martes, 2 de enero de 2018

Balance de situación

Si esto fuera una serie, las elecciones del 21 de diciembre hubieran sido un capítulo de final de temporada; así que ahora es buen momento para hacer balance de dónde nos encontramos y qué podemos esperar de la siguiente temporada, la que empezará en pocos días con la Constitución del nuevo Parlamento catalán, que deberá convivir con la aplicación del art. 155 de la Constitución, que se mantendrá hasta la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat.



¿En qué punto nos encontramos? Bien, tendremos que recordar algunas cosas que podrían parecer evidentes, pero que no todos parecen tener claras. Vamos a ello.
Cataluña es una región española sobre la que actúan principalmente tres administraciones: la administración estatal, la autonómica y varias administraciones locales. Puede parecer una obviedad, pero esto primero ya es revolucionario para algunos que pretenden que las únicas administraciones que actúan (o deberían actuar) en Cataluña son la Generalitat y las administraciones locales, de tal forma que la presencia del Estado debería ser o inexistente o mínima. Esta pretensión va acompañada de la afirmación de que la administración autonómica es soberana; esto es, capaz de actuar sin más límites que los que marque la legislación catalana. Las referencias al carácter soberano del Parlamento catalán son constantes, y es sabido que el gobierno de la Generalitat no tuvo ningún problema en reconocer, a lo largo de los años 2016 y 2017, que actuaba al margen de sus competencias para construir las estructuras de Estado que necesitaba la Generalitat para asumir todas las funciones que le corresponden a un Estado.
Evidentemente, desde una perspectiva constitucional y legal ni el Parlamento de Cataluña es soberano ni la Generalitat pueden construir "estructuras de Estado": se trata de un Parlamento y Gobierno regional que tan solo pueden actuar en el marco que fija la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Ahora bien, precisamente la clave de los dos últimos años (en realidad, más, pero vamos a centrarnos en estos dos años, que quizás pudieran ser el escenario de "la temporada" que ahora acaba) es la tensión entre lo que la Generalitat (Govern y Parlament) podían legalmente hacer y lo que realmente hicieron. A esto hay que añadir la opción de la mayoría de los municipios catalanes por adscribirse, incluso formalmente, a la administración "soberana" catalana que pretendía la Generalitat.
El abandono del orden constitucional por parte de las administraciones regional y local (en gran medida) y su adscripción al movimiento para la construcción de la república catalana puede observarse desde dos perspectivas distintas (al menos):

por una parte supone la vulneración de una serie de derechos esenciales que padecen los ciudadanos catalanes; unos consintiendo (los nacionalistas) y otros muy a su pesar (los no nacionalistas).
- por otra parte supone un desafío al Estado español que se escenifica ante la comunidad internacional con el fin de conseguir que España deje de ser considerado el Estado que controla de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña lo que facilitaría el nacimiento de la república catalana y, eventualmente, su reconocimiento (en Derecho internacional no es lo mismo que un Estado nazca y que sea reconocido; algo que muchos analistas ¡y políticos! confunden con lamentables consecuencias, algunas las veremos aquí).

Ambas perspectivas están relacionadas. Así, por ejemplo, en Cataluña se da una permanente vulneración de la exigencia constitucional de que el castellano esté incluido como lengua vehicular en la enseñanza. Los ciudadanos reclaman ante los tribunales, consiguen sentencias favorables a sus peticiones pero la Generalitat se resiste con todos los medios a su alcance a implementar dichas decisiones judiciales y lo cierto es que todavía hoy son una minoría anecdótica los alumnos catalanes que reciben la educación que sería constitucionalmente obligada: aquella en la que tanto el castellano como el catalán fueran lenguas vehiculares. Desde una perspectiva constitucional este incumplimiento de la Generalitat es una vulneración flagrante de los derechos de los niños y de sus familias; ahora bien, si nos colocamos en la posición del orden jurídico que pretende establecerse en el territorio de Cataluña, la república catalana, nada hay de extraño en esa imposición que, seguramente encajaría perfectamente con las normas fundamentales de la República una vez que estuvieran formalizadas.
De igual forma, la utilización de símbolos como las esteladas por los poderes públicos debería considerarse contrario a derechos fundamentales como la libertad ideológica de los ciudadanos, que no deben verse enfrentados a que gocen de oficialidad determinados posicionamientos partidistas (la búsqueda de la independencia de Cataluña, la condena del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, etc.). Ahora bien, desde la perspectiva de la república catalana estas posiciones (la búsqueda de la independencia, la condena de la detención de Sánchez y Cuixart) no son partidistas, sino que formarían parte de los contenidos ideológicos que configurarían dicha república, por lo que es natural que pretendan imponerlos como una muestra más de que el Estado español ha dejado de estar presente en Cataluña.
Como los anteriores podrían ponerse muchos ejemplos que mostrarían cómo en Cataluña se vive una situación de excepcionalidad en la que la Constitución no se aplica ya plenamente -ni siquiera con el recurso del art. 155, y si no véanse cuántos lazos amarillos o pancartas de apoyo a los "presos políticos" pueden encontrarse en los espacios de titularidad pública catalanes-, lo que supone una pérdida cierta de derechos para los catalanes y, a las vez, la constante erosión de la presencia y vigencia del orden constitucional en Cataluña.



Este desafío que no es menor no ha sido correctamente interpretado ni por el Gobierno de España ni por el PSOE ni por un conjunto de opinadores, intelectuales y medios de comunicación que desde hace tiempo o bien no se han opuesto a esta progresiva degradación de la Constitución en Cataluña o, incluso, se han mostrado contemporizadores con la misma, rechazando la posibilidad misma de que lo que aquí estaba sucediendo pudiera tener la gravedad que tiene. Como ejemplo paradigmático de ello está la constante negación de que exista adoctrinamiento en las escuelas catalanas, cuando hay cientos de evidencias de la presencia en los centros educativos de injerencias nacionalistas que van desde la inmersión como sistema educativo -en contra de la obligación constitucional de que el castellano sea también lengua vehicular, como acabamos de ver- hasta el contenido de los libros de texto o las actividades extraescolares que se desarrollan en los centros. Tantas evidencias y tan pocas ganas de investigarlas o ponerles fin. Una muestra, como digo, de la tolerancia hacia el proceso nacionalista de progresiva separación de Cataluña respecto al resto de España.


En este sentido ha sido especialmente grave la actitud del gobierno de España. Durante todos estos años ha renunciado a utilizar las competencias de las que dispone para poner freno al desafío nacionalista. También ha fracasado en la elaboración de normas que facilitaran esa oposición a los nacionalistas, pese a ser claras sus intenciones (las de los separatistas) desde hace tiempo. Finalmente, ha tolerado que tanto dentro de España como fuera la Generalitat actuará como un poder desvinculado del ordenamiento español lo que ha acabado teniendo graves consecuencias como vamos a ver inmediatamente.
Es claro que al menos desde 2012 existe un intento por parte de la Generalitat de convertirse en un actor internacional, algo que no es compatible con la Constitución española. A finales de aquel año Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, dirigió cartas a líderes políticos europeos pidiendo apoyo para la secesión de Cataluña. En aquel momento la respuesta debería haber sido la aplicación del art. 155 para evitar que un conflicto meramente interno se internacionalizara, pero en lugar de esto el Gobierno español prefirió, por una parte, dejar hacer a la Generalitat, confiando quizás en un acuerdo según la teoría de que en realidad la Generalitat actuaba tan solo de farol; y  por otra parte, utilizar la diplomacia española para dificultar los intentos de internacionalización de la Generalitat.
De siempre he manifestado mi estupor por esta actitud del Gobierno español. Utilizar la diplomacia contra una parte del Estado carece de sentido. Por una parte los otros Estados difícilmente lo entenderán, porque en caso de que una parte del Estado actúe al margen del orden constitucional hay que reconducir dicha actuación a la legalidad utilizando los mecanismos internos de los que disponga el Estado y no recurrir a las relaciones diplomáticas. Por otra parte, al utilizar mecanismos propios de la diplomacia en relación a la actuación de la Generalitat el Gobierno español está reconociendo que el problema no es puramente interno.
Como digo no acabo de entender la "estrategia" del Gobierno español porque, tal como he intentado explicar, suponía debilitar internacionalmente la posición de España a la vez que reforzaba la pretensión de la Generalitat de que el control efectivo del territorio y de la población catalanas estaba pasando del Estado española a la Generalitat, pudiendo mutar ésta en República Catalana en el momento que estimara conveniente. Quizás confiaba el Gobierno en que nunca se darían pasos definitivos hacia la independencia o de que de darse estos pasos sería suficiente la acción diplomática para establecer un cerco de hierro a la diplomacia de la Generalitat... y en estas estábamos cuando llegó el 1 de octubre.



El 1 de octubre fue el día más difícil para España desde una perspectiva internacional tras la Marcha Verde de 1975. El 1 de octubre se concretaron todos los fallos que habían venido acumulándose desde hacía años.
Como he intentado explicar, de manera incomprensible el Gobierno español había tolerado que la Generalitat actuará de facto como un poder independiente del Estado español. En el interior la AMI, las esteladas, la escuela tan solo en catalán, las estructuras de Estado y un Parlamento que aprobaba una tras otra resoluciones que desafiaban la Constitución española. En el exterior una acción diplomática de la Generalitat que recibía también respuestas diplomáticas por parte del Gobierno español. Es cierto que el Gobierno había conseguido que el Tribunal Constitucional anulara todas las resoluciones acordadas por el Parlament y el Govern, incluidas las que conducían al referéndum del 1 de octubre; pero quizás los responsables del Gobierno de España no cayeron en la cuenta de que tales declaraciones de nulidad carecerían de relevancia si, finalmente, el referéndum llegaba a celebrarse, pues en ese caso sería patente que el Estado español no controlaba de manera efectiva el territorio catalán.
Y eso fue lo que pasó. El 1 de octubre el referéndum se celebró -así se interpretó en todo el mundo-, pese a las declaraciones del Tribunal Constitucional, la falta de garantías y todo lo que se quiera; pero se celebró. No he encontrado ni un solo responsable político o periodista extranjero que haya negado que hubo referéndum. Muchos de ellos coinciden en que el referéndum fue ilegal; pero no niegan que hubo referéndum; lo que, desde una perspectiva internacional tiene graves consecuencias. En concreto, confirma que España no controla plenamente el territorio de Cataluña.
Además esta falta de control fue aderezada con imágenes hábilmente manipuladas que fueron interpretadas como la utilización de una violencia desmedida por parte de la policía española, lo que hizo que no pocos se inclinaran por pensar no solamente que el caso catalán ya no era propiamente un asunto interno español -que evidentemente ya no lo era- sino que incluso era posible que la razón no estuviera del lado de España, sino del de Cataluña.
Lo que acabo de decir no es ningún descuido. Realmente quiero decir lo que acabo de escribir: los días 1 de octubre y siguientes en el ámbito internacional, en las cancillerías y en las organizaciones internacionales, en las embajadas y en las reuniones informales, el tema catalán ya era un tema internacional y se barajaban las formas en que unos y otros actores internacionales deberían intervenir en él. Nunca España había tenido una posición tan débil desde la perspectiva internacional en las últimas décadas. La culminación de una serie de despropósitos entre los que se incluye que la aplicación del art. 155 no se hubiera puesto en marcha el día 6 de septiembre, cuando el Parlamento de Cataluña se declaró abiertamente en rebeldía al aprobar la Ley del Referéndum de Autodeterminación.



Fácilmente todo podría haber acabado en desastre; pero no fue así. El discurso del Rey del día 3 de octubre trasladó el mensaje a la comunidad internacional de que España seguía considerando el tema catalán como un tema puramente interno. Aviso formal para navegantes, cierre de puertas a las especulaciones y terreno preparado para un art. 155 que lo fiaba todo a que los independentistas no consiguieran de nuevo mayoría absoluta en las inmediatas elecciones autonómicas.
Seguramente no había alternativa a esta convocatoria inmediata de elecciones. Como digo, el mayor problema que tenemos es que los partidos políticos a nivel de todo el Estado, así como opinadores e intelectuales se niegan a admitir la gravedad de la situación en Cataluña. Así se explica que el 155 hubiera excluido de su aplicación a los medios públicos de comunicación dependientes de la Generalitat, quienes en estos meses se han hartado de hacer propaganda nacionalista, lo que, incluso, ha llevado a que recibiera alguna advertencia por parte de la administración electoral. Un cambio radical de la situación en Cataluña exige un convencimiento a nivel de todo el Estado que actualmente no se tiene. Mientras ese convencimiento no exista no se podrán abordar las reformas que son necesarias para evitar que, por ejemplo, mis hijos vayan a hacer sus deberes a una biblioteca pública en la que cuelga un cartel pidiendo la libertad de los Jordis, que a la entrada de mi pueblo luzca una señera -no una estelada, menos mal, pensarán algunos- que nos recuerda que esto es Cataluña, no España, y que el que estemos o no en España es coyuntural mientras que nuestra condición de catalanes no se discute; que en mi universidad (pública) en un edificio del a propia universidad haya una pintada que reclama la independencia y símbolos de sindicatos independentistas de estudiantes. No impedirá los lazos amarillos en los ayuntamientos ni la persecución a las familias que piden que el 25% de la enseñanza sea en castellano; no impedirá que los medios públicos de comunicación se dediquen a denigrar o tolerar la denigración de quienes no somos nacionalistas y que todo se parezca cada vez más a un régimen.



No es tarea fácil. En realidad, si repasamos la historia, los regímenes solamente han sido derrotados por guerras o revoluciones. Son raros los casos de regímenes derrotados en las urnas, precisamente porque en las elecciones cuentan con ventajas que dificultan su derrota electoral. Confiábamos en que el 21 de diciembre esa derrota podría producirse, pero no ha sido así finalmente. Los independentistas tienen de nuevo la posibilidad de formar gobierno en una Cataluña dividida y en la que puede darse la  curiosa circunstancia de que el Presidente de la Generalitat esté en prisión o pueda ser llevado a ella en cualquier momento sin que dicha prisión vaya a tener consecuencias institucionales, al menos inmediatas.

Porque a todo lo anterior aún hay que añadir el análisis el papel de los tribunales, que llevan meses investigando las actuaciones que se enmarcan en el proceso y que podrían tener transcendencia penal. No dudo que esas investigaciones continuarán y acabarán con condenas para quienes:

- han dedicado dinero público a actuaciones ilegales.
- han conspirado para conseguir por la vía de hecho, al margen de los procedimientos establecidos, la derogación de la Constitución en Cataluña.
- han sustraído los datos personales de los catalanes para la confección de un censo ilegal.
- ordenaron a la policía espiar por razones políticas a los ciudadanos.
- montaron células de resistencia dentro de cuerpos armados.
- entorpecieron investigaciones judiciales o directamente impidieron físicamente que las comisiones judiciales realizaran su labor.
- etc.

Se trata de hechos gravísimos que no pueden quedar sin sanción penal; pero que no han supuesto sanción alguna en las urnas, lo que profundiza en la división de la sociedad catalana, en la que las mismas personas son consideradas delincuentes por unos y héroes por otros.
Nada fácil gestionar esta situación, pero si hay una esperanza de que no vaya a mucho peor ésta pasa porque el conjunto de los españoles dejen atrás la fase de negación y asuman la gravedad de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará en Cataluña.

domingo, 31 de diciembre de 2017

Errores de perspectiva sobre lo que pasa en Cataluña

Milagros Pérez Oliva publicaba ayer, 30 de diciembre, un artículo en "El País" que creo que merece ser comentado porque es un compendio de errores comunes en ciertos sectores -especialmente de la autodenominada izquierda- en relación al "problema" que tenemos planteado en Cataluña.
El artículo presenta el conflicto como si se diera entre los soberanistas y -sorpréndase- "el Gobierno y sus aliados" (son palabras textuales de la articulista). De acuerdo con ella los soberanistas pretenderían un cambio y la otra parte no estaría dispuesta a llegar a la independencia de Cataluña. En absoluto es así.
En primer lugar, el conflicto no es entre soberanistas y el Gobierno (y sus aliados) sino entre catalanes nacionalistas y no nacionalistas; entre quienes desean homogeneizar la sociedad a partir del ideario nacionalista (el catalán como lengua que articula la sociedad y la comunidad política, reducción de los vínculos con otras partes de España, refuerzo de los "hechos diferenciales", etc.) y quienes no renuncian a su condición de españoles y ciudadanos de la UE. En realidad el Gobierno aquí juega un papel secundario, como demuestran los resultados electorales del partido que lo apoya en las últimas elecciones autonómicas. Si obviamos que este es un conflicto entre dos partes de la sociedad catalana y pretendemos que una de ellas es tan solo longa manu del Gobierno de España no acertaremos a encontrar soluciones. Es un fallo, por lo demás, extendido. Esta mañana la SER hacía un análisis de lo sucedido en Cataluña en los últimos meses en el que no se mencionaban las manifestaciones de los días 8 y 29 de octubre. Inexplicable salvo por lo que aquí se dice: hay quien rechaza visceralmente que éste sea un conflicto entre catalanes.


El fallo de análisis no solamente se refiere a las partes implicadas, sino también a lo que defienden. La presentación de Pérez Oliva va bien para la posición de Pedro Sánchez y del PSC, quienes mantienen que el problema se soluciona con una modificación de la Constitución; pero no responde a la realidad. Los soberanistas no quieren cambios, quieren la independencia; y la otra parte (que, insisto, no es el Gobierno) no solamente rechaza la independencia, sino que pretende que el nacionalismo deje de ser hegemónico en la sociedad, para lo que se precisan introducir cambios. De esta forma, una manera más ajustada de presentar el conflicto sería entre quienes desean la independencia y quienes ya no están cómodos en una Comunidad Autónoma que se ha convertido en un instrumento del nacionalismo. Evidentemente si se formula así es más difícil encontrar una solución, pero falsear los términos del problema no ayudará a resolverlo en la vida real.

Discrepo también en la insistencia con la que en el artículo se repite en que la confrontación se da entre "los catalanes de origen" y quienes no lo son (repasen el artículo que enlazo al comienzo de la entrada y comprobarán cómo se incide en este tema). Me parece importante hacerlo notar porque este es un tema del que no se habla, pero sin el que no podremos entender ni lo que está pasando ni la posición que han adoptado estas formaciones políticas que generosamente se proclaman de izquierdas.
En primer lugar, es cierto que entre los catalanes que tienen mayores vínculos familiares con otras partes de España hay menos independentistas o, en general, nacionalistas, que entre quienes carecen de estos vínculos; pero el conflicto no se centra en lo identitario más que desde la perspectiva de los nacionalistas. Precisamente se trata, desde el punto de vista de los no nacionalistas, de que la sociedad no se construya a partir de una pretendida identidad catalana basada en la historia (inventada en gran parte), la cultura y la lengua; y sí de mantener nuestra participación en el proyecto español y europeo. Supongo que esto último difícilmente puede llevarse a lo identitario y, sin embargo, uno de los elementos clave en la movilización y el argumentario contrario a la secesión es la continuidad de Cataluña en la UE.
Para algunos, sin embargo, es clave que esto sea percibido como un conflicto entre los catalanes "de primera" ("catalanes de origen" se les llama en el artículo) y los catalanes que no lo son de origen (catalanes de segunda podrían decir abiertamente). Y es clave porque aquí se cifra la mayor legitimidad que en ciertos sectores de la izquierda se da a los nacionalistas. Estos son los que tienen el derecho sobre la tierra, mientras que los segundos son intrusos que deberían adaptarse a las exigencias de los que habitaban aquí desde hace siglos. Bien, como hemos visto esto no es así, el conflicto no se plantea en estos términos; pero en caso de que así se hiciera ¿no verían extraño que se diera legitimidad a este planteamiento tan contrario a las ideas modernas sobre cómo deberían articularse las sociedades plurales unidas por valores cívicos y no por identidades religiosas o culturales? Entre los nacionalistas, no en los discursos oficiales, pero sí en su segundo nivel de argumentario, es fácil encontrar esta perspectiva que se hace casi expresa en el artículo de Milagros Pérez Oliva.
Finalmente, ha de destacarse que el artículo señala que el catalanismo había negado la existencia de dos comunidades en Cataluña. Discrepo de nuevo. El catalanismo ha asumido siempre estas dos comunidades. Detengámonos en el argumento que más se usa para justificar la inmersión: conseguir que todos conozcan bien el catalán. Este argumento no tendría sentido si no se asumiera que hay catalanes que lo conocen sin falta de un esfuerzo especial (los de origen, de primera categoría podríamos decir) y catalanes que no lo conocen de nacimiento y que deben adquirirlo por el sistema de inmersión con el fin de poder llegar a esa comunidad unida que, obviamente, no existe ahora porque de existir no sería necesario adoptar medidas para conseguirlo.
Pero va más allá, por supuesto. Siempre pongo como ejemplo el artículo de Antoni Puigverd del 10 de septiembre de 2012 en La Vanguardia, donde sin ningún pudor habla de los catalanes que no comparten los ideales catalanistas, se entusiasman con la Roja, tienen cultura telecinco, problemas para encontrar trabajo y no aceptan a la nueva inmigración (me ocupaba de ese artículo aquí). En realidad las dos comunidades han estado siempre ahí, lo que sucede es que había un pacto para no hablar de ello y actuar como si no existiera, lo llamábamos el Oasis catalán. Que ahora se pretenda mantener esa ficción me parece suicida, porque, de nuevo, nos aleja de la posibilidad de encontrar soluciones.
En definitiva, espero que en algún momento los opinadores y políticos vayan asumiendo la realidad. Lo necesitamos porque es preciso que miremos de frente a nuestra sociedad y al problema al que nos enfrentamos si queremos solucionarlo.

sábado, 30 de diciembre de 2017

De donde viene Tabarnia




Las calles, los aeropuertos
volverán a ser lo que eran,
lo que eran antes del solsticio,
antes de que la balanza dudara,
antes de que las nubes y el aire se alejaran,
se disiparan.
Lo que eran antes que las semanas
se alargaran como meses de invierno.
Antes de la gran desazón.
Antes de que supiéramos del temor.
Antes.
Cuando el  pie no sentía el frío de la piedra.
Cuando había lugar a la ironía.
Lo que eran antes que nosotros fuéramos.
Quizás entonces olvidemos
los días de la soledad;
las horas de la convicción
-puño en el pecho, desazón;
mercurio en la garganta, dolor.
Quizás entonces recordemos
quiénes sufrieron y dijeron,
quienes alzaron la cabeza,
quienes extendieron la mano.
También
los de puño y cerrado corazón.
También.
Ese día el verde cubrirá el blanco
de la nieve y la escarcha en las aceras.
y los que entonces vivan no sabrán
de la música y el olor,
del frío en días de calor,
del beso y del abrazo,
de las calles engalanadas
de los amigos y de los extraños.
No sabrán el sentido de las páginas.
La vida ya no habitará en relatos,
Las fotografías nada dirán.
Entonces nadie quedará
de quienes por unos meses
sentimos el suelo temblar,
de quienes vimos las puertas abiertas
al horror que todo lo acabará.
Los libros no explicarán
que el futuro una hora tenía, no más.
Callarán que la noche podía a mediodía
comenzar.
Dejad ahora que todo acabe de pasar,
abramos los ojos para empezar a soñar.

Tabarnia tiene nombre de sueño, de tierra mítica. Tabarnia se emparenta con Góndor y Rohan, con Colquidia y, claro, también con Ítaca. Tabarnia no es un lugar, sino una carcajada y una mano abierta. Tabarnia es el fruto de la angustia y la rabia, del temor y la desazón de años de proceso; pero, sobre todo, de los meses de septiembre y octubre. La espuma con la que la roca contesta a la ola que la golpea. Tabarnia es la respuesta de los que han callado, la voz de los que han sido ninguneados, la de los ignorados, de los minorizados. Tabarnia es una respuesta y una idea; pero no tiene límites, no tiene fronteras. El mapa de Tabarnia es tan solo un reflejo de la Tabarnia real, la que habita en cada rincón de Cataluña donde alguien se ha sentido avasallado por las esteladas y las AMIS, por los lazos amarillos y los gritos de "las calles serán siempre nuestras".
Tabarnia no es Tabarnia, Tabarnia es un juego y una bandera que nos ayudarán a levantar la cabeza, a mantener los pies en la tierra, a no callar, a continuar hasta que se recupere la sensatez en esta tierra nuestra.


jueves, 28 de diciembre de 2017

Que todos los votos valgan lo mismo

Hace poco me ocupaba de la inadmisible desigualdad entre los votantes catalanes. Mientras los habitantes de Barcelona estamos infrarrepresentados en el Parlamento catalán los residentes en las otras tres provincias catalanas están sobrerrepresentados. Lo trataba en esta entrada del blog.


Electores por escaño en cada una de las provincias catalanas en la actualidad.












Electores por escaño en cada una de
las provincias catalanas de acuerdo
con un sistema que respete la igualdad entre todos los votos.








Creo que hay que dar un paso más. Por eso esta mañana he redactado una propuesta de nuevo texto para la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña que pondría fin a la discriminación entre los barceloneses y el resto de catalanes. El resultado, inspirado en el art. 162 de la LOREG cambia ligeramente la propuesta que realizaba ayer, al fijarse en la población y no en los electores. De acuerdo con esta propuesta ahora mismo a Barcelona le corresponderían 100 diputados; a Gerona, 13, a Tarragona, 14 y a Lérida, 8.
He aprovechado la posibilidad que ofrece change.org para incluir el texto de la propuesta en una petición que he ubicado en esa plataforma y que puede consultarse aquí
En la petición he incluido un vídeo en el que explico las razones de la misma


Transcribo a continuación el texto de la petición, que incluye la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña a fin de poner fin a este tratamiento desigual de unos y otros catalanes.

"La discriminación que sufrimos los barceloneses en las elecciones autonómicas es clara. El voto de un residente en Barcelona vale menos de la mitad del voto de un residente en Lérida y también mucho menos que los votos emitidos en Gerona o Tarragona.
Durante décadas se ha rechazado modificar la normativa electoral catalana. Aquí se hace una propuesta concreta de reforma de esta normativa que cambiaría de forma inmediata la atribución de escaños asignados a cada provincia en el Parlamento de Cataluña.

Barcelona. Pasaría de 85 a 100 escaños.
Gerona. Pasaría de 17 a 13 escaños.
Lérida. Pasaría de 15 a 8 escaños.
Tarragona. Pasaría de 18 a 14 escaños.

Este cambio implicaría que los votos de los catalanes valdrían lo mismo con independencia de su provincia de residencia. Un cambio que pondría fin a la discriminación que ahora sufrimos los barceloneses.
Para conseguir este fin dirigiremos esta carta a los responsables de los diferentes grupos en el Parlamento catalán a fin de que inicien los trámites para modificar la normativa electoral que discrimina a los barceloneses, la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía.

"Apreciada Sra., apreciado Sr.

La Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 (en vigor según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de 2006) fija el número de diputados regionales elegidos en cada provincia catalana. De acuerdo con esta norma en la provincia de Barcelona se elegirá un diputado por cada 50.000 habitantes con un máximo de 85. En las otras tres provincias catalanas se elige un diputado por cada 40.000 habitantes con un mínimo de seis. De acuerdo con esta norma la distribución de diputados es la siguiente:

-       Barcelona: 85.
-       Gerona: 17.
-       Lérida: 15.
-       Tarragona: 18.

La norma contiene una discriminación inicial hacia los ciudadanos de Barcelona, ya que, inexplicablemente, mientras el resto de los catalanes eligen un diputado por cada 40.000 habitantes, los barceloneses solamente tienen derecho a uno por cada 50.000 habitantes. Pero es que, además, al fijar de manera cerrada el número de diputados por provincia resulta que esta discriminación actualmente ha llegado al punto en el que se hace incompatible con valores constitucionales básicos, en concreto el de igualdad en las condiciones para la participación política.
Ahora mismo la distribución entre población y diputados es como sigue:

- Barcelona: un diputado cada 64.895 habitantes.
- Gerona: un diputado cada 43.561 habitantes.
- Tarragona: un diputado cada 44.034 habitantes.
- Lérida: un diputado cada 29.435 habitantes.

Resulta de todo punto injustificado que el voto de cada ciudadano de Barcelona valga menos de la mitad que el de un residente en Lérida y también mucho menos que el de un habitante de Gerona o Tarragona.
Para evitar esta discriminación se propone modificar la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña con el fin de que tenga la siguiente redacción:

Disposición transitoria segunda

1. Las disposiciones transitorias tercera y sexta de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, mantienen, en lo que corresponda, la vigencia como regulación transitoria.

2. En tanto una Ley de Cataluña no regule el procedimiento para las elecciones al Parlamento, éste será elegido de acuerdo con las normas siguientes:

1. Las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. El Parlamento de Cataluña estará integrado por 135 diputados.
2. Para la determinación de los diputado que corresponderá elegir en cada circunscripción se procederá de la manera siguiente:
a) Se dividirá el número total de habitantes de Cataluña, determinados por el censo vigente en el momento de la convocatoria de las elecciones, por 135, obteniendo así una cifra que se denominará “cuota de reparto”.
b) Se dividirá el número de habitantes de cada circunscripción (determinado igualmente por el censo vigente en el momento de la convocatoria de elecciones) por la cuota de reparto, obteniendo así una cifra que se denomina “índice de la circunscripción”.
c) En cada provincia se elegirá el número de diputados correspondiente a la parte entera de su índice de circunscripción.
d) Los diputados restantes se atribuyen asignando uno a cada provincia cuyo índice de circunscripción tenga una fracción decimal mayor.
c) El decreto de convocatoria de las elecciones fijará el número de diputados que corresponderá elegir en cada circunscripción, determinados según las normas anteriores.
3. Los diputados serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, de los mayores de dieciocho años, según un sistema de escrutinio proporcional.
4. Las Juntas Provinciales Electorales tendrán, dentro de los límites de sus respectiva jurisdicción, la totalidad de competencias que la normativa electoral vigente atribuye a la Junta Central.
Para los recursos que tuvieren por objeto la impugnación de la validez de la elección y la proclamación de diputados electos será competente la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también entenderá de los recursos o impugnaciones que procedan contra los acuerdos de las Juntas Electorales Provinciales.
Contra las resoluciones de dicha Sala del Tribunal Superior de Justicia no cabrá recurso alguno.
5. En todo aquello que no esté previsto en la presente disposición serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales.”

De acuerdo con esta propuesta en cada elección la igualdad de todos los ciudadanos catalanes queda garantizada. En concreto, actualmente la implementación de esta propuesta implicaría que dejaría de darse la inadmisible discriminación que ahora padecen los más de cinco millones de habitantes de la provincia de Barcelona.

De acuerdo con la población actual de Cataluña el reparto de diputados entre las distintas provincias se calcularía así:

Total de la población de Cataluña:

7.441.176 habitantes. Dividido entre 135=55.119,82 (cuota de reparto)

Determinación del índice de circunscripción:

- Barcelona: 5.523.784:55.119,82=100,21
- Gerona: 740.537:55.119,82=13,43
- Lérida: 443.032:55.119,82=8,03
- Tarragona: 792.619:55.119,82=14,37

De esta forma se asignarían inicialmente los siguientes diputados:

- Barcelona: 100.
- Gerona: 13.
- Lérida: 8.
- Tarragona: 14.

La suma de todos ellos es de 135 por lo que no sería necesario recurrir a la regla d) del número 2.

El resultado sería un parlamento en el que no se produciría la sangrante desigualdad de que el voto de un barcelonés valga mucho menos que el de un residente en Lérida, Tarragona o Gerona. De acuerdo con esta distribución de escaños la relación entre población y diputados atribuidos sería la siguiente:

- Barcelona: 55.237 habitantes por escaño.
- Gerona: 56.964 habitantes por escaño.
- Lérida: 55.379 habitantes por escaño.
- Tarragona: 56.615 habitantes por escaño.

No podemos mantener por más tiempo una discriminación injustificada de los barceloneses cuando resulta tan sencillo conseguir un Parlamento que realmente represente por igual a todos los catalanes.
Un saludo cordial"

Creo que debemos comprometernos todos en conseguir que el Parlamento de Cataluña represente por igual a todos los catalanes y poner fin a la inaceptable discriminación de Barcelona y lo que representa.



miércoles, 27 de diciembre de 2017

La ley electoral y Cataluña

Una de mis obsesiones es la regulación electoral. En este mismo blog escribí varias veces sobre lo relativamente poco representativo que llega a ser el Congreso como consecuencia de optar por la provincia como circunscripción electoral (aquíaquí, por ejemplo, tras las elecciones de marzo de 2008; y aquí tras las elecciones generales de 2011). Mi tesis es la de que el sistema electoral ha de intentar ser lo más representativo posible; esto es, que su configuración se ajuste en la mayor medida que podamos alcanzar a la que ha manifestado la sociedad en las elecciones; y que otras consideraciones (facilitar la gobernabilidad o sobrerepresentar a las zonas menos pobladas) en caso de que hayan de ser potenciadas (personalmente no veo por qué han de sobrerepresentarse las zonas menos pobladas, por ejemplo) deberían supeditarse a conseguir una representación adecuada del conjunto de la sociedad. Aquí me ocuparé de este tema en relación a las recientes elecciones autonómicas catalanas.

Cataluña está dividida en cuatro circunscripciones. En total se eligen 135 diputados, correspondiendo 85 a Barcelona, 17 a Gerona, 18 a Tarragona y 17 a Lérida. No discutiré ahora la provincia como circunscripción electoral (aunque defiendo que la circunscripción electoral se corresponda con el ámbito de la elección, por lo que la circunscripción ideal -para mí- en unas elecciones catalanas sería el conjunto de Cataluña); sino sobre la distribución de escaños en cada provincia. Y para eso vamos a utilizar un sencillo gráfico:


Este gráfico representa los votos que, idealmente, son necesarios en cada provincia para elegir un diputado. Es el resultado de dividir el número de electores de cada provincia por los escaños que esta provincia tiene asignados. El resultado es el siguiente:

- Barcelona: 3.975.943 electores y 85 escaños. 46.775 electores por escaño.
- Gerona: 429.740 electores y 17 escaños. 29.396 electores por escaño.
- Tarragona: 548.710 electores y 18 escaños. 30.483 electores por escaño.
- Lleida: 297.876 electores y 15 escaños. 19.854 electores  por escaño.

Como puede observarse, el voto de un barcelonés vale bastante menos que el de cualquier otro ciudadano de Cataluña. Así, por ejemplo, un solo ciudadano de Lérida tiene más del doble de "capacidad electoral" que uno de Barcelona (exactamente, un 235% más). ¿Alguna justificación para esta desproporción?

En el gráfico hay una línea horizontal un poco por debajo de la línea de los 40.000 electores. Representa la media de electores necesarios para obtener un diputado en el conjunto de Cataluña. Si dividimos los 5.322.269 electores que hay en Cataluña entre los 135 diputados que se eligen en el Parlamento regional resulta que el resultado es 39.424 electores. Como puede apreciarse para que los ciudadanos de Tarragona, Lérida y Gerona dispongan de una "capacidad electoral" superior a la media de Cataluña, los de Barcelona debemos tener una capacidad electoral inferior a esa media. Si la "capacidad electoral" media es de 100 (la que se correspondería a un sistema en el que se precisarían 39.424 votos para elegir un diputado si la participación es del 100%) esta "capacidad electoral" en la actualidad de los ciudadanos catalanes quedaría así:

- Ciudadanos de Barcelona: 84%
- Ciudadanos de Gerona: 134%
- Ciudadanos de Tarragona: 129%
- Ciudadanos de Lérida: 198%

La pregunta es ¿por qué no se cambia esta situación para hacerla un poco más... ¿nos atrevemos a utilizar la palabra?... un poco más justa? No parece muy complicado. Aquí va una propuesta.
Tal como hemos visto, si dividimos los 5.329.269 electores por 135 escaños en el parlamento regional el resultado es 39.424.
Ahora dividamos en cada provincia el número de electores por 39.424 a ver que sale. El resultado es el siguiente:

Barcelona: 100,85
Gerona: 12,67
Tarragona: 13,91
Lérida: 7,55

Si tomamos la parte entera de la división los diputados por Barcelona serían 100; los de Gerona, 12; los de Tarragona, 13 y los de Lérida, 7. En total 132. Nos faltan tres para llegar a los 135, que se lograría añadiendo un diputado en aquellas provincias cuya parte decimal sea más alta. De acuerdo con esto el resultado final sería:

- Barcelona: 101 diputados.
- Gerona: 13 diputados.
- Tarragona: 14 diputados.
- Lérida: 7 diputados.

De esta forma el voto de cada catalán valdría casi lo mismo. Las diferencias entre dividir el número de electores en cada provincia por el número de diputados que se eligen sería mucho menor que la actual:

- Barcelona: 39.365
- Gerona: 33.056
- Tarragona: 39. 193
- Lérida: 42.553

En un gráfico quedaría así:


Creo que no hay color entre el gráfico anterior y éste. De acuerdo con esta propuesta la igualdad del voto de todos los ciudadanos -que me imagino que es un valor a cuidar- se respeta mucho más que en el sistema actualmente vigente.

¿Afectaría este cambio a los resultados de las elecciones del día 21? Pues sí, también. En estas elecciones, como es sabido, el resultado fue el siguiente:

Cs: 36 escaños.
JXCat: 34 escaños.
ERC: 32 escaños.
PSC: 17 escaños.
CatComú-Podem: 8 escaños.
CUP: 4 escaños.
PP: 4 escaños.

Con la distribución de escaños por provincias que aquí se propone el resultado hubiera sido el siguiente:

Cs: 37 escaños (gana 1).
JXCat: 32 escaños (pierde 2).
ERC: 31 escaños (pierde 1).
PSC: 19 escaños (gana 2).
CatComú-Podem: 8 escaños (queda igual).
CUP: 4 escaños (queda igual).
PP: 4 escaños (queda igual).

Es decir, los partidos independentistas perderían 3 escaños que ganarían los partidos constitucionalistas. Los independentistas se quedarían por debajo de la mayoría absoluta al tener tan solo 67 escaños (la mayoría absoluta está en 68) y los constitucionalistas llegarían a los 60 escaños.
No cabe duda de que en las circunstancias actuales, el hecho de que no todos los votos valgan igual condiciona de manera determinante la configuración del Parlamento. Quizás no sea extraño que quienes se saben infrarrepresentados manifiesten de formas diversas su indignación.
Creo que tenemos una asignatura pendiente con este tema tan delicado, la normativa electoral, y no podemos seguir mirando para otro lado.
¿Nos ponemos a ello?

lunes, 25 de diciembre de 2017

El discurso del Rey

Dice Lluís Bassets que el Rey será Rey de Cataluña o no será. Evidentemente, Bassets no se refiere a la perspectiva legal (y real), al hecho indudable que el Rey lo es en Cataluña (que no de Cataluña) como en el resto de España; sino a la aceptación de su figura y papel por parte de una mayoría de los ciudadanos catalanes.
En una democracia que no tuviera los problemas que ahora tiene España el planteamiento de Bassets sería extemporáneo: el Rey es una figura simbólica que idealmente ha de pasar lo más desapercibido posible. Algo de esto decía cuando comentaba su discurso navideño de hace dos años. El Rey en una monarquía parlamentaria no debe ser un agente de la política, sino ejercer bien su función simbólica, lo que en circunstancias normales no va más allá de cortar cintas, inaugurar congresos, presidir desfiles y realizar visitas de Estado en las que el arte será decir lo mínimo posible.
En circunstancias excepcionales, sin embargo, las cosas cambian. Esta es la situación que vivimos en España, y en concreto en Cataluña y esto explica que reflexiones como la de Bassets no sean inoportunas, sino necesarias. Y esto explica también la relevancia de los mensajes públicos y gestos del monarca. Al mismo tiempo es necesario ya adelantar que esta inesperada relevancia del soberano es muestra de un fracaso de la clase política española, tal como intentaré demostrar.



Comenzaré diciendo que el Rey, con su discurso del día 3 de octubre y -creo- con el de ayer se ha ganado a una parte muy importante de la sociedad catalana. Su intervención aquel día fue vista como un gesto de apoyo a la legalidad y al orden constitucional que muchos catalanes necesitábamos. Difícilmente percibirán quienes no lo hayan vivido la angustia que se vivió aquellos días, cuando esperábamos que en cualquier momento la bandera española fuera arriada de los cuarteles de los Mossos d'Esquadra y de las instituciones, cuando fue arriada en algunos ayuntamientos y las calles fueron tomadas por quienes acosaban a la policía y a los partidos constitucionalistas, cuando desde las administraciones se llamaba a participar en una huelga de país que era -habría que ser muy ingenuo para no verlo- el preludio de la separación efectiva de Cataluña. En aquellos días de incertidumbre el mensaje del Rey nos dejó claro a los catalanes (y también al resto del mundo) que Cataluña seguiría siendo parte de España y que el problema generado por la rebelión secesionista no era -todavía- un problema internacional; al menos desde la perspectiva española.
Agradecimos mucho entonces que, por primera vez, se dijera desde la instituciones con claridad que lo que estaba sucediendo era consecuencia de la inadmisible deslealtad de la Generalitat y que esa deslealtad no podría quebrar el orden constitucional español. Ese era el mensaje necesario, el que debía darse en ese momento y, además, el único que podía dar el Rey.
Porque pese a su dureza, el mensaje de aquel día 3 de octubre lo único que hacía era verbalizar lo que estaba sucediendo, llamar a las cosas por su nombre y afirmar que el orden constitucional no cedería ante quienes querían violentarlo. Si sonó duro fue porque, inexplicablemente, nadie antes que el Rey había hablado con esa claridad de lo que estaba sucediendo en Cataluña. Por eso digo que aquel mensaje fue también la muestra de un fracaso de nuestra clase política, que no había diagnosticado correctamente lo que pasaba en Cataluña, lo que había provocado que aún no se hubiera salido de la "fase de negación" y que, incluso, se pretendiera justificar o explicar el golpe contra nuestras instituciones. El Rey dijo lo que era y las cosas comenzaron a cambiar. Muchos catalanes se hicieron monárquicos ese día, porque -repito- aquel era un mensaje que necesitábamos. Escuchamos (escuché) su mensaje con la misma atención y angustia con la que había escuchado el de Juan Carlos I el 23 de febrero de 1981.


Cierto que el mensaje de octubre no gustó a muchos catalanes, que esperaban un gesto de aceptación de la rebelión; pero, como digo, ese mensaje que algunos esperaban no era ni deseable ni posible: ¿nos imaginamos que el 23 de febrero de 1981 el Rey Juan Carlos hubiera dicho que invitaba a los golpistas a dialogar con el Gobierno a fin de encontrar una solución al problema? Se dirá que no es lo mismo sacar tanques a la calle que tractores, familias que ocupan colegios o Mossos d'Esquadra; que no es lo mismo entrar con pistolas en el Congreso que saltarse todas las normativas para aprobar en el Parlamento de Cataluña normas claramente contrarias a la Constitución; y es cierto que no es lo mismo; pero no es menos grave lo segundo, el intento de convertir toda la administración en una Comunidad Autónoma en la administración de un Estado denominado "República Catalana" (véase en este sentido la Ley de Transitoriedad, que es lo que establece) que lo primero, el plan el de subvertir el orden constitucional mediante la presencia intimidatoria de tanques por las calles.
También algunos dirán que en este caso son dos millones de catalanes los que esperaban ese gesto; pero ¿alguien no se da cuenta de que en 1981 muchos españoles estaban expectantes ante el golpe porque lo de la democracia y cómo iba no les acababa de convencer? La diferencia en estos casos no puede cifrarse en el apoyo popular, sino que está únicamente en la convicción con la que se defienden los valores democráticos; y mientras en 1981 los partidos políticos gozaban de esta convicción, no es esta la situación que vivimos actualmente, con un partido como Podemos que alienta la insurrección contra "el régimen del 78" y otro partido, el PSOE que, pese a su apoyo final al art. 155, sigue manteniendo una peligrosa equidistancia con quienes pretenden subvertir el orden constitucional. Incluso el PP, que parece querer aparentar un mayor compromiso con la Constitución, tardó en llamar a las cosas por su nombre y todavía hace unos pocos meses parece ser que la Vicepresidenta del Gobierno manifestó que Junqueras le había "decepcionado", lo que muestra un escaso conocimiento de la magnitud del desafío que se estaba fraguando desde hacía años.
Ante esta falta de convicción de la clase política el discurso del Rey permitió que se hicieran visibles algunos de los elementos estructurales más básicos de nuestra democracia. No alteró el Rey su función simbólica, lo que sucede es que lo que deberían ser obviedades (en el marco constitucional todo puede ser discutido, incluso su reforma; fuera del marco constitucional no es posible el diálogo; la actuación de la Generalitat había sido desleal y no conseguiría su propósito) no lo fueron en el contexto de una clase política que había perdido el norte.


Su discurso de ayer confirmó la sensatez de su mensaje: debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido juntos, nuestra democracia ya es madura y respetada en el mundo; debemos afrontar los desafíos que tenemos como sociedad, y ahí hizo mención de algunos temas clave como la necesidad de que el empleo que se cree sea estable, que se luche contra la corrupción, el cambio climático y la violencia de género. Llamó al terrorismo yihaidista por su nombre (algo que a algunos políticos se les resiste) y en cuanto a Cataluña recordó que se había elegido un nuevo Parlamento que debería buscar la recuperación de la convivencia a la vez que recordó que, tal como se había demostrado, las vías de hecho no llevan a buen puerto.
Obviamente ni rectificación del discurso del día 3 ni mención al 155 ni al Gobierno cesado de la Generalitat y a sus estrambóticas peticiones desde Bruselas. El camino de la democracia es uno y en él caben todos, pero pervertirlo para permitir imposiciones no es admisible. Como bien recordó el Rey, en democracia todos pueden plantear lo que quieran, pero no pueden imponerlo; ni por los tanques ni por el recurso a decir que "somos dos millones".
Quizás los muchos catalanes que no se indignaron por el atropello a la legalidad los días 6 y 7 de septiembre, que no se escandalizaron por la sustracción de nuestros datos personales o por la utilización de la policía autonómica para hacer seguimientos a políticos y ciudadanos no nacionalistas, que no protestaron cuando nuestros colegios fueron tomados para la realización de un acto ilegal, que no mostraron su desacuerdo con la huelga de país o que siguen pensando que quienes ahora están en prisión permanecen en ella por sus ideas políticas y no por estar investigados por delitos graves que en cualquier país democrático son perseguidos (utilizar recursos públicos para fines ilegales, impedir la actuación de la policía y de los tribunales, pretender derogar por la vía de hecho la Constitución...); quizás todos estos catalanes discrepen del discurso del Rey; pero somos muchos los que sabemos que la democracia ha de defenderse con convicción y que en todos los países y épocas ha tenido opositores; opositores a los que hemos de escuchar y convencer; pero ante los que no podemos ceder.
Me da la sensación de que el Rey lo tiene claro. Ojalá todos lo tuvieran igual de claro.

viernes, 22 de diciembre de 2017

Dos Cataluñas

No acabamos de asumir la fractura de la sociedad catalana. No es solo que votemos cosas diferentes (eso sucede en todos los lugares en los que se puede realmente votar), ni siquiera que votemos cosas antagónicas; sino que cada vez con más claridad esta sociedad está dividida en dos bloques que examinan cada una de las cuestiones o problemas desde perspectivas diametralmente opuestas. Lo que para unos es deleznable para otros es excelente; lo que para unos es merecedor de oprobio es alabado como bondad suprema para los otros. Las elecciones del día 21 han sido otra vez prueba de ello.
Unas elecciones extraordinarias, convocadas por la vía del art. 155 de la Constitución, tras el golpe de septiembre/octubre, tras el 1-O, las declaraciones de independencia de los días 10 y 27 de octubre, tras el art. 155, tras la entrada en prisión de Sánchez y Cuixart, de Junqueras y de los miembros del gobierno; tras la huída de Puigdemont; tras la fuga de las empresas y de los ahorros, tras el discurso del Rey y las declaraciones de la UE. Tras todo esto lo que para unos ha sido acicate para votar a los partidos independentistas para los otros lo ha sido para depositar una papeleta con la lista de Cs, el PSC o el PP. Al final, como dos competidores en un pulso, apenas unos centímetros se han movido las manos que empujan en sentidos contrarios.



Durante años los gobiernos españoles y los dos grandes partidos (PP y PSOE) han rechazado adoptar medidas que resultaban necesarias para evitar los desmanes de los nacionalistas con el argumento de que acentuarían el victimismo y se convertirían en ventajas electorales para los secesionistas. El tópico de "la fábrica de independentistas" que, me parece, donde más se creen es en La Moncloa, en Ferraz y en Génova.
Pues bien, tras hacer más de lo que algunos hubieran siquiera imaginado hace cuatro meses. Tras poner en marcha el temido 155 y llevar hasta la cárcel al gobierno en pleno la famosa "fábrica" produjo ¡106.103 votos! Tan solo 2 de cada 100 catalanes con derecho a voto se sumaron al bando independentista como consecuencia de la destitución de todo el gobierno de la Generalitat, el encarcelamiento de los consellers y los procesos penales abiertos. Poca cosecha para quienes pretendían que los catalanes "com un sol poble" reaccionarían ante la "supresión" de sus instituciones y la "persecución" de sus líderes. Y eso en un contexto de altísima participación que llevó a que esa subida en votantes supusiera una disminución en el porcentaje de votos a favor de la independencia. De hecho, antes de la aplicación del art. 155 los independentistas tenían 72 diputados en el parlamento regional; ahora tendrán solamente 70.
Pero ahora veamos las cosas desde el otro lado: tras la perpetración de un golpe de estado fallido, tras haber pisoteado los derechos de los diputados y haberse apropiado ilegalmente de los datos personales de los catalanes, tras haber conseguido que miles de empresas huyeran y que miles de ahorradores hubieran sacado sus fondos de las oficinas bancarias en Cataluña, tras haber recibido el sonoro "no" de las instituciones europeas; tras haber creado una situación de crisis sin precedentes; tras todo eso aún así los independentistas mantienen su mayoría absoluta en el Parlamento regional.
Es cierto que el voto a los partidos constitucionalistas, o como dirían los nacionalistas, el tripartito del 155 (Cs, PSC y PP), se ha incrementado de una forma considerable (de 1.605.563 en 2015 a 1.889.176 en 2017, 283.613 votos más); pero, incomprensiblemente -para los constitucionalistas- esta subida no ha sido suficiente para impedir la mayoría absoluta de los independentistas, básicamente porque los independentistas, como hemos visto, no solamente no han visto reducidos sus votantes, sino que los han incrementado ligeramente ¿cómo es esto posible?
Como decía antes los mismos hechos; los vividos entre septiembre y octubre, pero que traen su causa de todo lo preparados desde el comienzo de la legislatura y aún antes; son percibidos y valorados de formas antitéticas por unos y otros catalanes. Mientras para unos les reafirman en su independentismo, para otros han sido un argumento para votar al partido que con más claridad y contundencia ha exigido la aplicación del art. 155, Cs, el partido antinacionalista ganador de unas elecciones en las que los independentistas han revalidado su mayoría absoluta en el parlamento regional.
Como avanzaba al comienzo, lo sucedido en estas elecciones no es una rareza, sino la consecuencia lógica de esa fractura entre los catalanes que hace que la misma realidad sea percibida de forma radicalmente diversa.
El día 9 de octubre, la víspera de la suspendida declaración de independencia, comentaba con unos conocidos la actualidad política. No nos poníamos de acuerdo y salió el tema del discurso del Rey. Mi interlocutor comentó que el discurso había sido lamentable. Lo decía como una evidencia que no admitía discusión, con la misma suficiencia que tantas veces había percibido. Tentado estuve de hacer aquello que había aprendido en tantos años de nacionalismo: no negar frontalmente sino intentar apuntar un matiz; pero finalmente no lo hice, sino que con claridad le dije que a mí el discurso me había parecido maravilloso. El gesto de sorpresa de aquel con quien hablaba fue genuino. Parecía sorprendido de que pudiera existir una opinión tan radicalmente diferente a la suya; pero continué. Le dije que el que a él le pareciera lamentable y que, sin embargo a mí -y a otros muchos- le pareciera excelente debería hacernos reflexionar; añadí que una sociedad en la que convivíamos quienes hacíamos valoraciones tan divergentes de un mismo hecho estaba claramente fracturada y que deberíamos hablar mucho entre nosotros para que él fuera capaz de entender por qué a mí me había parecido maravilloso el discurso y, en cambio, a él le había decepcionado. Solamente hablando y escuchando podríamos, en algún momento, comenzar a entendernos.



Creo que las elecciones del día 21 confirman esta perspectiva: la división de la sociedad es tan nítida y, aparentemente, insalvable, que sin dejar de intentar convencer al otro, deberíamos ocuparnos también de formular propuestas de convivencia útiles para una sociedad partida como la nuestra. Rota la hegemonía nacionalista -y la quiebra de esta hegemonía es también una consecuencia de las elecciones del día 21, no perdamos de vista que el ganador ha sido Cs, que los secesionistas han fracasado de nuevo en su propósito de conseguir más del 50% de los votos y que constitucionalistas y secesionistas están separados por menos de 200.000 votos-, es preciso que cada uno de nosotros presente con convicción sus planteamientos sin complejos y sin pretender agradar. Se trata de que todos nos conozcamos, y eso no lo conseguiremos si pretendemos "caer simpáticos" a este o a aquel sector. Tanto los ciudadanos como los partidos políticos deben ser honestos en sus planteamientos y presentar con sinceridad cuáles son sus propuestas para la sociedad.
Quizás alguno piense que soy críptico; pero me explicaré -para dar ejemplo-: no tengo en absoluto claro que el discurso del PSC en esta campaña electoral responda a una propuesta coherente. Insistir en los indultos a quienes han quebrado el Estado de Derecho no se compadece con haber apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Negar la evidencia del adoctrinamiento y enrocarse en la defensa de la inmersión ¿tiene algo que ver con la perspectiva de la mayoría de sus votantes o se trata simplemente de tender falsos puentes con los nacionalistas? Bien, hemos visto el resultado. En estos momentos estos ejercicios versallescos carecen de sentido. No se trata de cerrar en falso las heridas (como bien apuntó Borrell), sino de que cada uno de nosotros tenga la dignidad de decir lo que piensa y que entre todos nos respetemos lo suficiente como para admitir la discrepancia del otro.
Creo que hasta ahora nos ha faltado convicción en esta tarea de explicación. El temor a enfrentarse al relato nacionalista ha llevado a incomprensibles edulcoraciones (está reciente todavía la negativa del ministro Méndez de Vigo al adoctrinamiento en la escuela catalana). No es esta la vía, tal como ha demostrado Cs: igual que los nacionalistas no tienen empacho en presentar sus argumentos como los únicos válidos, los constitucionalistas tenemos que afirmar con rotundidad la validez de los nuestros, aunque sea, como creo recomendable, siempre dejando abierta la puerta al diálogo, pero sin negar nuestras convicciones.
El objetivo a largo plazo es reconstruir la convivencia; pero a corto hay otro más inmediato: establecer reglas para la coexistencia. Adelanto ya algunas de las propuestas que hay que poner encima de la mesa:
- El respeto a la ley no es negociable. Es una obligación ineludible.
- Las administraciones han de ser neutrales.
- No es de recibo que se imponga un 100% de catalán (como lengua vehicular) a todas las familias. Si no podemos llegar a un acuerdo para que castellano y catalán estén presentes en la educación como lenguas vehiculares habrá que crear un doble sistema educativo. No es lo que quiero, pero si los nacionalistas siguen negando la presencia del castellano no quedará otro remedio que desdoblar el sistema.
- Los medios públicos de comunicación han de dejar de ser instrumentos de propaganda nacionalista.
No miremos para otro lado: las instituciones que ahora tenemos respondían a un sistema de hegemonía nacionalista. ¿Verdad que ya no admitimos esa hegemonía? Pues habrá que hacer propuestas para adaptar las instituciones a la realidad: una sociedad dividida.
Aún nos falta dar este paso: mirar de frente las Cataluñas que nos deja el proceso. Todos parecemos todavía descansar en que de alguna forma se recompondrá la convivencia. Abandonemos esa idea. De la noche a la mañana ni desaparecerán los dos millones de votantes nacionalistas ni el casi millón novecientos mil que han votado por los partidos que han apoyado el 155. Tendremos que acostumbrarnos a vivir unos con otros.
El Oasis se ha secado. Lo que algunos ven -el PSC, por ejemplo- no es más que un espejismo.