Libre

miércoles, 26 de junio de 2019

Salarios, pensiones, impuestos, PIB

Hace unos días nos explicaban que el salario medio en España es de 23.646,50 euros anuales. Siempre es un dato interesante que puede darnos pie a calcular unas cuántas cosas más.
En primer lugar. Si el salario medio es de 23646 euros anuales y en España trabajan casi 19 millones y medio de personas, resulta que la suma de los salarios en España es de 460.411 millones de euros.
¿Qué significa esa cifra?
Pongámosla en relación con el PIB de España, el valor de todo lo producido en España durante un año. El PIB de España en 2018 fue de algo más de 1 billón 200 mil millones de euros (1.200.000.000.000 de euros). Es decir, la proporción de los producido que fue a retribuir a los trabajadores alcanzó el 38%. Solamente algo más de 1 euro de cada 3 de los producidos en España se destinó a salarios. ¿A dónde fue el resto?
Bien, otra parte importante se dedicó a pensiones. Por cada cuatro euros que se pagan en salarios, el empresario debe pagar uno a la caja de las pensiones (aproximadamente). Además, cada trabajador resta casi un 5% de su salario para ese pago de pensiones. De esta forma, al 38% del PIB dedicado a salarios, hay que añadir un 8,97% para pensiones que proceden de las cuotas que pagan los empresarios. De esta manera, si sumamos lo que se paga en salarios y lo que se dedica a pensiones, casi un 47% del PIB se dedica a estos apartados.
Conviene aclarar que el porcentaje del PIB que se dedica a pensiones no es de un 8,97%, puesto que, como hemos visto, a este 8,97% hay que añadir la parte que se resta directamente al salario de los trabajadores. Esta parte supone un 1,79% del PIB, de tal manera que la proporción que nos quedaría es que un 36,21% del PIB se dedica a pagar salarios (de los que aún habrá que descontar impuestos) y un 11.1% del PIB se dedica a pensiones.
Veamos ahora el tema de los impuestos. Aproximadamente un 14,6% de las rentas del trabajo se van a pagar el IRPF. Esto es, aproximadamente un 5,5% del PIB. El IVA supone otro 5,4% del salario; esto es, un 2,05% del PIB.
De acuerdo con esto, el trabajo recibe, después de impuestos, un 28,62% del PIB. A esto hay que sumar el 11,1% del PIB que se dedica a pensiones y otro 7,55% en impuestos (excluidos de aquí los recursos dedicados al pago de pensiones).
¿Y el resto? Bien, el resto es un 52,6% del PIB, del que un 15,45% se dedica a a los impuestos que no gravan el trabajo (la presión fiscal en España; esto es, el conjunto de impuestos -incluidas aquí las cuotas de la seguridad social- es de un 34,1% del PIB), lo que deja una cantidad restante de un 37,5% del PIB, un 129% del conjunto de salarios netos que reciben los trabajadores en España.



Es lo que hay.
Apunto a que según Alfred Marshall, en 1870 la renta anual de Inglaterra era de 900 millones de libras, de los que 400 millones correspondían a los salarios de los trabajadores manuales. En los otros 500 millones se incluían las retribuciones de militares, profesionales liberales, administrativos, etc. además de las rentas del capital, por supuesto.


A mí me parece interesante este dato; pero hay que tener en cuenta que entonces no había ni pensiones públicas ni casi servicios públicos. No debemos olvidarlo. Y tampoco debemos olvidar que en el siglo XIX no había crédito al consumo. Y curiosamente, la existencia de mecanismo de crédito al consumo alguna relación puede tener con la disminución del porcentaje de los salarios en el PIB.

No resisto la tentación de especular con cómo quedaría la distribución del PIB si los salarios en vez de representar un 38% del PIB subieran hasta el 42% del PIB (un incremento de un 10%). Este sería el resultado:


El salario neto de los trabajadores, después de impuestos, sería un 31,88% del PIB. El porcentaje del PIB que se dedicaría a Seguridad Social sería de un 11,87% del PIB y los impuestos recaudados serían un 34,45% del PIB.

domingo, 16 de junio de 2019

Crecer con música



Creo que es importante que los niños tengan la oportunidad de amar la música.
Afortunadamente, hoy existen varias posibilidades para ello. Las escuelas municipales de música son un magnífico escenario para ese contacto con la música.
Hemos querido que nuestros hijos lo aprovechen. No para que se dediquen profesionalmente a la música; aunque es cosa suya hacerlo si tienen el talento y las ganas necesarias para ello; sino para que conozcan la música y los instrumentos; se familiaricen con la interpretación y disfruten de las clases, los ensayos, los compañeros y los conciertos.
Para los padres, además, ese momento de gozo al ver el niño en el concierto, apreciar la seriedad con la que lo afronta, valorar su esfuerzo y comprobar su evolución; son experiencias muy gratificantes.
Con el paso de los años se ve crecer al niño a la vez que se va modificando lo que toca. Aquí guardaré  cuatro momentos en la formación musical de Cecilia, desde que tenía 7 años hasta la actualidad (junio de 2019).

El primero es también su primer concierto, de junio de 2011, cuando aún no había cumplido 8 años.


El segundo es del año siguiente, 2012, también de junio


Para el tercero saltamos cuatro años y medio. Nos vamos a diciembre de 2016, cuando Cecilia interpreta con su compañera Lídia el tercer movimiento del concierto para violín número 2 de Seitz


Y el último vídeo es de junio de 2019. Dos años y medio tras el anterior. Cecilia interpreta el primer movimiento del concierto número 5 de Seitz.


En todos los vídeos menos el segundo quien acompaña al piano es Núria Balcells, la profesora de Cecilia desde que comenzó con el violín, salvo un paréntesis en 2012 como consecuencia de una baja.
Una gran profesora que no solo ha sido importante para Cecilia en el plano musical, sino también en el personal.


Música

Esa infantil transcendencia
de los conciertos
en que madres y padres
vuelcan su amor
entre piedras y notas,
lo encierran en grabaciones,
lo vierten en temblores y emoción
ingenua.
Esa infantil perfección
de la música intentada
por quienes ya no son...,
o mejor,
son;
pero aún
nos recuerdan
...
Esa música creada,
inefable, imperfecta.

miércoles, 12 de junio de 2019

Cataluña en la Corte Penal Internacional

Cada año, el Instituto Iberoamericano de La Haya (IIH) organiza un concurso de simulación judicial a partir de un caso inventado que es ofrecido a universidades, institutos y centros de investigación cuya lengua de trabajo sea el español para que equipos de estudiantes simulen un proceso ante la Corte Penal Internacional.
El caso elegido para la VII edición del concurso es sorprendente.
Puede consultarse aquí y animo a su lectura.
Es un poco disimulado intento de armar un caso sobre el relato nacionalista de los hechos ocurridos en Cataluña en el año 2017.
No es extraño que ante esto el Foro de Profesores haya enviado una carta al IIH mostrando su malestar por el caso elegido (aquí puede leerse la carta remitida por el Foro de Profesores).
En la carta, los firmantes de la misma se quejaban de que el IIH se hubiera convertido en un instrumento más de la propaganda nacionalista.
Ante esta carta el IIH publicó una nota aclaratoria que puede consultarse aquí. En el mismo lugar puede verse que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) retiró su auspicio a la VII edición del concurso "en razón de haberse elegido un caso conflictivo asumiendo posiciones que pueden llevar a confusiones y malos entendidos".
En las imágenes inferiores puede comprobarse cómo ha desaparecido de la primera página del caso (no de las siguientes) el logo de la Secretaría General Iberoamericana





Veamos qué confusiones y malos entendidos. Como se expondrá a continuación el caso replica de manera poco disimulada elementos claves del argumentario nacionalista tanto en lo que se refiere a la presentación de la historia de Cataluña como de los hechos de los últimos años. Lo que seguirá son fragmentos del caso presentado en esta VII edición del concurso acompañados de la referencia a los elementos del relato nacionalista catalán a los que parecen referirse.

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1A) Caso

En tiempos antiguos, el archipiélago del presente Reino de Napulé contenía cinco condados independientes (…) Isca constituyó un reino independiente en el siglo XVIII y, a raíz de una serie de guerras en el continente y subsiguientes acuerdos con otros Estados, tomó posesión a inicios del siglo XIX de las otros cuatro islas, que pasaron desde entonces a formar parte del reino de Isca, rebautizado entonces Reino de Napulé.

1B) Relato nacionalista

Los diferentes reinos y territorios de la Península Ibérica (cuatro si se incluye Portugal; siete, si se cuentan por separado Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares). En el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, Castilla ocupa Cataluña y es la base del Reino de España.

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2A) Caso

El español ha sido siempre el idioma de la isla de Isca (…), que luego pasó a ser el idioma oficial del Reino de Napulé. Mientras Caprisa y Marfilia perdieron sus dialectos en el curso de los años, dando paso a la plena adopción del español como lenguas de comunicación. Solento y Prosida conservaron sus idioma (el solentano y el prosidano), los cuales son idiomas oficiales en los respectivos territorios junto al español.

2B) Relato nacionalista

El español (castellano) es el idioma de Castilla (Isca en el caso). En varias regiones españolas se ha convertido en el único idioma, pero hay varias comunidades, Cataluña entre ellas, en las que se conservan otros idiomas que son oficiales junto con el castellano en sus respectivos territorios.

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3A) Caso

De entre todas las islas, Prosida se destaca por ser la más rica. Ello se debe (…) al desarrollo extraordinario de industrias, que no ha tenido el mismo peso en el resto del territorio nacional.

3B) Relato nacionalista

En el relato nacionalista, Cataluña se ha desarrollado a un nivel superior al resto de España, que se concibe como atrasada en buena medida. La temprana industrialización de Cataluña como elemento característico y diferenciador de la región es un elemento clave en este relato nacionalista.

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4A) Caso

Los prosidanos, habitantes de Prosida, han siempre visto de mal ojo su pertenencia al Reino de Napule y han considerado en diversos momentos de la historia reciente la posibilidad de independizarse para constituir su propio Estado.

4B) Relato nacionalista

Se mantiene que los catalanes han sido siempre contrarios a la asimilación al resto de españoles, y los intentos de secesión de los años 1931 y 1934 son alegados con frecuencia como prueba de la constante voluntad de constituir un Estado propio.

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5A) Caso

Entre los años 1910 y 1950, el reino fue gobernado por el Rey Julio III, quien tomó medidas extremas para impedir la independencia de Prosida y de cualquier otra de las islas. Entre dichas medidas, prohibió absolutamente el uso y difusión de los idiomas solento y prosidano, así como que se impartiera educación en los mismos.


5B) Relato nacionalista

Durante el régimen del general Franco se reprimió el independentismo en Cataluña y en otras regiones españolas. Se insiste en la exclusión del catalán en la educación, llegando a hablarse de “prohibición” del uso del catalán.

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6A) Caso

Entre las negociaciones parlamentarias del año 1951, se acordó también que cada una de las provincias adquiriera categoría de “provincia autónoma”, contando con capacidad para decidir autónomamente sobre sus impuestos, sistema educativo y régimen industrial, entre otros asuntos, y debiendo realizar aportes financieros proporcionales a su economía en beneficio de todo el Reino de Napulé. Se volvió a permitir el uso y difusión libre de los idiomas solentano y prosidano en las respectivas provincias. A cambio de la condición privilegiada de provincias autónomas, se prohibió la constitución nacional, adoptada también en 1951, que las provincias se independizaran del reino.

6B) Relato nacionalista

Lo que se describe en el punto anterior se corresponde de manera bastante fiel con lo que recoge la Constitución española de 1978: Comunidades Autónomas con amplias competencias y prohibición de secesión de las mismas. Además, el reconocimiento oficial de los idiomas diferentes del español es un elemento clave en las Comunidades Autónomas donde se utilizan varios idiomas.

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7A) Caso

El movimiento independentista de Prosida (…) comenzó a recobrar vigor nuevamente a fines de los años 90. Ello se debió fundamentalmente a la prosperidad creciente de Prosida y al relativo estancamiento de otras provincias. La situación se acentuó más aún en el año 2007 a raíz de una fuerte crisis económica (…). Los prosidanos observaron que sus aportes al Estado de Napulé iban siempre creciendo en porcentaje respecto a los aportes de otras provincias.

7B) Relato nacionalista

Es claro que en los últimos años los nacionalistas catalanes han basado en buena medida sus reclamaciones en el presunto trato fiscal injusto a Cataluña y en la creación de un ambiente de agravio basado en la idea de que los impuestos que se recaudan en Cataluña van a parar a otras regiones españolas más pobres y menos industriosas.

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8A) Caso

El gobierno provincial de Prosida intentó negociar en diversas oportunidades con el gobierno estatal de Napulé la posibilidad de un régimen de autonomía más avanzado, que permitiera a la provincia mayor poder en la gestión de sus propios recursos.

8B) Relato nacionalista

En los últimos lustros se ha insistido en que “Cataluña” había intentado reiteradamente una mejora del autogobierno, especialmente por medio del Estatuto de Autonomía de 2006, que habían sido rechazados por “España”. Este rechazo –según el relato nacionalista- a la mejora del autogobierno acabaría legitimando la secesión.

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9A) Caso

Ante las reiteradas negativas, el gobierno provincial de Prosida anunció, en marzo de 2011, que convocaría un referéndum para dar la posibilidad a la población de la provincia de manifestar su voluntad sobre la continua pertenencia de Prosida al Reino de Napulé o su independencia del mismo. Se fijó la fecha de 1 de junio de 2011 para el referéndum.

9B) Relato nacionalista

El 9 de junio de 2017 el Gobierno de la Generalitat anunció la celebración de un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre de 2017.

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10A) Caso

El 1 de junio de 2011, día del referéndum, miembros del ejército estatal de Napulé se presentaron en 470 de los 960 centros de votación en la provincia de Prosida. En ellos impusieron el cierre y retiraron las urnas (…). Además, en 86 de los centros de votación, se produjeron incidentes de violencia antes de su cierre. Los militares golpearon a las personas que se encontraban en el recinto, causándoles lesiones de varios niveles de gravedad.

10B) Relato nacionalista

La intervención de la policía nacional y la guardia civil el 1 de octubre de 2017, obedeciendo órdenes judiciales, es presentado por los nacionalistas como un episodio de violencia contra quienes votaban en los centros designados para el referéndum, y las referencia a centenares de heridos por la policía (más de mil) son constantes en la propaganda nacionalista.

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11A) Caso

El 3 de junio de 2011, el gobernador de Prosida anunció los resultados del referéndum: el 96% de la población se había pronunciado en favor de la independencia. En el mismo acto, declaró la independencia de Prosida.

11B) Relato nacionalista

El 10 de octubre de 2017, en el Parlamento de Cataluña, el presidente del gobierno de la Generalitat anunció los resultados del referéndum y proclamó la independencia de Cataluña.

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12A) Caso

La declaración [de independencia] fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Napulé, que ordenó el arresto inmediato del gobernador de Prosida, de todo su gabinete y de otros miembros de su partido.

12B) Relato nacionalista

El Tribunal Constitucional español declaró la inconstitucionalidad de la declaración de independencia y, como es sabido, se presentaron cargos por rebelión, sedición y malversación contra los integrantes del gobierno de la Generalitat y otros líderes nacionalistas, estando varios de ellos actualmente en situación de prisión preventiva.

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Entiendo que no existirán excesivas dudas sobre la relación existente entre el caso y el relato nacionalista sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos años. De esta forma, el caso se convierte en un instrumento de propaganda.
Varios de los integrantes del Foro, a sugerencia de Javier Fernández Sebastián, hemos valorado la posibilidad de redactar una versión alternativa de los hechos del caso con el fin de mostrar así el sesgo del presentado por IIH. Se trata de modificar mínimamente el caso objeto de la simulación sustituyendo aquellos elementos que responderían al sesgo nacionalista por una presentación más ajustada a lo que realmente pasó en Cataluña y trasladando las acusaciones sobre el gobierno del imaginario estado de Napulé al también imaginario gobierno provincial de Prosida. A continuación sigue el caso. Lo que está en rojo es lo que se ha modificado. Lo que está en negro responde a la literalidad del caso elaborado por el IIH. Quienes de alguna forma hemos participado en la preparación de este supuesto somos Javier Fernández Sebastián, Alfonso Valero, Rafael Arenas, Lola Peláez, Natividad Fernández, Isabel Fernández, Ángela Herrero, José Antonio Yturriaga, Alberto Gibanez, Juan Manuel de Faramiñan, Antonio Hermosa y Angel José Sánchez Navarro.


PROPUESTA DE ANTECEDENTES DE HECHO PARA UN CASO ALTERNATIVO AL UTILIZADO EN LA VII EDICIÓN DEL CONCURSO CPI SIMULACIÓN JUDICIAL ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


1. El Reino de Napulé tiene una superficie de 900.000 kilómetros cuadrados y 28 millones de habitantes. Su territorio está compuesto por cinco islas: Caprisa, Solento, Prosida, Isca y Marfilia. La capital de Prosida es Barona y se encuentra en la costa norte de Prosida, en la Bahía del Camino.

2. Tan solo 14 kilómetros al norte de Barona, también en la Bahía de Camino, se encuentra la República de Rodemos, en un pequeño cayo del mismo nombre. El cayo tiene 100 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 100.000 habitantes.

3. En tiempos antiguos, el archipiélago del presente Reino de Napulé contenía cinco condados independientes, correspondientes a las cinco islas que hoy forman parte del territorio de Napulé, y el cayo Rodemos, el cual era considerado parte de la isla de Prosida. Cada uno de los cinco condados era habitado por tribus diversas. A lo largo de los siglos, cada condado perteneció en distintos momentos de la historia a distintos reinos e imperios, siendo su situación geográfica codiciada por ser estratégica. Desde el siglo XV, a consecuencia de distintas políticas de alianzas matrimoniales, un solo monarca gobernaba las cinco islas, que a comienzos del siglo XIX se constituyeron en un único Estado mediante la aprobación de una Constitución con participación de representantes de todas las islas.

4. En la Edad Media, un rey de Prosida, agradecido con su clase guerrera, le cedió a dicha clase, en un pacto no escrito, dominio y control sobre el cayo Rodemos. Desde entonces, este cayo ha corrido una suerte diferente a lo acontecido en el resto de las islas. Hoy por hoy, Rodemos es una ciudad Estado independiente, así reconocida por Napulé y países aliados, al punto de contar con un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual, sin embargo, no suele participar. Las personas nacidas en Rodemos tienen nacionalidad y pasaporte rodemeño. Rodemos, no obstantes, carece de embajadas en otros países y se vale de la presencia consular de Napulé en el extranjero para tramitar visados en casos excepcionales. Es de agregar que la mayoría de los habitantes de Rodemos se movilizan a diario en sus yates o lanchas rápidas hacia Barona, donde tienen su lugar de trabajo, haciendo del cayo un lugar de residencia exclusivamente, donde no hay producción alguna, y casi todo se transporta desde Barona. La lengua oficial de Rodemos es la lengua vernácula de Prosida, el prosidiano.

5. En cuanto a las otras cinco islas, en ellas conviven tradiciones propias con otras comunes a todas las islas. Los siglos de convivencia han ido acercando costumbres y usos sociales a la vez que mezclando personas con orígenes distintos. Como resultado de todo ello, por ejemplo, en todas las islas las listas de apellidos más frecuentes coinciden sustancialmente y el napulés es la lengua materna de la mayoría de habitantes de todas las islas; aunque en dos de ellas, Solento y Prosida, una minoría de la población tiene como lengua materna idiomas vernáculos de esas islas (el solentano y el prosidiano); idiomas que son oficiales en ambas islas junto con el napulés. El prosidiano, como hemos visto, es también la lengua oficial de Rodemos.

6. De entre todas las islas, Prosida se destaca por ser la más rica. Ello se debe al clima excepcional, que la hace especialmente apta para la agricultura, y al desarrollo extraordinario de industrias, que no tenido el mismo peso en el resto del territorio nacional. De hecho, durante el siglo XIX, las políticas proteccionistas del Reino de Napulé favorecieron la naciente industria de Prosida, impidiendo que en el resto del país se adquirieran productos industriales de otros países. Esto provocó la aparición en Prosida de una clase burguesa muy potente que fue decisiva para el nacimiento de un movimiento nacionalista que comenzó a reivindicar una pretendida diferenciación histórica entre Prosida y el resto de las islas, a la vez que comenzaban a lanzarse propuestas para la constitución de un estado independiente en la isla.

7. Entre los años 1910 y 1950, el reino fue gobernado por el rey Julio III, el rey había llegado al poder tras una guerra con su hermano el rey Mario II. Los habitantes de Prosida se habían dividido en su apoyo entre ambos hermanos y tras la victoria de Julio III se impuso el napulés como único idioma en las escuelas de Prosida, a la vez que se limitaba la utilización en público de los idiomas vernáculos de Prosida y Solento. Para conseguir el control sobre Prosida Julio III se apoyó en la clase burguesa de la isla, en gran parte vinculada con el nacionalismo prosidiano, quien durante el reinado de Julio III mantuvo el uso privado, cultural y religioso del prosidiano; aunque con una estricta prohibición de los planteamientos políticos que defendieran la independencia de la isla. En el año 1951, una revolución derrocó al Rey Julio III, coronó a un nuevo rey y estableció un régimen parlamentario. A efectos de división política, cada una de las islas constituye hoy en día una provincia del Reino de Napulé.

8. Entre las negociaciones parlamentarias del año 1951, se acordó también que cada una de las provincias adquiriera categoría de “provincia autónoma”, contando con capacidad para decidir autónomamente sobre sus impuestos, sistema educativo y régimen industrial, entre otros asuntos, y debiendo realizar aportes financieros proporcionales a su economía en beneficio de todo el Reino de Napulé. En el caso de Prosida el gobierno provincial, además, asumió competencias en materia de policía y prisiones. Se volvió a permitir el uso y difusión libre de los idiomas solentano y prosidiano en las respectivas provincias. En la Constitución también se estableció la indisolubilidad del reino.

9. El Reino de Napulé es miembro de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Ha ratificado los siguientes tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las cuatro Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales I y II; la Convención contra la Tortura; la Convención contra el Genocidio; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificó el Estatuto de Roma (“ER”) el 3 de octubre de 20087. Es de aclarar que la República de Rodemos no ha firmado ninguno de estos tratados internacionales.

10. En el año 2009, el Sr. Juan Andrés Dudoc fue elegido presidente del gobierno del Reino de Napulé. En cuanto tal y según la constitución nacional de 1951, el Sr. Dudoc pasó a ostentar la condición de jefe de las fuerzas armadas del Reino de Napulé y tenía la obligación constitucional de mantener al Rey de Napulé informado sobre las actividades de dichas fuerzas. El Sr. Dudoc se mantuvo a la cabeza del gobierno y de las fuerzas armadas durante los hechos que se relatan a continuación. El movimiento independentista de Prosida, que había disminuido en importancia durante la segunda mitad del siglo XX, comenzó a recobrar vigor nuevamente a fines de los años 90. Ello se debió fundamentalmente a la prosperidad creciente de Prosida y al relativo estancamiento de las otras provincias. La situación se acentuó más aún en el año 2007 a raíz de una fuerte crisis económica. Esto fue aprovechado por el movimiento nacionalista prosidano para lanzar una campaña que pretendía convencer a los habitantes de Prosida de que sufrían un tratamiento fiscal injusto. La campaña se montó bajo el eslogan “Napulé nos roba”.

11. Los partidos nacionalistas de Prosida, que controlaban el gobierno de la provincia y la mayoría de los gobiernos locales de la isla, propusieron una negociación con el gobierno de Napulé para modificar el régimen de autonomía de la isla. El gobierno de Napulé respondió que una modificación de dicho régimen exigía el cumplimiento del procedimiento previsto en la Constitución. Ante las dificultades para conseguir dicha reforma del régimen de autonomía según los pasos previstos en la Constitución, el gobierno provincial de Prosida planteó al gobierno de Napulé la negociación de la independencia, a lo que el gobierno de Napulé respondió que la Constitución de Napulé no permitía la secesión de las provincias que integraban el país. Ante esta situación, el gobierno provincial de Prosida anunció, en marzo de 2011, que convocaría un referéndum para dar la posibilidad a la población de la provincia de manifestar su voluntad sobre la continua pertenencia de Prosaida al Reino de Napulé o su independencia del mismo. Se fijó la fecha de 1 de junio de 2011 para el referéndum.

12. En los meses posteriores al anuncio y previos al referéndum, el presidente Dudoc, en nombre del gobierno estatal de Napulé, anunció públicamente que estaba en desacuerdo con la convocatoria del referéndum, dejando claro que la independencia de cualquiera de las provincias estaba prohibida por la constitución nacional, y que, por lo tanto, convocatoria era un acto inconstitucional. Por su parte, el gobierno provincial de Prosida sostuvo que un pronunciamiento sobre la posible independencia de la provincia estaba anclado en el derecho de autodeterminación de los pueblos, amparado por la Carta de las Naciones Unidas. En las semanas precedentes al referéndum, el presidente Dudoc explicó que debía tomar “todo tipo de medidas” para garantizar el orden constitucional y que había decidido enviar un contingente “reforzado” de policía dependiente del gobierno de Napulé a Prosida para velar por el cumplimiento de la constitución.

13. Convocado oficialmente el referéndum de autodeterminación el 6 de mayo, el gobierno de Napulé impugnó ante el Tribunal Constitucional del Reino la convocatoria y el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el referéndum, ordenando a todos los miembros del gobierno provincial de Prosida y también a los integrantes del órgano de gobierno del parlamento regional, que paralizaran cualquier actuación conducente a la celebración del referéndum. En paralelo al proceso ante el Tribunal Constitucional, se desarrolló una investigación judicial en relación a las declaraciones hechas por un destacado miembro de un partido nacionalista de Prosida, en las que indicaba que el gobierno provincial de Prosida estaba recopilando ilegalmente los datos de los ciudadanos de la isla con el fin de preparar la reclamación de los pagos de impuestos una vez proclamada la independencia. En el marco de la investigación de estos delitos, una comisión judicial de un tribunal regional de Prosida realizó un registro en una de las sedes del gobierno de la provincia, lo que fue respondido por una convocatoria de las organizaciones nacionalistas de la sociedad civil de Prosida que reunió a miles de personas ante el edificio gubernamental y bloqueó a la comisión judicial. Esta multitud, además destrozó los vehículos de la policía de Napulé que acompañaban a los agentes judiciales para protegerlos.

14. Pese a las órdenes del Tribunal Constitucional el gobierno provincial de Prosida continuó con los preparativos del referéndum del 1 de junio. Estos preparativos incluyeron la difusión de un censo electoral configurado con datos personales obtenidos de manera ilegal, lo que provocó centenares de denuncias de los ciudadanos afectados. Ante esta situación, los tribunales regionales de Prosida, en atención a la decisión de suspensión del Tribunal Constitucional, ordenó a la policía que impidiera la celebración del mismo, cerrando los lugares que habían sido designados como colegios electorales y requisando los materiales que estuvieran siendo usados en el referéndum declarado ilegal. Cumpliendo las órdenes judiciales, unidades de la policía de Napulé acudieron a los centros de votación con el fin de cerrar los centros. Entretanto la policía que dependía del gobierno regional de Prosida optó por oponerse a la actuación del ejército llegando a haber enfrentamientos entre policía regional y la policía de Napulé en alguno de los lugares designados como centros de votación. En centenares de centros de votación, las organizaciones nacionalistas de Prosida habían organizado barricadas y grupos preparados para enfrentarse a las unidades de la policía de Napulé que tenía órdenes de cerrar los centros. En los enfrentamientos que se produjeron entre los policías y los grupos organizados por los nacionalistas hubo centenares de heridos entre los policías y también entre quienes pretendían impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales.

15. Tras los incidentes del día 1 de junio se produjeron actos de acoso a los ciudadanos de Prosida que se oponían a la secesión de la isla. Se organizaron marchas contras las sedes de los partidos políticos de Prosida que se oponían a la independencia y contra los lugares donde estaban alojadas las unidades de la policía de Napulé. Estos actos estaban aparentemente organizados por las dos asociaciones nacionalistas más importantes de Prosida y contaban con el apoyo de los partidos de Prosida que defendían la secesión y también de los gobiernos provincial y locales controlados por dichos partidos favorables a la secesión.  En algunas localidades se decidió prohibir cualquier manifestación en contra de la secesión y en otras las carpas informativas que montaban los partidarios de la continuidad de Prosida en el Reino de Napulé fueron atacadas, llegando a haber varios casos de heridos entre los ciudadanos que se oponían a la secesión. Todo ello ante la pasividad de la policía regional de Prosida. El día 3 de junio el gobierno regional convoca un paro general en Prosida para pedir la independencia y grupos organizados bloquearon carreteras y trenes y acosaron a quienes se oponían a dicho paro.

16. El 10 de junio de 2011, el gobernador de Prosida anunció los resultados del referéndum: el 90% de los votantes se había pronunciado en favor de la independencia con una participación de un 43% de la población. En el mismo acto, declaró la independencia de Prosida. La declaración fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de Napulé. Entretanto, el Tribunal Supremo de Napulé, ordenó el arresto inmediato del gobernador de Prosida, de todo su gabinete y de otros miembros de su partido. Agentes del ministerio del Interior de Napulé ejecutaron esta orden y procedieron a la detención de un total de 15 personas, hombres y mujeres. Estas personas están detenidas en una cárcel ordinaria de Isca a la espera de juicio por los cargos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos. Los partidos y grupos nacionalistas de Prosida, que siguen controlando el gobierno regional y muchos gobiernos locales, pretenden que se trata de presos políticos y piden su liberación. El gobierno regional coloca en edificios y lugares públicos de Prosida pancartas en las que se pide la liberación de esos presos. La televisión pública de Prosida, controlada también por los nacionalistas lanza continuos mensajes en línea con el planteamiento del gobierno regional y pretendiendo deslegitimar la actuación de los tribunales de Napulé.

17. De acuerdo con la constitución de Napulé, las administraciones públicas han de obrar con neutralidad, por lo que varias organizaciones y grupos contrarios a la secesión de la isla solicitan formalmente que los símbolos y pancartas en los que se pide la liberación de los implicados en los hechos de mayo y junio de 2011 sean retirados de los edificios públicos, dado que entienden que son un apoyo explícito a los partidos pro-secesión, lo que supone una toma de partido explícita por parte del poder público. Ante la negativa del gobierno nacionalista de Prosida a hacerlo, grupos de ciudadanos prosidanos optan por retirar ellos mismos estos carteles. El gobierno regional, a través de la policía que controla, procede, en el mes de julio de 2011, a la detención de varias de las personas integrantes de estos grupos de oposición a la secesión de las que no se vuelve a tener más noticia. Entre ellas 25 mujeres. La sociedad civil alega que las veinticinco mujeres desaparecidas en julio de 2011 se encuentran detenidas en el cayo Rodemo. Existe evidencia audiovisual en la que guardias con un claro acento rodemeño abusan sexualmente en grupo de una docena de detenidas, 7 de las cuales han sido reconocidas por su rostro como aquellas de las que se carece de rastro alguno desde el mes de julio de 2011 y cuyo nombre figura en los registros portuarios de Barona. Los dichos de los guardias y comentarios de las detenidas en dicho vídeo hacen pensar que se hubiera abusado sexualmente de cada una de ellas en más de una oportunidad. En otro vídeo, se ve a un guardia ordenarle a uno de los opositores al gobierno regional de Prosida detenidos tener relaciones sexuales con una de las detenidas. A raíz de estos hechos, la sociedad civil comenzó un movimiento emblemático que hoy se conoce como #LasQueremosVivas. 

El caso que presentó realmente el IIH inevitablemente habrá sido leído como una recriminación al gobierno español pues, como se ha mostrado, los paralelismos que se pretenden entre la situación vivida en Cataluña y el caso presentado son evidentes.
Aquí hemos querido mostrar cómo se podría haber presentado el caso si se hubiera pretendido el efecto contrario: culpabilizar al gobierno regional catalán por los hechos acaecidos en 2017.
Lo que de verdad queremos no es ninguna caricatura; sino un tratamiento riguroso de los lamentables acontecimientos de hace dos años; un tratamiento riguroso que exige, inevitablemente, la consideración de las vulneraciones de derechos individuales protagonizadas por el gobierno catalán, vulneraciones de las que hemos sido víctimas muchos ciudadanos catalanes opuestos al nacionalismo. Es urgente que esta perspectiva, esta vulneración de derechos sea percibida como un problema por la opinión pública internacional.
Esperamos que el ejercicio que aquí se realiza contribuya a ello.

lunes, 10 de junio de 2019

De nuevo sobre la Renta Básica de Ciudadanía

Gracias a Antonia Díaz Rodríguez, llego a este artículo de Daron Acemoglu sobre la Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Quienes sigan este blog quizás sepan que defiendo la RBC, habiendo llegado a ella a partir de la preocupación por el deterioro de las condiciones laborales (salarios y derechos de los trabajadores, aquí están las entradas que he dedicado a esas cuestiones). Y es por eso que leo con interés lo que puedo (aunque no sea sistemático) sobre la propuesta, sus pros y sus contras.
Este artículo es de los que consideran que la RBC es una mala propuesta (de hecho ese es el título del artículo: "Por qué la renta universal básica es una mala idea". Aclaro que a los efectos que a mí interesan no hay diferencia entre la RBC y la renta universal básica. Con los dos nombres se trata de ofrecer un ingreso mínimo a todas las personas absolutamente incondicionado. A continuación examinará los problema que el autor ve en relación a esa propuesta, advirtiendo que está escrito desde la perspectiva de Estados Unidos, lo que hace que las cosas se planteen de una manera algo diferente a como se ven desde España.



Lo primero que deja caer el autor es que la RBC sería prohibitivamente cara. Dice que en Estados Unidos una renta mínima de 1000 dólares por mes para todos los ciudadanos (327 millones de personas) sería prácticamente equivalente al presupuesto federal de Estados Unidos.


Bueno, todo es cómo se presenten las cosas. No me meteré excesivamente en la perspectiva de Estados Unidos, pero incluso desde ésta si en vez de hablar de una RBC de 1000 dolores al mes lo hacemos de una de 600 dolores al mes, resultará que la cantidad final resultante no será de casi 4 billones de dólares, sino de menos de 2,4 billones de dólares; lo que puesto en términos de porcentaje sobre el PIB de Estados Unidos sería menos de un 14% del PIB. Es mucho dinero, por supuesto, pero en porcentaje sobre el PIB es, como vemos, un 14%. El gasto en pensiones en España  en el año 2017 fue de un 10,5% del PIB.
En España una RBC de 350 euros por persona al mes (más de 1000 euros al mes para una familia de 3 personas) supondría un coste de unos 196.000 millones de euros anuales, un 16% del PIB. Evidentemente, la introducción de esta medida supondría la necesidad de cambios y reestructuraciones en los gastos públicos; pero no creo que pueda decirse que es imposible de aplicar.
Evidentemente, la introducción de esta RBC supondría sacrificar otros programas sociales, tal como se señalar en este artículo; pero no creo que eso pueda ser considerado una idea "terrible" como hace el autor. En primer lugar, el fantasma de los "niños hambrientos" que agita no tiene sentido; puesto que las familias dispondrían de ingresos mínimos que evitarían la pobreza infantil que ahora padecemos; y, por supuesto, nadie dice que se tengan que eliminar las instituciones de acogida para los niños que carecen de familia. Es obvio que aún con la RBC deberían mantenerse ciertos programas que cubren lo que la RBC no cubre; pero serían residuales pues el gran programa social sería precisamente la RBC.
Puede hacerse el mismo comentario en relación a la preocupación de Acemoglu sobre la sanidad. La propuesta de RBC ha de ser compatible con el mantenimiento de los servicios públicos en sanidad y educación de los que ahora disponemos.
Nada tengo que decir sobre la objeción que planea el artículo en relación a que debe evitarse hacer transferencias públicas a quienes pagan impuestos. Sí, con la RBC es lo que sucedería; pero tengo la impresión de que no es una situación nueva. Yo pago impuestos y, sin embrago, también recibo transferencias públicas. Quizás sea malo, pero se me escapa por qué y si es negativo por qué se sigue haciendo.
El punto quizás más interesante es el relativo a la interpretación de los cambios producidos en el mercado de trabajo en los últimos lustros. Acemoglu sostiene que no hay evidencias de que el trabajo como lo conocemos vaya a desaparecer, sino que lo que se está produciendo es una reestructuración del mismo.
Bueno, podemos estar de acuerdo. Se está produciendo una reestructuración del mercado laboral que no llevará a la desaparición del trabajo tal como lo conocemos, sino que llevará -ya está llevando- a una devaluación de las condiciones de trabajo. El dato objetivo es que la participación de los salarios en el PIB no deja de disminuir en términos globales y que si nos alejamos de las medias y consideramos los contratos de la mayoría de los trabajadores constataremos que en países como España el salario más frecuente no llega a los 1400 euros mensuales (teniendo en cuenta las pagas extraordinarias, se colocaría en torno los 1200 euros mensuales) y que las condiciones laborales (precariedad) también se han devaluado.
Es precisamente esta "reestructuración" la que me parece problemática y a la que deberíamos hacer frente, puesto que más allá de la justicia social, la devaluación de los salarios contrae la economía (véase el caso de Grecia o las continuas recomendaciones de la UE a España en el sentido de que los salarios deberían aumentar) y provoca inestabilidad social. El auge de los populismos y nacionalismos en Europa no es seguramente ajeno a estas "reestructuraciones" del mercado de trabajo.
Frente a esto las propuestas del artículo son la adopción de medidas para crear puestos de trabajo de "clase media". Estas medidas no están excesivamente detalladas, aunque en otro artículo el mismo autor explica que es necesario que las instituciones públicas han de potenciar la investigación y mejorar la formación de los trabajadores.
Me encanta el optimismo; pero la realidad es dura. Ciertamente siempre existen algunos trabajos con alta demanda y en los que se obtienen buenos salarios; pero eso tiene poco que ver con la formación. En España, por ejemplo, hace 15 años los encofrados cobraban lo que querían y trabajaban cuando les daba la gana. Era el boom de la construcción. Hoy en día los ingenieros más jóvenes están cobrando menos que los oficiales más veteranos que todavía conservan salarios que proceden de las época de bonanza. A cada nueva reestructuración laboral esos salarios "antiguos" desaparecen y son sustituidos por otros bastante inferiores. Se ha visto en la banca, en la industria, en los servicios...
Sí, no será inmediato, pero los signos son claros y quizás fuera conveniente abordarlos. La RBC puede ser una solución y no acabo de ver cuáles son sus problemas en tanto en cuanto no se revierta la situación mediante esas medidas tendentes a mejorar la investigación (en España, donde las condiciones de trabajo de los investigadores son las que son, esas propuestas suenan a chiste) y conseguir que mediante la formación se consiga, por ejemplo, elevar el salario y mejorar las condiciones laborales de médicos, ingenieros, biólogos, abogados... y demás profesionales cualificados.
Finalmente, la crítica a la medida es de una superficialidad que asusta, puesto que la vincula con el conocido "pan y circo" de los imperios romano y bizantino.


Bueno, tengo poco conocimiento de lo que suponían en los imperios romano y bizantino las políticas de distribución de alimentos entre la población; pero detecto en la crítica esa clásica preocupación por la promoción del trabajo y la necesidad de que todos realicen actividades productivas, desincentivando la ociosidad.
Esta es una crítica habitual a la RBC. La oigo con frecuencia cuando lo propongo ¿quién trabajará? La respuesta es que dado que la RBC es completamente compatible con el trabajo nada impedirá que quien desee trabajar lo haga; y mi predicción es que la mayoría de la población querrá trabajar, tanto para realizarse como para tener ingresos por encima de esos poco más de mil euros que una familia  de tres miembros recibiría cada mes.
¿Y si tenemos menos trabajadores que los necesarios para sostener la economía? Bueno, ahora en España trabajan una de cada dos personas en edad de hacerlo. La RBC ¿llevará a que más de la mitad de las personas opten por no trabajar? Lo dudo.
Si vamos a reflexionar de forma libre sobre la RBC no me quedaría en el romano "pan y circo" sino en la constatación de que una gran parte de los logros de nuestra civilización han sido fruto de personas que no tenían la necesidad de trabajar. Ese 1% de propietarios que en la historia han sido en buena medida responsables de la ciencia, el arte, la cultura, la filosofía... ¿cuántos Aristóteles, Montaigne o Voltaire hemos perdido porque estaban en el 99% que tenía que arar la tierra, servir o cuidar caballos?
La RBC ofrecería a todos la oportunidad de desarrollarse con una mayor libertad que aquella de la que ahora gozamos. Supondría un cambio radical en nuestra sociedad. No es un apaño, sino una transformación radical.
Creo que, al menos, deberíamos debatirlo.

viernes, 7 de junio de 2019

Derechos fundamentales, autonomía universitaria y diálogo

Ayer comparecía ante la Comisión de Economía y Conocimiento del Parlamento de Cataluña Josep Lago, presidente de "S'ha acabat!" (S'!). Aquí pueden verse los vídeos de la comparecencia.
Quienes sigan este blog tienen ya conocimiento de las razones que llevaron a esa comparecencia. Los jóvenes que se integran en S'! habían iniciado su actividad pública en el colectivo Joves SCC. Como tales habían intentado realizar distintos actos en la UAB sin poder conseguirlo de manera libre debido a los escraches y ataques sufridos. Cada carpa informativa o cada acto que se pretendía llevar a cabo era obstaculizado por los autodenominados "antifascistas" que llegaron a rodear y destrozar algunas de las carpas de Joves SCC.
Lo peor, sin embargo, vino cuando tras una campaña de los autodenominados antifascistas para expulsar a Joves SCC de la UAB dicha expulsión se produjo efectivamente. La Universidad decidió poner fin a la presencia en el directorio de colectivos de la entidad y cuando los jóvenes solicitaron de nuevo su inscripción ésta fue rechazada con el argumento de que las opiniones y críticas de Joves SCC perjudicaban la imagen de la Universidad. En concreto, los jóvenes criticaban la falta de neutralidad de la institución en el debate político abierto por el proceso independentista en Cataluña.
Tras agotar las vías de recurso internas, tanto vías administrativas como entrevistas con el equipo de gobierno de la Universidad como recurso al Síndic de Greuges no hubo más remedio que acudir a los tribunales, quienes confirmaron que la expulsión del colectivo había supuesto la vulneración de los derechos fundamentales a no ser discriminado por razón de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y al derecho a la educación. Aquí pueden leerse varias entradas sobre este tema y sobre la lucha por los derechos fundamentales en la UAB que han protagonizado los jóvenes que primero se integraban en SCC y ahora en S'!.





Este es el contexto de la comparecencia. Acuden al Parlamento unos jóvenes que han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte de la Universidad (así lo han declarado los tribunales) y que han sido boicoteados y atacados. Y frente a esto la respuesta de varios de los diputados presentes fue:

- Hay que respetar los acuerdos de la mayoría.
- Hay que respetar la autonomía universitaria.
- Han de utilizarse los recursos internos de la universidad para la resolución de conflictos.
- Ha de dialogarse para resolver los conflictos.

Creo que esto merece un comentario porque las afirmaciones de algunos diputados ponen de manifiesto un profundo desconocimiento de algunos principios esenciales de nuestra democracia. Y esto es todo menos tranquilizador.
El más grave, a mi juicio, es el que se deriva de pretender que la regla de la mayoría puede justificar la limitación de los derechos individuales. Cuando se reiteraba que la Universidad había vulnerado su obligación de neutralidad y que no garantizaba los derechos fundamentales de los estudiantes (en realidad, que los vulneraba) se repetía por parte de los diputados que había unos órganos que habían adoptado unas decisiones en función de las mayorías que los componían.
Como digo, esta manera de razonar no tiene en cuenta que en nuestras democracias, las que se configuran en Europa occidental tras el fin de la II Guerra Mundial, tan importante como el respeto a las decisiones de la mayoría es la garantía de los derechos de todos, incluidos los de la minoría. No puede de ninguna manera justificarse en ninguna decisión mayoritaria una limitación de los derechos individuales o colectivos. No tener esto en cuenta es dirigirse al precipicio de los regímenes autoritarios donde, por cierto, también jugaban las mayorías. Lo que diferencia al régimen de Franco o a la Alemania de Hitler de las democracias occidentales no es que no hubiera elecciones, sino que no se respetaban los derechos individuales y, muy especialmente, la libertad de opinión y de expresión; ya que sin el respeto pleno a esos derechos no tenemos lo que se conoce como elecciones libres. Para que existan estas no basta con que haya urnas, sino que éstas han de utilizarse en una sociedad en la que los derechos de todos están plenamente garantizados.
Espanta que ¡diputados! pasen por alto limitaciones a los derechos individuales con el argumento de las decisiones de la mayoría. Eso, como digo, es ya totalitarismo.
Y cuando una Universidad, que es también una administración pública, no respeta su obligación de neutralidad se vulnera la libertad ideológica de los integrantes de la comunidad universitaria. Si una determinada ideología, en este caso el nacionalismo, adquiere tintes de oficialidad (porque en la página web de la Universidad hay un lazo amarillo, como sucede en la Universidad de Girona, por ejemplo) se coloca en peor posición ante el poder público a quienes no comparten ese planteamiento político, lo que, tal como ya han declarado los tribunales, supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos.
Cuando ya no se trata "solamente" (solamente entre comillas, obviamente) de limitar la libertad ideológica mediante la adscripción del poder público a una determinada posición política, sino de limitar la libertad de expresión o de discriminar por razón de pensamiento ¿en qué niveles de calidad democrática nos movemos? Y eso es lo que está pasando. Quienes no comparten los planteamientos nacionalistas se ven acosados y sus actos se ven impedidos en determinados espacios públicos, en este caso en los campus universitarios.
¿Qué lo que dicen nuestros diputados ante esto? Que hay que respetar la autonomía universitaria, lo que implica que los conflictos han de resolverse dentro de la universidad y sin intervención de la policía. Todo ello en aras a respetar la autonomía universitaria.
No tiene ni pies ni cabeza.
Si la autonomía universitaria implicara que en los campus universitarios es posible limitar o atacar la libertad de expresión ¿qué sentido tiene la autonomía universitaria? Afortunadamente no es así. La autonomía universitaria no es soberanía universitaria, como acertadamente dijo ayer Josep Lago. La autonomía universitaria es un derecho fundamental y una garantía institucional que tiene como fin que la institución universitaria pueda llevar a cabo sin injerencias externas su tarea investigadora y docente. Se conecta así con la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza; pero sin que esto implique una desconexión con la sociedad. Pretender ¡desde el Parlamento! que se puede mirar para otro lado en lo que se refiere al funcionamiento interno de las Universidades es de una profunda ignorancia o de un descarnado cinismo.
¿No regula el Parlamento (el español y el catalán) el funcionamiento de las Universidades, los órganos que la gobiernan, cómo se configuran los cuerpos docentes, cuáles son las líneas generales de los diferentes estudios? ¿No determina el Gobierno cómo han de financiarse las Universidades y cuáles son las tasas universitarias? Si todo eso no atenta contra la autonomía universitaria ¿lo hace exigir a la universidad que los derechos fundamentales sean respetados dentro del campus?
Como digo, ignorancia o cinismo.
Evidentemente el Parlamento de Cataluña tiene competencia para examinar si en los campus universitarios se respetan o no los derechos fundamentales. Es más, debería ser una exigencia que el Parlamento se preocupara por este extremo. La autonomía universitaria ni implica ni puede implicar que en los campus no se respeten los derechos de todos y, especialmente, los derechos fundamentales. No entender esto es, como digo, un despropósito.
Sin embargo, ante una denuncia clara y fundamentada de estas vulneraciones la respuesta fue "lo que diga la institución" y "diálogo".
Lo primero no desentona con lo que se hubiera dicho en las Cortes franquistas. Esa remisión a las soluciones propias de los cuerpos e instituciones que integran el Estado es muy de democracia orgánica. Cada cual tiene su fuero y con él se entienda. Es no comprender en absoluto cómo funciona la democracia representativa. Y, como digo, nada tiene que ver con la autonomía universitaria, que tal como intento explicar sin excesivo éxito Josep Lago a los diputados, tiene que ver con la no injerencia en las funciones propias de la Universidad (docencia, investigación, transferencia) no con la transformación de la Universidad en una cámara política alternativa al Parlamento.
Lo segundo es también significativo.
Tal como dijo Josep Lago, los derechos no son objeto de negociación. Es decir, no se dialoga sobre si mis derechos son o no respetados. Admitir el diálogo sobre ese punto supone legitimar las vías de hecho para reducir el alcance de los derechos y luego exigir un diálogo para su recuperación parcial. Se trata de una prostitución del diálogo que debería repugnar a cualquier demócrata.
Ayer en el Parlament también salió Rosa Parks, y es bueno recordar que quienes sacaron en primer lugar el tema de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en relación al conflicto que vivimos en Cataluña fueron los nacionalistas; así que ahora no creo que estén legitimados para quejarse si, tomando lo que ellos comenzaron, los constitucionalistas también los usamos para argumentar.
Si se impide a los negros utilizar determinados servicios públicos ¿hemos de dialogar para ver si la puerta que corresponde usar a las personas de color es la de la derecha o la de la izquierda o ha de exigirse el respeto a los derechos de todos?
Cuando, como sucede en la UAB se boicotea o agrede a quienes pretenden trasladar un mensaje contrario al nacionalismo ¿hemos de negociar la intensidad de los golpes recibidos o en qué actos se sufre un escarcha o no?
Parece ser que esto es lo que algunos pretenden.
Acabaré con una anécdota.
Hace unos años, la víspera de un acto de Joves SCC, hablaba con una autoridad académica, preocupado como estaba por la convocatoria de un escrache contra nuestro acto. La autoridad académica me dijo: "tranquilo que no os van a pegar, os gritarán e insultarán, pero no os pegarán".
Supongo que esperaba que dijera: "Gracias Bwana".
Va a ser que no.