En los últimos días hemos tenido dos noticias significativas respecto a la vida en la UAB y, por extensión, en la Universidad catalana. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia confirma que la decisión de la Rectora de la UAB de expulsar del directorio de colectivos a los estudiantes de Joves SCC-UAB (muchos de ellos ahora integrados en S'ha acabat!) vulneraba varios derechos fundamentales (no discriminación por razón de opinión, libertad de expresión, libertad ideológica y derecho a la educación). Por otra, se conseguía, finalmente, que la UAB borrara la significativa pintada con el lema "Independencia, socialisme i feminismo", acompañada de una bandera soviética y otra estelada, que presidía en un edificio de la Plaza Cívica la entrada a la UAB desde la estación de los ferrocarriles de la Generalitat.
La primera de las noticias nos retrotrae a la creación del colectivo "Joves SCC-UAB", hace más de tres años, y a cómo desde su aparición fue objeto de boicots constantes que llegaron a la agresión. La UAB no solamente fue incapaz de adoptar las medidas que garantizaran que todos los integrantes de la comunidad universitaria pudieran ejercer su libertad de opinión y de expresión, sino que, además, se procedió a expulsar al colectivo agredido del directorio de colectivos de la UAB, impidiéndole luego volver a inscribirse. Recurrida dicha decisión ante los tribunales estos dictaminaron que la expulsión vulneraba derechos fundamentales básicos y condenó en costas a la Universidad tanto en primera como en segunda instancia.
El segundo de los hechos nos remite a una situación que debería ser inusual: en un edificio público de la UAB lucía una pintada de una clara significación política que incluía, además, la firma del SEPC, un sindicato de estudiantes vinculado al nacionalismo y, además, extremadamente beligerante con los estudiantes que constitucionalistas boicoteados y luego expulsados, como colectivo, de la Universidad.
La falta de neutralidad de dicha pintada fue denunciada en varias ocasiones; pero la Universidad se ha negado sistemáticamente a retirarla. Dado que en período electoral la administración electoral es competente para ordenar directamente a las administraciones que velen por esa neutralidad de las instituciones, ha sido posible conseguir la retirada de la pintada; pero no sin que la Universidad se mostrara reticente a acatar las decisiones de la administración electoral y habiendo tenido que llegarse a la advertencia del recurso al Ministerio Fiscal para que la pintada fuera repintada.
Se trata de hechos graves. No creo que nadie pueda poner en duda que la declaración de que una Universidad ha vulnerado los derechos fundamentales de sus estudiantes es serio; y por ello sorprendente la falta de reacción de muchos partidos e instituciones -y de la propia Universidad- que han optado por no dar relevancia a la condena; lo que hace patente que para muchas fuerzas políticas la defensa de los derechos fundamentales y de los principios democráticos no es una prioridad.
Pero también lo es la permanencia de la pintada en la Plaza Cívica de la UAB. Para quienes duden de ello recordemos lo que implica que en un edificio público universitario luzcan la bandera soviética y una estelada acompañadas de la firma de un sindicato estudiantil que ha apoyado a quienes boicoteaban a estudiantes de esa misma Universidad. Imagínense lo que es para los miembros de la comunidad universitaria señalados por ese sindicato comprobar cada día el apoyo explícito de la institución a sus acosadores.
Más allá de lo anterior, resulta que la presencia en un edificio público de banderas soviéticas y esteladas supone una quiebra de la obligada neutralidad de todas las administraciones públicas, y esta es una obligación de la administración que no se limita al período electoral, puesto que el fundamento de esta obligación es el art. 103.1 de la Constitución, que no limita su aplicación al período que va desde la convocatoria de unas elecciones hasta la celebración de las mismas. Además, esta obligación de neutralidad de carácter general y no limitada a los períodos electorales ha sido establecida por los tribunales en varias decisiones relativas, precisamente, a la presencia de banderas esteladas en lugares de titularidad pública o en la adscripción de administraciones públicas a organizaciones cuyo fin era la promoción de la secesión de Cataluña. La continuada presencia de la bandera estelada en el edificio de la UAB era, por tanto, un recordatorio permanente de la quiebra de la legalidad y de la falta de neutralidad de la institución.
Así pues, tanto la condena por vulneración de derechos fundamentales como la orden de retirada de los símbolos partidistas presentes en edificios de la Universidad no son más que muestras de una situación de quiebra democrática que debería ser resuelta. En este sentido, es de lamentar que hasta ahora la Universidad haya actuado movida por decisiones judiciales, administrativas o por la advertencia de que el caso podría ponerse en manos de Fiscalía y no como consecuencia de una reacción interna; más allá de las denuncias interpuestas y que lo han sido por miembros de la comunidad universitaria. Esto es, la falta de reacción de las instituciones universitarias debería preocuparnos.
Porque si se ha tenido que recurrir a instancias externas ha sido como consecuencia de la inacción -en el mejor de los casos- de los propios órganos universitarios. El Sindic de la Universidad estaba al corriente de lo que sucedía, pues me consta que mantuvo reuniones sobre este tema y recibió denuncias en relación a él (yo mismo le presenté una), sin que su respuesta fuera más allá de defender la posición de la Universidad (negando, por ejemplo, que mereciera reproche la presencia de la pintada que la Junta Electoral Provincial ha ordenado retirar), absteniéndose de opinar sobre los temas que se encontraban sub iudice o negando que las tomas de postura de los órganos universitarios en relación al desafío nacionalista pudieran ser objeto de crítica alguna.
Comparto aquí la queja presentada en marzo de 2018 al Sindic de Greuges de la Universidad
Y la respuesta del Síndic
No puede negarse que se ha intentado resolver este problema dentro de la propia Universidad; pero los órganos de ésta se han negado sistemáticamente a reconocer la existencia de las carencias democráticas que aquí se explican. En este sentido es significativo que cuando ya se esperaba una sentencia que declararía la vulneración de derechos fundamentales por parte de la Universidad el Consejo de Gobierno de la misma emitió un comunicado... de apoyo al equipo de gobierno y de crítica a quienes habían denunciado la vulneración de sus derechos
No creo que éste sea el camino adecuado. A ninguno de los integrantes de la comunidad universitaria le gusta que su institución sea conocida por noticias como las que aquí se comparten; pero para evitarlo lo que hay que hacer es impedir que los órganos rectores de la Universidad hagan caer en ésta en actitudes que merecen el reproche de los tribunales o de la administración electoral. Yendo un paso más allá: es necesario que la comunidad universitaria se comprometa con firmeza en la defensa de los derechos fundamentales y de los principios democráticos.
Este compromiso no ha existido hasta ahora. Son pocos los profesores, estudiantes o PAS que se han manifestado en defensa de estos derechos. Son muchos lo que han permitido que se llegue a esta situación y que aún ahora negarán la evidencia: que se ha producido en nuestra Universidad la quiebra de derechos fundamentales básicos y se ha infringido la obligación de neutralidad de la institución que tiene su fundamento en el art. 103 de la Constitución. Y esto último no es una apreciación subjetiva mía, sino que está recogido en decisiones judiciales y en acuerdos de la administración electoral.
Y esto que pasa en la UAB no es específico de nuestra Universidad. En otras Universidades catalanas se viven situaciones parecidas, encontrándose, por ejemplo, en la web de alguna de ellas símbolos claramente partidistas.
¿Hasta cuándo permitiremos los universitarios que nuestros centros se aparten de aquello que es obligado legal, democrática y moralmente? ¿Hasta cuándo permitiremos el acoso a algunos de los miembros de la comunidad universitaria; la privación de derechos de una parte de nuestros estudiantes, profesores o PAS; la apropiación de lo que es de todos por los nacionalistas; las tomas de posición partidistas de los órganos universitarios? ¿Hasta cuándo fingiremos que todo lo anterior es normal o culparemos a los agredidos y boicoteados o a los que denuncian la vulneración de sus derechos?
Creo que es necesario que todos den (demos) un paso en la defensa de la democracia en nuestras universidades y convirtamos este tema en uno más de los que deben ser objeto de debate dentro de la Universidad.
Es necesario recuperar la UAB y el resto de Universidades catalanas, no para el constitucionalismo -si se quiere emplear ese término-, puesto que tanto constitucionalistas como nacionalistas tienen derecho a ser reconocidos por la institución; sino para la democracia.
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