, tiene consecuencias en la docencia, pero no solo en la docencia, pues también comunicaciones y rotulación tendrían que tener presente al castellano.
En fin, lo anterior era una pregunta retórica, porque los hechos muestras que tanto comunes como socialistas sí que comparten con los nacionalistas que la única lengua de la institución ha de ser el catalán y en lo único en lo que quizás los socialistas matizan algo es en que el castellano ha de tener una presencia mayor de la que tiene ahora con el fin de que se garantice mejor su dominio al acabar la enseñanza. Es un matiz, pero fijémonos en dónde se sitúa el debate: en cuántas horas de castellano se precisan para que se domine la lengua al acabar los estudios, sin discutir que el catalán, por ser lengua propia de Cataluña, ha de tener la condición de lengua de la escuela.
Como digo, "Escuela de Todos" tiene claro que esto no puede seguir así y para eso se convoca la manifestación del día 18, para pedir que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas y poner fin a estos intentos de confusión en que se pretende desviar el tema hacia el de saber si los alumnos catalanes conocen mejor o peor el castellano al acabar sus estudios. Como digo, es un tema sobre el que puede debatirse; pero este no es el meollo de la cuestión; sino directamente la condición del español como lengua vehicular en la escuela catalana.

III. Las razones para la vehiculariedad del castellano

1) Porque la Constitución obliga a esta vehiculariedad

Esta no debería ser una razón menor. Como hemos visto, de la oficialidad del castellano en toda España (artículo 3 de la Constitución) se deriva que ha de ser lengua que se emplee normalmente como vehicular y de aprendizaje; sin que pueda establecerse una preferencia en favor de la lengua cooficial por ser propia de la Comunidad Autónoma.
No es un tema nimio. Los tribunales han constatado que la Constitución no se cumple en Cataluña desde hace décadas, en tanto en cuanto el español no es, en la práctica, lengua vehicular en las escuelas catalanas. Tal como estableció la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020, la presencia del castellano en el sistema educativo es, literalmente, "residual". Esta es la situación y, como vengo repitiendo, es una situación contraria a la Constitución, por lo que los partidos que reclaman para sí el epíteto de "constitucionales" y el gobierno de España deberían tener como objetivo poner fin a esta situación de inconstitucionalidad. Como sabemos, sin embargo, no están por hacerlo. Tal como se ha indicado, los socialistas han pactado con los nacionalistas una ley que coloca al castellano en una posición de subordinación respecto al catalán y el gobierno de España no ha hecho nada para conseguir la ejecución de la sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020 que obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para conseguir que todos los alumnos catalanes reciban de manera efectiva e inmediata una docencia en la que el castellano sea lengua vehicular. Y eso, pese a que tanto el gobierno de la Generalitat como el Parlamento de Cataluña han elaborado normas orientadas directamente a impedir la ejecución de la mencionada Sentencia, lo que, se mire como se mire, es un escándalo mayúsculo, máxime cuando esas normas atentan directamente contra la doctrina constitucional que ha establecido la necesaria vehiculariedad del castellano. En la entrada que comentaba hace un momento ya me ocupaba de estos extremos que no parecen tener mayor importancia para el gobierno de España ni para el partido socialista. Por supuesto, los Comunes y Podemos están perfectamente alineados en este punto con los nacionalistas.
"Escuela de Todos", sin embargo, cree que esta es una cuestión que debería ser prioritaria, y aspiramos a que todos los partidos y la opinión pública sean conscientes de la anomalía institucional que supone que una administración desarrolle una práctica continuada y consciente de incumplimiento de obligaciones constitucionales. En este caso, la obligación constitucional de que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo de toda España, también en aquellas Comunidades Autónomas que tienen otras lenguas oficiales.

2) Porque estudiar EN español es un derecho

La obligación constitucional de que el español sea lengua vehicular no es una formalidad carente de consecuencias. Esa obligación genera el derecho de todos a que el español sea lengua vehicular, lo que implica no solamente que existe el derecho a estudiar EN español, sino también el derecho a que el español sea utilizado por la comunidad educativa con normalidad. Este es un derecho que tiene dos manifestaciones principales. Por un lado, el derecho a que la administración con la que nos relacionamos; en este caso la administración educativa, no considere como extraña a una de las lenguas oficiales, aquella que lo es en el conjunto del Estado. Por otro lado, el derecho a que al menos una parte de la enseñanza se desarrolle en español; lo que es un derecho para todos los españoles, sea cual sea su lengua materna, pero que tiene una relevancia especial para aquellos alumnos que tienen el español como lengua inicial (que es, en la terminología de la Generalitat de Cataluña, el equivalente a lo que en todo el mundo se conoce como lengua materna).
Aunque en España, por razones obvias, se repite poco, la enseñanza en lengua materna tiene una enorme importancia, tal como ha reconocido la UNESCO. Es más fácil adquirir conocimientos si se hace en la lengua materna, y así se constata en Cataluña, donde, por ejemplo, se ha verificado que los alumnos castellanohablantes tienen unos resultados peores (de media) que los alumnos catalanohablantes de su mismo nivel socioeconómico. Además, el que la lengua materna sea lengua escolar facilita la integración de los alumnos y el reconocimiento a nivel educativo de la lengua familiar sin duda favorece su autoestima. Estos argumentos no son nuevos. En los años 70 del siglo XX, los nacionalistas catalanes los utilizaron para justificar la introducción del catalán como lengua docente en las escuelas catalanas. Lo que sucede es que una vez que se ha consolidado el catalán como lengua de la escuela no quieren ni oír hablar de estos mismos argumentos cuando quienes los utilizan son los hablantes de la otra lengua oficial.
La utilización del español como lengua vehicular, por tanto, va más allá de la necesidad de que sea aprendido y de que todos los alumnos lo dominen, que es a donde quieren reducir el debate nacionalistas y, sobre todo, socialistas. Por supuesto que ha de garantizarse tanto el dominio del castellano como del catalán al finalizar los estudios obligatorios, pero estos objetivos son compatibles con que ambas lenguas sean vehiculares y, por tanto, se utilizan para enseñar materias no lingüísticas. Sostener, como sostienen ahora nacionalistas y socialistas, que el aprendizaje del catalán requiere necesariamente que éste sea el centro del sistema educativo; pero que para el aprendizaje del español bastan dos o tres horas semanales de lengua castellana (incluso si se trata de alumnos que tienen el catalán como lengua materna y que viven en un entorno mayoritariamente catalanohablante) no es un argumento, es un insulto a la inteligencia que lo que esconde es el argumento nacionalista de que la única lengua de la escuela ha de ser el catalán porque de este modo la enseñanza contribuirá a la construcción de una ciudadanía catalana, tal como reconocen expresamente las instrucciones dictadas por la Generalitat para el curso 2022/2023. Nos ocuparemos de esto a continuación.

3) Porque el español es nuestra lengua común

La exclusión del castellano como lengua vehicular en las escuelas no es algo accidental, sino esencial para el proyecto nacionalista, que pretende construir una Cataluña en la que la lengua será el eje sobre el que se construya lo que ellos denominan expresamente "ciudadanía catalana"


Es claro, por tanto, que la exclusión de la vehiculariedad del castellano no tiene una función pedagógica, sino política. Una función política que se conecta con el proyecto nacionalista basado en el catalán como lengua preferente en Cataluña. No debemos cesar de repetirlo porque, cínicamente, quienes hacen expreso que utilizan la escuela con una finalidad política, pretenden que son criterios pedagógicos los que orientan su actuación, lo que, como vemos, es radicalmente falso.
Porque la presencia o ausencia de las lenguas en la escuela tiene también una dimensión política que es clara en el planteamiento nacionalista y que debe ser respondida. Lo hacía hace poco brillantemente Ricardo García Manrique en un artículo publicado en "El Mundo" donde explica que, efectivamente, el idioma es un elemento de cohesión en la comunidad política que formamos aquí todos los españoles, por lo que su presencia o ausencia contribuye a reforzar o debilitar ese proyecto común.


De aquí que la exclusión del español de las escuelas catalanas (y no solamente de las catalanas) encaja con la progresiva descentralización de España que puede acabar en desmembración. Es preciso, para mantener nuestro proyecto común que el español no solamente sea aprendido, sino que sea percibido por todos como lengua institucional y de prestigio, alejando la idea de que se trata de una lengua "impropia", en una situación de subordinación respecto a las lenguas cooficiales en las distintas Comunidades Autónomas



Es por esto que decía que la reivindicación del español como lengua vehicular no se limita (¡y ya sería bastante!) a defender los derechos de los ciudadanos en Cataluña, sino que afecta al conjunto de los españoles, a la esencia misma de nuestro proyecto político común. La manifestación del próximo día 18 de septiembre, con esas tres palabras y una coma: "Español, lengua vehicular" nos está diciendo todo eso.
Es una manifestación en la que tenemos que volcarnos; porque se trata de introducir de manera expresa en el debate político un tema que se nos ha venido hurtando durante décadas: qué posición tiene que tener el español en la escuela en una España plurilingüe como la que tenemos. La propuesta nacionalista, avalada por los socialistas y por el gobierno de España, es que esa posición ha de ser una subordinada a la de las lenguas cooficiales, la que defenderemos el próximo día 18 de septiembre es que el español, como lengua común, como lengua materna de más del 80% de los españoles (más de la mitad de los catalanes) ha de estar presente en la educación como lengua vehicular; esto es, como lengua de la comunidad educativa, de comunicación y de enseñanza, rechazando explícitamente cualquier intento de reducirla a una lengua que se aprende (lengua curricular) y no una lengua en la que se enseña (lengua vehicular).

IV. Español y otras lenguas españolas

Nada de lo anterior ha de interpretarse como un rechazo de las lenguas cooficiales. España es un país en el que una parte significativa de su población tiene como lengua materna una que no es el castellano. Tanto en Galicia como en Baleares en torno a la mitad de la población tiene como lengua materna el gallego o el catalán (en las variedades que se hablan en Baleares), y tanto en Cataluña como en Valencia, una parte significativa de la población (en torno a un tercio en Cataluña) tienen como lengua materna el catalán (o el valenciano, según se prefiera). Esa es una realidad que tiene reflejo constitucional y que se traduce en que las lenguas cooficiales también han de ser lenguas vehiculares. Se ha de garantizar su aprendizaje y han de ser lenguas que se utilicen en la comunidad educativa. Ahora bien, esto no puede suponer nunca la exclusión del español.
Esta es la reivindicación de la manifestación del día 18; una reivindicación que debería estar reconocida sin problemas en el país que deberíamos ser; pero en el que somos, ahora mismo, más de la mitad de los diputados y senadores se oponen a algo tan sencillo, tan elemental, tan importante: que el español sea lengua vehicular.
De todos nosotros depende que esto cambie.