Ayer comparecía ante la Comisión de Economía y Conocimiento del Parlamento de Cataluña Josep Lago, presidente de "S'ha acabat!" (S'!). Aquí pueden verse los vídeos de la comparecencia.
Quienes sigan este blog tienen ya conocimiento de las razones que llevaron a esa comparecencia. Los jóvenes que se integran en S'! habían iniciado su actividad pública en el colectivo Joves SCC. Como tales habían intentado realizar distintos actos en la UAB sin poder conseguirlo de manera libre debido a los escraches y ataques sufridos. Cada carpa informativa o cada acto que se pretendía llevar a cabo era obstaculizado por los autodenominados "antifascistas" que llegaron a rodear y destrozar algunas de las carpas de Joves SCC.
Lo peor, sin embargo, vino cuando tras una campaña de los autodenominados antifascistas para expulsar a Joves SCC de la UAB dicha expulsión se produjo efectivamente. La Universidad decidió poner fin a la presencia en el directorio de colectivos de la entidad y cuando los jóvenes solicitaron de nuevo su inscripción ésta fue rechazada con el argumento de que las opiniones y críticas de Joves SCC perjudicaban la imagen de la Universidad. En concreto, los jóvenes criticaban la falta de neutralidad de la institución en el debate político abierto por el proceso independentista en Cataluña.
Tras agotar las vías de recurso internas, tanto vías administrativas como entrevistas con el equipo de gobierno de la Universidad como recurso al Síndic de Greuges no hubo más remedio que acudir a los tribunales, quienes confirmaron que la expulsión del colectivo había supuesto la vulneración de los derechos fundamentales a no ser discriminado por razón de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y al derecho a la educación. Aquí pueden leerse varias entradas sobre este tema y sobre la lucha por los derechos fundamentales en la UAB que han protagonizado los jóvenes que primero se integraban en SCC y ahora en S'!.
Este es el contexto de la comparecencia. Acuden al Parlamento unos jóvenes que han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte de la Universidad (así lo han declarado los tribunales) y que han sido boicoteados y atacados. Y frente a esto la respuesta de varios de los diputados presentes fue:
- Hay que respetar los acuerdos de la mayoría.
- Hay que respetar la autonomía universitaria.
- Han de utilizarse los recursos internos de la universidad para la resolución de conflictos.
- Ha de dialogarse para resolver los conflictos.
Creo que esto merece un comentario porque las afirmaciones de algunos diputados ponen de manifiesto un profundo desconocimiento de algunos principios esenciales de nuestra democracia. Y esto es todo menos tranquilizador.
El más grave, a mi juicio, es el que se deriva de pretender que la regla de la mayoría puede justificar la limitación de los derechos individuales. Cuando se reiteraba que la Universidad había vulnerado su obligación de neutralidad y que no garantizaba los derechos fundamentales de los estudiantes (en realidad, que los vulneraba) se repetía por parte de los diputados que había unos órganos que habían adoptado unas decisiones en función de las mayorías que los componían.
Como digo, esta manera de razonar no tiene en cuenta que en nuestras democracias, las que se configuran en Europa occidental tras el fin de la II Guerra Mundial, tan importante como el respeto a las decisiones de la mayoría es la garantía de los derechos de todos, incluidos los de la minoría. No puede de ninguna manera justificarse en ninguna decisión mayoritaria una limitación de los derechos individuales o colectivos. No tener esto en cuenta es dirigirse al precipicio de los regímenes autoritarios donde, por cierto, también jugaban las mayorías. Lo que diferencia al régimen de Franco o a la Alemania de Hitler de las democracias occidentales no es que no hubiera elecciones, sino que no se respetaban los derechos individuales y, muy especialmente, la libertad de opinión y de expresión; ya que sin el respeto pleno a esos derechos no tenemos lo que se conoce como elecciones libres. Para que existan estas no basta con que haya urnas, sino que éstas han de utilizarse en una sociedad en la que los derechos de todos están plenamente garantizados.
Espanta que ¡diputados! pasen por alto limitaciones a los derechos individuales con el argumento de las decisiones de la mayoría. Eso, como digo, es ya totalitarismo.
Y cuando una Universidad, que es también una administración pública, no respeta su obligación de neutralidad se vulnera la libertad ideológica de los integrantes de la comunidad universitaria. Si una determinada ideología, en este caso el nacionalismo, adquiere tintes de oficialidad (porque en la página web de la Universidad hay un lazo amarillo, como sucede en la Universidad de Girona, por ejemplo) se coloca en peor posición ante el poder público a quienes no comparten ese planteamiento político, lo que, tal como ya han declarado los tribunales, supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos.
Cuando ya no se trata "solamente" (solamente entre comillas, obviamente) de limitar la libertad ideológica mediante la adscripción del poder público a una determinada posición política, sino de limitar la libertad de expresión o de discriminar por razón de pensamiento ¿en qué niveles de calidad democrática nos movemos? Y eso es lo que está pasando. Quienes no comparten los planteamientos nacionalistas se ven acosados y sus actos se ven impedidos en determinados espacios públicos, en este caso en los campus universitarios.
¿Qué lo que dicen nuestros diputados ante esto? Que hay que respetar la autonomía universitaria, lo que implica que los conflictos han de resolverse dentro de la universidad y sin intervención de la policía. Todo ello en aras a respetar la autonomía universitaria.
No tiene ni pies ni cabeza.
Si la autonomía universitaria implicara que en los campus universitarios es posible limitar o atacar la libertad de expresión ¿qué sentido tiene la autonomía universitaria? Afortunadamente no es así. La autonomía universitaria no es soberanía universitaria, como acertadamente dijo ayer Josep Lago. La autonomía universitaria es un derecho fundamental y una garantía institucional que tiene como fin que la institución universitaria pueda llevar a cabo sin injerencias externas su tarea investigadora y docente. Se conecta así con la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza; pero sin que esto implique una desconexión con la sociedad. Pretender ¡desde el Parlamento! que se puede mirar para otro lado en lo que se refiere al funcionamiento interno de las Universidades es de una profunda ignorancia o de un descarnado cinismo.
¿No regula el Parlamento (el español y el catalán) el funcionamiento de las Universidades, los órganos que la gobiernan, cómo se configuran los cuerpos docentes, cuáles son las líneas generales de los diferentes estudios? ¿No determina el Gobierno cómo han de financiarse las Universidades y cuáles son las tasas universitarias? Si todo eso no atenta contra la autonomía universitaria ¿lo hace exigir a la universidad que los derechos fundamentales sean respetados dentro del campus?
Como digo, ignorancia o cinismo.
Evidentemente el Parlamento de Cataluña tiene competencia para examinar si en los campus universitarios se respetan o no los derechos fundamentales. Es más, debería ser una exigencia que el Parlamento se preocupara por este extremo. La autonomía universitaria ni implica ni puede implicar que en los campus no se respeten los derechos de todos y, especialmente, los derechos fundamentales. No entender esto es, como digo, un despropósito.
Sin embargo, ante una denuncia clara y fundamentada de estas vulneraciones la respuesta fue "lo que diga la institución" y "diálogo".
Lo primero no desentona con lo que se hubiera dicho en las Cortes franquistas. Esa remisión a las soluciones propias de los cuerpos e instituciones que integran el Estado es muy de democracia orgánica. Cada cual tiene su fuero y con él se entienda. Es no comprender en absoluto cómo funciona la democracia representativa. Y, como digo, nada tiene que ver con la autonomía universitaria, que tal como intento explicar sin excesivo éxito Josep Lago a los diputados, tiene que ver con la no injerencia en las funciones propias de la Universidad (docencia, investigación, transferencia) no con la transformación de la Universidad en una cámara política alternativa al Parlamento.
Lo segundo es también significativo.
Tal como dijo Josep Lago, los derechos no son objeto de negociación. Es decir, no se dialoga sobre si mis derechos son o no respetados. Admitir el diálogo sobre ese punto supone legitimar las vías de hecho para reducir el alcance de los derechos y luego exigir un diálogo para su recuperación parcial. Se trata de una prostitución del diálogo que debería repugnar a cualquier demócrata.
Ayer en el Parlament también salió Rosa Parks, y es bueno recordar que quienes sacaron en primer lugar el tema de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en relación al conflicto que vivimos en Cataluña fueron los nacionalistas; así que ahora no creo que estén legitimados para quejarse si, tomando lo que ellos comenzaron, los constitucionalistas también los usamos para argumentar.
Si se impide a los negros utilizar determinados servicios públicos ¿hemos de dialogar para ver si la puerta que corresponde usar a las personas de color es la de la derecha o la de la izquierda o ha de exigirse el respeto a los derechos de todos?
Cuando, como sucede en la UAB se boicotea o agrede a quienes pretenden trasladar un mensaje contrario al nacionalismo ¿hemos de negociar la intensidad de los golpes recibidos o en qué actos se sufre un escarcha o no?
Parece ser que esto es lo que algunos pretenden.
Acabaré con una anécdota.
Hace unos años, la víspera de un acto de Joves SCC, hablaba con una autoridad académica, preocupado como estaba por la convocatoria de un escrache contra nuestro acto. La autoridad académica me dijo: "tranquilo que no os van a pegar, os gritarán e insultarán, pero no os pegarán".
Supongo que esperaba que dijera: "Gracias Bwana".
Va a ser que no.
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