Las primeras víctimas (2 de noviembre de 2015)


Los separatistas se lamentan de que Cataluña sea una "nación sin Estado", pero no reparan en que el proceso que han iniciado conduce a los catalanes a ser "ciudadanos sin Derecho" o, lo que es lo mismo, a verse sometidos a un poder público que actúa al margen de la ley; y esto, más allá del conflicto institucional, implica también un daño directo a los individuos, quienes nos vemos privados de elementos básicos en un Estado democrático como son la seguridad jurídica, el control de la administración por los tribunales o el sometimiento del poder público a la ley.
Ninguno de estos principios parecen relevantes para los partidos y asociaciones separatistas, quienes hacen alarde de su voluntad de actuar al margen y en contra del Derecho, y tampoco son excesivamente destacados ni por los medios de comunicación ni por los responsables políticos que hasta ahora se han pronunciado sobre el desafío independentista. Pareciera que lo único que resulta relevante es el conflicto institucional al que me refería hace un momento, siendo los ciudadanos simples espectadores o rehenes del mismo.
Y sin embargo somos los ciudadanos quienes padecemos las consecuencias de la quiebra de la legalidad que protagonizan las autoridades de nuestra Comunidad Autónoma. Desde la perspectiva de los ciudadanos no puede ser indiferente que la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, declare el fin de la etapa autonómica. No basta quedarse en el debate sobre si surgirá o no un Estado catalán como consecuencia del proceso secesionista, sino que debemos reparar en que tal declaración implica ya la eliminación de una administración que debería estar al servicio del ciudadano. Podría ser que los separatistas no lograran su propósito de crear un nuevo Estado en el territorio de la comunidad catalana, pero lo que es seguro es que las instituciones autonómicas renuncian a seguir siendo tales y privan a los ciudadanos de una administración esencial en la arquitectura constitucional, de un elemento clave para el gobierno en nuestra sociedad.

La Generalitat de Cataluña ya no es tal, por tanto. Declara que no se considera una institución autonómica y, además, proclama que actuará al margen de la ley; pero no renuncia a seguir ejerciendo el poder público. La Generalitat y las administraciones locales catalanas ahí siguen recordándonos que mantienen el monopolio de la coacción pese a haber hecho expresa su voluntad de no someterse a la ley. Se trata de una situación inadmisible. El sometimiento del poder público a la ley es un avance en los derechos de los ciudadanos al que no podemos renunciar. Un poder público que pretende actuar al margen de la legalidad nos retrotrae al Antiguo Régimen, a la época anterior a la Revolución Francesa.
¿En qué situación nos encontramos los catalanes? El poder público que se ejerce en nuestra Comunidad Autónoma ya no responde a lo previsto en el marco de convivencia del que en su día nos dotamos. La administración retiene los mecanismos para imponer por la fuerza sus decisiones pero actuando ya al margen del ordenamiento que la dotó de tales mecanismos. Por primera vez, desde la restauración de la democracia, sentimos lo que es el desamparo jurídico descarnado y sin matices. No estamos hablando de déficits democráticos o mal funcionamiento de la administración, sino de la confrontación entre los ciudadanos y quienes pretenden ejercer el poder público al margen del Derecho.
Que quien tiene la capacidad de ejercer el poder público, incluido el uso de la fuerza, haga expreso que no se siente sometido a la ley crea una incertidumbre que, a poco que se repare en ella, resulta difícilmente soportable. En algunos casos esta inseguridad supera, además, los límites de lo hipotético para convertirse en agresión directa, así cuando con motivo de la consulta del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el Tribunal Constitucional, varios funcionarios recibieron "indicaciones" sobre en qué forma debían desatender la prohibición de colaborar en la consulta que había establecido este Alto Tribunal. La confrontación del ciudadano con un poder público que rehúsa someterse a la ley y a los tribunales debería ser un supuesto meramente de laboratorio en cualquier Estado de Derecho y, sin embargo, en Cataluña son muchos lo que pueden dar testimonio de lo que supone dicho enfrentamiento.

La propuesta de declaración presentada a la mesa del Parlamento de Cataluña por Junts pel Sí y la CUP el pasado 27 de septiembre pretende convertir en general y solemne esta desvinculación de las reglas y normas que en Cataluña padecemos desde hace más de un año.Quien debiera ser el máximo órgano de representación de los ciudadanos catalanes en el marco de las competencias que diseña la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Cataluña, se prepara para anunciar formalmente su desvinculación del ordenamiento jurídico y para instar al Gobierno autonómico a que haga lo mismo. ¿Resulta indiferente para los ciudadanos que ese poder público que controla la sanidad, la educación, la Policía, los medios públicos de comunicación, los ferrocarriles, las carreteras, las universidades y un largo etcétera de infraestructuras y servicios se presente ante todos nosotros como un mero poder fáctico, desvinculado de las leyes y enfrentado al marco de convivencia al que todos tenemos derecho?

No, no es indiferente para el ciudadano, ni muchísimo menos. Es gravísimo que se nos coloque en esta situación por parte de las instituciones autonómicas y doloroso que ante esto la complicidad y empatía del conjunto de los ciudadanos españoles y de las fuerzas políticas e instituciones de nuestro país no sea máxima e incondicional.Tolerar que las administraciones y poderes públicos abandonen el marco constitucional no es un mero conflicto institucional, es algo más grave: es el desprecio a los ciudadanos y a los derechos que -pensábamos- teníamos garantizados.
Los ciudadanos catalanes somos, sin duda, las primeras víctimas de la insurrección separatista.