Libre

viernes, 30 de agosto de 2019

Violencia política




Ayer se ha prestó el primer informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. Aquí puede consultarse el informe íntegro.
Los resultados de ese informe nos hablan claramente de la crisis de convivencia que sufrimos en Cataluña. En los seis primeros meses del año se han identificado 189 incidentes violentos que tenían por objeto "la claudicación o la modificación de la libre voluntad del oponente político" (que es como el informe define "violencia política" en el informe). No es, de todas formas, una recopilación exhaustiva, pues se limita a lo que ha podido ser identificado en prensa y redes sociales, por lo que es claro que el número de incidentes violentos es mayor. Sería deseable que con más medios se pudiera hacer un informe más completo; pero, de momento, lo que tenemos es este documento de 40 páginas que nos ofrece una panorámica significativa de la violencia política en Cataluña. Supera, con mucho, lo que ofrece en su página web la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, que se limita, en lo que se refiere al tema que nos ocupa, lo que he marcado en rojo en su página web:


Una página web en la que el apartado de Informes está vacío


Ante esta inactividad oficial, el Observatorio de la Violencia Politica en Cataluña ha hecho el esfuerzo de recopilar informaciones accesibles para todos con el fin de ofrecer un panorama aproximado de la forma en que se intenta silenciar al adversario político en nuestra Comunidad.
La primera conclusión que extraemos es que existe una crisis de convivencia que afecta de manera decisiva al desarrollo de la actividad política en Cataluña. 189 incidentes supone una media de más de uno diario. De media una vez al día se intenta silenciar al adversario político con medios ilegítimos.
Estos medios son de distinta intensidad; pero esto no ha de llevarnos a banalizar el fenómeno. Creo que la contemporización con las manifestaciones menos intensas de la violencia está en la base de situación que padecemos ahora y en la que de los insultos y los boicots se ha pasado al contacto físico y la agresión. No, ninguna manifestación de la violencia ha de ser tolerada, porque esa tolerancia sienta las bases de una acción mayor. Todavía recuerdo cuando, hace unos años, una autoridad académica me explicaba por teléfono, ante mi preocupación por el boicot anunciado a una carpa de Joves SCC en la UAB que no me preocupara, que. no nos iban a pegar, se limitarían a insultarnos. Más exactamente habría que decir: rodearnos e insultarnos, gritarnos y acallar nuestros mensajes con su megafonía. Cuando se da por bueno el coaccionar a quien piensa diferente se están sentando las bases de una espiral que no sabemos cómo acabará, por eso es tan importante condenar todo tipo de violencia, y por eso el informe recoge también actos de boicot, escarches y amenazas. Todas estos intentos de silenciar al adversario han de ser condenados.
Y han de ser condenados no solamente porque pueden conducir a otros más graves, sino porque estas formas de coacción son tremendamente eficaces cuando, como pasa en Cataluña, son continuos y extendidos. En esta forma de coacción está la base del silencio de muchos que no osan manifestarse como contrarios al nacionalismo o exigir sus derechos (los lingüísticos en la escuela, por ejemplo) ante el temor de verse sometidos a estas formas de acoso de, pretendidamente, "baja intensidad".
Otra de las consecuencias que pueden extraerse de este informe es que la violencia no se reparte de manera igual entre los distintos actores. La mayoría de los actos de coacción se dirigen contra las instituciones del Estado, los partidos políticos y asociaciones constitucionalistas y aquellos que se oponen al nacionalismo. Es decir, se trata de violencia que pretende silenciar a quienes se oponen a la secesión. Menos de un 10% de la violencia es ejercida contra los nacionalistas


Es decir, la violencia es ejercida en su práctica totalidad por quienes se ven respaldados por el gobierno regional, quien no duda en pedir a quienes ejercen estas acciones violentas que "aprieten"
Este gobierno regional, además, hace alarde de su desobediencia a la ley y a las órdenes que recibe de la administración electoral y amenaza con una confrontación mayor con el Estado.
La situación, por tanto, es que quien ejerce el poder público en Cataluña (policía, escuelas, sanidad, prisión, infraestructuras...) actúa al margen de la ley y pide explícitamente que se mantenga el nivel de coacción que determinados grupos favorables a las posiciones ideológicas que suscribe el gobierno regional ejercen contra quienes se oponen a los planteamientos del gobierno.
Si esta no es una situación preocupante ya me dirán qué lo es. Y como digo, ahí están los datos, que podrán ser completados; pero no se modificarán sustancialmente. Y creo que prueba de ello es que la Oficina creada por la Generalitat para denunciar esta violencia política permanece muda, como hemos visto hace un momento.
Esta es una situación especialmente dolorosa para los catalanes no nacionalistas, quienes se ven sometidos a un poder público que actúa al margen de la ley y, a la vez, debiendo soportar una coacción constante que limita su posibilidad de actuación política y restringe sus derechos.
Urge actuar, y esa actuación pasa, tal como se indica en el informe por:

- Poner fin a la desobediencia a la ley por parte del poder público. La Generalitat y las entidades locales han de ajustar escrupulosamente a la ley su comportamiento.
- Perseguir todas las manifestaciones de la violencia política. Ninguna puede ser tolerada.
- Condenar todas las coacciones e intentos de silenciar al adversario político.

Es importante asumir que ninguna limitación de derechos ha de ser tolerada. Existe, a este respecto, una confusión bastante extendida sobre ciertas limitaciones que de manera equivocada son toleradas. Me refiero en concreto a los cortes de carreteras u otros obstáculos a la movilidad.
Lo primero que hay que aclarar es que el derecho de manifestación y de reunión es un derecho reconocido constitucionalmente. El derecho de manifestación, en concreto, habilita para que los ciudadanos ocupen el espacio público con el fin expresar sus ideas o reivindicaciones. Este derecho no está sometido -en contra de lo que se afirma con frecuencia- a autorización previa. Quienes quieren convocar una manifestación informan a la autoridad, pero esta no ha de autorizarla, aunque puede proponer alternativas a fin de hacer compatible ese derecho de manifestación con otros derechos (derechos de manifestación de otros, lo que implica prohibir las contramanifestaciones, o el derecho de circulación). Lógicamente el ejercicio del derecho de manifestación supone alteraciones a la circulación que todos hemos experimentado en más de una ocasión; pero esto no supone ninguna violencia, porque se está ejerciendo legítimamente un derecho.
Ahora bien, cuando se pretende utilizar el derecho de manifestación para cortar carreteras, ocupar edificios o impedir la circulación de otros, ahí ya entramos en el terreno de la violencia. Cuando unos encapuchados cortan una carretera con neumáticos o contenedores se está limitando la libertad de todos y es un caso de violencia. Cuando se impide el acceso a un edificio porque se ha convocado una huelga se está ejerciendo la violencia porque se está impidiendo que otros ciudadanos ejerzan su derecho a trabajar o a ir a clase (en el caso de las mal llamadas huelgas de estudiantes). Cuando la policía ordena a quienes cortan una autopista que depongan su actitud y no lo hacen, ahí se está ejerciendo violencia. Ahí nos encontramos con unos que creen que su voluntad pasa por encima de los derechos de los demás.
He vivido esas situaciones. Situaciones en las que cuando voy a clase me encuentro con una barrera que alguien controla y que se creen en el derecho de decidir si doy o no la clase, o en el derecho de permitir que los estudiantes acudan o no a clase. Tolerar esas situaciones es el calor de cultivo de la violencia, porque si uno se cree en el derecho de colocar un obstáculo físico para impedir que otro ejerza un derecho ¿por qué aquél que ve su derecho restringido no va a pensar que está legitimado para quitar por si mismo ese obstáculo? Estas situaciones son potencialmente peligrosas y han de ser evitadas; y no puede exigirse siempre a los ciudadanos que tengan paciencia y toleren la sistemática y continua vulneración de la ley y la restricción de sus derechos por parte de los nacionalistas, las autoridades regionales y las autoridades locales.

domingo, 25 de agosto de 2019

Las críticas a la propuesta de ley de lenguas

La publicación en "El Mundo" de un artículo de Mercè Vilarrubias sobre su propuesta de ley de lenguas, y su difusión por las redes sociales ha permitido un fructífero debate sobre la propuesta, detallada en el libro de la misma autora "Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo".


De las críticas a la propuesta se pueden deducir algunas conclusiones que quizás ayuden a centrar el debate en torno a la misma.

1) Críticas no a la propuesta, sino a los que se dice que dice la propuesta

Una parte significativa de las críticas no se dirige a la propuesta, sino a lo que algunos dicen que defiende la propuesta. Así, en primer lugar, que la propuesta convertiría en oficiales en toda España las lenguas españolas diferentes del castellano. Esto es falso. basta consultar las páginas 165 y 166 del libro de Mercè para comprobar que en la propuesta el castellano sigue siendo la única lengua oficial en todo el Estado. Lo que hace la propuesta es añadir que las otras lenguas españolas que sean oficiales en las Comunidades Autónomas son también propias del Estado; lo que no implica oficialidad; sino que el Estado asume que tales lenguas son también suyas en el sentido de que forman parte de la identidad española. Se trata de un reconocimiento simbólico que no implica que las lenguas españolas diferentes del castellano sean oficiales fuera de la Comunidad Autónoma que les ha dado este carácter. Decir, por tanto, que la propuesta convierte en oficiales en toda España a las lenguas españolas dientes del castellano es una falsedad.
De igual forma, es falso que la propuesta implique que podrá pedirse atención en cualquier lengua española en cualquier parte de España. Esto es radicalmente falso. Lo que mantiene la propuesta es lo que ya existe ahora: la administración periférica del Estado en cada Comunidad Autónoma con una lengua oficial diferente del castellano utilizará también esa lengua oficial. A esto se añade que los ciudadanos podrán utilizar las lenguas oficiales diferentes del castellano ante las instituciones centrales del Estado (Defensor del Pueblo, Ministros...) así como ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional. Esto, por supuesto, no implica que pueda pedirse en Cádiz un formulario en gallego. Esto está descartado por la propuesta de Ley de Lenguas. Decir, por tanto, que la propuesta de Ley de Lengua implicaría que cualquiera pudiera exigir atención en una lengua española diferente del castellano en cualquier lugar de España es otra falsedad.
Así pues, hay algunas críticas a la propuesta que no van dirigidas a la propuesta, sino a una "imagen de paja" de la propuesta.

2) Críticas por entender que la propuesta es "buenista" o un guiño a los nacionalistas

De acuerdo con este planteamiento, ante la constante vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las comunidades controladas por gobiernos nacionalistas, la propuesta intentaría llegar a un "acuerdo" por el que los derechos de los castellanohablantes pasarían a ser respetados a cambio de que se ampliaran los derechos de los hablantes de lenguas españolas diferentes del castellano fuera de sus Comunidades Autónomas.
Esto es también completamente falso. La propuesta no pretende llegar a ningún acuerdo para que se respeten los derechos de los castellanohablantes que ahora no son respetados. Estos derechos han de ser exigidos y deben garantizarse sin contraprestación alguna. La exigencia de respeto a tales derechos por parte de quienes defendemos la propuesta de ley de lenguas es clara y sin condiciones. Así como la crítica a los gobiernos españoles que no han cumplido con su obligación de convertir en reales tales derechos.


La propuesta no pretende, por tanto, llegar a ningún acuerdo con los nacionalistas ni ofrecerles ninguna "contraprestación". Es más, la propuesta ataca la línea de flotación del elemento estructural del planteamiento nacionalista en relación a la lengua. Veamos por qué.
El planteamiento nacionalista es la utilización de la lengua como instrumento de construcción nacional. En ese sentido, el concepto nuclear en la propuesta, "derechos lingüísticos", es antitético al plan nacionalista. No se trata de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sino de acabar por imponerles la utilización de la lengua que pretende potenciarse. En Cataluña es claro. Los derechos lingüísticos en relación a la utilización del castellano son permanente vulnerados con el fin de potenciar el catalán, porque el objetivo de los nacionalistas, como digo, no es garantizar derechos lingüísticos sino promover el uso de la que se quiere utilizar como eje de la nación que quiere construirse.
Si ese planteamiento basado en la lengua, su promoción y protección, es sustituido por otro en el que el eje son los derechos lingüísticos de los hablantes, el plan "catalanizador" (en Cataluña) llega a su fin. Ya no se tratará de promover el uso de una determinada lengua, sino de garantizar los derechos de los hablantes de esa lengua, pero también de los hablantes de castellano, velando porque puedan usarla ante la administración, que esté presente en las escuelas y en los medios públicos de comunicación. No es extraño que los nacionalistas estén mudos ante la propuesta, esperando seguramente que no siga adelante.
No, la propuesta no es ningún guiño a los nacionalistas. ¿Cómo podría serlo defender los derechos lingüísticos de los castellanohablantes y exigir que el Estado haga lo que no ha hecho en los últimos cuarenta años: regular sobre esos derechos, empezando por la presencia del castellano en las escuelas de las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial?

3) La propuesta pone en riesgo a la lengua común, el español

Esta es una crítica que se repite y se expresa de distintas maneras; pero en el fondo el planteamiento es siempre el mismo: España tiene ya una lengua común y cualquier cosa que implique debilitarla ha de ser rechazad. En la medida en que la propuesta llevaría a que en algunos supuestos en los que ahora se utiliza el castellano se utilizaría una lengua española diferente del castellano habría un debilitamiento de la lengua común que ha de ser rechazado.
Bien, es cierto que habrá supuestos en los que ahora se emplea el castellano y en los que, de acuerdo con la propuesta, se podría utilizar una lengua española diferente del castellano. Así, por ejemplo, cuando se testifique ante el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Además, la visibilidad de las lenguas españolas diferentes del castellano aumentaría, lo que, de acuerdo con la crítica que aquí se examina, redundaría en una menor difusión del español.
Esta es tremendamente significativa. Vamos a verlo a continuación.
En España hay diversos proyectos políticos en conflicto en cuanto a la configuración del Estado. Y en ellos la lengua juega un papel muy relevante. Los nacionalismos periféricos pretenden construir nuevas comunidades nacionales en sus territorios utilizando para ello la lengua como un elemento esencial en esa construcción nacional. La promoción en la utilización de las lenguas "propias" de las diferentes Comunidades Autónomas es clave en este proyecto.
Frente a estos proyectos del nacionalismo periférico hay una reacción basada en la promoción de la "lengua común", el español, como elemento de cohesión de España. De acuerdo con este planteamiento, todo lo que suponga promoción de la lengua común sería conveniente y lo que implicara debilitarla, negativo. Puede comprobarse en una de las críticas recibidas a la propuesta en las redes sociales en los últimos días.


La propuesta de Ley de Lenguas no se adscribe a ninguna de de estas dos posiciones. Ni promueve el catalán, el gallego o euskera... ni el castellano. La propuesta de Ley de Lenguas lo que pretende es cambiar el centro de la regulación desde la lengua, su promoción o defensa, a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Y ese es un cambio radical.
De lo que se trata es de defender los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, de los que tienen como lengua de preferencia el castellano y de los que tienen como lengua de preferencia una lengua española diferente del castellano. A partir de ahí serán los ciudadanos los que tenga que decidir cuál utilizan y cómo la utilizan. Como digo, es una perspectiva radicalmente diferente al planteamiento actual, basado en la promoción de las lenguas españolas diferentes del castellano.
Lo anterior no es incompatible con que los agentes políticos o sociales interesados en ello intenten promover el conocimiento o la utilización del español o de cualquier otra lengua española. Tengo mi opinión respecto a esas políticas, que básicamente se resume en que de acuerdo con las políticas de promoción del conocimiento y en desacuerdo con las políticas de promoción del uso; pero esta opinión no tiene nada que ver con la Ley de Lenguas. La propuesta de Ley de Lenguas se centra en la defensa de los derechos lingüísticos y pretende que el elemento esencial en la regulación de las lenguas ha de ser éste, los derechos lingüísticos, en vez de la promoción de la lengua o los pretendidos derechos de la misma.
Esto explica que quienes pretenden potenciar la utilización del español como elemento de fortalecimiento de la unidad del Estado discrepen de la propuesta de Ley de Lenguas. En este punto la coincidencia entre los nacionalistas periféricos y los nacionalistas españoles coherente. En ambos casos los derechos lingüísticos son secundarios frente al papel de la lengua como elemento de articulación nacional.
Quienes defendemos la propuesta de Ley de Lenguas, en cambio, partimos, como ya se ha dicho, del respeto a los derechos lingüísticos y a la libertad de todos para utilizar la lengua que prefieran. Veremos a dónde nos conduce esa libertad, tan alejada de la experiencia de las últimas décadas.

Aclaración

La utilización del término "castellano" o "español" se ha convertido también en campo de batalla. Yo utilizo indistintamente ambos. Desde un punto de vista filológico es más correcto "español", o al menos esto me enseñaron en COU en la asignatura de Lengua Española, donde estudió un libro  de texto magnífico, el que había escrito Emilio Alarcos Llorach; pero la Constitución utiliza el término "castellano" y creo que en textos jurídicos es más adecuado, por esa razón, utilizar esta última palabra. No hago cuestión de ello, sin embargo, por lo que creo que no corresponde criticar que utilice uno u otro, porque, como digo, voy alternado ambos, en ocasiones por razones estilísticas.

martes, 20 de agosto de 2019

Rabia y odio

No es una anécdota.
Ante los exabruptos que algunos sueltan en twitter tendemos a pensar que se trata de personajes estrambóticos que no reflejan más que sus propias carencias; pero creo que esta manera de enfrentarse al tema no es correcta.
Hace poco, a raíz de un comentario mío acerca de lo desproporcionado del gasto público en TV3 (1500 millones en cinco años, lo suficiente como para contratar 8000 maestros, o 6000 médicos o para rebajar en 1000 euros las tasas universitarias a cada estudiante de las Universidades públicas catalanas (y esto último dedicando a ello tan solo la mitad de eso 1500 millones de euros), un usuario de twitter me dedicó una serie de comentarios bastante significativos.
El primero indicaba que me fuera "a mi querido país" y que ya me pagaba él el billete de ida, pero sin vuelta, claro.


Y cuando le respondí que quién se creía él para decidir quién se iba y quién se quedaba me contestó que me fuera a Oviedo, añadiendo que yo era un "facha de mierda" y que dejara de decir mentiras.


No contento con este exabrupto aún insistió en pagarme el billete para irme, que había visto lo que decía de Cataluña y de los catalanes, que era asqueroso lo que decía, que si escupía para arriba ya vería dónde me caería y acababa recriminándome que hablara mal de la tierra que me da de comer.


Lo que parecen una serie de exabruptos sin más, sin embargo resultan, como adelantaba, bastante significativos.
En primer lugar, el individuo en cuestión se identifica de tal manera con lo que él entiende que es Cataluña que asume que quienes no comparten sus propios planteamientos no solamente es que no son catalanes, sino que, además, han de irse porque hablan mal de Cataluña y de los catalanes. Todo había comenzado por mi crítica al gasto público en TV3, lo que en circunstancias normales podría ser un tema de debate entre ciudadanos; pero que aquí no podía ser tal desde la mentalidad de mi interlocutor (admitamos esta licencia poética para referirnos a él) puesto que yo no tenía derecho a inmiscuirme en ese asunto o, por mejor decir, no podía más que asentir a lo que los nacionalistas como este interlocutor mantuvieran. Cualquier discrepancia es considerada ilegítima y lleva como sanción la expulsión, el destierro.
Es, como digo, significativo, porque ésta es una de las claves del nacionalismo: identificar Cataluña con los planteamientos nacionalistas y negar la condición de catalanes a quien discrepe de ellos. Quienes mantienen esta discrepancia o son colonos o son traidores. Es por esto que resulta tan importante insistir en que Cataluña no son solamente los nacionalistas; y esto explica también que en todas las ocasiones en que se identifica a Cataluña con los nacionalistas quienes no lo somos sintamos esta perversa confusión como un insulto personal.
Negar la condición de ciudadanía a alguien como yo, que soy ciudadano catalán tan pleno como cualquier otro (y si no, consúltese el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) supone sustituir una visión democrática y moderna de ciudadanía por una basada en unas pretendidas esencias étnicas, lingüísticas o ideológicas que, es obvio, nos remiten a sistemas autoritarios cuando no directamente fascistas. La mera pretensión de tener capacidad para decidir quién se queda o quién se va de un determinado territorio como si ese territorio fuera de su propiedad (en el sentido de propiedad que tiene en el derecho civil) es síntoma de una profunda patología moral y política que confunde la relación que tienen las personas con las organizaciones políticas en la actualidad con la que era propia de regímenes feudales o similares.
Y, como digo, esto no es una simple extravagancia de mi interlocutor. La creencia de que los nacionalistas pueden decidir quién es digno de quedarse en este territorio y quién ha de irse ha sido manifestada por personas que han ejercido responsabilidades públicas muy relevantes en Cataluña.


Podría poner más ejemplos y quien esté interesado puede localizarlos fácilmente en Internet; porque, como digo, no es una extravagancia, sino que está insito en las características nucleares del nacionalismo; entre las que se encuentra también un supremacismo que puede apreciarse fácilmente en el tweet que se reproduce en el artículo de Crónica Global que acabo de compartir; en el que el no pertenecer -en la visión de De Gispert o de mi interlocutor- a la "Cataluña verdadera" va acompañado de falta de cultura (la referencia a las revistas del corazón) o de conocimientos. Esta es una perspectiva de la que se pueden encontrar ejemplos nada sutiles


Pero también algo más disimulados en columnistas prestigiosos y que muchos tienen por moderados


Fijémonos en el último párrafo: "Una enorme bolsa interna catalana, formada en su mayoría por castellanohablantes (entre los que abundan los parados y los que han abandonado los estudios), parece tener su propio código de señales: entusiasmo por la Roja, cultura Telecinco, fricciones con la nueva inmigración". Es, de nuevo, claramente ese supremacismo de "los de aquí" frente a los "castellanohablantes".
Es esto a lo que nos enfrentamos. A personas que nunca reconocerán que nuestros derechos en Cataluña son exactamente iguales a los suyos. Exactamente iguales.
Personas que querrían echarnos porque para ellos somos intrusos en su patria pura. Personas que no pierden ocasión de mostrarnos su rabia y su odio, que quisieran hacernos desaparecer.
Pues no, nos quedaremos.

Quedarse.
quedarse sin esperanza,
sin que nadie aún sepa
qué puertas cerrarán,
Quedarse sin saber
qué pasará,
quién prevalecerá,
cuántas humillaciones aún nos quedan,
cuántas derrotas acaecerán,
cuánta rabia vendrá.
Quedarse sin arrogancia,
con cierta tranquilidad,
soñando en la distancia
con la justicia y la paz,
Quedarse.
Quedarse convencido,
consciente.
Quedarse como tantos
que no se irán.
Quedarse porque éste es el lugar
al que la vida nos trajo,
donde ellos nacieron,
donde está nuestro hogar.
Quedarse por los que llegaron,
por aquellos que en su día vinieron,
por quienes aquí murieron.
Quedarse también por los que se marchan,
por quienes todo lo dieron,
los cansados que gritan ¡basta ya!
los que no lo entienden... ni entenderán.
Quedarse...
nada más.

¿Quién nos ayudará? ¿Lo harás tú?

domingo, 18 de agosto de 2019

Sistemas de selección del profesorado universitario. An insider's view

En las últimas semanas hemos tenido varias noticias en relación a la selección del profesorado universitario. El que se haya conocido que varios científicos reconocidos o contratados en el extranjero no hayan conseguido obtener la acreditación que concede la ANECA para poder ser contratados como Catedráticos en España ha originado una cierta polvareda que, lógicamente, seguramente interesa más a los académicos que al resto de la humanidad; aunque no deja de ser un tema que puede tener cierta relevancia.
En mi caso es un tema en el que alguna experiencia tengo. Empecé mi carrera académica en el año 1990, cuando tenía 23 años. Viví el sistema de la LRU y luego conocí en primera persona el sistema denominado de habilitación, y como catedrático desde el año 2005 algo sé sobre cómo ha afectado el sistema de acreditaciones a mis compañeros en la Universidad.
¿Por dónde empezar? Bien, quizás lo más sensato sea explicar qué es un profesor universitario y cómo se forma, más allá de concretas regulaciones que pueden variar de país en país o de momento en momento. Veremos en primer lugar qué es un profesor y cómo se forma y luego examinaremos el cauce administrativo que se sigue para ello.


Para empezar habría que decir que no todos los profesores universitarios se encuentran en el mismo nivel (me perdonarán que habla de niveles, pero es consustancial al mundo académico y científico distinguir entre quienes saben más, tienen más competencia o experiencia y quienes saben menos o tienen menos competencia o experiencia). Cuando en inglés, francés o alemán se habla de "profesor" universitario no están hablando de todas las personas que pueden dar clase en la Universidad, sino de lo que en España se conoce como Catedrático y, tal como veremos inmediatamente, como Profesor Titular de Universidad. Cuando a continuación me refiera a profesores universitarios estaré hablando de estas figuras, no de los profesores asociados u otros tipos de profesorado. Me centraré en lo que es la figura del profesor universitario homologado internacionalmente: Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad.
Ha de aclararse, para empezar, que no es una rareza de España que la figura del profesor propiamente dicho se descomponga en dos. Sucede también en otros países en los que se establece una gradación entre los profesores más "senior" o de más nivel y aquellos que acaban de acceder a ese estadio. En cualquier caso, este profesor universitario (Catedrático o Profesor Titular) es alguien que ha llegado a poseer un conocimiento de la materia que imparte que le permite enseñarla al más alto nivel. Ha de ser capaz de dirigir tesis doctorales y proyectos de investigación, escribir artículos científicos, participar en congresos y poder mirar de tú a tú a los mejores especialistas del mundo en la materia que imparte.
Puede parecer algo subjetivo lo que digo, pero en realidad es bastante objetivo. Si en un congreso internacional se puede mantener un debate con otros profesores sobre la materia de la que se es especialista es que uno tiene el nivel científico requerido para ser profesor (Catedrático) de la materia. Y les aseguro que en un congreso se distingue con mucha claridad a los profesores con más nivel y a los de menos, y no por las canas, sino por sus intervenciones.


¿Cómo se llega a ese nivel?
La vía es la misma, esencialmente, en todos los países. Algunos de los estudiantes que han obtenido los mejores resultados académicos en los estudios de grado acceden a una formación de postgrado orientada a la carrera académica. Estos estudios de postgrado incluyen la colaboración en la investigación de otros profesores, el inicio en la docencia, la elaboración de las primeras publicaciones y la participación en los primeros congresos científicos. Durante años se van adquiriendo no solamente los conocimientos, sino también las competencias y la experiencia necesaria para ir adoptando los diferentes roles que hay en el mundo académico.
Por ejemplo:
En los primeros meses o años de carrera académica se acude como público a actos académicos como defensa de tesis doctorales, oposiciones o congresos científicos. Llega un momento en el que se hace una pregunta desde el público en un congreso. Más adelante se presenta una breve comunicación sobre un tema concreto y se debate sobre ella. Llega el día en el que uno no es público, sino que el doctorando es uno mismo y ha de defender su trabajo ante un tribunal formado por tres o cinco profesores de prestigio. Más adelante uno forma parte de ese tribunal. Al principio interviniendo en primer lugar (en España, al igual que en otros países, el orden de intervención en los tribunales va de menos categoría académica a más categoría académica) y luego avanzando en el orden hasta que un día encuentras que tú eres el presidente del tribunal y te acuerdas de la primera vez que acudiste como público al acto de defensa de una tesis doctoral.
Los mismo con las publicaciones: se comienza por escribir una breve nota de jurisprudencia para luego hacer un articulo corto, luego uno largo y se acaban escribiendo monografías o dirigiendo trabajos colectivos.
Hasta que te encuentras en la situación en la que otro muy joven se sienta a tu lado para aprender de lo que tú haces.
"Lo ves, lo haces, lo enseñas".
No hay muchos secretos. La Universidad conserva en su esencia el modo medieval de formación: el aprendiz entra en el taller donde aprende de lo quienes tienen más experiencia. Llegará un momento en el que será oficial y puede que alcance alguna vez el nivel de maestro. En el fondo, la carrera académica se basa en esta distinción: aprendiz, oficial, maestro. 


Pero ¿cuánto tiempo es uno aprendiz? ¿cómo llega a oficial? ¿cuándo es maestro? Bien, aquí es donde empieza el tema administrativo que nos ocupa. Y para entender dónde nos encontramos es bueno hacer un poco de historia.
Cuando empecé en la Universidad, allá por los años 90 del siglo XX, el sistema que había implicaba que uno entraba en la rueda como becario FPI (Formación de Personal Investigador). Permanecía en esta condición 3 o 4 años, hasta que leía la tesis doctoral y conseguía una plaza de Ayudante de Universidad o de Profesor Asociado a Tiempo Completo (una figura que existía en mi época y que era como Ayudante, pero con mejor sueldo). Estas plazas variopintas seguían entrando en la categoría de lo que antes llamaba "aprendiz". No daban un puesto fijo, implicaban obedecer mucho y hacer lo que te pedían.


Uno pasaba a "oficial" con la plaza de Profesor Titular de Universidad. El único requisito para concursar a una plaza de Profesor Titular era ser doctor. La Universidad que sacaba la plaza nombraba a dos miembros del tribunal y por sorteo se designaban otros tres entre Profesores Titulares y Catedráticos de toda España. Dentro de cada pequeña comunidad científica se establecían algunos criterios informales más o menos comunes para valorar los concursos de titulares. Así, por ejemplo, en mi época se mantenía en mi área, Derecho Internacional Privado, que para ser profesor titular deberían haber transcurrido al menos dos años desde la lectura de la tesis doctoral y se deberían haber publicado dos trabajos de un tema diferente al de la tesis doctoral. A partir de ahí era la competencia en la oposición la que determinaba quién accedía a la titularidad y quién no. El acceso a la Cátedra era de la misma manera, siendo requisitos para concursar el ser Profesor Titular con una antigüedad de al menos tres años.
Se había dicho que el sistema de acceso a la titularidad que acabo de explicar facilitaba la endogamia. Y con endogamia no quiero decir que se colocara a amigos y parientes (aunque casos ha habido, como en todas las profesiones), sino que con este calificativo se hacía referencia a que en cada Universidad las plazas de titulares acababan siendo asignadas a quienes se habían formado en la propia Universidad. El tópico mantenía que la Universidad nombraba a dos profesores que estaban encargados de apoyar al candidato de casa, y de esta manera malo sería que en el sorteo no cayera alguien que no estuviera también dispuesto a apoyarlo. De esta manera no había una competencia real por las plaza de titular.
Algo de esto había, seguramente, pero también había en esta presentación una parte de exageración. Por un lado, nadie se presentaba a la titularidad (o a la cátedra) sin un mínimo currículum, porque por voluntarioso que fuera el tribunal alguna materia había que darle para que justificara su voto. El candidato de la casa seguramente partía con alguna ventaja, pero no quiere decir que estuviera todo hecho. Por otro lado, casos hubo de plazas ganadas por candidatos de fuera, bien porque no había candidato local, bien porque se habían impuesto al candidato local. Yo mismo, que me había formado en la Universidad de Oviedo, obtuve una plaza de profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1996 contra un candidato local. Y no es el único caso ni muchísimo menos. Yo conozco de fuente directa varios de ellos.
Sea como fuere, se pensaba que este sistema era "endogámico" -en el sentido que decía antes- y por eso se pensó en modificarlo y se pasó al sistema de habilitaciones, que funcionaba más o menos así: las Universidades españolas indicaban qué plazas precisaban. Si, por ejemplo, en el año 2003 una Universidad española pedía una plaza de Catedrático de Universidad de Derecho Internacional Privado, el Ministerio de Educación organizaba una oposición en la que se ofertaban dos plazas de catedrático habilitado de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué dos si tan solo se había pedido una? Para que la Universidad pudiera escoger. La idea era que el Ministerio realizaba el filtro previo, pero luego la Universidad, en el ejercicio de su autonomía, debía elegir qué le interesaba más, por eso siempre se ofrecía alguna plaza más que la solicitada.
¿Y cómo se determinaba quién obtenía la habilitación? Pues se sorteaba un tribunal de siete miembros entre profesores titulares y catedráticos (para profesores titulares) y entre catedráticos (para catedráticos) y los candidatos debían realizar ante ese tribunal dos ejercicios (si hablamos de cátedras). El primero era un presentación del currículum que acababa convirtiéndose en una defensa de la trayectoria científica hasta el momento. El segundo ejercicio era un tema de investigación. Yo accedía a la cátedra por este sistema. Hubo una oposición nacional con un tribunal de siete catedráticos por sorteo, nos presentamos ocho candidatos y dos obtuvimos la habilitación para concurrir a cátedras. Tras esto pedí a mi Universidad que sacara una cátedra de mi materia y allí realicé otra oposición en la que concurría en solitario.
El sistema tenía la ventaja de la publicidad y el contraste directo. Los candidatos debatíamos con el tribunal y, por tanto, podía ser más sencillo, tanto para el tribunal como para cualquiera que tuviera interés, determinar el nivel real de los candidatos; pero duró poco. En pocos años se pasó al sistema de acreditaciones que es el que ahora tenemos.
En el sistema de acreditaciones, el candidato presenta su curriculum a una agencia gubernamental, la ANECA, con el fin de que determine si tiene los suficientes méritos como para ser "acreditado", lo que le abre las puertas para poder concurrir a los concursos que convoquen las Universidades para ser profesor titular o catedrático. Ahora bien, el acceso a la plaza de titular o de catedrático no se consigue más que cuando se supera la oposición que convoca la Universidad, con lo que estamos de nuevo en una carrera en dos etapas.
¿Cuál ha sido el resultado de las acreditaciones? Bien, por una parte, los requisitos para acceder a la acreditación de titular o de catedrático han ido "engordando", de tal manera que no solamente hay que tener un número considerable de publicaciones científicas, sino una docencia acreditada de muchos años, haber desempeñado cargos de gestión, dirigido proyectos de investigación y un largo etcétera de "casillas" que han de ser rellenadas. De esta manera, la carrera académica se orienta a ir rellenado esas casillas, lo que condiciona a los académicos que ven limitada su libertad para configurarla de una manera más libre.
La necesidad de rellenar todas las casillas a las que antes me refería ha hecho que se retrase la edad en la que se obtiene la acreditación (volveremos sobre ello enseguida).
Finalmente, la edad en la que se consigue la acreditación se retrasa, tal como se acaba de indicar; pero al final se acaba consiguiendo, con lo que al estar todo el mundo acreditado la fase de concurso en la Universidad ha dejado de ser competitiva. Ha dejado de ser competitiva hasta el punto de que las Universidades sacan ahora las plazas de titular o de catedrático como plazas de promoción de su propio profesorado, llegando incluso a prohibir que se presenten a la plaza quienes ya son titulares o catedráticos. Es decir, ahora el sistema es más o menos como sigue: una persona se forma en una determinada Universidad, lee su tesis doctoral en ella, se agarra como puede a una plaza tras otra en esa Universidad hasta conseguir la acreditación. Una vez conseguida la acreditación se trata de convencer a la Universidad de que transforme la plaza que tiene en la que se correspondería con la acreditación obtenida, de manera que ahora el llegar a Titular o a Catedrático es un mero ascenso sin que implique ninguna competencia real. Los casos de quien se va a otra Universidad a competir por una plaza son extrañísimos, prefiriendo quedarse cada uno en su propia Universidad hasta conseguir que salga "su" plaza.
O sea, la endogamia que se criticaba en el sistema de la LRU es ahora mucho mayor que hace 20 o 30 años. Maravilloso.
Pero lo peor es que la carrera universitaria se ha convertido en un tedioso ejercicio burocrático que, además, no permite de ninguna manera llegar a la Cátedra antes de los 50 años. Veámoslo comparándolo con la situación que se vivía en los años 80, 90 o primeros años del siglo XXI. Lo explico siempre desde mi experiencia y de la de quienes tenía cerca, obvio es decirlo.
En aquellos años la carrera académica comenzaba a los 23 años, tras concluir la Licenciatura. Tras 3 o 4 años como becario de investigación, a los 26, 27 o 28 años se era doctor y el académico pasaba a ser ayudante o figura equivalente. En un plazo de 2, 3, 4 o 5 años (más o menos) se accedía a la posición de Profesor Titular, lo que quería decir que en el entorno a la 30 se tenía la condición de profesor pleno. Si se trabajaba bien y se tenía suerte, entre los 35 y los 40 años se podía acceder a la cátedra. Algunos lo consiguieron antes, otros con unos años más; pero este era más o menos el calendario.
Cuando se es catedrático con 40 años todavía quedan años de juventud (relativa) para hacer cosas y aprovechar esa posición. Sin duda habría casos de quienes llegaron a las Cátedra y nunca más se supo; pero otros utilizaron las ventajas que da el ser catedrático (y las tiene, sobre todo en lo que se refiere a prestigio para abrir algunas puertas) para trabajar en favor de la Universidad.
¿Qué es lo que tenemos ahora?
A los 22 años se acaba el Grado. Hay que hacer el máster, por lo que la tesis se comienza con 23 o 24 años (más o menos como antes) y ha de acabarse en 3 años (con 26 o 27, con antes), a partir de ahí lo normal es utilizar una beca postdoctoral para irse un par de años al extranjero. A la vuelta, ya con 29 años o así toca encontrar una plaza para poder llegar al primer filtro: la acreditación como profesor lector (el nombre que se le da en Cataluña, en otras Comunidades Autónomas creo que tiene otros nombres). Esta acreditación como lector es un añadido que no había hace 20 años y que concede la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes y ya implica el haber publicado, haber dado clases, etc. No es un simple papelito, hay que haber trabajado para obtenerlo. Supongo que con 29 o 30 años puede obtenerse -en teoría- pero en la práctica lo que observo es quienes lo consiguen tienen más años. Esa primera acreditación te abre las puertas a un contrato de una duración de cuatro años. No es, por tanto, un puesto fijo. Suerte tienen quienes consiguen ese contrato de lector antes de los 35 años, pues muchos han de esperar a después de esa edad para llegar a él. Una vez que se ha conseguido se tienen 4 años para conseguir la siguiente acreditación, ya como profesor titular (o equivalente en la Comunidad Autónoma, pero no me extenderé sobre esto que bastante complicada ya está la cosa). Probablemente a los 4 años no salga la plaza de titular (o equivalente) -si se ha conseguido la acreditación-, por lo que comenzará la tortura de alargar los plazos como lector o buscar una solución intermedia hasta que salga la plaza de titular (porque la hipoteca o el alquiler no sabe de estos paréntesis académicos entre plaza y plaza y hay que comer todos los días).
Si se consigue salvar el escollo de los plazos entre plaza y plaza quizás en el entorno de los 40 o 45 años se consiga esa posición de profesor titular que hace 20 años se conseguía en el entorno de los 30 años. Y ahí, como es una plaza fija, ya puede uno planificar con más tranquilidad el relleno de las "casillas" que han de conducir a la ansiada acreditación como catedrático.
Tomémoslo con calma. Quizás la acreditación no se consiga antes de los 50. Ahora bien, sin el objetivo no es tener la acreditación, sino ser catedrático habrá que correr un poco más; porque las Universidades -que, como hemos dicho, sacan ahora las plazas en función de la promoción de su profesorado- te colocará en una lista en el momento en el que te acredites y cuando antes estés en esa lista antes saldrá "tu" plaza. Casos he conocido de compañeros que llevan en esas listas del orden de 10 años y aún no han conseguido que salga su plaza. En otros caso, en cambio, la cosa ha ido más rápido.
Así, al final, con suerte, en torno a los 50 o 55 años se habrá llegado a la Cátedra. 20 años después de la edad en que se accedía a la cátedra a finales del siglo XX. Y este retraso ¿para qué? Porque, como digo, la movilidad es ahora menor que nunca en lo que se refiere a plazas de profesor titular o de catedrático. Puedo pone muchos ejemplos de profesores de mi disciplina que obtuvieron una plaza de titular o catedrático en una Universidad diferente a la de su formación entre el año 1985 y el año 2005 (Santiago, Eloy, Blanca, Núria, Albert, Manolo, Javier, Carlos E., Alfonso-Luis, Sixto, Gloria, Francisco Javier, Victoria, Carlos F.R., Rafael, Mariano, Hilda, Andrés...). No sé qué casos de esto hay en los últimos diez años...
Creo que la carrera universitaria no ha de seguir este patrón. Creo que hay que dar mucho en los primeros años, que son los más importantes para la formación, cuando aún se tiene la mente fresca y el corazón caliente; y ofrecer una satisfacción suficiente antes de que uno comience a agotarse. El objetivo debería ser que quien tiene talento para ello acceda a la cátedra en cuanto haya adquirido la madurez necesaria para ello. Diez años de formación deberían ser suficientes. Las cátedras deberían darse a personas entre los 30 y los 40 años para que así tuvieran tiempo de desarrollarse en ese puesto. Exigencia en la selección pero también contraprestación equivalente.
La tesis debería ser un filtro importante, y no devaluarla como hemos hecho últimamente. Quien hace una tesis de nivel suficiente debería tener la oportunidad de en cuatro o cinco años demostrar la pasta académica de la que está hecho. Es decir, el contrato de Lector debería vincularse directamente a la calidad de la tesis doctoral. Quienes tuvieran una tesis de calidad suficiente deberían tener esos cuatro años para mostrar su nivel académico. Si esos cuatro años son aprovechados debería accederse a la titularidad y ofrecer otros cuatro años para ver si se llega a la cátedra. Si se consigue, estupendo; sino se puede ser titular durante el resto de la carrera académica; pero sin cambiar las reglas para favorecer a quienes pasen más años rellenando casillas.
Soy consciente que en esto cada uno habla de la feria según le ha ido. Mi experiencia ha sido positiva. Trabajé muy duro durante muchos años (70 horas semanales durante 7 años, sin Navidad, sin Semana Santa, sin verano); pero era titular con 29 años y catedrático con 37. Fueron años muy intensos, en los que aprendí mucho y en los que competía constantemente. Otros con otra experiencia contarán otras cosas. Yo comparto la mía y mis razones. No creo que sea conveniente mantener un sistema que mantiene al profesorado universitario, que debería estar siempre en constante estado de ebullición, con la chispa perenne en las pupilas, con la sonrisa en la boca y las ojeras en los párpados, convertidos en unos burócratas que echan cuentas de casillas y de cómo avanzan en una lista para que le salga "su" plaza en "su" Universidad.

miércoles, 14 de agosto de 2019

Cataluña, nuestro relato

Un amigo me pedía hace unas semanas que pusiera por escrito de manera breve y sencilla cuál sería el relato sobre lo que pasa en Cataluña desde la perspectiva de quienes no compartimos los planteamientos nacionalistas.
Este es el resultado. Sin duda, pueden introducirse matices; pero creo que nos hacen falta explicaciones que sean accesibles y que muestren sin complejos una Cataluña diferente de la que se han inventado los nacionalistas.



Hace más de 2000 años los romanos conocían a la Península Ibérica como “Hispania” y con este nombre designaron a las distintas provincias que se crearon sobre el territorio. En aquella época lo que ahora es Cataluña formaba parte de “Hispania” y a sus habitantes se les conocía como hispanos.
Esta división romana se conservó tras la caída del Imperio. Durante el Reino Visigodo (entre los siglos V y VIII) se tenía claro que lo que ahora son España y Portugal formaban todo ello un territorio que se conocía como “Hispania” y en el que se incluía también lo que ahora es Cataluña.
En el siglo VIII los musulmanes invaden la Península Ibérica y la ocupan casi por completo. En las montañas del norte de España quedan algunos reductos que con los siglos se van ampliando hasta formar reinos y condados. De ahí nacen lo que luego serían los reinos de León, Castilla y Navarra. En la parte más oriental de la Península fueron los francos, que reinaban en lo que luego acabó siendo Francia, quienes cruzaron los Pirineos para crear condados en lo que ahora es Aragón y Cataluña. De los condados aragoneses (Aragón, Sobrarbe y Ribagorza) nació el reino de Aragón. En lo que ahora es Cataluña el señor más poderoso era el titular del condado de Barcelona. En el siglo XII el conde de Barcelona se casó con la hija del Rey de Aragón y a partir de entonces un mismo monarca gobernó el Reino de Aragón y el condado de Barcelona. En los siglos posteriores nuevos territorios se incorporaron al Reino de Aragón y ya en el siglo XIII aparece Cataluña como un territorio específico dentro de las posesiones del Rey de Aragón, aunque Cataluña nunca fue independiente.
En los siglos que siguieron los distintos reinos de la Península Ibérica acabaron uniéndose en un solo país, con excepción de Portugal. En 1812 se proclamó la primera Constitución Española, la Constitución de Cádiz, elaborada por representantes de todos los territorios de España, incluida Cataluña. En aquella época nadie dudaba que Cataluña era una parte más de España igual que Andalucía, Castilla o Aragón.


Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando apareció en Cataluña una corriente cultural, literaria y política que pretendía que Cataluña era una entidad diferenciada del resto de España. Para justificarlo reescribieron la historia y falsificaron textos. Esta corriente, que podíamos llamar catalanismo se conectaba con los nacionalismos europeos de aquellos años, y lo que quería era que se reconociera la singularidad de Cataluña y, en su caso, se convirtiera en un Estado independiente separado del resto de España.


Uno de los objetivos de esta corriente política fue el recuperar el catalán como lengua de uso preferente en Cataluña. Desde el final de la Edad Media en Cataluña se venía usando tanto el catalán como el castellano; además del latín en los tribunales y para los documentos más transcendentes. Desde el siglo XVIII el castellano sustituyó al latín en los tribunales y avanzó en su uso popular; pero es importante tener en cuenta que ya antes el castellano era usado con normalidad en Cataluña y que hasta finales del siglo XIX casi toda la producción literaria, científica y culta en Cataluña se hacía en castellano.
Los catalanistas querían construir una Cataluña diferenciada de España y pusieron todos los medios de los que disponían para potenciar el catalán y trasladar la idea de que el castellano era una lengua ajena a Cataluña.
Tras la Guerra Civil muchos de los catalanistas, que eran en buena medida conservadores, apoyaron el régimen de Franco, quien permitió el uso privado del catalán, también su presencia en la televisión pública y se toleró la impresión de obras en catalán, aunque la escuela debía ser oficialmente en castellano.



En los años 50, 60 y 70 del siglo XX se produjeron movimientos de población dentro de España. Muchas personas se trasladaron desde los pueblos a las grandes ciudades, especialmente a Madrid y a Barcelona. A Cataluña llegaron miles de personas procedentes de Andalucía, Galicia, Extremadura y otras partes de España. Se instalaron en una Cataluña en la que el castellano era la única lengua oficial, pero en el que la tradición y cultura catalanas eran reconocidas y en el que el catalán era también lengua de uso habitual. Cataluña era ya un territorio claramente bilingüe y con unos vínculos muy fuertes con el resto de España. Son muchos los catalanes que tienen parientes en otros lugares de España.
Cuando murió Franco y llegó la democracia a España la mayoría de los catalanes, tanto los que tenían sus orígenes en otros lugares, como los que tenían sus raíces en Cataluña desde hacía siglos, se pusieron de acuerdo en pedir un régimen político que permitiera la autonomía política en Cataluña dentro de una España unida. A esta idea responde la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La idea era la de proteger los elementos culturales y lingüísticos propios de Cataluña dentro la comunidad que formábamos todos los españoles. Ese fue el pacto al que se llegó en la época que se conoce como la Transición (entre 1975 y 1982).



Sucedió, sin embargo, que los nacionalistas catalanes ganaron las elecciones autonómicas y desde 1980 controlan la Generalitat de Cataluña, la administración que gestiona las escuelas, la sanidad, los medios públicos de comunicación, la policía regional (los Mossos d’Esquadra), las prisiones y muchas cosas más. El plan de los nacionalistas, liderados por Jordi Pujol, era el de convertir Cataluña en un territorio que rompiera sus vínculos con el resto de España, en el que el castellano fuera expulsado de la vida pública y fuera perdiendo relevancia en la comunicación entre los catalanes (pese a que es la lengua materna de más de la mitad de los catalanes) y en el que el nacionalismo se convirtiera en la ideología dominante.


Lo anterior no era un plan oculto, sino que se publicó en los periódicos; pero nadie se opuso seriamente y así los nacionalistas, de acuerdo con el plan trazado, fueron ocupando la escuela, los medios de comunicación, penetrando en partidos y sindicatos y también en las organizaciones de la sociedad civil.


De acuerdo con ese plan se redujo la presencia del castellano en la educación al mínimo. Los medios de comunicación públicos de Cataluña emitían solamente en catalán y se construyó una manera de ver la historia y la sociedad según la cual Cataluña había estado oprimida por España, el castellano había sido impuesto en Cataluña -cuando, como se ha dicho, hace siglos que se utiliza en nuestra tierra junto con el catalán- y las guerras civiles que habíamos sufrido (la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII y la Guerra Civil de 1936 a 1939) eran presentadas -falsamente- como guerras de España contra Cataluña.
Durante décadas se pretendió silenciar a los que se oponían a esta manera de presentar las cosas tildándolos de “fachas” o de “retrógrados”. La reacción a cualquier intento de cuestionar el plan nacionalista era virulento y se llegó a utilizar la violencia física. En 1981, por ejemplo, se firmó un manifiesto, denominado de los 2300, en defensa del castellano. Uno de los firmantes fue secuestrado y le dispararon un tiro en la pierna. En los años que siguieron, y siguiendo las políticas de catalanización emprendidas por la Generalitat, miles de maestros y profesores tuvieron que abandonar Cataluña por no haber obtenido la titulación necesaria en lengua catalana para seguir enseñando. Eso abrió las puertas a nuevos docentes que en buena medida estaban más en consonancia con el ideario nacionalista que los que se iban.
Poco a poco se fue imponiendo un régimen en el que la discrepancia no era tolerada. Esto se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del denominado “proceso”. Cuando a partir de 2012 la Generalitat hace expreso que su propósito es constituir un Estado independiente en Cataluña separándola del resto de España y de la Unión Europea muchos que habían estado callados hasta entonces se movilizan para impedirlo y exigir el respeto de sus derechos.
Así, hay familias que piden que se cumpla la ley en lo que se refiere a la presencia del castellano en la educación. Hay que entender que de acuerdo con la Constitución española, y al ser el castellano oficial en toda España, en ninguna Comunidad Autónoma puede excluirse al castellano de la educación o considerarlo una lengua extranjera. En Cataluña, sin embargo, la única lengua que se utiliza para explicar todas las materias excepto castellano es el catalán, y también es el catalán la única lengua que se utiliza en los centros y en las comunicaciones con las familias. Esto es contrario a la ley, y la Generalitat lo sabe, pero sigue imponiendo el catalán y las familias que desean que se cumpla la ley deben acudir a los tribunales caso a caso. Pero no acaba ahí la cosa: cuando una familia presenta una reclamación para que se cumpla la ley en materia de presencia del castellano los partidos nacionalistas, asociaciones y la propia administración presionan a la familia, que sufre escraches y acosos que en algún caso acabó con los niños abandonando el colegio al que iban (caso de Balaguer). La cosa es tan grave que hasta el Parlamento Europeo ha preguntado por estos casos, preocupado por el incumplimiento de la ley en materia educativa en Cataluña.
Pero no solo eso. Los que se oponen al nacionalismo son acosados por organizaciones diversas que impiden que se expresen con libertad. Es muy claro lo que pasa en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cada intento de realizar un acto por parte de estudiantes constitucionalistas sufre el boicot de los nacionalistas, habiéndose llegado a producir enfrentamientos en los que ha intervenido la policía. Pese a esto, el equipo de gobierno de la Universidad no ha adoptado ninguna medida contra quienes boicoteaban a los estudiantes constitucionalistas. Al contrario, llegó a expulsar al colectivo de estudiantes constitucionalistas del directorio de la UAB, lo que le impediría realizar nuevos actos. Los estudiantes acudieron a los tribunales, que declararon que la Universidad había vulnerado sus derechos fundamentales a no ser discriminados por razón de pensamiento, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho a la educación.


También se han producido actos de boicot en la UB


En otros casos han sido los ayuntamientos quienes han prohibido actos políticos contrarios al nacionalismo a la vez que estos ayuntamientos ayudaban a los partidos y movimientos nacionalistas. Así, por ejemplo, permitiendo o colocando propaganda nacionalista en edificios públicos incluso en época electoral.
En los últimos años vivimos una situación de constante presión sobre quienes se oponen al nacionalismo. Las instituciones gobernadas por los nacionalistas no respetan los derechos de los constitucionalistas y toleran o promueven el acoso a los mismos con la intención de acallar las voces que se oponen a la secesión o denuncian las vulneraciones de derechos.
Fue especialmente grave la situación vivida en los años 2016 y 2017. En aquellos años la Generalitat, presidida por el ahora prófugo Sr. Puigdemont, comenzó las actuaciones necesarias para separarse unilateralmente del resto de España. Estas actuaciones incluyeron la creación de bases de datos ilegales para poder cobrar los impuestos una vez producida la secesión. Estas bases de datos fueron utilizadas para la realización del referéndum del 1 de octubre, lo que no solamente es una infracción a la normativa sobre protección de datos, sino que podría ser también un delito.
Además, en aquellos años se indicó que se estaban elaborando listas de funcionarios que deberían dejar sus puestos tras la secesión y otras con los nombres de quienes les sustituirían. La idea de que se estaban preparando purgas de aquellos que se hubieran opuesto a la secesión iba calando.
Es fácil imaginarse la situación de angustia de muchos ciudadanos en aquellos meses. Esto explica que cuando en octubre de 2017 se llevó a cabo el referéndum ilegal y se dieron pasos para la independencia cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar. Entonces se paró la secesión, pero meses después, en unas nuevas elecciones autonómicas los nacionalistas se volvieron a hacer con el control de la Generalitat, pese a tener menos votos que el resto de partidos y como consecuencia de un sistema electoral en Cataluña que privilegia las zonas en que más votos obtienen los nacionalistas. Tras aquello los nacionalistas siguen amenazando con que incumplirán la ley, con que nos privarán de derechos y, de hecho, siguen sin cumplir con la normativa sobre presencia del castellano en la educación, siguen utilizando los medios de comunicación públicos para difundir la ideología nacionalista y siguen sin respetar los derechos de aquellos que se oponen a la secesión, que continúan siendo acosados cuando pretenden utilizar el espacio público.
La realidad es que en Cataluña hay un profundo déficit democrático como consecuencia de la utilización por parte de los nacionalistas de las instituciones para favorecer su proyecto totalitario: la creación de una Cataluña pura, libre de elementos “españoles”, en la que la única lengua sea el catalán y que haya roto vínculos emocionales con el resto de España.
Somos muchos, sin embargo, los que defenderemos la Cataluña que realmente es: una Cataluña en la que conviven catalán y castellano, una Cataluña que solamente se entiende dentro de España y de la Unión Europea, una Cataluña que no vive del enfrentamiento, sino que busca participar en proyectos comunes con el resto de los españoles y el resto de los europeos. Somos muchos los que queremos recuperar la convivencia, que acabe el odio y el enfrentamiento y que los poderes públicos, la Generalitat y los ayuntamientos, actúen dentro de la ley y garanticen nuestros derechos. Somos muchos los que queremos que cese el régimen totalitario que los nacionalistas han impuesto en Cataluña.