Libre

miércoles, 22 de marzo de 2017

Unos señalan, otros atacan. Romeva debe dimitir

El señor Romeva es un mentiroso y un miserable y ha de dimitir.
En lo que se refiere a la mentira, es preciso tener en cuenta que para ser partícipe en el proceso secesionista alguna alergia a la verdad hay que tener, pues es preciso sostener cosas como que tras la secesión de Cataluña el nuevo Estado sería integrante sin solución de continuidad de la UE o que el Derecho internacional ampararía un referéndum de secesión en Cataluña o que existe una imaginaria decisión del Tribunal Internacional de La Haya que establece que el principio de legalidad cede ante el principio democrático; pero en el caso de Raül Romeva se va un paso más allá. Hace unos días comprabamos que un memorándum de su departamento del que, supongo, se hace responsable, hace decir al informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional justo lo contrario de lo que en realidad dice. Pretender que un documento mantiene que el Derecho español actual no cumple con los estándares exigidos por el Convenio europeo de Derechos humanos cuando dicho documento dice justa y expresamente lo contrario entra de lleno en la categoría de mentira vergonzante y este hecho, por sí solo, debería supone el cese o la dimisión del responsable. Aquí, sin embargo, esta mentira flagrante está pasando sin que nadie se lleve las manos a la cabeza ni se exijan responsabilidades.
Sin salir del terreno de la mentira, esta mañana, en el Parlamento, el señor Romeva ha tenido una intervención deplorable. Dejo el vídeo para que se pueda verificar lo que dijo:


El consejero de asuntos exteriores, relaciones institucionales y transparencia de la Generalitat se refiere a la manifestación del domingo pasado, convocada por Societat Civil Catalana con el lema "Aturem el cop separatista. Por la libertad, la democracia y la convivencia". Una manifestación que reunió a 15.000 personas para reclamar que el gobierno de la Generalitat dejara de actuar al margen de la ley y se respetara el Estado de Derecho (aquí puede leerse el manifiesto de la convocatoria).







Miles de ciudadanos manifestándose pacíficamente, haciendo ondear banderas catalanas, españolas (algunas republicanas) y europeas, ciudadanos congregados por un lema muy claro: "Por la libertad, la democracia y la convivencia"


A estos ciudadanos es a los que el señor Romeva llama falangistas, y lo hace porque desde siempre la táctica del nacionalismo ha sido la de colocar a quienes no comparten sus planteamientos fuera del ámbito legítimo del debate. Los que no comparten sus ideas pasan a ser "fachas", "franquistas", "antidemocráticos"; y eso pese a que hagan expreso su compromiso con los valores democráticos o, como pasa en el caso de Societat Civil Catalana, pese a que esta asociación haya recibido el prestigioso premio "Ciudadano Europeo" que concede el Parlamento Europeo.
Todo esto es igual para los nacionalistas, que no saben dialogar, sino que lo que pretenden es estigmatizar a quienes no comulgan con sus planteamientos.
Evidentemente lo que dijo Raül Romeva es falso, da apuro hasta tener que explicarlo y no pretende justificarlo porque me parece denigrante tener, a estas alturas, que explicar que no soy un fascista. Quien quiera puede leer todo lo que he escrito, repasar mis intervenciones públicas y verá cuál es mi pensamiento. No haré cuestión de debate lo que, para mí, es un insulto miserable.
Y lo que digo para mí lo digo para los muchos amigos con los que compartí manifestación, diputados como Sonia Sierra, Susana Beltrán, Carlos Carrizosa, David Pérez, Fernando Sánchez Costa, María José García Cuevas, Segio Sanz.. intelectuales como Félix Ovejero o Francesc de Carreras, voluntarios y amigos de SCC a los que conozco bien y de los que sé su espíritu democrático, jóvenes de los que padecen el acoso de los intolerantes en la UAB...
Y aquí llega la segunda parte, porque lo que ha dicho Romeva no carece de consecuencias. El constante señalamiento del discrepante que con tanta soltura practican los nacionalistas acaba afectando a la capacidad de expresarse que tienen quienes no comparten los planteamientos secesionistas.
Precisamente hace pocas horas sabíamos que en la vivienda que figura como sede de SCC en Vilanova i la Geltrú había aparecido esta pintada:


En la UAB cada carpa que coloca el colectivo de "Joves SCC-UAB" ha sido boicoteada, cuando no atacada por una plafaforma que, de forma expresa, tiene como objetivo expulsar a SCC del campus. En el vídeo que sigue puede verse el último ataque padecido


Si los líderes políticos no dudan en, miserablemente, señalar a quienes piensan diferente, como fascistas, no deberían extrañarse de que haya quien reaccione ante estos pretendidos "nazis" con actitudes intolerantes como las que acabo de reseñar. Si, además, estas actitudes violentas no son condenadas cuando se producen, los violentos se sentirán cada vez más legitimados para seguir coartando la libertad y amenazando la seguridad de quienes no comparten el credo nacionalista.
Esta es la situación que padecemos. Una quiebra democrática profunda de la que las irresponsables, mentirosas y miserables palabras de Raül Romeva son una muestra palpable.

sábado, 18 de marzo de 2017

El proceso de las mentiras internacionales (I)

La diputada de Cs Susana Beltrán había pedido reiteradamente los memorándums que la Consejería de Asuntos Exteriores del Gobierno de la Generalitat utiliza para explicar a interlocutores extranjeros la situación en Cataluña.



Tras reiteradas negativas a entregar dichos documentos, finalmente el Departamento de Raül Romeva ha publicado esos documentos en su web. Pueden consultarse aquí.



Acabo de abrir el más reciente de ellos, de fecha 15 de marzo. Es un análisis del informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), informe al que dedicaba hace unos días una entrada de este mismo blog. Este es el texto del memorándum del Departamento de Romeva



El memorándum contiene una mentira flagrante. No hablo de tergiversaciones o informaciones sesgadas, que hay muchas (y para comprobarlo me remito a mi comentario al informe de la Comisión de Venecia que citaba hace un momento), sino de mentira absoluta.
El memorándum indica que la imposición de multas coercitivas que prevé ahora la LOTC debe ajustarse a las garantías previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que no hace la ley actual, y cita los apartados 48 y 49 del Informe. Copio este fragmento del memorándum:

"The procedure to impose coercive fines, which should not be ascribed to the Constitutional Court, must comply with the guarantees provided for in article 6 (right to a fair process) of the European Convention on Human Rights, something that the current law does not (Paragraphs 48 and 49)"

La negrita está añadida por mí. Es la frase en la que dice el memorándum que actualmente la ley no cumple con las garantías exigidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, aporto a continuación los párrafos 48 y 49 del dictamen de la Comisión de Venecia al que se refiere el memorándum



¿Dice algo en esos apartados de que el Derecho español no cumple con los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos? No, no lo dice, pero es que además, veamos lo que dice el apartado 50 del informe de la Comisión de Venecia:


Esto es, expresamente el informe indica que la aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adeministrativa que prevé la LOTC garantiza que se cumplirá con los estándares exigidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos si se aplica correctamente por el Tribunal Constitucional.
El informe de la Comisión de Venecia indica expresamente que la regulación española cumple con los estándares exigidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el memorándum de Romeva dice que el informe señala que la legislación española no cumple actualmente con dichos estándares.
Una mentira flagrante, aberrante. Una más.
Y voy por el primero de los memorándums...

martes, 14 de marzo de 2017

La Comisión de Venecia y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Ya disponemos en su totalidad del dictamen emitido por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en relación a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) del año 2015.



La Comisión de Venecia es un órgano asesor del Consejo de Europa en materias constitucionales. Tiene como misión aconsejar a los Estados miembros y prestarles ayuda para que sus instituciones se adecuen a los estándares europeos e internacionales en materia de democracia, derechos humanos y respeto a la legalidad.
El Presidente del Comité de Monitorización de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitó en octubre de 2015 a la Comisión de Venecia un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional implementada en los últimos meses de la X Legislatura (2011-2016) y que tenía como objetivo establecer medidas para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se trataba de una reforma que pretendía resolver una dificultad de cierta importancia a la que se había visto enfrentado el Estado de Derecho español durante los años 2014 y 2015. Como es sabido, en esos años se había intensificado el desafío secesionista en Cataluña. Las instituciones catalanas (fundamentalmente el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat) adoptaban decisiones que contradecían frontalmente el ordenamiento constitucional español sin que las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad o las suspensiones decretadas por el Tribunal Constitucional llegaran a ser efectivas. El momento más dramático de esta situación se vivió el 9 de noviembre de 2014, cuando la Generalitat llevó adelante una consulta de autodeterminación en Cataluña pese a la expresa suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. En aquella ocasión la decisión del alto intérprete de la Constitución no había sido acatada por la Generalitat y el Estado fue incapaz de reaccionar ante este desafío. Una situación lamentable que, seguramente, alguna influencia tuvo en la toma de conciencia de que era preciso adoptar medidas que permitieran la eficacia real de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Para conseguir este propósito se introdujo un precepto en la LOTC (art. 92.4) en el que se preveía que el Tribunal Constitucional podría en caso de que advirtiera que alguna de sus resoluciones estuviera siendo incumplida, bien de oficio, bien a instancia de parte, requerir a instituciones, autoridades o empleados a que informen sobre el cumplimiento de la resolución. En caso de que se apreciase dicho incumplimiento el Tribunal Constitucional podría adoptar diversas medidas encaminadas a conseguir la efectividad de la resolución. Entre estas medidas está la imposición de multas coercitivas, la suspensión de funciones de autoridades o empleados públicos, la ejecución sustitutoria de la decisión por parte del Gobierno a instancia del propio tribunal o la deducción del testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera derivarse del incumplimiento de la resolución. La reforma profundiza así en el régimen de la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional, una cuestión que estaba presente ya en la redacción originaria de la norma, pero que había tenido un escaso desarrollo en la práctica y que, como hemos visto, había dado lugar a problemas graves ante la expresa voluntad de incumplir por parte de una administración tan significativa como es la Generalitat de Cataluña.



Tal como se ha indicado, esta reforma fue "denunciada" ante la Comisión de Venecia, y ésta institución se ocupó de elaborar un informe sobre la misma que fue publicado el 13 de enero de 2017.  Unos días antes de habían adelantado las grandes líneas de su contenido a través de una nota de prensa que -a mi juicio- ha sido interpretada de una manera bastante equivocada por una parte significativa de la prensa, que durante el fin de semana mantuvo que dicho informe era "un varapalo" a la reforma o como si implicara un cuestionamiento de los principios democráticos en los que ha de basarse nuestro Estado (de "golpe a la política autoritaria del Gobierno español", habla vilaweb).
Durante el sábado y el domingo parecía que la Comisión de Venecia se apuntaba a las tesis nacionalistas según las cuales el Estado español actuaría de forma antidemocrática intentando imponer el cumplimiento de la ley sobre las decisiones de las instituciones de la Comunidad Autónoma, y ello con independencia de que tales decisiones fueran contrarias a la Constitución o supusieran el incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional. Quien leyera la prensa (o alguna prensa) este pasado fin de semana podía fácilmente pensar que el informe de la Comisión de Venecia suponía un cuestionamiento a las medidas que pudieran adoptarse para poner freno al proceso secesionista. Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. En realidad el dictamen confirma que la reforma no vulnera ningún estándard europeo, en su mayor parte no solamente es vista como correcta, sino incluso como necesaria en tanto en cuanto -como veremos- la eficacia de las decisiones del Tribunal Constitucional ha de ser un objetivo irrenunciable; y, además, supone un duro golpe para algunos de los planteamientos que han venido defendiendo los nacionalistas. Veámoslo paso a paso.


En primer lugar, el informe confirma que la reforma no vulnera ningún estándar europeo; y esto lo hace considerando tanto el fondo como el proceso de elaboración de la norma. En lo que se refiere a lo primero la conclusión es clara, pese a que, como veremos, algunas de las soluciones adoptadas por la LOTC no son las que recomienda la Comisión de Venecia, no suponen la vulneración de ningún estándar europeo, tal como se indica en el núm. 78 del informe:

"The Venice Commission does not recommend that these powers be attributed to the Constitutional Court. However, in the light of the absence of common European standards in this field, the introduction of such powers does not contradict such standards" ("La Comisión de Venecia no recomienda que se atribuya estos poderes al Tribunal Constitucional. De todas formas, ante la ausencia de estándares comunes europeos en este campo, la introducción de estos poderes no contradice tales estándares").

En lo que se refiere al procedimiento de adopción de la reforma, el informe no advierte nada problemático. Se indica que los partidos españoles de la oposición se quejaron de que había sido adoptada apresuradamente por el trámite de urgencia; pero la Comisión indica que no tiene elementos para afirmar que se hubiera procedido de una forma contraria a la Constitución.
En este punto la Comisión también se refiere a la necesidad de que en el procedimiento legislativo se tengan en cuenta las opiniones de todos los afectados, con independencia de que, como es lógico, al final, el texto resultante no deberá necesariamente incluir todos los pareces expresados. En el caso concreto, sin embargo, pese a haberse tramitado por la vía de urgencia, y tal como destaca el informe, numerosas enmiendas fueron introducidas y debatidas.
Esta referencia a la conveniencia de que el debate legislativo permita la consideración de todas las perspectivas tiene también una relevancia indirecta en lo que se refiere a la propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento de Cataluña que se está tramitando actualmente y que permite que una proposición de ley pueda ser aprobada mediante el procedimiento de "lectura única"; esto es, sin que existan las fases previas al debate en pleno que permiten el estudio con antelación de la propuesta y la presentación, debate y negociación de enmiendas al texto. Estas posibilidades de debate quedan reducidas al pleno, lo que limita extraordinariamente el margen para la consideración de las opiniones de los afectados a la que la Comisión de Venecia dota de tanta relevancia. Como es sabido, y no se oculta, esta reforma pretende la aprobación de la denominada "Ley de Transitoriedad" sin que exista tiempo suficiente para que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la tramitación. Creo que sería necesario que la Comisión de Venecia se pronunciara sobre la compatibilidad de esta reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña con los estándares internacionales sobre la calidad de los procesos legislativos.

Una vez constatado que la reforma no vulnera los estándares europeos corresponde analizar su contenido para examinar las soluciones que aporta y su adecuación al objetivo pretendido. El punto de partida de la Comisión de Venecia es la afirmación, contundente y reiterada, de que las decisiones del Tribunal Constitucional han de cumplirse. Esta es una idea central en el informe que se encuentra ya en sus primeras páginas:

"The Venice Commission recalls that judgments of Constitutional Courts have a final and binding character and they have to be respected by all public bodies and individuals" (La Comisión de Venecia recuerda que las decisiones de los Tribunales Constitucionales tienen carácter definitivo y obligatorio y han de ser respetadas por todas las instituciones y los individuos", p. 4).

Para la Comisión de Venecia no plantea problemas esta afirmación. Al contrario, de ella se deriva que el incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional sí supone un atentado a los estándares básicos que la Comisión promueve.

"When a public official refuses to execute a judgment of the Constitutional Court, he or she violates the Constitution, including the principles rule of law, separation of powers and loyal cooperation of state organs" ("Cuando un funcionario rehúsa ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional, vulnera la Constitución, incluyendo los principios de imperio de la ley, separación de poderes y cooperación leal entre los órganos estatales", p. 4).

A partir de aquí, por tanto, no se trata de saber si las decisiones del Tribunal Constitucional han de ser o no impuestas en forma coactiva -si es necesario- sino que vías han de seguirse para conseguir ese efectivo cumplimiento de las decisiones. Es significativo lo que se indica en este sentido en el núm. 53 del informe:

"The perpetrator should certainly be forced to obey the judgment of the Constitutional Court" ("El infractor [aquél que rehúsa cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional] debe, sin duda, ser forzado a obedecer la decisión del Tribunal Constitucional, p. 11).

Este es, pues, el problema al que se enfrenta el informe, el de determinar si las medidas que incluye ahora la LOTC son adecuadas para conseguir ese efectivo cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional y si respetan las exigencias de los estándares internacionales. Para llegar a este punto el informe hace un repaso a las diferentes opciones en el Derecho comparado y constata que lo habitual es que no sea el propio Tribunal Constitucional quien se ocupe de la ejecución de sus resoluciones, sino que son otros órganos los que se ocupan de esta ejecución forzosa. En este sentido suele ser al poder ejecutivo y al gobierno a quien se atribuye esta función. Así, por ejemplo, tal como señala el informe, es el caso de Austria (p. 6):

"In Austria, according to Article 146 of the Federal Constitution Law, the enforcement of judgments of the Constitutional Court concerning pecuniary claims against the Federation, the provinces, the municipalities and municipal associations which cannot be settled by ordinary legal process nor be liquidated by the ruling of an administrative authority is implemented by the ordinary courts. The enforcement of other judgments by the Constitutional Court is incumbent on the Federal President. The Constitutional Court is therefore reliant on the assistance of other state authorities, mainly the Federal Presidente who mayo deploy the Federal Army in order to execute the decisions of the  Constitutional Court" ("En Austria, según el art. 146 de la Ley de la Constitución Federal, la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional que incluyan reclamaciones económicas contra la Federación, las provincias, los municipios y las asociaciones municipales que no puedan ser ordenadas por un proceso legal ordinario ni por la orden de una autoridad administrativa, serán implementadas por los tribunales ordinarios. La ejecución de otras decisiones del Tribunal Constitucional incumbe al Presidente Federal. De esta forma, el Tribunal Constitucional descansa en la asistencia de otras autoridades estatales, especialmente en el Presidente Federal, quien puede desplegar el Ejército Federal para conseguir el cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional", p. 6).

A partir de esta visión de Derecho Comparado, la Comisión de Venecia construye su propio análisis de la regulación española, análisis que parte de una idea central: es más conveniente que la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional se realice por una autoridad diferente del Tribunal que por el propio Tribunal.
Las razones que apunta el informe para llegar a esta conclusión, aparte de la experiencia comparada, son de bastante sentido común. Por una parte, esta separación entre decisión y ejecución facilita que el Tribunal Constitucional sea percibido como un árbitro neutral, planteamiento que podría verse enturbiado por la participación directa del Tribunal en la ejecución de sus decisiones.
Hago aquí un inciso que no está en el informe, pero que quizás pueda ser útil. Hemos de tener en cuenta que en el Derecho comparado, y en especial en el Derecho europeo, la figura de la ejecución de las sentencias por parte de los tribunales es bastante desconocida. Es una particularidad española la de que sean los propios tribunales que han dictado una resolución quienes deban ejecutarla. Y ahora me estoy refiriendo a decisiones civiles ordinarias, condenas de cantidad, por ejemplo. En muchos países la tarea del tribunal acaba con la adopción de la decisión y luego su ejecución (coerción, embargos, subastas...) es realizada por otros funcionarios que no tienen la consideración de autoridades judiciales. Creo que esta perspectiva está presente en el análisis que hacen los expertos de la Comisión de Venecia, que, como se desprende del informe, son bastante reacios a mezclar las funciones de ejecutar y juzgar.
Existe otra razón de peso que la Comisión de Venecia considera. La Comisión se plantea -y creo que es un planteamiento sensato- que si nos encontramos ante una autoridad que ya se ha negado a cumplir una decisión del Tribunal Constitucional ¿cómo sabemos que no incumplirá también las órdenes de ejecución que dicte el mismo Tribunal? (núm. 52 del informe, p. 11).

No tiene dudas la Comisión de Venecia de que no puede permanecerse indiferente ante el incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional ("There is no doubt that an overt refusal to execute the decisions fo the Constitutional Court constitutes a flagrant violation of the Constitution and that this needs to be remedied". "No hay duda de que un abierto rechazo a ejecutar las decisiones del Tribunal Constitucional constituye una violación flagrante de la Constitución que necesita ser remediada", p. 11); pero hemos de ver cuál es la forma más efectiva para hacerlo.
En este sentido, y partiendo de la premisa anterior -separación entre decisión y ejecución- la Comisión de Venecia no ve problemático que, tal como prevé la LOTC, el Tribunal Constitucional solicite al Gobierno que ejecute la decisión en sustitución de las autoridades que no la cumplen.

"The Venice Commission is of the opinion that substitute enforcement of decisions of the Constitutional Court is not problematic" ("La Comisión de Venecia es de la opinión de que la ejecución sustitutoria de las decisiones del Tribunal Constitucional no es problemática", p. 13).

En la misma línea, tampoco ve problema en que el Tribunal Constitucional deduzca testimonio para que se persiga penalmente a quienes hayan incumplido sus decisiones (núm. 66 del informe, p. 13). Y tampoco ve problema en que, de acuerdo con lo previsto en el art. 92.5 de la LOTC, se puedan adoptar provisionalmente medidas para conseguir el efectivo cumplimiento de la decisión, incluso sin oír a las partes (núm. 68 del informe, p. 13).

La Comisión de Venecia, en cambio, pese a considera que no vulnera ningún estándar europeo, sí que ve problemático que sea el propio Tribunal Constitucional quien imponga multas pecuniarias o suspenda a funcionarios. En estos casos, además, estas multas o estas suspensiones deberían realizarse de acuerdo con los estándares europeos, es decir, a través de un proceso con todas las garantías. El informe da por supuesto que estas garantías se darán tanto en un caso como en el otro (núms. 50 o 57 del informe, pp. 11 y 12) por lo que sus críticas van en el sentido de que podría verse perjudicada la autoridad del Tribunal Constitucional si las decisiones que adopta en relación a estas cuestiones no son atendidas:

"The main issue of the penalty payments is whether they can be enforced. The measures under Article 92.4 apply only when the authority or person concerned already refused to abide by the final and binding decision of the Constitutional Court and the request for a report on the execution does not result in its execution. This amounts to questioning the Constitutional Court's authority" ("El principal problema de las multas pecuniarias es si pueden ser ejecutadas. Las medidas previstas en el art. 92.4 se aplican solamente cuando la autoridad o persona a la que se refieren ya ha rehusado respetar la decision obligatoria del Tribunal Constitucional y el requerimiento para la ejecución podría no terminar con esta. Esto llevaría a cuestionar la autoridad del Tribunal Constitucional", p. 11).

En definitiva, la Comisión de Venecia advierte que la capacidad del Tribunal Constitucional para imponer la ejecución de sus decisiones tiene ciertos límites y que el legislador ha de ser consciente de ellos. Un buen reparto de papeles entre el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios y el poder ejecutivo es necesario para conseguir algo que en el Estado de Derecho es irrenunciable: el efectivo cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Creo que deberíamos tomar buena nota del informe emitido por la Comisión de Venecia, un informe que nos indica:

1) El cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional es inexcusable.
2) Quien no cumpla las decisiones del Tribunal Constitucional ha de ser forzado a hacerlo.
3) Para conseguir este cumplimiento el Tribunal Constitucional tiene que descansar en otros órganos del Estado y solicitar su colaboración.

Y añadiría: tengamos convicción en el sistema democrático y no dudemos frente aquellos que quieren estar por encima de las leyes y las sentencias. El informe de la Comisión de Venecia debería ser una advertencia a todos los poderes del Estado de que hacer cumplir la ley no es una opción, sino una obligación y que las responsabilidades para ello están repartidas y nadie puede hacer dejación de las que le corresponden.

domingo, 12 de marzo de 2017

Primeras notas sobre la opinión de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la LOTC en España

A la espera del texto de la opinión de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la LOTC del año 2015, que modifica las facultades del TC para ejecutar sus propias decisiones, aquí tenemos la nota deprensa que recoge algunas ideas interesantes que podremos ver con más detalle mañana lunes, cuando se publique el texto íntegro.



1) La Comisión confirma que la reforma no contradice ninguna norma europea (eso para los del varapalo y para los que, contra toda evidencia, indican que supone una desautorización de la reforma).

2) Recuerda que las decisiones del TC tienen que ser cumplidas y que cualquier autoridad o funcionario las incumple vulnera el Derecho, la separación de poderes y el principio de cooperación leal entre los órganos del Estado (esto para los que hacen alarde de que desobedecen las decisiones del Tribunal Constitucional, que no se consideran sometidos al mismo y que la "democracia" -tal como ellos la entienden- prima sobre la ley).

3) Que por lo anterior están justificadas las medidas que se adopten para hacer cumplir las Sentencias del TC (para los que se escandalizan cada vez que alguien menciona el art. 155 CE, por ejemplo. Recordemos, el cumplimiento de las sentencias no es optativo, y para quienes tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a los principios democráticos no es optativo hacer cumplir o no las sentencias del TC. Hay que hacerlas cumplir).

4) El problema está en cómo hacer cumplir las sentencias del TC. La Comisión de Venecia entiende que no es lo mejor que sea el propio TC quien la ejecute directamente. A su juicio deberían establecerse mecanismos que trasladaran esa función de ejecución a otros órganos del Estado. En ese sentido, la Comisión de Venecia no ve inconveniente en que, tal como establece la LOTC, el TC solicite al Gobierno que haga cumplir sus decisiones cuando no están siendo obedecidas. Tampoco plantea problemas el que el TC remita a los tribunales ordinarios la persecución de las infracciones que se cometan por dicho incumplimiento (esto para los que dicen que en Europa no se entienden juicios como el del 9-N. ¡Vaya si se entienden! Se entienden perfectamente. Es claro que no pueden desobedecerse las órdenes de los tribunales y que hay que introducir mecanismos para evitarlo).


5. En definitiva, la discrepancia se cifra en que sea el propio TC el que ejecute sus decisiones, sobre todo cuando esta ejecución supone suspensión de funciones de autoridades o imposición de multas coercitivas. Coincide aquí la Comisión de Venecia con muchos análisis que se habían hecho en España y que mantenían que el Gobierno no podía trasladar su responsabilidad al Tribunal Constitucional, que es lo que había intentado hacer con la reforma de la LOTC. Quizás por esto el TC ha renunciado a utilizar los mecanismos que ahora cuestiona la Comisión de Venecia, de manera que su práctica ha sido escrupulosa con lo que -parece ser a la luz de la nota de prensa- ha concluido la Comisión de Venecia

lunes, 27 de febrero de 2017

María Moliner

Leía hace poco un artículo sobre María Moliner que me ha hecho reflexionar sobre la magnitud de la injusticia que se ha cometido con ella.
La obra de María Moliner es difícilmente concebible para una persona sola. Que alguien sin más medios que los propios sea capaz de elaborar un diccionario del fuste que tiene el elaborado por la filóloga aragonesa entra en lo heroico o en lo sublime. Y que tras lograr semejante proeza no hubiera recibido un asiento en la Real Academia de la Lengua Española solamente es explicable en un país tan miserable como en ocasiones es el nuestro. Tremenda injusticia que María Moliner no hubiera alcanzado la categoría de académica cuando fue capaz, ella sola, de redactar un diccionario que, en lo que yo he visto, supera al diccionario de la Academia.
No es que consulte mucho el diccionario de María Moliner, pero recuerdo que hace años quise empezar un comentario de jurisprudencia con la definición del término "batalla". Acudí, como tengo por costumbre, al Diccionario de la RAE y me encuentro con la siguiente definición:

"Combate o serie de combates de un ejército con otro, o de una armada naval con otra"

Me quedé sorprendido, porque la definición no es correcta. Excluye aquellos casos en los que en la batalla intervienen tanto ejércitos como armadas o fuerzas aéreas. Consulté entonces el diccionario de María Moliner y lo que hallé es la siguiente definición:

"Cada episodio de una guerra en que se encuentran y luchan los ejércitos enemigos".

Creo que no cabe duda de qué definición es mejor, y así lo hice constar en aquel comentario de jurisprudencia. La RAE introduce la distinción entre ejércitos y "armadas navales" (¿se trata de una redundancia? ¿hay armadas que no sean navales?) que no es precisa, ya que ejército puede entenderse que engloba tanto fuerzas terrestres como navales, aéreas y hasta espaciales si se quiere. Y esa distinción lleva a una definición que deja fuera una parte de los términos definidos. María Moliner había logrado un resultado superior al de la Academia desde su propia casa y sin más armas que el entusiasmo y la paciencia.
Y pese a haber superado a la Academia -o quizás por ello- nunca consiguió entrar en ella. ¡Lástima! ¡Qué oportunidad se perdió de mejorar un diccionario que tiene errores más que evidentes!
Más allá de ello, es muestra de lo poco que sabe España reconocer a quienes han mostrado talento y capacidad de trabajo. En este caso, además, se unía la condición de mujer de la protagonista, lo que sin duda en nada la benefició para ver plenamente reconocida su obra.
María Moliner, filóloga autora de una obra sin parangón en España y, quizás, en el mundo. Represaliada tras la Guerra Civil y no reconocida en su madurez cuando todavía podría haber aportado a la Academia. La viva imagen de un país que padece porque sus instituciones son incapaces de aprovecharse del talento de nuestros conciudadanos
¿Cambiaremos en algún momento?



miércoles, 22 de febrero de 2017

Mas hace de Duran

Durante años hubo en Madrid un catalán de poco pelo y habitación permanentemente reservada en "un bonito hotel del centro de Madrid", según explicaba "El País".



Este nacionalista catalán era tenido en la capital por hombre serio y razonable, no dado a extremismos y dialogante. Como prueba de ese talante, en una ocasión amenazó en el propio Congreso de los Diputados con una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. En fin, cosas menores para quienes hasta más allá del final siguieron pensando que sería una suerte si todos los catalanes (en realidad querían decir "todos los nacionalistas catalanes", pero es que en Madrid hablan así) fueran como Duran.
Entre los años 2012 y 2016, cuando el independentismo se armó y avanzó en su propósito claro, decidido, firme, de separar de España siete millones y medio de ciudadanos y más de 30.000 kilómetros cuadrados de territorio, Duran hizo en Madrid de eficaz cortafuegos. Contra todas las advertencias que venían de quienes comemos, cenamos, dormimos y desayunamos en Cataluña se hizo caso al hombre del "bonito hotel en el centro de Madrid". Frente a los que de forma clara dicen y actúan en favor de la unidad e igualdad de todos los españoles y la continuidad del proyecto común español, quienes nos deberían representar a todos (partidos políticos y Gobierno de España) prefirieron hacer caso al nacionalista que compartía proyecto político con quienes utilizaban los recursos de la Comunidad Autónoma para buscar aliados en el extranjero para su plan golpista.


Esta carta de Artur Mas, que dirige como Presidente de la Generalitat, hubiera debido implicar la inmediata aplicación de los mecanismos de los que dispone nuestro Derecho para evitar que el poder público sea utilizado para destruir el orden constitucional; pero nada pasó. Seguramente como consecuencia de los buenos oficios del señor de la foto de arriba, el de la habitación de "un bonito hotel del centro de Madrid".
Al final Duran se fue. O mejor dicho, los votantes lo echaron y Madrid pareció quedarse huérfano. No hace mucho uno de estos señores de la capital que visitan Cataluña como quien se adentra en la parte boscosa de la heredad me preguntaba con cara de preocupación: "Pero, aquí, ahora ¿quién manda?". Algunos parece que no pueden vivir sin tener identificado quien será el catalán (nacionalista, por supuesto) con el que negociar esto o aquello.
Quizás por esto parece que algunos quieren dar un nuevo aliento al firmante de la carta anterior; quizás quieran convertirlo en el nuevo Duran; en alguien a quien pretenden tener cerca sin darse cuenta que los nacionalistas -que no los catalanes- siempre tendrán la daga de la traición presta y, entretanto, la adormidera a mano para hacer que España entera se aletargue mientras ellos van haciendo.



Creo que ya es hora de acabar con este juego. En Cataluña no ha de mandar nadie. Los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos y gozar de sus libertades como en cualquier otra parte de España. Ni menos que ninguno ni más que nadie. Y para conseguirlo hay que devolver el Estado de Derecho a Cataluña, recuperar las instituciones, que han dejado de actuar como las de una Comunidad Autónoma para ser tan solo la herramienta de un nuevo Estado en formación, y acabar con las coacciones del régimen nacionalista.
¿Que quién manda en Cataluña? Los ciudadanos, como en el resto de España ¿o no?

sábado, 18 de febrero de 2017

Solidaridad con los refugiados

Esta tarde he asistido a la manifestación de Barcelona a favor de la acogida de refugiados. Una tarde intensa en la que en varios momentos tuvimos que permanecer completamente inmóviles en medio de la multitud que se había congregado.



Es significativo que se haya producido una movilización tan grande para una causa como ésta, especialmente cuando corremos el riesgo de que se extienda el temor ante la llegada de refugiados y las opiniones a favor de cerrar fronteras y levantar muros parecen ser cada vez más populares. Una manifestación como la de hoy da esperanza a quienes se oponen a un mundo en el que cada uno pretende permanecer aislado tras sus propias fronteras.
Si somos optimistas veremos en movilizaciones como éstas una oportunidad para repensar algunos de los principios que ahora mismo conforman la regulación del movimiento internacional de las personas.



En primer lugar, sería bueno reflexionar sobre si la regla básica en la materia, la de que los Estados pueden decidir con casi total libertad quiénes entran en su territorio, no debería ser sometida a revisión. Vivimos en un mundo en el que los capitales, las mercancías y muchos servicios cruzan las fronteras con extraordinaria facilidad. Esta facilidad, sin embargo, contrasta con los límites, cada vez mayores, que se imponen a la circulación de personas. ¿Es coherente esta restricción con la liberalización de los intercambios comerciales? En la Unión Europea desde su nacimiento se consideró que la libre circulación de mercancías, capitales y servicios debería ir acompañada de la libre circulación de personas. En el proceso de integración económica mundial, sin embargo, esta dimensión está totalmente olvidada.
No se trata, obviamente, de volver a la regla original en el Derecho internacional, la que formuló Francisco de Vitoria en el siglo XVI y de acuerdo con la cual todas las personas podían viajar y establecerse allí donde tuvieran por conveniente. Tampoco se trata de obviar los problemas prácticos que podría ocasionar una liberalización total de la circulación de personas. Pero teniendo esto en cuenta sería posible establecer, al menos, la necesidad de que las restricciones a la entrada y establecimiento de extranjeros debieran estar justificadas. Puede parecer un paso pequeño, pero sería un cambio radical de perspectiva en un mundo en el que, inexplicablemente, es mucho más fácil que crucen las fronteras productos y servicios que las personas que los fabrican o consumen.
Existen ámbitos concretos en los que este paso ya se ha dado. Así, en lo que se refiere a los refugiados ya nos encontramos ante la obligación de ofrecerles una protección que incluye el derecho a no ser expulsado. Una obligación que se encuentra recogida tanto en el Derecho interno español (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) como en el Derecho de la UE (Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida) o en convenios internacionales (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951).
La implementación práctica de esta obligación de acogida no es sencilla, tal como estamos viendo ahora, por ejemplo, con la crisis de los refugiados en Europa. No se trata tan solo de hacer leyes, sino de disponer de medios y de voluntad política para adoptar las decisiones necesarias para convertir en realidad esta protección. El fracaso de Europa con la crisis de los refugiados da buena cuenta de la situación. Ante una crisis de enorme calado no fuimos capaces de poner los medios para evitar un desastre humanitario.
Seguramente no será posible hallar una solución que resuelva todos los problemas; pero sí se pueden apuntar algunas debilidades. La primera es la dependencia de la coordinación entre Estados dentro de la UE. En temas como estos se hace visible con demasiada frecuencia el intento de "escurrir el bulto" o de buscar que las cargas del propio Estado sean menores que las de otros países. La solución para esto sería dotar de mayores poderes, competencias y medios a las instituciones europeas; lo que debería ser un principio general para la mayoría de los problemas que nos embargan. Conseguir que las instituciones de la UE actúen más como ejecutivo de una entidad política y no como coordinadores de  políticas estatales es un desafío que deberíamos afrontar.



Esta dimensión europea es necesaria no solamente para la solución del problema de los refugiados, sino también para tratar las causa que lo originan. Debería ser claro para cualquiera que una crisis como la generada en Siria (o en Libia o en Irak) acabaría teniendo consecuencias en Europa. Resulta suicida que Europa haya renunciado a tener una política exterior y de defensa capaz de influir aunque sea en su entorno más inmediato, que incluye, evidentemente, el Oriente Medio.
Los esquemas de la Guerra Fría no funcionan y se hace necesario que se afronten los desafíos de seguridad a nivel europeo. El torpe agitar los brazos de unos y otros países es patético. Ni los bombardeos franceses en Siria tras los atentados en París ni los jugueteos en Ucrania nos han traído más que inseguridad. Así no podemos seguir, porque no se trata tan solo de atender las crisis una vez creadas, sino, sobre todo, evitar que surjan.


En definitiva, que sería bueno que la manifestación de hoy no sea tan solo un desahogo ciudadano, un grito que quede en nada. Sería conveniente que sentara las bases de un replanteamiento de muchas cosas. En ella había líderes de varios partidos políticos; así que podemos emplazarlos a que en un plazo breve presenten propuestas que permitan cambiar la situación que vivimos, y que permitan cambiarla de verdad, no mediante un superficial maquillaje.

Cataluña ha mostrado hoy que es sensible a un problema del que somos testigos desde hace tiempo. El contraste entre las imágenes de los refugiados caminando, en campos o muriendo en el mar, y la incapacidad de las instituciones para dar respuesta ha encontrado en la calle un reflejo que merece, como decía una respuesta política.
Llama la atención que esta respuesta haya surgido, precisamente, en un momento en el que el nacionalismo amenaza precisamente con lo contrario de lo que exige un desafío como éste: hasta ahora hemos visto que debemos profundizar en la integración europea para conseguir abordar eficazmente la crisis de los refugiados y las causas que la originan; los independentistas, en cambio, pretenden crear una crisis de consecuencias imprevisibles en el propio corazón de la UE mediante una secesión unilateral que rompería un Estado miembro al margen del Derecho interno, europeo e internacional.
Más allá de esto, resulta curioso que los independentistas se hayan sumado a una manifestación que tiene por objeto "abrir fronteras", cuando su objetivo expreso es colocar otras nuevas donde ahora no existen. Es cierto que dicen que quieren colocarlas para luego levantarlas; pero hay algo intrínsecamente contradictorio en exigir con ardor la necesidad de levantar barreras entre personas que ahora son conciudadanos, a la vez que se defiende que las fronteras no sean un obstáculo para la acogida de personas.


Incluso dejando esto aparte, y asumiendo que hoy entre nosotros habrá habido independentistas que, de corazón piensan que ha de acogerse a los refugiados y que, por tanto, no pretendían instrumentalizar la manifestación a su favor, no puede dejarse pasar que se hubiera aprovechado la misma para distribuir propaganda en favor de la secesión



Hoy era un día para los refugiados y en el que debíamos buscar aquello que nos une y no lo que nos separa. Muy mayoritariamente así lo entendieron los manifestantes, que renunciaron a símbolos partidistas y a banderas en favor del color azul de quienes habían convocado y el multicolor de las personas que se reúnen para ejercer de ciudadanos


En ese sentido, las banderas esteladas que se veían aquí o allá parecían, en ocasiones, más material de  decoración sacado de contexto que reflejo de aquello por lo que allí estábamos


En cualquier caso, un día importante, muy importante, porque en esta Europa que tantas veces parece sorda y ciega a lo que le rodea, Barcelona ha dado ejemplo de conciencia y voluntad. Son muchos los problemas que plantea la acogida de los emigrantes, y no deben desdeñarse; pero tampoco la clara voluntad de muchos de que nuestra sociedad sea una sociedad de acogida.
Esperemos que no sea una nube aislada en un cielo vacío.