En Cataluña sufrimos una crisis democrática grave.
El pasado 15 de mayo, se publicaba en "The National", un medio escocés, una carta firmada por 150 académicos criticando la represión de derechos en España. Los firmantes afirmaban que se apreciaba una involución de derechos como consecuencia de la violencia ejercida el 1 de octubre contra quienes pretendían votar. También criticaban el encarcelamiento y enjuiciamiento de activistas y miembros del gobierno y del parlamento de Cataluña. Afirmaban que de estas actuaciones no respondían al principio de separación de poderes. La carta añadía que no podía judicializarse la política y acusaba al Estado español de haber ejercido la violencia y la represión.
Evidentemente la carta no es más que un cúmulo de propaganda nacionalista. El 1 de octubre la policía no actuó contra votantes, sino contra quienes impedían su acceso a los colegios para cumplir órdenes judiciales, tal como incluso han declarado los testigos ¡de la defensa! en el juicio que se está desarrollando en el Tribunal Supremo. Si hay activistas y políticos encarcelados que están siendo juzgados es porque los hechos de septiembre y octubre de 2017 son susceptibles de calificación penal (mantener encerrada a una comisión judicial, ocupar colegios, organizar la resistencia a la policías, declarar la independencia...) y lo de que no hay división de poderes ya es muestra de un desconocimiento supino. Es claro que los tribunales están actuando con total independencia y el desarrollo de los distintos procedimientos judiciales así lo demuestra.
Pero no hay nada que sea completamente inútil.
La carta ha servido para que Foro de Profesores, haya replicado con otra carta también publicada en "The National. Puede leerse en español aquí.
La carta del Foro de Profesores asume la vulneración de derechos fundamentales en Cataluña, pero la sitúa donde efectivamente está, no donde pretenden los nacionalistas.
Y esa vulneración es la protagonizada por el régimen nacionalista.
Así la carta enumera las siguientes vulneraciones de derechos civiles:
- Incumplimiento de órdenes de la administración electoral por parte de la misma Universidad.
- Ataques contra las libertades individuales protagonizados por grupos nacionalistas (aquí, por ejemplo, el relato de uno de estos ataques).
- Sistemáticas restricciones a la utilización del castellano en las escuelas catalanas (un tema que ha llegado incluso al Parlamento Europeo).
- Las multas a pequeños comercios por no rotular o atender en catalán.
- Opiniones racistas y xenófobas contra los catalanes que proceden de otras partes de España.
- La derogación de la Constitución en Cataluña como consecuencia de las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017.
- Los déficits democráticos de esas mismas leyes aprobadas los días 6 y 7 de septiembre, con el ataque que estas leyes suponían para la división de poderes.
- La resistencia a la policía y los golpes y ataques físicos a ésta por parte de quienes sarcásticamente decían que eran "gente pacífica" durante septiembre y octubre de 2017.
- La malversación de dinero público, parte de él dedicado a financiar académicos en el extranjero con el fin de que dieran apoyo al movimiento nacionalista catalán.
Esta es la auténtica situación en Cataluña: una vulneración de derechos civiles que ha alejado la democracia de nuestra región. Las denuncias que tantas veces se han hecho desde la misma Cataluña han sido poco escuchadas en otras partes de España. Confiemos en que ahora, que la denuncia ha llegado a los medios internacionales, en una carta que, entre otros, firma John Elliot, en España se den cuenta del grave problema democrático que tenemos en Cataluña
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