martes, 3 de enero de 2023

Contra la instrumentalización y politización de los claustros universitarios

Cataluña es desde hace lustros, uno de los campos de batalla más significativos en la lucha entre la democracia liberal, la que se practica en Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la que se concreta en los valores estructurales del Consejo de Europa y de la Unión Europea; y las alternativas a dicho sistema político, con frecuencia calificados como "populismos", aunque, obviamente, el término es poco preciso, implica aunar fenómenos de naturaleza muy diferente y puede conducir con frecuencia a confusión.

En el caso de Cataluña, la crisis de la democracia liberal se concreta en el rechazo de los poderes públicos a actuar de acuerdo con límites legales, el cuestionamiento de la legitimidad de los tribunales y la sumisión de los derechos individuales a lo que se identifica como voluntad de la mayoría y que se concreta en las posiciones políticas de los partidos que gobiernan en la Comunidad Autónoma y en las distintas administraciones locales. Como corolario de lo anterior, se tolera o favorece que los poderes públicos adopten posiciones partidistas, convirtiendo un planteamiento ideológico, el nacionalismo en ideología oficial; entendiendo por ideología oficial aquella que es explícitamente apoyada por esos poderes públicos. A esto se une el intento de controlar el entramado de asociacionismo civil, forzando que éste también tome partido. En el caso de Cataluña es claro que tanto muchos de los sindicatos como las asociaciones de madres y padres de alumnos y otros grupos (culturales, religiosos, lúdicos) tienen una penetración mayor o menor del nacionalismo.

Por supuesto, es legítimo que quienes no ejercen poder público se posicionen como estimen más conveniente; pero no lo es que el poder público utilice los mecanismos de los que dispone para favorecer ese alineamiento de la sociedad civil con posiciones partidistas. Se trata de conseguir que todos acaben comulgando con un determinado planteamiento político que, como se avanzaba, tiene reconocimiento oficial y pretende pasar por hegemónico en la sociedad.


Si me permitís la licencia, este intento de que tanto los poderes públicos como el cuerpo social abracen como propia una determinada concepción política algo recuerda los planteamientos de la democracia orgánica, con su partido oficial y el control de los cuerpos intermedios (familias, sindicatos, escuelas, ayuntamientos, etc.).

La universidad pública no es ajena a esta injerencia política. Los ejemplos de utilización partidista de la universidad pública son abundantes y conocidos. Una imagen lo expresa bien: la de los rectores de las universidades públicas portando carteles pidiendo la amnistía de los condenados por haber intentado derogar la Constitución en Cataluña en el año 2017.


La instrumentalización partidista de la universidad pública también se intenta con frecuencia a través de la difusión de tomas de posición partidista de órganos de gobierno de la institución. Así, por ejemplo, cuando se aprobó en las diversas universidades públicas catalanes un manifiesto de apoyo a los condenados en 2019 por los hechos de 2017.


En algunas de esas universidades, profesores y alumnos llevaron a los tribunales estos manifiestos alegando que estas tomas de postura partidista por la administración suponían una limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria. Los tribunales aceptaron la queja y el Tribunal Supremo confirmó que los órganos de gobierno de las universidades públicas (entre los que se incluye el claustro) no pueden adoptar posición en temas que dividen a la sociedad.





La decisión es coherente con principios básicos de la democracia liberal. En primer lugar, no pueden ampararse declaraciones de los órganos de la universidad como este manifiesto conjunto en la libertad de expresión, puesto que los derechos fundamentales tienen como finalidad, precisamente, defender al ciudadano frente a las injerencias del poder público. Que el poder público pretenda utilizar para sí un derecho fundamental como la libertad de expresión es la negación misma del sentido y finalidad de ese derecho fundamental.

En segundo término. Las tomas de posición partidistas del poder público suponen una limitación de la libertad ideológica de quienes están sometidos a ese poder público. La existencia de una ideología oficial, aquella que es amparada y defendida por la administración en cuanto a tal, supone dejar en peor posición a otras ideologías y planteamientos y a quienes los defienden. Por eso es tan importante esa obligación de neutralidad de las administraciones públicas respecto a las cuestiones que son objeto de debate social.
Ciertamente, lo anterior no quiere decir que las administraciones públicas no puedan (y deban) defender ciertos principios y valores; pero será precisamente aquellos que vienen recogidos en la Constitución como estructurales de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el respeto a los derechos fundamentales, la separación de poderes o el principio democrático. Defender otros principios, sin embargo, supondría que la administración entra en un debate partidista, máxime cuando los valores que se defienden son contrarios a los constitucionales.

Esto último exige que nos detengamos un momento. España no es una democracia militante, por lo que es posible que existan partidos políticos que se opongan a la Constitución y el discurso público contrario a los valores que recoge la Carta Magna está permitido (afortunadamente). Ahora bien, lo que pueden hacer los particulares no se extiende a las administraciones públicas. Estas están obligadas a ajustar estrictamente su comportamiento a las exigencias constitucionales y no pueden ser utilizadas para limitar la eficacia de ésta o atacarla.

Aparte de lo anterior: es cierto que cuando un partido político llega al gobierno del país, de la Comunidad Autónoma o de un ayuntamiento ha de desarrollar su programa político, ahora bien, tendrá que hacerlo siempre dentro de la ley y no estará legitimado para utilizar la administración pública para "oficializar" sus planteamientos. Si se quiere resumir en una imagen, no es ni legal ni legítimo que el partido que gane las elecciones sustituya en los edificios públicos la bandera nacional por la del partido ganador. Este es un límite que no podrá nunca alcanzarse aunque, como es lógico, las políticas que desarrolle quien gobierne se ajusten a los planteamientos defendidos en las elecciones. Espero que se entienda la diferencia entre bajar o subir impuestos, según se haya planteado durante la campaña electoral y obligar a que en las escuelas se instaure como obligatoria la enseñanza del ideario del partido que ha ganado las elecciones.

De todas formas, y como se acaba de indicar, cuando estamos hablando de administraciones gobernadas por quien ha ganado unas elecciones abiertas a todos los ciudadanos (del país, de la Comunidad Autónoma o del municipio), es lógico que aquellos elementos que han sido objeto de debate electoral tengan traducción en el funcionamiento de la administración, aún con los límites que han sido apuntados. Ahora bien, en el caso de las universidades públicas esas tomas de partido no se derivan de ningún debate previo ni responden a un principio democrático, tal como veremos inmediatamente.

En la actualidad los claustros universitarios están integrados por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios elegidos a través de un sistema que podríamos denominar "estamental". Los profesores permanentes tienen reservado un 50% de los puestos del claustro, los estudiantes un 30%, el personal de administración y servicios un 10% y los profesores no permanentes el restante 10% (más o menos, estoy escribiendo de memoria). Aparte de esto, hay miembros natos del claustro (miembros del equipo de gobierno de la universidad, decanos de las facultades o directores de las escuelas universitarias, directores de departamento...). Es decir, los miembros del claustro no están designados a partir de un criterio de representación democrática, sino académica. Quienes están allí no están como ciudadanos, sino como profesores, estudiantes o personal al servicio de la universidad. La distinción es importante.

Este funcionamiento del claustro (que podríamos hacer extensivo a otros órganos de gobierno de la universidad: consejo de gobierno, consejos de departamento, juntas de facultad, etc.) se justifica porque ha de desarrollar una función específica vinculada a la tarea que la universidad tiene encomendada: enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad. Es para servir a esta función para lo que se configuran los distintos órganos y quienes participan en ellos lo hacen en el marco de este papel de la universidad. A ello responde también el proceso de selección, en el que lo esperable es que los candidatos hagan propuestas en relación a la enseñanza, la investigación y la organización de la universidad. De esta forma, si quienes luego están en el claustro se pronuncian sobre cuestiones que no han estado vinculadas a su proceso de designación ¿qué legitimidad tendrán para pronunciarse sobre ellas? Estarían aprovechando una situación generada por razones académicas para realizar pronunciamientos políticos. Como hemos visto, es lo que pasa habitualmente en Cataluña, pero hemos de verlo como una patología, tal como han declarado los tribunales.

Pues bien, los nacionalistas y sus compañeros de viaje (socialistas y el entorno de Unidas Podemos) ha decidido que lo conveniente es profundizar en esa politización de la universidad, puesto que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que se ha compartido un poco más arriba, han aprovechado la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario para introducir, vía enmienda, una nueva función de los claustros universitarios: "analizar y debatir otros temas de especial transcendencia". El texto original que se proponía indicaba que los claustros tendría competencia para "debatir temas de transcendencia social"; pero el sentido de la enmienda es claro, pues se indicó expresamente que se trataba de dejar sin efecto la Sentencia del Tribunal Supremo que había considerado contrarios a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria los pronunciamientos políticos de los claustros.


De esta forma, el legislador habilitará a los claustros universitarios a pronunciarse políticamente; pese a que, como habíamos visto, este tipo de pronunciamientos suponen una limitación de la libertad ideológica. Ahora bien, como ahora existirá una habilitación legal para ello, los tribunales ordinarios, si han de pronunciarse sobre la validez de este tipo de declaraciones, deberían plantear una cuestión de inconstitucionalidad en relación a este punto de la LO del Sistema Universitario. Es decir, la misma táctica que el gobierno de la Generalitat puso en práctica para esquivar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas: saco una norma que priva de derechos constitucionales, pero sabiendo que al ser de rango legal los tribunales ordinarios no podrán dejar de aplicarla y cuando llegue al Tribunal Constitucional ¿quién sabe lo que pasará?

Me parece muy grave.

Si ahora los claustros podrán pronunciarse políticamente ¿qué impedirá que lo hagan a favor de la independencia de Cataluña en algunos casos? Pero, abierta la veda ¿por qué en alguna universidad no podrá haber declaraciones de apoyo a éste o aquél partido político, en favor de subidas o bajadas de impuestos, sobre la tipificación de cualquier delito o para criticar al gobierno central o autonómico? Una vez iniciado este camino ¿qué impedirá que los claustros sean sucedáneos de parlamentos pese a su configuración estamental y su nula legitimidad democrática?

Creo que debemos oponernos a una modificación de las competencias de los claustros que los convertirían en campo de batalla partidista alejándolos de su función académica. Esta última, la académica es lo suficientemente importante como para no permitir que se embrolle en una lucha de partidos que haría perder a la universidad su sentido y función.
La universidad ha de ser terreno privilegiado para la libertad de expresión y el debate; pero precisamente por eso sus órganos de gobierno (claustro incluido) han de mantenerse al margen para fijar un campo de juego basado en el rigor y la igualdad de todos. De otra forma los centros universitarios dejarán de ser los laboratorios de pensamiento privilegiados que precisa toda sociedad.

Es claro que esta instrumentalización de los claustros tiene su origen en el intento totalitario de control de la sociedad que practican los nacionalistas catalanes. Desde 2018 asistimos con preocupación -al menos en mi caso- a la extensión al conjunto de España de esas prácticas totalitarias y liberticidas. Pongámosles fin antes de que sea tarde.

martes, 1 de noviembre de 2022

El desbloqueo del CGPJ

El 31 de octubre, Juan Claudio de Ramón publicaba un artículo que denunciaba lo evidente: no se puede acusar a alguien de no cumplir con una obligación constitucional cuando esa obligación constitucional pesa sobre otro sujeto. En lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que sean los dos partidos mayoritarios los que procedan a la designación de los vocales; sino que esa designación se ha de hacer por parte del Congreso y del Senado. Por tanto, si hay una situación de bloqueo, a quien hay que preguntar sobre ella es a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado.


Es cierto que se podrá decir que poco pueden hacer los presidentes del Congreso y del Senado si los grandes partidos no se ponen de acuerdo; pero los procedimientos importan; y si no se sigue el procedimiento correcto (como se está haciendo ahora al sustituir el papel de las Cortes por una negociación entre Sánchez y Feijóo), no se conseguirá el objetivo pretendido. Es más, lo que estamos viendo en estos meses da perfecta cuenta de la enorme separación que existe en la actualidad entre el diseño institucional de elementos esenciales para nuestra democracia y la práctica política.
Tal y como ya se ha comentado (yo mismo desde hace meses), la elección de los miembros del CGPJ la hacen el Congreso y el Senado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la LOPJ. Cada Cámara elige a la mitad de los vocales por una mayoría de 3/5; una amplia mayoría que tiene como objetivo encontrar candidatos que sean de consenso; esto es, evitar que el CGPJ se convierta en una prolongación de las mayorías parlamentarias existentes; algo que el Tribunal Constitucional rechazó de forma expresa cuando se pronunció sobre la reforma del sistema de elección de los vocales que se aprobó en 1985 (STC 108/1986, de 29 de julio).


En la actualidad, sin embargo, ya no solamente se asume que lo que se hace en el Congreso y en el Senado es un mero teatrito y todo se pacta fuera de las Cámaras, sino que ese pacto se limita a los dos grandes partidos, quienes se distribuyen las cuotas de vocales en función de su peso en la Cámara (algo que, como vemos, excluye expresamente el Tribunal Constitucional) y se acusan de bloqueo cuando alguno de los candidatos propuestos no es aceptado por la otra parte, como si cada uno de ellos tuviera un derecho soberano sobre los puestos del CGPJ que le corresponden en función de los diputados o senadores de los que dispone.
Un auténtico despropósito que, además, y como denunciaba hace poco, ampara la misma Comisión Europea, que parece desconocer elementos básicos del andamiaje constitucional español.

Pero la cosa va más allá. No es solamente que el PSOE y el PP se repartan los sillones del CGPJ como si fueran de su propiedad, sino que se creen capacitados para imponer a los designados que resuelvan en un determinado sentido cuestiones que solamente son competencia del Pleno del CGPJ o del Pleno del Tribunal Constitucional.
Hace unos días sabíamos que el pacto que se negociaba entre PSOE y PP incluía no solamente a los vocales del CGPJ sino también a los miembros del Tribunal Constitucional que tendrían que designar dichos vocales.


Y no solamente eso, sino que las conversaciones entre el PSOE y el PP se referían también a la presidencia del CGPJ y también del Tribunal Constitucional, una vez designados los nuevos magistrados que correspondía nombrar al CGPJ y al Gobierno.


Me sorprende el poco escándalo que ha seguido a estos titulares. Una cosa es que el PP y el PSOE, al margen de lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, conviertan la renovación del CGPJ en un reparto de cuotas, y otra que, además, den por sentado que los vocales designados harán lo que se les ordene en cuestiones como la designación del presidente del CGPJ o del Tribunal Constitucional.
En lo que se refiere a la primera, la designación del presidente corresponde a los vocales del CGPJ, tal y como establece el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


En lo que se refiere al Tribunal Constitucional, la elección de su presidente corresponde al Pleno del Tribunal, tal como se deriva del artículo 160 de la Constitución


Y el artículo noveno de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional


Es decir, la decisión sobre el presidente del CGPJ corresponde a los vocales que lo integran, y la de presidente del Tribunal Constitucional a los magistrados del mismo. ¿Cómo es posible, teniendo esto en cuenta, que Sánchez y Feijóo negocien estos nombramientos? Si lo hacen solamente puede haber una explicación: los vocales del CGPJ y los magistrados del TC estarán dispuestos a hacer lo que se les ordene en relación a estos temas. No se entiende de otra forma el sentido que tiene que dos personas que no son ni vocales del CGPJ ni magistrados del Tribunal Constitucional negocien designaciones que solamente corresponden a quienes entran en las categorías anteriores.
Lo anterior es grave, porque si sabemos que los vocales del CGPJ y los magistrados del Tribunal Constitucional atenderán a las instrucciones que reciban sobre el nombramiento de los presidentes de ambos órganos ¿cómo sabemos que no las atenderán también en otros asuntos? La percepción de la independencia de la justicia queda gravemente dañada cuando se sabe que cuestiones que solamente corresponden al CGPJ o al Pleno del Tribunal Constitucional se están negociando fuera de esos foros.

Desde luego, no debería ser así. Aún asumiendo, a meros efectos argumentativos, el reparto de cuotas entre el PP y el PSOE en la designación de vocales del CGPJ o magistrados del Tribunal Constitucional, el respeto debería ser absoluto hacia la independencia de los designados una vez que han sido nombrados. Ahora que se les llena la boca a los socialistas con el tema de que el PP no cumple la Constitución por no avenirse al reparto de cuotas entre partidos en la designación de los integrantes de las altas instituciones del Estado, habría que recordar que lo que supone un quiebra esencial de las obligaciones constitucionales es que quien no está legitimado para ello intente influir en decisiones que solamente competen al CGPJ o al Tribunal Constitucional.
Lo anterior es un escándalo; y el que no sea un escándalo es un escándalo aún mayor.

Si asumimos lo anterior, quizás encontremos alguna vía para intentar algo diferente en relación al bloqueo de nombramientos de vocales del CGPJ, lo que incide también en la renovación del Tribunal Constitucional, porque al CGPJ le corresponde proponer el nombre de dos magistrados. Una vía que, por otra parte, no es más que hacer lo que ordena la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Antes de eso, sin embargo, no puedo dejar de apuntar que lo que en realidad correspondería hacer es reformar la forma de designación de los vocales del CGPJ para ajustarla a las exigencias de los estándares del Consejo de Europa y de la Unión Europea. No insistiré más en ello, porque es un tema del que también me he ocupado en otras ocasiones


Dejando, pues, al margen esta necesaria reforma, aplicando el sistema vigente, lo que correspondería hacer es que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, principales responsables de impulsar la renovación del CGPJ, reunieran a los representantes de TODOS los grupos parlamentarios y les plantearan la necesidad de encontrar vías para llegar a un acuerdo sobre los nombramientos.
Insisto en lo de reunir a todos los grupos parlamentarios porque la designación de los vocales del CGPJ no es una cuestión de cuotas, sino de encontrar candidatos que reúnan requisitos suficientes de capacidad e independencia, y ahí todos los grupos políticos deberían estar legitimados para hacer sus propuestas y, a partir de ellas, debatir cuáles serían los más idóneos. ¿Es que en España no hay 20 juristas suficientemente capaces e independientes como para ocupar las plazas que es necesario cubrir en el CGPJ?
Mucho me temo que el problema es que esos vocales independientes harían lo que tienen que hacer, que es elegir a partir de sus propios criterios a quien debería ser el presidente del CGPJ y qué magistrados del Tribunal Constitucional habría que designar. Y unos magistrados del Tribunal Constitucional igualmente independientes no atenderían a instrucciones sobre quién debería ser el presidente de la institución.
Pero, precisamente, se trata de lo anterior. Es imprescindible que haya contrapesos en el Estado. Si damos por bueno que dos personas (Sánchez y Feijóo) pueden designar a los vocales del CGPJ, ordenarles qué magistrados del TC han de nombrar y, además, ordenar a estos qué presidente del Tribunal Constitucional han de elegir, la confesión de que nuestro sistema ha perdido esos imprescindibles contrapesos institucionales es clara, diáfana, aterradora.
Y que no nos escandalicemos por ello es aún más aterrador.


viernes, 7 de octubre de 2022

El derecho a hablar

En los últimos siete años he conocido tres generaciones de estudiantes constitucionalistas en Cataluña. Una primera que lideraba Josep Lago


La segunda, en la que esa posición de liderazgo pasó a Julia Moreno


Y la actual, en la que la presidenta de S'ha Acabat! es Júlia Calvet


Por supuesto, lo de las generaciones tiene que verse con cierta flexibilidad, porque hay jóvenes que han estado en las tres etapas, como Jordi Salvadó


Y otros, como María Domingo, de la "primera generación", que ayer pasaba por la Autónoma para recoger un papel, pero que cuando vio el acoso a la carpa de S'ha Acabat! allí estuvo haciendo piña con los jóvenes y recibiendo los huevos que lanzaban los autoproclamados y autorreferenciales "Antifascistas".


En cualquier caso, una de las cosas buenas de S'ha Acabat! es que son un equipo en el que todos colaboran, por lo que he visto, con una enorme generosidad. Un grupo al que admiro y respeto.


Explicaba lo anterior, porque voy a comentar algo que le escuché a una de las integrantes de la primera generación de jóvenes constitucionalistas en las universidades catalanas, Laura Casado


En un acto, cuando ya estaba acabando la carrera, Laura explicó que cuando había entrado en Joves SCC, origen de lo que luego sería S'ha Acabat!, pensaba que sería para participar en debates sobre el futuro de Cataluña defendiendo la continuidad de nuestra Comunidad Autónoma en España; o para dar charlas o informar en carpas. Cuatro años después de aquello reconocía que en el tiempo que había dedicado al activismo constitucionalista simplemente había reivindicado su derecho a hablar, sistemáticamente negado no solo por los violentos e intolerantes; sino incluso por la propia institución universitaria, que en en un momento dado dio de baja al colectivo, siendo necesario plantear una demanda por vulneración de derechos fundamentales hasta conseguir que los tribunales reconocieran que la decisión adoptada por la Rectora había supuesto una vulneración de los derechos de los alumnos a no ser discriminados por razón de opinión, a la libertad ideológica, de expresión y al derecho a la educación.

Y en estas seguimos. Ayer mismo, día 5 de octubre, los jóvenes de S'ha Acabat! sufrieron otro acto de acoso en la UAB. Durante unas dos horas permanecieron rodeados, fueron increpados, se les lanzaron huevos y se intentó atacar la carpa que tenían instalada; lo que no se consiguió por la intervención de la policía. El resultado: la labor de información y explicación que querían desarrollar no pudo realizarse.


En esta ocasión, a diferencia de lo que había pasado en la propia UAB en octubre de 2021 y en la Universidad Pompeu Fabra en febrero de 2022, la policía intervino y evitó que la agresión fuera más allá del lanzamiento de huevos. Ahora bien, la privación del derecho a expresarse, del derecho a hablar y participar en el debate público se mantiene. Lo único en lo que hemos avanzado es que la policía considera ahora que sí es su obligación impedir la agresión física, cosa que en las últimas ocasiones  comentadas (octubre de 2021 y febrero de 2022) pareció entender que no era de su incumbencia.
Es inadmisible.
Lo que hay detrás de estos boicots continuos es el intento explícito de evitar que las ideas que no son del agrado de los nacionalistas puedan expresarse con normalidad. Algunos han decidido que solamente los que compartan ciertos planteamientos podrán acceder al espacio público, mientras que quienes discrepen de ellos deberán ser condenados al ostracismo.
Y para eso se utiliza la violencia, como la que han sufrido en tantas ocasiones los jóvenes de S'ha Acabat!

Una violencia que, en ocasiones, se ha practicado ante la mirada impasible de la policía, lo que es extraordinariamente duro y contrario a principios básicos del Estado de Derecho. Todos han de tener garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales, y la policía ha de velar por ello. Permanecer pasivos cuando los agredidos son los que discrepan de los planteamientos oficiales es de una enorme gravedad.

Y esto ha pasado en Cataluña en más de una ocasión, tal y como he indicado.
Pero es que, además, no basta conque la policía se interponga, como hicieron el 5 de octubre en la UAB; sino que lo que han de hacer es garantizar que todos pueden utilizar el foro público. Intentar impedir el ejercicio de la libertad de expresión es un delito que, además, es perseguible de oficio. Igual que es un delito perseguible de oficio la coacción; esto es, obligar con violencia a hacer aquello que no es obligado o impedirle hacer aquello a lo que tiene derecho. Además, también están penados los desórdenes públicos, entendiendo por tales que se actúe "en grupo o individualmente pero amparados en él" con fin de alterar "la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo". El hecho de que estos actos se lleven a cabo cubriéndose el rostro para evitar ser identificados agrava la pena (arts. 557 y 557 bis del Código Penal).
Estos delitos no son meras figuras retóricas. Fueron aplicados (desórdenes públicos e impedir el derecho de reunión) en relación a quienes entraron en la librería Blanquerna de Madrid en 2013 con el propósito de no permitir un acto en conmemoración de la Diada de Cataluña (Sentencia del TS de 9 de julio de 2020, ECLI:E:TS:2020:2464).
La pregunta que cabe hacerse es qué diferencia lo que sucedió en la librería Blanquerna en 2013 con lo que sufren los jóvenes de S'ha Acabat! en casi cada carpa que montan en una universidad catalana. ¿Cómo es posible que las coacciones, cuando vienen de los nacionalistas a los que discrepan del nacionalismo sean toleradas de esa manera por la policía, fiscalía y jueces, mientras que cuando las víctimas son nacionalistas la persecución es inmediata y ejemplarizante?
La segunda pregunta es retórica. Existe un evidente sesgo en la opinión publicada, que acaba teniendo traducción en las actuaciones de las autoridades y de las instituciones, que conduce a que determinadas ideologías estén protegidas mientras que respecto a otras se admite el derecho a coaccionar. En el caso de los jóvenes constitucionalistas en Cataluña, los mensajes animando a boicotear sus actos circulan sin dificultades y sin que nadie persiga a los autores de los mismos, los boicots se montan delante de la policía que, como se ha dicho, en ocasiones deja hacer y en otras se limita a interponerse entre agresores y agredidos, pero sin ir más allá y, por tanto, sin garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión de quienes discrepan del nacionalismo. No repetiré aquí el relato de lo sucedido en tantas ocasiones y que puede encontrarse aquí.

Entiendo muy bien la decepción de Laura, cuando vio que la batalla que había que ganar era la de poder hablar. Recuerdo el primer acto boicoteado a los jóvenes constitucionalistas en la UAB, en el mes de abril de 2016. Entonces, como el día 5 de octubre de 2022, se trataba de la Feria de Entidades de la Universidad, donde habían instalado una carpa. Cuando la estaban montando les amenazaron, les rajaron una bandera y los jóvenes acabaron abandonando la Feria de Entidades.
Yo tenía clase, creo recordar, pero encontré un hueco para pasarme por la Feria de Entidades para saludar a los estudiantes de Joves SCC. Cuando llegué no había ni rastro de su carpa. Me enteré entonces de lo que había pasado y no daba crédito. Se había expulsado utilizando la violencia a un colectivo de la Feria ¡y la Feria seguía como si no hubiera pasado nada!
Hablé con el Rector, le dije que montaríamos una carpa al cabo de pocos días y le pedía que nos acompañara como gesto en favor de la libertad de expresión. Se negó. Me pareció grave, porque implicaba que el máximo responsable de la institución no estaba dispuesto a dar la cara por la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria.
En aquella segunda carpa volvimos a ser acosados; y también en las siguientes que tuvimos. Le pedí a la nueva Rectora, ya por el mes de diciembre de 2016, que hiciera un comunicado condenando los acosos a los jóvenes constitucionalistas. También se negó. Le insistí diciéndole que teníamos información de que nuestras carpas iban a ser acosadas y ella me dijo: tranquilo, que no os pegarán.
¿Os dais cuenta de lo que implica esa frase? Mientras no nos peguen, tendríamos que aguantar lo que nos echaran encima; parece ser que eso es lo que tienes que pagar por discrepar del nacionalismo en Cataluña. Y esta obligada sumisión, amparada por cargos públicos.
Y así ha seguido hasta entonces; pero algo hemos aprendido.
Esta, efectivamente, tal como decía Laura, es una lucha por conseguir hablar; es un esfuerzo constante por recordar a los totalitarios que el espacio público también es nuestro y que no renunciaremos a él.
Es por eso que es tan importante seguir haciendo carpas, seguir insistiendo en nuestros derecho a expresarnos y seguir denunciando la pasividad de las autoridades, que no solamente no nos protegen, sino que dan alas a quienes nos acosan. Así, hace poco, la propia Consejera de Universidades.


El 1 de octubre, la Consejera de Universidades escribe "adelante" contestando a quien se queja de la presencia de S'ha Acabat! en la universidad y cuatro días después tenemos el acoso a la entidad en la UAB. La sintonía entre los violentos y el poder es clara y, a la vez, escandalosa.

Y frente a esto unos jóvenes que no tendrían que llevar siete años peleando por algo tan elemental como es el derecho a hablar, a utilizar el espacio público que es de todos y que los nacionalistas se quieren apropiar.
No tendría que ser así; pero es.
Desde aquella primera carpa en 2016 se ha aprendido que no hay que dejar el terreno. Si se puede llevar a cabo la actividad, esta se desarrolla con normalidad. Ese es el objetivo.


Si acosan la carpa o la mesa, hay que aguantar


Si la atacan, hay que defenderla


Y si la tiran hay que quedarse todo lo que se pueda


No tendría que ser así, repito, pero habrá que seguir esforzándose para que te reconozcan tu derecho a no ser tú el que abandone el lugar con protección de la policía; porque nosotros no somos los delincuentes. El día 5 de octubre lo conseguimos. Al final lo policía alejó a los acosadores y nosotros nos fuimos como lo que somos, ciudadanos libres, a comer al bar de la Facultad.
Quien no haya pasado por esto quizás no entienda lo que importan estos pequeños detalles; estos detalles que nos reafirman en nuestra dignidad y con los que decimos "no os tenemos miedo".

Esta es la situación. Permanente acoso, ausencia de persecución y de condena de los violentos, en ocasiones pasividad de la policía y en otras una actuación que se limita a hacer de muro; pero admitiendo la limitación de derechos que sufren los jóvenes constitucionalistas.

¿Es lo anterior compatible con el Estado de Derecho?

¿Es compatible con el Estado de Derecho que la Consejera, lo que en la UE se llamaría una "ministra regional" ponga en la diana a una asocio de estudiantes que es contraria a sus planteamientos y anime a quienes se quejan de su presencia en la Universidad?

¿Es compatible con el Estado de Derecho que la policía deje hacer a los violentos, tal y como pasó en la UAB el 6 de octubre de 2021 y en la UPF el 23 de febrero de 2022?

¿Es compatible con el Estado de Derecho que se persiga y condene a quienes boicotean actos nacionalistas y, sin embargo, se dejó sin sanción a quienes hacen lo mismo con los constitucionalistas?

¿Es compatible con el Estado de Derecho que la Fiscalía anuncie que investigará gritos que se dirigen desde un colegio mayor a otro y, sin embargo, calle ante hechos como los que pasaron en la UAB el 5 de octubre?


Creo que hay, al menos, dudas de que lo anterior sea compatible con el Estado de Derecho, por eso me parece muy oportuna la iniciativa de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa de dirigir un escrito a la Comisaria competente pidiéndole que se investigue lo que sucede en las universidades catalanas con el acoso a los estudiantes constitucionalistas


El derecho a hablar, como decía Laura Casado.
De momento, eso. No renunciaremos. Seguiremos peleando por él.
Y acabaremos lográndolo; porque cuando se tiene razón, lo único que se requiere para acabar venciendo es convicción y paciencia. Y de ambas, tenemos para repartir.

miércoles, 28 de septiembre de 2022

Lección inaugural. No en mi nombre

Es tradicional que cada curso se inicie formalmente en la universidad con una lección solemne, la lección inaugural. Usualmente se considera como un gran honor ser designado para impartir esa lección, en la que, idealmente, toda la institución se para por un momento para escuchar a aquel que es elegido para impartir una clase que, también idealmente, debería servir de modelo para las que todo el resto de profesores deberemos dictar (si se me permite el anacronismo) durante el año que comienza.
No cabe duda, por tanto, que la elección de la persona y del tema de la lección inaugural no debería ser cosa que se dejara al azar. La lección inaugural, de alguna forma, representa a la Universidad y no debe ser descuidada. No es un tema menor.
Para abordarlo existen diferentes opciones. En algunas instituciones, el encargo se atribuye al catedrático más antiguo; quien, se supone, deberá impartir una lección sobre algún tema de su especialidad. De esta forma, el azar del escalafón nos puede deparar un año una clase sobre agujeros negros y al curso siguiente otra sobre la batalla de Cannas o las oraciones subordinadas en la lingüística comparada. Este criterio también se puede enriquecer haciendo que sea el catedrático más antiguo de cada facultad o escuela, correspondiendo cada curso a uno de los centros el honor de aportar el docente de la lección inaugural.
Quizás esta solución sea la más aburrida pero, a la vez, la que mejor reflejaría la realidad auténtica (si se me permite la redundancia) de la Universidad. Otra en cambio, preferiría invitar a académicos reconocidos que impartirían una conferencia sobre su especialidad, normalmente, más bien en tono divulgador, porque quienes mucho saben, incluso aunque hablen de la cosa más común, algo nuevo nos enseñarán. Finalmente, se puede hacer el encargo a una persona conocida, aunque no sea estrictamente un académico reconocido para que hable de algún tema de interés general.
Esta última es, probablemente, la opción preferida actualmente; lo que, a su vez, plantea algunas dificultades; porque cuando el tema no es estrictamente académico se corre el riesgo de utilizar un acto institucional para desarrollar discursos que comprometan a la universidad más allá de lo que sería razonable en una institución académica, y más si se trata de una institución académica financiada con dinero público e integrada en la administración pública.
Es un riesgo, pero, ¡qué diantre! la universidad ha de asumir también algún riesgo. Si al final el conferenciante te sale rana y acaba diciendo alguna extravagancia, los responsables académicos siempre podrán encogerse de hombros y decir que en la universidad ha de primar la libertad de expresión.
Este curso la UAB, mi universidad, ha optado por elegir a Màrius Serra para que hablara de "Català, a l'atac en l'era del lingüicinisme". La universidad ya había indicado que la conferencia inaugural se enmarcaba en la campaña "No em toquis la llengua", de la que me ocupé en otro lugar.


El que la lección con la que se da inicio solemne a curso se enmarque en una campaña con un nombre tan desafortunado y que se mete hasta la cintura en un debate que divide a la sociedad -tal como hemos podido  tenido ocasión de comprobar con el conflicto sobre la vehiculariedad del castellano en la escuela; un conflicto que ha supuesto debates en el Parlamento, acciones judiciales, manifestaciones y artículos en prensa- auguraba una lección en la misma línea.
Y así ha sido.
Ciertamente, nada que objetar a la estructura formal del discurso. Bien construido, articulado y expresado, no cabe duda que Màrius Serra es un buen conferenciante. Ahora bien, como el mismo dijo en su intervención, hay que ver qué es lo que dice, no solamente la lengua en la que se dice.
Y lo que dijo no puede dejarnos indiferentes (a partir del minuto 14).


Para quien caiga en esta entrada sin tener ningún contexto, hay que plantear algunos antecedentes, aunque sea muy sumariamente.
Cataluña es una Comunidad Autónoma en la que son oficiales el castellano y el catalán. La mayoría de la población tiene como lengua materna el castellano; pero tanto la administración autonómica como los medios públicos de comunicación que dependen de ella, la escuela y, en buena medida, las universidades, utilizan casi exclusivamente el catalán. Puede comprobarse, por ejemplo, cómo en esta inauguración del curso de la UAB prácticamente la única lengua utilizada es el catalán, limitándose el español a alguna cita del conferenciante.
Este monopolio oficial del catalán responde a un planteamiento nacionalista que mantiene que lo natural en Cataluña es la utilización del catalán y que a eso ha de tenderse, dejando el español, pese a ser lengua oficial y mayoritaria, en una posición residual.
Frente al planteamiento anterior, hay quien sostiene que tanto catalán como castellano han de ser lenguas consideradas como propias por los catalanes; que el castellano ha de ser también lengua de la escuela (y por eso se pide una escuela bilingüe) y que las administraciones han de utilizar con normalidad ambas lenguas oficiales.
Por supuesto, este es un resumen brevísimo, y hay muchos más debates abiertos en relación a este cuestión nuclear para cualquier sociedad, la lengua, y especialmente importante en aquellas, como la catalana, en la que varios idiomas tienen una presencia muy significativa. Para desarrollos más detallados sobre las múltiples dimensiones de esta cuestión me remito a este documento de Impulso Ciudadano que trata con cierta profundidad la problemática de la convivencia de las lenguas en Cataluña.
Estos son los términos del debate, y la lección inaugural del curso 2022-2023 ha sido utilizada para realizar una encendida defensa de la primera de las posiciones, la que pretende que la única lengua legítima de Cataluña es el catalán; acompañado de insultos dirigidos a quienes defendemos posiciones diferentes.
En este sentido el señor Serra ha sido muy claro; especialmente cuando en el minuto 35, donde dice que bilingüismo debería ser con "v" de vil, y califica de "viles" a los bilingüistas que "denuncian escuelas".
El insulto gratuito, duro y reiterado dirigido a un colectivo claramente identificado, que no se oculta y que plantea sus reivindicaciones con los medios de los que dispone dentro del marco legal; cuando se hace, además, desde la cátedra universitaria y en uno de los momentos más solemnes del curso a quien envilece es a quien utiliza esa posición para intentar denigrar (intentar tan solo, porque denigra quien puede, no quien quiere) a quien no puede defenderse. Y, lamentablemente -y siento decir esto- creo que mancha también a la propia institución, al menos cuando esas palabras son aplaudidas, puesto que tras haberlas pronunciado ya no cabe el encogimiento de hombros y el "no sabía que iba a decir eso".
El insulto, además, iba acompañado de la mentira; pues dijo que quienes defendemos el bilingüismo en realidad lo que queremos es no aprender catalán. Cosa que es radicalmente falsa y una acusación tan ridícula que no merece la pena ni contestarla. Que una falsedad de ese calibre se lance impunemente desde una posición de privilegio como es la que tenía el día 27 de septiembre el señor Màrius Serra descalifica -y siento decirlo- el acto en el que se realiza y a quienes lo han diseñado. Y siento también decir esto último.
El insulto y la mentira eran el núcleo de una presentación en la que el conferenciante confrontaba sus propios planteamientos con los que muchos venimos expresando desde hace tiempo y que hace poco más de una semana nos convocaron en una manifestación bajo el lema "Español, lengua vehicular".


En la manifestación también se reivindicaba (por cierto, como reivindicaba el catalanismo en los años 70 del siglo XX) la enseñanza en lengua materna.
En su conferencia, el señor Serra tuvo tiempo para meterse con ambas reivindicaciones de la manifestación (sin nombrarla), tanto la enseñanza en lengua materna como el cuestionamiento de la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela. En ese punto aprovechó para decir que los únicos ciudadanos monolingües en Cataluña son castellanohablantes, no catalanohablantes; una afirmación que bien merecería la cita de alguna fuente o de la metodología utilizada para llegar a dicha conclusión, pues de otra forma se podría entender que desprende un cierto tufillo supremacista (los de mi grupo, catalanohablantes, hablamos más idiomas que los de tu grupo, castellanohablantes).
Si a lo anterior añadimos que, como se ha adelantado, tildó de viles a los que "denunciaban escuelas"; entiendo que refiriéndose a las reclamaciones judiciales de familias y asociaciones para que al menos una cuarta parte de la enseñanza se imparta en castellano, no creo que pueda ser calificado como paranoia que en buena medida el objetivo de la conferencia era criticar a quienes ponemos en duda la hegemonía del catalán en las escuelas catalanas.
Meterse en un debate así y utilizar la cátedra que se le prestaba para hacer una intervención claramente partidista no es, como digo, seguramente lo que un observador imparcial esperaría de una lección inaugural de un curso universitario; pero también ha de aclararse que hubo en la conferencia una parte de construcción (entre los minutos 37 y 49 del vídeo); una parte en la que Màrius Serra explicaba algo tan transcendente como qué quiere decir ser catalán.
No cabe duda que es también un tema de enjundia. Personalmente siempre me he quedado en lo que establece el art. 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: es ciudadano de Cataluña el nacional español con vecindad administrativa en algún municipio de la Comunidad Autónoma; pero, obviamente, el señor Serra ni consideró esta posibilidad para buscar un concepto mucho más esencialista de la condición de catalán.
Según Màrius Serra para ser catalán hay que hablar catalán (minuto 38), pero teniendo en cuenta que hay territorios en que se habla catalán y que, sin embargo, están fuera de la Comunidad Autónoma (minuto 42). Aparte de hablar catalán, sin embargo, es preciso algo más; y ese algo más es que no se subordine la condición de catalán a la de español o francés (minuto 45) y que no se muestre indiferente por el futuro de la lengua catalana (minuto 46).
Vamos, una sesión de repartir carnets de catalán sin ningún disimulo ni timidez.
Es una opción, claro. Una opción que se aparta de la definición estatutaria y que se conecta con visiones esencialistas y nacionalistas a partir de un marcador muy claro: la lengua. Una visión nacionalista y excluyente (el que no comparta estos valores no formará parte del grupo, de la catalanidad) que conocemos muy bien, y que es legítima como planteamiento particular o colectivo; pero ¿es el planteamiento oficial de mi universidad?
Diría que sí, porque el Rector y resto de la mesa aplaudió el discurso; esto es, los insultos, descalificaciones, mentiras y la reedición de la construcción romántica de la nación sobre la lengua. Además, el Rector, tuvo en su intervención tiempo para reafirmar el compromiso de la universidad con el catalán, una lengua en regresión, según explicó (quién diría que está en regresión viendo un acto como éste en el que la única lengua empleada fue el catalán) y agradecer la lección de Màrius Serra. Además, como digo, la lección inaugural ya se enmarcaba en una campaña que claramente apuesta por identificar una lengua como "correcta" y otra como "incorrecta" en el campus universitario. Curiosamente, la incorrecta es, casi con toda seguridad, la materna de la mayoría de los alumnos, quizás también de los profesores y PAS, y tan oficial como el catalán.
De esta forma, y desde mi punto de vista, lamentablemente, la lección inaugural sí que dice mucho de la UAB "oficial", de unos responsables universitarios que, como he comprobado ya en varias ocasiones, se pliegan al nacionalismo y pretenden convertirlo -hoy se ha visto- en ideología oficial de la universidad.
Pues bien, ante eso, somos unos cuántos los miembros de la comunidad universitaria que desde la modestia de nuestros puestos seguiremos reivindicando una universidad que respete todas las posiciones, que se centre en la docencia, la investigación, la transferencia y permita un debate en su seno lo más vivo posible, sin asumir como propios más que los principios democráticos básicos y los valores fundamentales que identifican a todas las democracias de nuestro entorno.
Principios y valores que no son los que defendió ayer el encargado de la lección inaugural.
Y creo que es mi responsabilidad como universitario y, en concreto, como parte de la comunidad universitaria de la UAB escribir esto y decir, "no en mi nombre".

lunes, 26 de septiembre de 2022

Comisión Europea y garantía de los principios democráticos en los países miembros de la UE

I. La visita de Reynders

Estos días visitará España el Comisario de Justicia de la UE.


Creo que es buena ocasión para repasar cómo puede (y debe) controlar la UE el respeto a los principios democráticos en los estados miembros. Es un tema que tiene una cierta dificulta técnica, pero espero poder mostrar que, a la vez, es relevante para la práctica y, sobre todo, para el análisis político de la situación en la que se encuentran la UE y sus estados miembros.
Se trata de ver el papel que juega la Comisión Europea y el resto de instituciones de la UE en el control del respeto a los principios democráticos en los estados miembros de la Unión. Qué dificultades tiene ese control y también qué riesgos plantea. Antes de entrar en ello, sin embargo, es preciso ver qué queremos decir con principios democráticos y cuáles son las obligaciones que, desde la perspectiva del derecho de la UE, asumen los estados miembros en relación a dichos principios democráticos. A su vez, para entender esto tenemos que detenernos un momento en la estructura de la UE o, por mejor decir, en la estructura de la articulación (no es una redundancia, aunque lo parezca) de los estados miembros y la UE.

II. El papel de la Unión y el papel de los estados miembros

La primera idea es que la existencia de la UE no implica que la Unión sustituya a los estados miembros o que la UE sea un "superestado". Nada de eso. La Unión tiene sus competencias y los estados tienen las suyas. De hecho, la UE tan solo tiene las competencias que le han atribuido los estados y, además, en las competencias que no son exclusivas de la UE -y, por tanto, concurrentes con las de los estados, la UE solamente actuará cuando esa actuación sea imprescindible para conseguir un determinado objetivo, sin que dicho objetivo pueda ser alcanzado por los estados (principio de subsidiaridad). Esto explica que haya muchas cuestiones en las que el recurso a las instituciones de la UE sea inútil, puesto que se trata de cuestiones que competen a los estados. De la misma forma, esto también permite explicar por qué la Carta Europea de Derechos Fundamentales tiene un alcance limitado, pues solamente se aplica respecto a las instituciones de la UE y, en relación a los estados miembros, cuando el estado en cuestión está aplicando derecho de la UE. Esta Carta de Derechos Fundamentales no es una "versión bis" del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que, como digo, tan solo pretende que las actuaciones de las instituciones de la UE, y de los estados miembros cuando aplican derecho de la UE, se ajusten a los estándares de protección que ofrece la mencionada Carta.
Si tenemos en cuenta lo anterior, resultará que el papel que pueden jugar las instituciones de la UE en relación a muchos debates internos de los estados es muy limitado, puesto que las competencias de la Unión también son limitadas. Si tuviéramos en cuenta tan solo lo anterior resultaría que poco o nada tendría que decir el señor Reynders sobre la renovación del CGPJ, por ejemplo.
Sin embargo, como sabemos, el señor Reynders sí que tiene cosas que decir sobre ese tema, y la justificación para que las diga es doble. Una no tiene que ver directamente con el tema del respeto a los principios democráticos en los estados miembros y la otra sí. Comencemos por la primera y tras ella vayamos a la segunda que es la que realmente nos interesa para el tema que queremos tratar.
La primera vía es que los jueces de cada estado miembro no son solamente jueces nacionales, sino que son también jueces europeos. Me explico: el derecho de la UE, más allá del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública, no tiene un cuerpo propio de aplicadores del derecho de la UE. Ese derecho ha de ser aplicado por las autoridades nacionales y, en particular, por los jueces, por lo que si el sistema judicial de cada país no reúne los requisitos necesarios de independencia resultaría que no se estaría permitiendo una adecuada aplicación del derecho de la UE. Esta fue la vía utilizada por el Tribunal de Luxemburgo para entrar a verificar la adecuación de la normativa sobre el poder judicial adoptada en Polonia [STJ (Gran Sala) de 24 de junio de 2019, As. C-619/18, Comisión Europea c. República de Polonia, ECLI:EU:C:2019:531]



Ahora bien, como decíamos, esto no es lo que más nos interesa, sino la otra base que fundamenta la actuación de la UE en el control del respeto a los principios democráticos en los estados miembros, la que abre el art. 2 del TUE.

III. Los valores comunes a los estados miembros

Este artículo establece que la Unión se fundamenta "en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías". Y añade: "Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres". La importancia que tiene el respeto a estos valores en los estados miembros viene reforzada por lo que establece el art. 7 del TUE donde se prevén actuaciones y sanciones para los casos en que exista "un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2" y también cuando se constate "la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2".
De estos preceptos se deduce que hay una obligación, derivada del derecho de la UE y que se proyecta sobre todos los estados miembros, de garantizar el respeto a los principios que recoge el art. 2 del Tratado de la Unión Europea.

Y si hay una obligación derivada del derecho de la UE, las instituciones de la UE, incluida la Comisión, tienen competencia para verificar el cumplimiento de dicha obligación. Por esta vía, las instituciones de la UE adquieren una capacidad general de fiscalización del funcionamiento de los principios democráticos en los países miembros de la Unión.

Lo anterior parece que es "dos más dos, igual a cuatro"; pero ha habido no pocas resistencias a admitir el resultado que se acaba de explicar. De hecho, es relativamente reciente la asunción de esta competencia de la Unión, que se ha clarificado como consecuencia de las infracciones detectadas en Polonia y Hungría. Ha sido a partir de esos casos que las instituciones europeas han mostrado una voluntad más nítida en la monitorización del respeto a los principios democráticos en los estados miembros. En este sentido resulta significativa la propuesta motivada de la Comisión para una decisión del Consejo en relación a Polonia del año 2017, donde se dice expresamente que la Comisión y el resto de instituciones de la UE son responsables, junto con los estados miembros, del respeto en estos de los valores comunes de la Unión.


Es una afirmación de una enorme importancia que ha tenido continuidad con el establecimiento de un mecanismo de verificación permanente de la situación del Estado de Derecho en los estados miembros, un informe anual del que ya se han publicado tres ediciones (2020, 2021 y 2022)


Que se completa con un mecanismo de condicionalidad en la recepción de los fondos europeos que se supedita al respeto al Estado de Derecho en los estados miembros.


Se trata de mecanismos que dotan a las instituciones europeas de un enorme poder. Son un paso adelante en la federalización de Europa y creo que han de ser valorados de manera muy positiva.

IV. Un gran poder lleva aparejada una gran responsabilidad

Pero, como dicen en Spiderman, un gran poder supone también una gran responsabilidad. La Comisión ha de administrar con sabiduría unas herramientas que conectan el núcleo de los debates políticos internos de los estados miembros con Bruselas. Hay que hacerlo, no hay otra vía; pero hay que hacerlo siendo muy conscientes de que se está jugando con fuego.
¿Por qué digo lo anterior? Pues porque la Comisión puede tener la tentación de utilizar este mecanismo de control del respeto a los principios democráticos como una herramienta más de apoyo a sus políticas; lo que implicaría que en función de factores que no son el control técnico y objetivo de la vulneración de los principios democráticos se actuaría con más o menos intensidad en función del país infractor o de la naturaleza de la infracción. Esto es, evidentemente, muy peligroso.

Ya hemos visto ejemplos de ello. Uno de los motivos por los que se está investigando a Polonia es porque ha establecido un mecanismo de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces en los que tales miembros son elegidos por el Parlamento por una mayoría de 3/5. Esto motivó las protestas de la Comisión, que se reflejaron en la propuesta motivada de decisión que citaba hace un momento.


Bueno, esa mayoría de tres quintos en las cámara legislativas para designar a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces es el que hay en España desde 1985, un sistema de designación que los partidos de gobierno en España pretendieron modificar para sustituir la mayoría de tres quintos ¡por mayoría simple! Lógicamente, le faltó tiempo a las autoridades polacas para llamar la atención de la Comisión sobre el tema y exigirles que hicieran con España lo mismo que estaban haciendo con Polonia. A la Comisión no le quedó más remedio que intervenir y el tema de la renovación del CGPJ será uno de los que salgan en las reuniones que el Comisario mantendrá en España en los próximos días. Ahora bien, la gestión de este tema por parte de la Comisión sigue mostrando una contemporización con el gobierno de España que tiene difícil explicación desde un análisis objetivo de los requisitos que deberían considerarse para determinar el respeto al Estado de Derecho y, más en general, a los principios democráticos.
Así, en el último informe sobre el Estado de Derecho en España, la Comisión insiste en la necesidad de modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ por una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado (el mismo sistema que es objeto de críticas en relación a Polonia) pero, a la vez, se pide que ANTES de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para adecuarlo a las exigencias del Consejo de Europa y de la Unión Europea, se proceda a la renovación del CGPJ, de acuerdo con unas reglas que la propia Comisión considera que no se ajustan a los estándares europeos.
Es más, parece ser que el  Comisario Reynders se reunirá con PP y PSOE para conseguir desbloquear la elección de los vocales del CGPJ.


Esto es un disparate. De acuerdo con la normativa española, no son el Gobierno y el PP quienes designan a los vocales del CGPJ, sino que son el Congreso y el Senado. Si se quiere mantener alguna apariencia de respeto a la independencia judicial lo que, en su caso, tocaría hacer es forzar a los presidentes del Congreso y del Senado a que pusieran en marcha el mecanismo de renovación del CGPJ de acuerdo con el sistema viciado que ahora tenemos; pero sin profundizar en la politización del mismo reconociendo abiertamente que lo que se hace en el Congreso y en el Senado es un mero pariré y que todo se cuece entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Esto es tanto como condenar a la ilegitimidad al próximo CGPJ ¡y con el amparo del Comisario de Justicia de la UE que es quien debería velar por el respeto al Estado de Derecho!
¿Cómo es que se ha llegado a esto? Mi hipótesis es que Reynders, para conseguir la promesa de la modificación del sistema de elección del CGPJ ha introducido una exigencia que viene de la parte del Gobierno: la de la necesidad de renovar el CGPJ antes de que se produzca esa reforma. Si no es por concesión al Gobierno español no se alcanza el por qué de la exigencia de que esa renovación se produzca con anterioridad a la modificación de la normativa para adecuarla a las exigencias del Consejo de Europa y de la UE; exigencias que se concretan en que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces.

V. Sesgos en el informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la UE

El caso en sí es grave, pero lo traigo aquí a colación como ejemplo de los equilibrios que hace la Comisión para llevar adelante su responsabilidad de velar por el respeto a los principios democráticos en los estados miembros y la necesidad de no molestar excesivamente a demasiados gobiernos a la vez. Esto explicaría también un cierto sesgo en el informe anual sobre el Estado de Derecho, un sesgo que lleva a que determinadas actuaciones que han merecido un firme reproche de la Comisión en relación a unos estados sean pasadas por alto cuando son otros los estados afectados. Pondré un ejemplo cercano: en la ya mencionad propuesta motivada de decisión del Consejo en relación a Polonia se incide en que supone una vulneración del Estado de Derecho que miembros del poder ejecutivo, o, incluso, del partido de gobierno, descalifiquen a los jueces.


¿Qué decir entonces del gobierno de la Generalitat y sus continuas descalificaciones a los jueces, descalificaciones que van acompañadas de la desobediencia abierta y expresa a las decisiones judiciales y a una política de hostigamiento a los jueces en la que participan los partidos de gobierno de la Generalitat? Si se considera que, en el caso de Polonia, declaraciones públicas contra jueces impulsadas por el gobierno polaco o parlamentarios de la mayoría de gobierno han llegado a plasmarse en una propuesta motivada de decisión del Consejo sobre vulneración del Estado de Derecho, ¿cómo es posible que la abierta desobediencia a la judicatura en Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat no merezca ni una línea en el informe anual sobre el Estado de Derecho?




Solamente se me ocurren dos explicaciones. Una de ellas ya ha sido apuntada: la Comisión utiliza su competencia en materia de vigilancia del respeto a los principios democráticos en los estados miembros como una herramienta más de su política general, usándola como palo, en la dicotomía entre palo y zanahoria, en sus relaciones con los gobiernos. Y aquí la facilidad con la que sale el palo depende en buena medida de la mayor o menor intensidad con la que el gobierno de turno se da golpes de pecho europeístas.
Hay también otra explicación: la sensibilidad de la Comisión no es la misma cuando las infracciones van en una línea que cuando van en otra. Esto es, hay ciertos planteamientos ideológicos (el nacionalismo periférico, por ejemplo) que cuenta con mayores simpatías y al que se le permiten más cosas que a otros tipos de comportamientos igualmente contrarios a principios democráticos, pero que, además, cuentan con un peor aparato de propaganda.

VI. La responsabilidad de la Comisión en una Europa dividida

Esto último es especialmente peligroso. A nadie se le oculta que ahora mismo en Europa se desarrolla un debate integrísimo entre diferentes ideologías y concepciones sobre cómo han de configurarse los derechos fundamentales y las libertades públicas que está pensionando no solamente la UE, sino también el Consejo de Europa y el debate político en los estados miembros. Las instituciones europeas, por supuesto, han de defender aquellos valores y principios que son comunes (art. 2 del TUE) y que, en buena medida, son ante todo procedimentales, porque las democracias liberales se caracterizan por un sano escepticismo que hace prevalecer el debate público sobre las verdades eternas, tanto en un sentido como en el otro.
Si la Comisión no atiende a este principio y, por tanto, no es riguroso al máximo en la forma, muy exigente en lo que se refiere a principios comunes de los estados miembros y cautelosa en aquello que no sean principios comunes, acabará siendo percibida como un agente partidista más.
Y eso, en la Europa crispada y dividida que vivimos sería una muy mala noticia.