domingo, 10 de septiembre de 2017

Los tres golpes




I. Es un golpe de Estado

Lo que estamos viviendo estos días en Cataluña es un golpe de Estado. Sé que algunos se niegan a utilizar este término y aducen sus razones para mantener que los acontecimientos de los últimos días y los que probablemente les seguirán no pueden en sentido estricto ser considerados como un golpe, pero a mí me parece que es la palabra más adecuada para definirlo.
Mantengo que es un golpe de Estado porque implica la sustitución del ordenamiento vigente en un determinado territorio por otro que no ha sido introducido como una modificación del anterior. Una sustitución que se produce por la vía de hecho y no según los mecanismos que prevé el ordenamiento que es desplazado. Se trata de una ruptura con el Derecho vigente que no se basa en éste, sino que pretende tener una legitimidad originaria. Como veremos esto es lo que está sucediendo en Cataluña. Se pretenden derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para sustituirlos por la Constitución de la República Catalana.
Para algunos lo anterior no sería un golpe de Estado en tanto en cuanto no se utilizara la fuerza; y según estos mismos, en el caso de Cataluña no se estaría recurriendo a la fuerza para llevar a cabo la derogación del ordenamiento vigente y su sustitución por un nuevo ordenamiento; pero a mi este argumento no me convence.
En primer lugar, no creo que si se produce una sustitución por la vía de hecho del Derecho que se aplica en un determinado territorio sea determinante que tal sustitución vaya acompañada del desfile de personas armadas o de disparos al aire. El que no haya estos elementos no altera la esencia del proceso que, como digo, es un cambio constitucional al margen de los mecanismos previstos para la reforma de la Constitución.
En segundo lugar, siempre que se pretende imponer por la vía de hecho un determinado conjunto de normas jurídicas se está recurriendo a la amenaza del uso de la fuerza. Lo aclaro: en primero de Derecho te explican que el ordenamiento jurídico puede definirse como un conjunto de normas (mandatos) cuyo cumplimiento está respaldado por la amenaza del uso de la fuerza. Cualquier norma es jurídica porque se inserta en un sistema cuya efectividad, en última instancia, puede conseguirse coactivamente. Sin esa posibilidad de coacción no estamos ante verdadero Derecho.
En el caso de Cataluña es esto lo que está sucediendo. Lo que se pretende es imponer a los ciudadanos catalanes el pago de impuestos a la Hacienda catalana, sancionándolos en el caso de que no los paguen. Y como en los impuestos en todo lo demás. Las leyes aprobadas en el Parlamento esta semana incluyen obligaciones concretas y lo que se pretende es que los medios de los que dispondrá la República Catalana (policías, jueces) se utilicen para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Es por esto que la amenaza del uso de la fuerza no está excluida en el proceso que estamos viviendo.
Sea como fuere, no pretendo entrar en un debate nominalista, sino tan solo explicar por qué opto por la palabra "golpe de Estado" para referirme al proceso en el que estamos inmersos. Un proceso que se concreta en tres "golpes" de los que me ocuparé a continuación. En primer lugar un golpe en el Parlament (el de la semana pasada), luego un golpe en el Govern (el que está desarrollándose estos días) para acabar, probablemente, con un golpe en la calle.


II. El golpe en el Parlament

La primera fase del golpe se dio en el Parlament de Cataluña el miércoles y jueves pasado y concluyó con la aprobación de la Ley de Transitoriedad ya en la madrugada del jueves al viernes. No entraré en detalles en lo que se refiere a esa Ley, porque creo que basta con indicar que supone la derogación de la Constitución en Cataluña. La Ley de Transitoriedad pasa a ser la Constitución (provisional) de la República Catalana que crea la nueva Ley.
La Ley de Transitoriedad es, evidentemente, contraria a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía. El pasado jueves Miquel Iceta desarrolló un encomiable ejercicio de oratoria en el Parlament mostrando la clara contradicción de la Ley con ambas normas fundamentales; pero creo que se trataba de un esfuerzo bastante inútil porque es evidente, creo que para todos, la inconstitucionalidad de tales normas y su clara vulneración del Estatuto de Autonomía. También la Ley del Referéndum, aprobada el miércoles es claramente contraria al Derecho vigente. La aprobación de ambas normas debería de haber sido imposible por razones de fondo (su evidente carácter inconstitucional) y por razones de forma, ya que incluso considerando las materias menos llamativas (la creación de la Sindicatura Electoral en la ley del referéndum, por ejemplo) resultaría que su aprobación necesitaría de unas mayorías reforzadas que no se llegaron a alcanzar.
De hecho el procedimiento de aprobación de estas normas fue en sí mismo muestra del carácter excepcional y atípico de la regulación introducida. No se siguieron los trámites previstos, se recurrió a un procedimiento de urgencia que obligó a la oposición a redactar sus enmiendas ¡en dos horas! e impidiéndose, además, la presentación de enmiendas a la totalidad. Finalmente, se prohibió recurrir al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, lo que implicaba una vulneración de la legislación que regula esta institución que el propio Consell se encargó de señalar de forma expresa.


No creo, sin embargo, que debamos escandalizarnos más por estos atropellos en el procedimiento legislativo que por el contenido de la norma. De alguna manera el carácter autoritario y antidemocrático con el que se desarrolló el pleno del Parlamento en el que se aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad era el perfecto envoltorio para unas Leyes que lo que hace es precisamente romper con el ordenamiento jurídico del que deriva sus poderes el  propio Parlamento. Estas Leyes, además, al derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía ponen fin también al Parlamento en tanto que institución autonómica, por lo que podrían haber sido aprobadas de cualquier manera que se les hubiera ocurrido. Como en todo punto de ruptura no importa la corrección jurídica, sino la capacidad de imponer -coactivamente- el nuevo ordenamiento.

A mi conocimiento no se ha destacado este aspecto de las Leyes aprobadas en el Parlament la semana pasada: al romper con la legislación vigente y derogar la Constitución y el Estatuto transforman también el Parlament, que deja de ser una institución autonómica para pasar a integrarse en el aparato de la República catalana. Si nos tomamos en serio lo aprobado por el Parlament resultaría que la institución básica de la Comunidad Autónoma habría sido liquidada con las consecuencias que ello tiene y que obligarían a actuar como si, efectivamente, el Estatuto hubiera sido anulado y ahora sobre el territorio de Cataluña no se proyectara ninguna Comunidad Autónoma, sino tan solo una administración ajena al ordenamiento constitucional cuyo objetivo es, precisamente, desplazar de manera efectiva el ordenamiento español del territorio de Cataluña.
Como es sabido, sin embargo, no ha sido este el acercamiento con el que el Estado ha abordado la crisis creada en Cataluña. Al contrario, se ha pretendido tratar el tema de la misma manera que cualquier otro supuesto en el que se hubiera producido una irregularidad en el procedimiento legislativo o una contradicción entre la norma aprobada y normas de rango superior (la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en este caso). De esta manera se ha recurrido al Tribunal Constitucional quien, como era obligado, ha suspendido la Ley del Referéndum y en los próximos días hará lo mismo con la Ley de Transitoriedad. Además, ha ordenado que se paralicen todas las actuaciones tendentes a la realización del referéndum y ha notificado personalmente a más de mil cargos en Cataluña conminándoles a obedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional.
La impugnación de las disposiciones autonómicas por parte del Gobierno y la suspensión de las mismas por el Tribunal Constitucional es lo correcto desde la perspectiva del ordenamiento español, y lo único necesario si no hubiera una voluntad de desobediencia por parte de las instituciones catalanas. Es también -creo- la última oportunidad para recuperar como autonómicas las instituciones que se han declarado en rebeldía; pero para que tenga efecto las órdenes del Tribunal Constitucional han de ser acatadas, y nada indica que vaya a ser así. Tras el golpe en el Parlamento, el Govern de la Generalitat ha tomado el testigo y ha dejado claro durante estos días que no actuará como institución constitucional española. De esta forma el Govern se une al golpe y lo agrava.


III. El golpe en el Govern

En la noche del miércoles al jueves de la semana pasada, inmediatamente tras la aprobación de la Ley del Referéndum, el Govern de la Generalitat lo convocó y promulgó las disposiciones relativas al mismo. Lo hizo aprovechando las horas que transcurrieron entre la promulgación de la Ley y la suspensión de la misma por parte del Tribunal Constitucional. En un momento en el que podría quizás pretender que actuaba legítimamente porque la Ley aprobada por el Parlamento aún no había sido suspendida. Adelanto que esta pretensión de legitimidad no es tal porque la convocatoria del referéndum vulneraba decisiones anteriores del Tribunal Constitucional; pero ahora no voy a entrar en ello porque lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat no ha actuado tras la suspensión como si pretendiera obedecer al Tribunal Constitucional. Al contrario, ha expresado con claridad que continuará adelante con el referéndum, el Conseller Turull hasta ha informado a los ciudadanos de qué forma podían imprimirse ellos mismos las papeletas de votación y en el momento en el que escribo estas líneas (domingo, 10 de septiembre, por la mañana), la página del referéndum continúa activa pese a que ya han pasado más de dos días desde la orden del Tribunal Constitucional de paralizar toda actuación en relación a la consulta y en TV3 se sigue emitiendo publicidad en relación al 1-O.
En definitiva, la Generalitat está actuando ya no como administración autonómica sino como la administración de la República Catalana. Esto, como intentaba explicar el otro día, es grave, porque tiene la potencialidad de convertir el conflicto que tenemos entre manos en un conflicto internacional.
Ante esta situación los fiscales, jueces y la policía están actuando, investigando los delitos que -según el ordenamiento español- podrían estar cometiéndose, lo que podría afectar a un número amplio de personas, incluidos los integrantes del Gobierno de la Generalitat. Lógicamente es necesario investigar si nos encontramos ante delitos como la desobediencia, la prevaricación, la malversación o, incluso, la rebelión o la sedición. Ahora bien, todas estas investigaciones y, en su caso, acusaciones, no cambian la circunstancia de que la administración de la Generalitat, ya desligada de hecho del ordenamiento español, trabaja para llevar a cabo actuaciones ilegales que tienen como fin último que el Estado español quede desplazado del territorio catalán y en éste se cree un nuevo Estado que sería administrado precisamente por la Generalitat. De hecho, la desobediencia clara de la Generalitat ya implica la aplicación del art. 16 de la Ley de Transitoriedad, que prevé la transformación de todas las administraciones en Cataluña en administraciones del nuevo Estado; y ante esto las actuaciones penales tienen una eficacia limitada. Éstas pueden, en todo caso, afectar a las personas; pero nada implican para la administración, y esto es algo que puede tener consecuencias.
Como digo, esta desobediencia de la Generalitat es coherente con lo que no queremos asumir: que la Generalitat, al igual que el Parlamento, ya no son instituciones autonómicas y que, por tanto, la Comunidad Autónoma ha quedado vaciada. La gravísima crisis institucional que ello supondría parece no querer ser vista por las instituciones españolas que prefieren seguir actuando como si nos encontráramos ante un atraco con rehenes o una trama de narcotráfico, desatendiendo todas las consecuencias institucionales que tiene tanto la actuación del Parlamento como de la Generalitat; y olvidando que estas actuaciones no se desenvuelven solo en el plano de los hechos, sino que en este caso el hecho puede convertirse en Derecho, pues cuando se plantea un conflicto entre legalidades dentro del mismo territorio el Derecho que acabará estando vigente es el que consiga efectividad. Es por esto que la desobediencia de la Generalitat, que ya dura varios días, cada hora nos acerca más al momento en el que pueda proclamarse ante la comunidad internacional la creación de un nuevo Estado. Para ello lo único que es preciso es mostrar que quien controla realmente el territorio y la población de Cataluña es la Generalitat rebelde y no el Estado español. En este sentido, como digo, la desobediencia de la Generalitat es relevante; aunque todavía no definitiva, porque, como veremos, por una parte no todos los funcionarios se sumarán a la rebelión (se están sumando a la rebelión); y por otra parte no debe descartarse una reacción del Estado ante la que cabría esperar una reacción en la calle que acabaría convirtiéndose en el tercer golpe: tras el golpe en el Parlamento y el golpe en el Gobierno nos encontraríamos con el golpe en la calle.


IV. El golpe en la calle

Como explicaba en el epígrafe anterior, tras el golpe en el Parlamento en estos días estamos asistiendo al golpe en el Govern. La desobediencia del mismo supone un riesgo cierto para la pretensión del Estado español de controlar de manera efectiva el territorio y la población catalana, por lo que lo razonable es que en los próximos días se actúen de alguna manera sobre las competencias que ejerce la Generalitat con el fin de evitar la consolidación del control sobre Cataluña de una administración que ya no actúa como administración española. Es cierto que es probable que la desobediencia se manifieste de manera más clara en los niveles superiores de la administración, ocupados por cargos políticos, que en el núcleo de la misma, en el que se encuentran los funcionarios; pero en cualquier caso la manifiesta rebeldía de los miembros del Govern es relevante y ya provoca por sí sola una tensión dentro de la administración catalana que resulta inadmisible.
A esto tenemos que añadir otra circunstancia: como es sabido los independentistas han planteado su desafío en torno a una fecha, el 1 de octubre. Ese día es aquél en el que tendría que celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y prohibido por el Tribunal Constitucional. Mi impresión es la de que pese a la clara voluntad de desobediencia del Gobierno de la Generalitat será difícil que ese referéndum se produzca: las consecuencias penales que tendría para los funcionarios participar en dicho acto ilegal dificultarán su organización. A medida que se acerque la fecha veremos más actuaciones judiciales y policiales en relación al referéndum y, quizás, también, tal como aventuraba un poco más arriba, otro tipo de actuaciones destinado a limitar el ejercicio de ciertas competencias por la Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, es evidente que si, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional el referéndum acaba celebrándose será imposible ya para España mantener que es Estado que controla de manera efectiva el territorio de Cataluña. Espero que esto esté claro en quienes tienen que adoptar las decisiones necesarias para que esto no ocurra y que, finalmente, el referéndum no llegue a celebrarse debido a que los funcionarios que tendrían que participar renunciarán a hacerlo, bien por convicción democrática, bien por el temor a las consecuencias penales de sus actos. En caso necesario espero que no haya dudas sobre la adopción de medidas que limiten las competencias de la Generalitat con el fin de impedir de manera efectiva la realización del referéndum.
En estas circunstancias, dividida la administración catalana porque muchos funcionarios serán reluctantes a unirse a la rebelión, dividida también la administración local entre ayuntamientos que se habrían sumado al golpe y ayuntamientos que no querrían participar en la rebelión (tal como hemos visto en estos días), a los independentistas les quedaría tan solo un recurso: la calle.



Dentro del independentismo siempre ha habido sectores que han defendido que el centro de la revuelta debe situarse en la calle. La CUP y los próximos a la CUP llevan tiempo emprendiendo "acciones directas" tanto en la Universidad, como en determinados barrios o, incluso, llegando al hostigamiento e intento de ocupación de sedes de partidos políticos.
Si el referéndum no puede finalmente celebrarse, la única alternativa que le queda al independentismo es la proclamación de la independencia (así se ha manifestado ya el presidente de la ANC) y apoyar dicha declaración con presencia en la calle. La forma de conseguirlo es variada. Creo que la más "natural" sería la convocatoria de una huelga general y la utilización de los grupos más extremistas del independentismo (los mismos que ya padecemos en la Universidad) para intentar controlar el área metropolitana.
En un escenario de ese tipo la restitución del orden público sería competencia inicial de los Mossos d'Esquadra, y ahí podría medirse si su compromiso se inclina por la legalidad española o la República Catalana. Cualquier duda o tibieza debería dar lugar a una intervención de alcance por parte de otras fuerzas policiales. Como puede imaginarse, en ese escenario de disturbios y violencia cualquier cosa podría pasar.
Quizás cuando estemos en esa situación los que ahora duden de que estamos ante un golpe de Estado se den cuenta del error de haber minimizado el desafío. Entretanto otros pretendemos que se tome conciencia de la gravedad del problema al que nos enfrentamos.

sábado, 2 de septiembre de 2017

¿Qué implica la Ley de Transitoriedad?

Creo que no somos plenamente conscientes de la gravedad de lo que implica la Ley de Transitoriedad. Parece que estamos más preocupados por el referéndum del 1 de octubre que por un desafío mucho más transcendente, como es esta Ley. De hecho, podríamos decir que el referéndum es el dedo mientras que la Ley de Transitoriedad es la Luna, y no creo que sea casual que los nacionalistas hayan juntado y mezclado, al menos en el tiempo, ambas cuestiones.
Creo que da cuenta de esta falta de perspectiva respecto a la Ley de Transitoriedad el que en los últimos días se ha insistido bastante en su inconstitucionalidad y también en la baja calidad de algunos de sus preceptos o en la forma en que no respeta suficientemente la división de poderes, pero menos en la gravedad que tiene en sí la existencia de la ley, al margen de su mayor o menor calidad técnica. Aunque jurídicamente la Ley de Transitoriedad fuera perfecta no dejaría de ser el mayor desafío a la Constitución española desde la promulgación de ésta en 1978. La Ley de Transitoriedad no solamente supone la amenaza de quebrar nuestro orden constitucional, sino que en sí misma es un elemento que contribuye a que esa quiebra se convierta en una realidad.
A continuación intentaré explicar por qué me parece tan grave el desafío que plantea y por qué resulta imprescindible reaccionar ante él con medidas que vayan más allá de los recursos al Tribunal Constitucional y la amenaza de actuaciones penales. Para ello formularé unas sencillas preguntas e intentaré responderlas



1) La Ley de Transitoriedad ¿en qué vulnera la Constitución?

En todo. La Ley de Transitoriedad deroga la Constitución en su totalidad en Cataluña. Hace desaparecer de Cataluña el orden constitucional y, por tanto, priva a los ciudadanos catalanes de los derechos y garantías que establece la Constitución. En ese sentido la Ley de Transitoriedad supone una vulneración directa y total del conjunto de la Constitución. Y esto tiene que verse desde dos perspectivas:

A) Desde la perspectiva de la Constitución española la Ley es completamente nula, y en esto todos estarán de acuerdo, hasta quienes la promulgan, porque son conscientes de que es contraria a la Constitución. Nadie pretende otra cosa.

B) Pero tenemos que considerar también la perspectiva de los promotores de la Ley de Transitoriedad ¿por qué se pretende promulgar una Ley que es inconstitucional y que, por tanto, va a ser anulada por el Tribunal Constitucional.

Porque quienes la promueven ya no reconocen la autoridad del Tribunal Constitucional ni de la Constitución española. Para quienes la promueven la Ley de Transitoriedad es la auténtica Constitución (provisional) de un nuevo Estado: la República Catalana (art. 1 de la Constitución). Un nuevo Estado que pretende imponerse sobre el territorio y la población de Cataluña desplazando al Estado español. La Ley de Transitoriedad es, en realidad, una declaración de independencia de Cataluña y la ruptura expresa con España.

2. Pero esa ruptura ¿cómo se hace? Porque Cataluña sigue siendo España y no parece que el hecho de que se vaya a promulgar una ley cambie eso ¿no?

Lo explica el artículo 16 de la Ley, de la sucesión de administraciones. Ahora mismo en Cataluña existen básicamente tres administraciones operando: La Generalitat de Cataluña, de la que dependen los Mossos, la Educación, la Sanidad, ciertas infraestructuras, servicios sociales, prisiones etc., las administraciones locales, con las funciones que todos conocemos por nuestros ayuntamientos y la Administración Central, que en Cataluña tiene una presencia pequeña. Todas estas administraciones actúan como parte del Estado español. La Generalitat es una administración del Estado español y, por tanto, lo que hace la Generalitat, desde una perspectiva internacional, se atribuye a España. Si son los Mossos los que velan por la seguridad en Cataluña, desde una perspectiva internacional es España quien ejerce las funciones de policía en el territorio catalán porque los Mossos actúan como una policía española (y por eso en todas las Comisarías de los Mossos está la bandera española).
El artículo 16 de la Ley de Transitoriedad implica que la Generalitat ya no será una administración española, sino que se convierte en otra cosa, en la administración de un nuevo Estado. Y, además, se pretende que las administraciones locales y el resto de administraciones en Cataluña asuman esto mismo también, es decir que, todas las administraciones que actúan en Cataluña dejen de ser españolas y que, las competencias que ejercen sean ejercidas no en nombre del Reino de España, sino de la República Catalana.

3. Y eso ¿implica que Cataluña sea un Estado independiente?

Un Estado no es más que una administración que controla un territorio y una población. Ahora mismo el territorio y la población de Cataluña están administrados por instituciones que se integran en el Estado español; pero si son sustituidas de manera efectiva por administraciones de un Estado diferente, el territorio de Cataluña ya no será, desde la perspectiva internacional, parte de España. En un proceso de secesión en ocasiones lo que nos encontramos es con un grupo de personas que carecen de poder público y por la fuerza hostigan al poder público establecido para por esa vía conseguir el control del territorio y de la población. En el caso de Cataluña la situación es otra: quienes ejercen el poder público en Cataluña proclaman que ya no lo hacen en nombre del Estado español, sino en nombre propio, por lo que es esa mera declaración la que cambia de manos el control del territorio y de la población.

De acuerdo con esto la secesión será una realidad si se dan estas tres circunstancias:

A) Que la Ley de Transitoriedad sea aprobada
B) Que la Generalitat siga ejerciendo en Cataluña las competencias que ahora tiene
y
C) Que la Generalitat manifieste su acatamiento a la Ley de Transitoriedad

Si concurren las tres el nacimiento del nuevo Estado catalán será una realidad desde la perspectiva internacional o, al menos se planteará la duda sobre su existencia dado el alto número de competencias que ejerce actualmente la Generalitat en Cataluña.
Hemos de considerar, además, que no es solamente previsible el acatamiento a la Ley de Transitoriedad por parte de la Generalitat, sino también por muchos ayuntamientos gobernados por nacionalistas.

4. Y si esto pasa ¿cómo afectaría a los catalanes y al conjunto de los españoles?

Estamos hablando de que la Ley de Transitoriedad sea aprobada y que la Generalitat pase a ejercer sus funciones en Cataluña ya no como administración española, sino como administración de la República Catalana, es decir, que realmente se produce una secesión unilateral de Cataluña.
Esto, para empezar afectaría no solamente a los catalanes, sino al conjunto de los españoles, porque ahora mismo los españoles de cualquier punto tienen en Cataluña plenos derechos civiles y políticos como nacionales que son. Cualquier español puede desplazarse a Cataluña, fijar allí su residencia y desde ese momento pasa a ser un ciudadano catalán con todos los derechos. Tras la secesión eso ya no sería así, porque solo los españoles con residencia en Cataluña desde antes del 31 de diciembre de 2016 tendrán automáticamente la nacionalidad catalana y tendrán, por tanto, plenos derechos en Cataluña. Desde la secesión una frontera separaría a Cataluña del resto de España y los españoles tendrían la consideración de extranjeros en Cataluña, se les aplicaría en Cataluña el régimen de extranjería.
Para los catalanes supondría que se les impondría una nacionalidad que, en principio, se superpondría con la nacionalidad española. El que los catalanes conservaran o perdieran la nacionalidad española dependería de lo que estableciera la ley española. La normativa actual no prevé nada para un supuesto semejante, porque, evidentemente, no está pensada para un caso de secesión. Si nos fijamos en lo que ha sucedido en otros casos de secesión lo normal es que lo usual sea que los residentes en el territorio que se secesiona pierdan la nacionalidad del Estado de origen. Ha habido casos, las repúblicas bálticas, en los que la falta de coordinación entre las leyes sobre nacionalidad del nuevo Estado y del Estado respecto al que se produce la secesión implicaron que miles de personas perdieran la nacionalidad de origen sin obtener la del nuevo Estado con lo que quedaron en la situación que se denomina de apatridia, sin nacionalidad.

Desde la secesión la Generalitat pretendería que todas las relaciones que ahora los catalanes tenemos con el Estado español se tuvieran con la República catalana (impuestos, seguridad, pasaportes, educación, justicia). Existen previsiones específicas en la Ley de Transitoriedad sobre algunos de estos puntos, pero, claro, las incertezas son muchas más que las seguridades. Por ejemplo, en materia de Seguridad Social ¿quién se haría cargo del pago de las pensiones? En la Ley se indica (art. 23) que la Seguridad Social catalana reconocerá las prestaciones al sistema de Seguridad Social (español) “realizadas en el territorio de Cataluña”, por lo que, por ejemplo, se entenderá que las cotizaciones en relación a prestaciones realizadas fuera de España no serán, en principio, reconocidas.
Pero las dudas son mucho mayores, por ejemplo ¿qué moneda se utilizaría? ¿el euro? Hay que tener en cuenta que Cataluña no sería parte de la UE

5- ¿Eso quiere decir que Cataluña saldría de la UE?

Cataluña no saldría porque no es parte de la UE. La UE es una organización internacional de la que forman parte Estados. España es parte con todo su territorio. En el momento en el que Cataluña no fuera parte del territorio español dejaría de ser parte del territorio UE. Los ciudadanos catalanes que conservaran la nacionalidad española seguirían siendo ciudadanos europeos, porque la ciudadanía europea depende de la condición de nacional de un Estado miembro; pero aquellos que perdieran la nacionalidad española perderían también la ciudadanía europea (salvo que también tuvieran la nacionalidad de otro Estado miembro, claro).
El que el territorio de Cataluña ya no fuera territorio UE tendría consecuencias, ya que entonces las fronteras de Cataluña con España y Francia pasarían a ser fronteras exteriores de la UE, lo que implica que, de acuerdo con la normativa europea (el código de fronteras Schengen) serían precisos los controles reforzados de toda frontera exterior. Esto afectaría también a los vulos desde Cataluña a otros países y de los que llegaran a Cataluña desde cualquier punto que no fuera la propia Cataluña.

Estamos hablando de una crisis sin precedentes en nuestro país y en la UE. No se trata solamente de cómo afectaría a los catalanes, sino de cómo afectaría a España. La economía española se reduciría, al menos en un primer momento, por la pérdida de Cataluña, y también habría una pérdida de población que afectaría al peso de España en la UE; pero lo peor sería que nos enfrentaríamos a una crisis que afectaría la posición de España en el Mundo.
España emite del orden de 20.000 millones de euros de deuda cada mes. Deuda que es adquirida por distintos inversores internos e internacionales ¿estarán dispuestos a invertir en deuda española cuando España se enfrenta a una crisis como la descrita?

6- Ante esta situación ¿qué se puede hacer?

Al responder antes a la pregunta 3 decía que para que se produzca la secesión o, al menos, se plantee la duda sobre si se produce la secesión han de darse tres circunstancias: que se apruebe la Ley de Transitoriedad, que la Generalitat siga ejerciendo en Cataluña las competencias que ahora tiene y que la Generalitat manifieste su sometimiento a la Ley de Transitoriedad y no a la Constitución española. Lo primero será cosa que decida el Parlamento de Cataluña, lo tercero está en manos del Gobierno de la Generalitat; es en lo segundo donde el Gobierno de España y las instituciones del Estado pueden actuar. Las competencias que ejerce la Generalitat (todas o algunas de ellas) pueden ser sometidas a control estatal a través de diversos mecanismos (véase el reciente artículo de Teresa Freixes sobre esto).
Ahora ya se ha acabado el plazo para deshojar la margarita sobre cuándo se ha de actuar. Tal como digo, una vez aprobada la Ley de Transitoriedad y hecho explícito que la Generalitat se considera sometida a ella y no a la Constitución española no cabrá presumir que competencias tales como prisiones, policía, sanidad o educación son ejercidas en el territorio de Cataluña por el Estado español, lo que sitúa el conflicto planteado por los independentistas claramente en la esfera internacional.
La proporcionalidad y mesura que han sido santo y seña de la ¿reacción? del Estado frente al desafío secesionista puede acabar conduciéndonos a un conflicto mucho más grave del que hubiera resultado de una pronta actuación sobre la deslealtad de la Generalitat; pero ahora no se trata de volver sobre lo que ha pasado sino de actuar diligentemente antes de que sea demasiado tarde.

miércoles, 30 de agosto de 2017

Ley de Transitoriedad

La Ley de Transitoriedad ha entrado en el Parlamento de Cataluña y enseguida le han llovido críticas técnicas. A mí, sin embargo, no me preocupan excesivamente los defectos que pueda tener la norma (y que, creo, no son tantos). Lo mismo da que sea un bodrio como que sea excelsa. El problema de la Ley de Transitoriedad es que hace expreso que la Generalitat actuará como administración de un nuevo Estado. Traduzco el art. 16 de la Propuesta de Ley de Transitoriedad:

La Administración de la Generalitat, que incluye todas las administraciones de Cataluña, sucede a la administración del Estado español en el territorio de Cataluña, así como en relación con los ciudadanos de Cataluña que residen fuera de este territorio.


Con mejor o peor técnica -y de acuerdo con los pasos que se encontrarían en cualquier manual para la secesión- quienes proclaman el nuevo Estado pretenden que las administraciones existentes se sustraigan al antiguo Estado para pasar a ser la herramienta del control del territorio y de la población del nuevo Estado. Y esto puede tener consecuencias desde una perspectiva internacional. Sobre todo cuando quien hace la declaración es quien controla la administración que tiene capacidad para controlar de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña.

A veces se frivoliza con que una declaración de independencia (y la Ley de Transitoriedad es una declaración de independencia) no tendrá ningún efecto; pero no estoy tan seguro que sea así. Imaginemos que, tal como se ha dicho y repetido, el Parlamento de Cataluña proclama la independencia de Cataluña el día 2 o 3 de octubre. Se arría la bandera española en el Parlament, en el Palau de la Generalitat y en las Comisarías de los Mossos y el Gobierno español comienza a plantear recursos ante los tribunales pidiendo que se declare la nulidad de todas estas decisiones. Imaginemos que unos meses más tarde, ante la situación de confusión creada, algún Estado o Estados pide una opinión consultiva al Tribunal de La Haya sobre si realmente Cataluña ha devenido o no un Estado independiente.
Me imagino esta situación y elucubro con lo que podría ser un fragmento de la Opinión Consultiva del Tribunal de La Haya sobre la independencia de Cataluña. Es un ejercicio de imaginación, pero no de fantasía:



"El tema objeto de debate sobre el que se pide la opinión de este Tribunal es el de si Cataluña ha llegado a nacer como Estado desde la perspectiva del Derecho internacional. Los estados X e Y, que participan en este proceso han presentado evidencias de que, a su juicio, las autoridades que proclamaron la independencia el 2 de octubre de 2017 ejercían un control efectivo sobre el territorio de Cataluña habiendo desplazado de facto a las autoridades del Estado español.
Las evidencias muestran que la Generalitat de Cataluña tenía un control efectivo sobre el territorio catalán, en tanto que institución constitucional española desde antes de la proclamación de independencia: infraestructuras, sistema sanitario, sistema educativo y amplias competencias también en el ámbito local. A este respecto no es irrelevante señalar que la Generalitat disponía de una policía propia que ejercía todas las funciones de un cuerpo policial, incluida la lucha contra el terrorismo y labores de información. X e Y han mostrado también que las áreas que no controlaba directamente la Generalitat eran controladas por las administraciones locales, siendo la presencia del Estado español absolutamente residual en Cataluña, limitada prácticamente al control de las fronteras.

Ciertamente, el que la Generalitat y las administraciones locales controlasen de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña no implica una secesión en tanto en cuanto dicho control se realice como instituciones españolas. El Derecho internacional no prejuzga la organización centralizada o descentralizada de los Estados, por lo que es perfectamente compatible con el Derecho internacional que un Estado opte por dotarse de una estructura descentralizada sin que para nada esto debilite el necesario control sobre el territorio y la población que, desde la perspectiva del Derecho internacional público resultan esenciales para mantener la condición de Estado y que seguirían predicándose del Estado y no de las entidades subestatales que lo realizasen de manera efectiva.
Ahora bien, una vez proclamada la independencia de Cataluña el día 2 de octubre de 2017, y teniendo en cuenta que la proclamación hecha por la Generalitat fue sancionada por 787 ayuntamientos de Cataluña (de un total de 947 existentes) no cabe presumir que tras la declaración de independencia el control sobre el territorio y la población se ejerciera en tanto que autoridades españolas, sino que se hacía en tanto que autoridades del nuevo Estado. La Generalitat de manera directa y según la declaración hecha por el Parlamento de Cataluña, y las administraciones locales en función de lo previsto en el art. 16 de la Ley de Transitoriedad de 30 de septiembre de 2017.

En este sentido, es importante destacar que la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley de Transitoriedad el 30 de septiembre de 2017 no fue objeto por parte del Gobierno español más que de un recurso de inconstitucionalidad que las autoridades catalanas calificaron como de meramente formal en tanto en cuanto la propia Ley de Transitoriedad negaba cualquier relación de subordinación de las instituciones del nuevo Estado a los órganos constitucionales españoles. Ningún acto efectivo de control del territorio y de la población por parte del Gobierno español siguió a la declaración de independencia (o la precedió), por lo que desde una perspectiva objetiva no puede más que concluirse que quien desempeñaba las funciones soberanas sobre el territorio de Cataluña a partir del 2 de octubre de 2017 eran las autoridades del nuevo Estado y no las del Estado español.
El Gobierno español se opone a este planteamiento alegando que el sistema judicial en Cataluña seguía dependiendo del Estado español, pese a la declaración de la Ley de Transitoriedad en el sentido de que los órganos judiciales presentes en Cataluña se incorporarían a la administración judicial catalana (art. 66 de la Ley de Transitoriedad). En este sentido se han documentado situaciones de conflicto tras la declaración de independencia, con jueces que manifestaron su adhesión al nuevo Estado mientras que otros expresaron su voluntad de permanecer vinculados al Poder Judicial español, sin que la mayoría de ellos realizaran pronunciamiento alguno en los días que siguieron a la declaración de independencia..."

Con este juego especulativo lo que pretendo es mostrar que la calidad intrínseca de la Ley de Transitoriedad es irrelevante, lo relevante es que supone la voluntad clara de que las instituciones de la Generalitat dejen de ser órganos constitucionales para pasar a integrarse en la organización de un nuevo Estado, y este propósito tiene consecuencias desde la perspectiva internacional que no se paralizan con un recurso de inconstitucionalidad, sino con medidas que impidan que quienes se proclaman como administración de un nuevo Estado controlen de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña.
Si esas medidas se adoptan antes de la declaración de independencia aún estaremos en un supuesto interno. Si se adoptan tras la declaración de independencia estaremos ante un conflicto internacional.
El gobierno y los partidos políticos en España han de elegir en qué tablero quieren jugar el resto de la partida.

lunes, 28 de agosto de 2017

El sueño de la república de izquierdas

El pasado 26 de agosto, el medio alemán "Taz" publicaba un artículo sobre la división en Cataluña entre los independentistas y quienes nos oponemos a la secesión. A continuación aporto una traducción del mismo, incluyendo también los links insertados en el artículo original.
Llamo la atención especialmente sobre el tratamiento que se hace del acoso a SCC en la UAB. En el artículo se recogen las agresiones sufridas y éstas se documentan con los vídeos que pueden encontrarse en Internet en relación a tales agresiones.
El periodista ha optado por estructuras el artículo a partir de la contraposición de los planteamientos de Anna Gabriel y los míos, aprovechando la circunstancia de que Anna Gabriel y yo coincidimos por primera vez en la Facultad de Derecho, yo como profesor y ella como alumna de Derecho internacional privado. A través del artículo me he enterado de alguna cosa que nunca me hubiera imaginado.



El referéndum de secesión en Cataluña
El sueño de la república de izquierdas
El terrorismo en España ha suspendido el debate sobre la independencia solo de forma momentánea.
El referéndum divide a la izquierda

BARCELONA taz / Durante un par de horas Anna Gabriel y Rafael Arenas estuvieron unidos –en el dolor. ¿Aún viven mis parientes y amigos? ¿Están heridos? Estas son las preguntas que les asaltaron tras los atentados islamistas de los días 17 y 18 de agosto en Cataluña. Por un momento Gabriel –una diputada en el Parlamento de Cataluña- interrumpió su campaña por la independencia de la región en el noreste de España, y Arenas –un activista a favor de España- se preocupó por sus seres queridos y no por la integridad territorial de la Nación española.

El sábado miles volverán a manifestarse contra el terrorismo en Barcelona. “No tengo miedo”, gritarán en el Paseo de Gracia, con sus espléndidos edificios estilo “art noveau”.

También el Rey de España estará. Pero los atentados no habrán cambiado que Gabriel y Arenas están distanciados, tal y como toda Cataluña está dividida. El Rey no debe acudir a la manifestación, mantiene el partido de Gabriel, “Candidatura de Unidad Popular”, abreviado CUP. Arenas piensa que el movimiento secesionista es corresponsable de que las fuerzas de seguridad de la región y del gobierno central hubieran colaborado de una manera inadecuada.
Gabriel y Arenas tienen sin embargo mucho en común: ambos han estudiado Derecho. Como catedrático de Derecho internacional privado, él fue su profesor. Ambos están a favor de introducir un ingreso básico incondicionado y de admitir a más refugiados. Están en contra de reducir los derechos de los trabajadores y de la privatización del sistema sanitario. Anna Gabriel y Rafael Arenas se sitúan ambos en la izquierda.

Ningún consenso a la vista

Pero en el debate sobre la independencia llevan meses luchando de forma implacable. La CUP de Gabriel prepara, junto con el gobierno de Cataluña, de carácter conservador, un referéndum para el 1 de octubre, en el que quieren preguntar al electorado de la región si Cataluñadebe convertirse en un Estado independiente. Si la mayoría así lo decide, dosdías después de conocerse el resultado se declarará la independencia de España,incluso contra la voluntad del gobierno central en Madrid.

Arenas ha argumentado en contra de esta posibilidad, por ejemplo como comentarista invitado en el New York Times. Durante un año fue presidente de la asociación “Sociedad Civil Catalana”, la organización no partidista más importante contraria a la independencia.

El Ministerio Fiscal español amenaza a los políticos y funcionarios que preparan el referéndum con penas de prisión o pecuniarias. La policía ya ha comenzado a practicar interrogatorios. El gobierno regional, sin embargo, mantiene su pulso y prepara las leyes que hande regular los detalles de la separación de Madrid. Si el referéndum, pese a las presiones, finalmente tiene lugar, Madrid podría desplegar la Guardia Civil, un cuerpo de policía organizado militarmente, para retirar las urnas. Nadie sabe qué pasaría si se encuentran con resistencia.

Y eso en el centro de uno de los países más grandes de la UE y en una de sus regiones más importantes económicamente, con Barcelona y la Costa Brava, que los alemanes tan bien conocen como destino de vacaciones. El conflicto en Cataluña afecta también a Alemania, ya que el gobierno regional pretende que el nuevo Estado se integre en la Unión Europea y en la Eurozona. Berlín tendría entonces derecho de veto.

Si Cataluña con sus 7,4 millones dehabitantes llegara a ser independiente, otras minorías podrían sentirse alentadas a seguir el mismo camino. Hay separatistas entre los vascos en España y Francia, los escoceses en Gran Bretaña, los habitantes del Tirol del Sur en Italia o entre los húngaros de Eslovaquia, Rumanía y Croacia. Volverían las disputas sobre fronteras a Europa.

¿Por qué una izquierdista como Anna Gabriel apoya el movimiento nacionalista en Cataluña? Sonríe cuando oye la pregunta. Con 41 años es portavoz del grupo de la CUP en el Parlamento. Este grupo consiguió en las últimas elecciones solo un 8% de los votos y no es parte del gobierno, pero solo gracias a los votos que salieron de sus escaños pudollegar a ser presidente el conservador Carles Puigdemont.

Gabriel se sienta –muy tiesa- en su pequeño despacho en el sótano del Parlamento en Barcelona. En la pared tras ella cuelga una placa con el lema “Free Kurdistan”. Lleva una camiseta negra, un corto flequillo, un gran aro de metal en una oreja y cuatro anillos en la otra.

“Vengo de una familia trabajadora”, explica. Sus padres siempre tuvieron una gran conciencia de clase. Los sindicatos, el anarquismo, el comunismo, eran temas habituales en su familia. “Ya cuando era pequeña, hablábamos mucho de política. Y siempre con el espíritu de buscar la justicia”.

Gabriel llega a la conclusión: “Es imposible conseguir más derechos para las trabajadoras, más control sobre la economía y más soberanía para el pueblo dentro del Estado español”
La secesión podría traer más justicia social, porque en Cataluña hay una mayoría para ello –a diferencia de lo que sucede en el resto de España. Esa es la esperanza de Gabriel. Para ella la independencia de Cataluña es un medio para emprender “el camino hacia el socialismo”, como se denomina en el programa electoral de la CUP.

Hace poco Gabriel presentó un cartel de la CUP de cara al referéndum que explica la estrategia sobre esta cuestión: en el cartel se ve a una mujer de la limpieza con una gran escoba que barre al rey español, los políticos acusados de corrupción, el presidente del gobierno central, un torero y un cardenal de un mapa de Cataluña. “Barreremos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía”, dicen Gabriel y sus compañeros. “La independencia es para cambiarlo todo”, promete.
Gabriel reprocha a la Casa Real y al Gobierno Central una parte de la responsabilidad en el doble atentado en Cataluña. España participó en la Guerra de Irak del año 2003, lo que contribuyó a la aparición del “Estado Islámico”. Y el Rey mantiene buenas relaciones con las monarquías del Golfo, que financian el terrorismo.

En el programa de la CUP figuran propuestas tan radicales como la semana laboral de 30 horas o que no deba ser pagada la deuda pública. La familia clásica es descrita por Gabriel como “pobre”. Ella preferiría tener hijos de forma colectiva, sin que se desarrollara ningún sentimiento de pertenencia respecto a los padres biológicos.

El Parlamento de Cataluña se reúne dos pisos por encima del despacho de Gabriel, en una sala pequeña pero espléndida del siglo XVIII. Tres voluminosas lámparas esféricas cuelgan del techo y hay dos columnas de mármol en los laterales. Los diputados se sientan en bancos con tapicería roja.
A finales de julio de 2015 la mayoría delParlamento –incluida la CUP- presionó los botones verdes ante sus escaños. Se decidió que las viviendas vacías de los bancos debían ser dadas en alquiler a personas sin recursos. Gabriel está muy orgullosa de ello. Sin embargo, esa ley ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional español porque la regiónhabía sobrepasado sus competencias. Para Gabriel, este episodio muestra que con España no puede realizarse ningún avance social.

Es indiscutible que el movimiento a favor de la independencia ha crecido como consecuencia de la crisis económica de 2007, las protestas masivas de 2011 contra las medidas de austeridad, el desempleo y la corrupción. Pero ¿qué posibilidades hay de que una política de izquierdas sea posible en una Cataluña independiente?

Para comprobarlo viajemos desde Barcelona por la costa 110 kilómetros hacia el oeste, cerca de la ciudad de Tarragona. Aquí, en una superficie de más de 74 hectáreas, directamente sobre el mar, surge un gigantesco complejo de casinos, hoteles y negocios –un Las Vegas del Mediterráneo. El grupo del “Hard Rock Café”, de Estados Unidos quiere instalarallí 1200 máquinas y 100 mesas de juego para póker y similares. El gobierno regional atrae a potenciales inversores con sustanciosas ventajas fiscales.

“Eso es lo contrario a una verdadera política de izquierdas” dice Rafael Arenas, el antiguo profesor de Derecho de Gabriel. El también quiere más justicia social, pero sus exigencias son más moderadas. Tiene 50 años, es decir, casi 10 años más que Gabriel, lleva barba corta y una camisa blanca recién planchada. Arenas tiene tres hijos –de la misma mujer, con la que comparte el cuidado de los mismos.

Arenas explica que los separatistas no han parado en el parlamento catalán el proyecto del Casino ni cortado las exenciones fiscales. “En los ámbitos en los que Cataluña tiene competencia legislativa los partidarios de la independencia no han hecho casi nada”. Tampoco han revertido las participación de empresas privadas en la sanidad y en la educación.
Pero ¿acaso no ha promulgado el Parlamento de Cataluña leyes progresistas? “Ellos sabían que esas normas serías suspendidas, porque no entran dentro de las competencias de la región”, responde Arenas. Si pudieran ser realmente efectivas no hubieran podido ser adoptadas a causa de la oposición del sector conservador en el gobierno.

“El movimiento independentista está dirigido por la derecha”, dice Arenas. La parte más fuerte en el gobierno catalán es el partido conservador PDCat. Su compañero de coalición más fuerte, la socialdemócrata ERC, debe aceptar ciertos compromisos para alcanzar la independencia.

Y si la república catalana no trae la revolución ¿entonces qué? ¿Chauvinismo como tantos nacionalismos del pasado?
Anna Gabriel sonríe de nuevo. Su voz permanece tranquila y clara: “El movimiento independentista en Cataluña “ –responde la política de la CUP- “es muy antifascista”.

A Gabriel le gusta remitirse a la historia: bajo el régimen del dictador Francisco Franco se discriminó a la cultura catalana. El general gobernó España con mano de hierro desde su golpe de Estado en 1936 contra el gobierno republicano que había sido elegido hasta su muerte en 1975. Franco derogó el Estatuto de Autonomia que había dado a Cataluña, por ejemplo, un gobierno, un parlamento y competencias en materia educativa.

El catalán es un idioma propio

El catalán, la lengua románica propia, con una tradición literaria milenaria, dejó de ser lengua oficial y fue prohibida en la administración pública. Es por ello que desde entonces el nacionalismo catalán se posicionó contra Franco, que había sido apoyado por la Italia fascista y la Alemania nazi. “No hay ningún discurso identitario ni tampoco ninguna exclusión de las naciones”, afirma Gabriel.

Cuando Rafael Arenas se dirige hacia el campus de su Universidad, cerca de Barcelona, desde la estación de tren su mirada se detiene en el gigantesco grafitti que ocupa todo a lo largo la pared del edificio de la "Mensa", que también acoge dependencias administrativas. En el grafitti está pintada una bandera soviética roja y un símbolo amarillo y rojo del movimiento independentista. En medio, un puño negro. Bajo la pintada se puede leer: "Independencia, Socialismo, Feminismo". La firma es del SEPC, las siglas de una organización estudiantil financiada por la CUP de Gabriel y cuyos miembros practican, por logeneral enmascarados y con bengalas ardiendo, desfilan por el campus

En postes a lo largo del camino hay peganitas con la inscripción "FCK SCC". SCC es la abreviatura para el nombre de la organización pro-España de Arenas. "También lo han pegado en la puerta de mi despacho", se queja el profesor.

En su despacho Arenas muestra fotos y vídeos de actos de SCC en el campus. Unos 30 individuos, parcialmente enmascarados bloquean de forma intimidante la entrada a un acto de SCC.  Gritan "La Autónoma será siempre nuestra" y "Fascistas"

En una ocasión una parada de SCC en el campus fue atacada por los denominados antifascistas con un extintor de incendios. Arrancaron una bandera española y la quemaron. Por lo general, los actos de SCC en el campus tienen que ser protegidos por personal de seguridad y, en ocasiones, también por la policía

Arenas ha traído a Laura Casado y María Domingo. Ambas estudiantes colaboran con el grupo en la Universidad de SCC. "Han recogido firmas para expulsarnos de la Universidad, explica Casado. "A mí me escupieron en la biblioteca", dice Domingo. Al comienzo éramos 13 estudiantes, pero ahora solo somos 5 "a causa de las presiones"

"Reaccionarios e intolerantes" - así califica Arenas a muchos separatistas

El ámbito universitario es una excepción. La amplia mayoría de los defensores de la independencia son pacíficos; pero hay entre ellos hay corrientes de izquierdas que no se han distanciado de manera clara de las agresiones contra SCC u otras organizaciones. ¿Qué opina Anna Gabriel de estos ataques a la organización de su antiguo profesor?

Ante esta pregunta la sonrisa desaparece del rostro de Gabriel de manera abrupta. Su mirada se vuelve fría. Bien, dice, SCC niega al pueblo catalán el derecho a la autodeterminación, que está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Tienen vínculos con miembros de grupos con ideología fascista. Por eso no es sorprendente que quienes quieren más democracia en Cataluña, "reaccionen" cuando ven una parada de SCC en la proximidad de miembros de la extrema derecha.

La mezcla con la derecha

En los vídeos de un acto de SCC pueden apreciarse algunos skinheads; pero eso ocurrió en una ocasión y, en cambio, en otros actos de SCC no hay presencia de elementos de la extrema derecha.
Arenas también explicó que él había pedido a la policía presente que se interpusiera entre la gente de SCC y los elementos de extrema derecha para aislarlos. Además, él y su organización sehan distanciado de los nazis y de los fascistas.

"Pero en el momento en el que te posicionas contra la secesión, para muchos independentistas automáticamente eres un fascista", se queja Arenas. El sudor cae de su frente. Hace calor en su despacho pese a que el ventilador delante de su mesa está encendido. Y vuelve el debate porque los frentes están firmemente establecidos.

“La reacción a los atentados ha mostrado lo profunda que es la grieta en la sociedad catalana, explica. El gobierno regional ha utilizado esta tragedia para mostrar al mundo que Cataluña funciona como un Estado. La policía regional se dio cuenta demasiado tarde, tras la explosión de la casa de los terroristas el día antes de los atentados, que allí se estaba preparando los ataques. Y no permitieron a la Guardia Civil investigarlo.
En la estantería de Arenas los libros de Derecho se alinean uno junto a otro. Entre ellos, el “Schönfelder”, un archivador de plástico rojo con leyes alemanas. “Como los españoles formamos una sola comunidad política, los ciudadanos de Huelva, Madrid o Galicia, por ejemplo, tienen el derecho de mudarse a Cataluña, vivir aquí y elegir el Parlamento regional”, explica el jurista.
Ahora son automáticamente considerados como nacionales. “Tras una secesión esos ciudadanos perderían estos derechos”. Es por esto que deben decidir sobre si se produce la secesión. “No se puede privar al conjunto de los españoles de un derecho sin consultárselo”.
En el escritorio de Arenas se acumulan también obras de referencia sobre Derecho internacional público. Las necesita para el debate sobre Cataluña. “La parte del derecho a la libre determinación de los pueblos que conduce al derecho de secesión, de acuerdo con los tratados internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, solo se aplica a situaciones coloniales o cuando hay una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales”, dice Arenas. Y al fin y al cabo los catalanes vivimos en España, que es una democracia.

Los catalanes se sienten desfavorecidos

Sin embargo, muchos catalanes se consideran oprimidos: "Cuando estás ante un tribunal o quieres comunicarte con la justicia te encuentras con que menos de un 5% de los jueces en Cataluña hablan catalán o dictan sus sentencias en catalán", dice Anna Gabriel. Para muchos separatistas también hay una "opresión cultural" al catalán por parte de las fuerzas policiales controladas por Madrid
"Me parto de risa cuando oigo esto", responde Arenas. "Mis hijos tienen, como la mayoría de los catalanes, el español como lengua materna. Pese a ellos, desde la guardería solamente escuchan catalán, aparte de las horas de clase de español, que no comienzan hasta que tienen seis años. ¿Dónde está la opresión? En la administración de la región el español se ha reducido al mínimo. "Lo que quieren es que se pierda el español, y eso lo encuentro perverso", dice Arenas

Anna Gabriel ve esta posibilidad muy lejana. Promete un "trato preferencial" al español por ser la lengua materna de muchos catalanes
Pero trato preferencial no quiere decir igualdad de trato. De todas formas, Gabriel sustituye con satisfacción en ocasiones el español por gestos. Para ella el idioma es también un medio para mostrar poder. Explica que Arenas daba siempre sus clases en la Universidad en español, "yo le hacía preguntas en catalán y él siempre me respondía en catalán. Eso me gustaba, porque me mostraba que era yo quien mandaba".