Libre

viernes, 22 de marzo de 2019

Brexit y elecciones europeas

Tengo que comenzar diciendo que me equivoqué: desde hace tres años vengo escribiendo (y diciendo) que no habría una prórroga del plazo fijado en el art. 50 del TUE para la salida de un estado miembro que notifica su voluntad de abandonar la Unión y, sin embargo, finalmente, sí habrá una prórroga, tal como acaban de acordar el RU y el Consejo Europeo de los 27 (los estados miembros excepto el RU).


¿Cuáles son las perspectivas que se abren ahora?
Lo primero es que el 29 de marzo ha sido trasladado al 12 de abril. Esto es, la salida ya no será el 29 de marzo (Theresa May había anunciado, hace más de un año, que esa sería la fecha en la que el RU dejaría de ser un Estado miembro de la UE y es la fecha que se corresponde con los dos años desde la notificación de la voluntad de salida), sino el 12 de abril. Ahora bien, si antes del 12 de abril el Parlamento Británico ratifica el Acuerdo de Salida alcanzado en noviembre de 2018 junto con las salvaguardas pactadas hace unos días, entonces la fecha de salida se retrasará hasta el 22 de mayo a fin de tener tiempo para las formalidades necesarias para la aprobación de los instrumentos (las instituciones europeas aún no han aprobado las salvaguardas pactadas en marzo, por ejemplo).
¿Qué pasa si el Acuerdo de Salida no es ratificado por el Parlamento Británico?
En ese caso, sin esa aprobación y si no se hace nada más el 12 de abril el RU pasará a ser un estado tercero. Ahora bien, también es posible entonces que el RU solicite otra prórroga del art. 50, pero en este caso ya debería ser una prórroga larga (se habla de un mínimo de nueve meses), lo que implicaría que el RU debería participar en las elecciones al Parlamento Europeo del mes de mayo.
Y este es un punto relevante, no solamente desde la perspectiva de las instituciones, sino desde la perspectiva política.
Si el RU participa en las elecciones europeas éstas acabarían convirtiéndose en un nuevo referéndum sobre la permanencia del país en la UE. Las elecciones volverían a enfrentar a quienes desean la salida con quienes prefieren mantenerse en la UE. Un debate que, además, se complicaría con la consideración de un segundo referéndum, el carácter vinculante del primero o la valoración del acuerdo de salida pactado en noviembre. Tal como ha adelantado May, unas elecciones europeas en mayo en el RU pondrían el país de patas arriba y, en función de su resultado, el Brexit podría resultar imposible. Así en el caso de que el triunfo en esas elecciones fuera para los partidarios de quedarse.



Es por eso que los "Brexiters" no desean que se dé esa circunstancia. Ahora bien para eludirla tan solo tienen dos opciones: o bien aprueban el Acuerdo de Salida al que se llegó en noviembre o bien se enfrentan a un Brexit sin acuerdo. La UE ha ido cerrando las posibilidades hasta el punto de que ahora es claro que tan solo quedan estas dos.
Por otra parte, el planteamiento europeo diluye la posibilidad de que se le achaque la responsabilidad de un Brexit sin acuerdo: es el RU el que ha de decidir qué hacer y el Brexit sin acuerdo es tan solo una posibilidad entre cuatro (aprobación del acuerdo de salida, solicitud de prórroga larga, revocación de la notificación de salida o Brexit sin acuerdo).
Creo que la responsabilidad de la UE está compensando en cierta forma el circo en el que se ha convertido la política británica.



jueves, 7 de marzo de 2019

Vista oral

En un juicio penal no se trata de convencer a los testigos, ni siquiera a los abogados de la otra parte, a la prensa o al público en televisión. Durante la fase del juicio oral cada parte intenta encontrar apoyos para lo que será su informe final. Es decir, tanto el fiscal como las otras acusaciones y las defensas tienen en la cabeza cuál ha de ser el contenido del informe que presentarán a la conclusión del juicio. Ese informe incluirá un relato de lo sucedido, de la participación de los implicados y los razonamientos jurídicos pertinentes. En lo que se refiere a los hechos que se recojan en dicho informe, es necesario que cada uno de ellos esté apoyado o bien por un documento o por alguno de los testimonios que se hayan prestado durante el juicio. De esta forma, lo que se pretende es que en cada testimonio aparezca esa indicación necesaria a efectos de justificar esa línea, ese párrafo o esa idea del informe final. A la vez, se intentan desmontar aquellos elementos que pueden servir al relato de la otra parte. Es decir, cada una de las acusaciones y de las defensas se preocupa de apuntalar su propio relato y de desmontar el de la otra parte. En esto consiste básicamente la estrategia del juicio oral.


La clave, por tanto, para entender los movimientos de unos y otros es imaginar cuál es ese informe final que tienen planeado y de qué manera cada testigo y cada prueba ayudan a fundamentar ese informe. En un juicio tan complejo como éste, con varios acusados y acusaciones, con centenares de testigos y pruebas de distinta naturaleza, no es sencillo determinar cuáles son esas estrategias de acusaciones y defensas, estrategias que, además, se van desarrollando en distintas fases, algunas claramente marcadas ya en lo que hemos visto estas semanas. También hay que tener en cuenta que los argumentos y razones estrictamente jurídicos se mezclan con planteamientos políticos, lo que crea aún un poco más de confusión.
No es extraño, por tanto, que en los días transcurridos desde el comienzo de la fase oral del juicio por los hechos de septiembre y octubre de 2017 los comentaristas hayan ido variando de manera significativa sus valoraciones acerca de lo que está sucediendo. Con cierta rapidez se ha pasado de "la acusación se diluye" a "las defensas empiezan a estar preocupadas".
Creo que aún es pronto para tener opinión sobre cómo acabará esto. Falta todavía muchísimo por ver y por analizar; pero quizás hay elementos suficientes para hacer una primera valoración de lo que ha sucedido hasta ahora. Es lo que intentaré hacer a continuación.
Lo primero que hay que aclarar es que en estas semanas hemos pasado por varias fases. La fase oral del juicio comenzó con una serie de cuestiones previas en las las diferentes partes se ocuparon de aspectos técnicos en relación a las pruebas admitidas y rechazadas, así como las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en que podría haberse incurrido. Lo debatido en esa primera fase es interesante para ir viendo qué argumentos serán utilizados en los prácticamente seguros de amparo ante el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo que en su día se plantearán; pero seguramente son menos llamativos que lo que vino a continuación.
Lo que vino a continuación fue el interrogatorio primero de los acusados y luego de los testigos. Pese a que la dinámica en ambos casos es muy parecida (preguntas de las distintas acusaciones y defensas y respuestas de los interrogados) la diferencia entre el interrogatorio a unos y a otros es esencial: mientras los acusados deciden qué contestan y qué no y, además, pueden mentir en sus respuestas; en el caso de los testigos sí que están obligados a contestar a todas las partes y, además, han de hacerlo de manera veraz, incurriendo en responsabilidad si mienten.
Las primeras semanas del juicio estuvieron dedicadas a las declaraciones de los acusados, un trámite que desde un punto de vista probatorio tiene una importancia relativa, puesto que, como se acaba de indicar, ni tienen obligación de contestar ni de decir verdad por lo que la importancia de sus testimonios para determinar los hechos es relativa.
Sorprende que esto no fuera tenido en cuenta por varios comentaristas que ya en esas primeras semanas se apresuraron a indicar que la acusación naufragaba. Con independencia de la mayor o menor brillantez de las acusaciones en sus interrogatorios, lo cierto es que lo razonable es imaginar que tras el relato de los acusados -quienes, además, no tienen ni por qué ser veraces- todo pinte bastante bien para las defensas. Lo que resulta sorprendente es que tan solo con esta fase algunas incriminaciones ya quedaron claras. Así, por ejemplo, la desobediencia, que fue reconocida de forma bastante clara por varios de los acusados. Recuerdo en este sentido la declaración de Forn, por ejemplo, que mantuvo que tras las decisiones del Tribunal Constitucional ordenando que se hiciera lo necesario para impedir la realización del referéndum de 1 de octubre el, al igual que el resto del gobierno de la Generalitat, siguieron dando apoyo político al referéndum. De igual forma, la declaración de Cuixart parecía abundar en que la convocatoria ante la Consejería de Economía tenía por objeto dificultar la actuación de la comisión judicial que allí se encontraba. Algo, por otra parte, difícil de negar a la vista, incluso, de los vídeos que difunde la organización que preside, Ommium Cultural

 

Concluidas las declaraciones de los acusados comienzan las de los testigos. Como se ha indicado, aquí el escenario es completamente diferente, puesto que los testigos están obligados a responder con veracidad. Sucede, sin embargo, que en un proceso de esta naturaleza la pluralidad de testigos responde a fines e intereses muy variados, y no todos son igualmente útiles desde una perspectiva penal. En los primeros días vimos varios testigos políticos que no tenían conocimiento directo (ni indirecto) de lo que había sucedido y que, por tanto, poco aportaban a la causa. Desde una perspectiva política no deja de ser llamativo que tanto el Presidente del Gobierno como la Vicepresidenta y el Ministro del Interior mostraran tan poca convicción en sus respuestas (quedará para los anales el momento en el que preguntado Mariano Rajoy por las razones para enviar un contingente de policías y guardias civiles a Cataluña comenzó su respuesta diciendo "supongo que sería", como si le preguntaran por algo que le es completamente ajeno).


Lo anterior no quiere decir que esos testimonios fueran completamente inútiles. Por ejemplo, Mas aportó datos interesantes en relación a las reuniones que convocaba Puigdemont y en las que participaba él mismo junto con otras personas (mencionó varias, entre ellas Junqueras, Romeva, Marta Rovira y Forcadell) y en las que, según las declaraciones de Mas, eran conscientes de que preparaban actuaciones que incurrirían en el delito de desobediencia.
Lo verdaderamente interesante, sin embargo, comienza cuando se interroga a quienes tuvieron conocimiento directo de lo sucedido. A quienes estuvieron en las reuniones de coordinación entre policías o a quienes sufrieron el acoso de los independentistas. En este sentido los testimonios de Nieto, Millo, Pérez de los Cobos y Montserrat del Toro han sido muy esclarecedores.
Del testimonio de los primeros resulta la nula cooperación de los Mossos para cumplir las órdenes judiciales orientadas a impedir el referéndum. Tras los interrogatorios parece quedar claro que los Mossos interpretaron que la orden judicial les obligaba a no intervenir con el fin de mantener la convivencia, negándose a utilizar la fuerza si en los locales se encontraban personas mayores o niños. La policía nacional y la guardia civil, sin embargo, interpretaron que la orden judicial exigía en primer lugar impedir el referéndum, pero hacerlo empleando la menor fuerza posible. Veremos qué opina el Tribunal Supremo en la sentencia sobre este debate. En. cualquier caso, queda claro también que el Gobierno de la Generalitat se negó en redondo a desconvocar el referéndum -lo que ya era evidente-, pese a que tal desconvocatoria hubiera dado pleno cumplimiento a las órdenes judiciales.
Por otra parte, queda claro que hubo violencia. El testimonio de Enric Millo en este sentido ha sido muy claro; pero queda un trecho largo para probar la conexión de esa violencia con los acusados. Sobre esto todavía no he visto ninguna prueba útil.



Lo anterior creo que es relevante. La primera línea de defensa, que conectaba la estrategia penal y la política, era la de mantener que todo había sido pacífico. Creo que ahora es insostenible esta afirmación. Hubo violencia el 1 de octubre, y también el 20 de septiembre (volveré ahora sobre ello). Esto es importante de cara al relato político, puesto que con los testimonios que ya han salido y los que presumiblemente saldrán se destacarán los ataques, agresiones y emboscadas sufridas por la policía, por lo que las defensas deberán moverse -ya han comenzado a hacerlo- a la segunda posición: pudo haber violencia, pero no puede achacarse a nuestros patrocinados. Veremos si las acusaciones pueden probar la conexión entre la violencia y los acusados. Yo, de momento, no lo he visto; pero quedan, me parece, del orden de 400 testigos para aclararlo.



Merece un tratamiento específico lo sucedido el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, cuando una comisión judicial quedó encerrada en el edificio por los manifestantes. Como es sabido hubo destrozos de coches policiales y la letrada de la administración de justicia tuvo que abandonar el edificio por una azotea colándose en un teatro contiguo.


El relato que prestó ayer esa letrada contrastaba dramáticamente con la fiesta de la democracia que en su día pretendieron mostrar Sánchez y Cuixart. Explicó la letrada cómo no pudieron salir en todo el día, ni siquiera por comida. Cómo se les ofrecía salir por en medio de la multitud que bloqueaba el edificio y que por la mañana gritaba "No sortiran" (no saldrán). Cómo se negoció con Sánchez y Cuixart infructuosamente hasta que tuvo que pedirle desesperada al Juez que la había enviado que la sacara de allí, momento en el que los Mossos habilitan la huida por el edificio anexo. Todo ello unido a la necesidad de proteger los datos obtenidos en el registro.
La participación de Sánchez y Cuixart en el bloqueo de la Consejería parece clara ya a estas alturas del juicio, y creo que la duda está en si se califica como sedición o como rebelión, dada la utilización de la intimidación para alterar el funcionamiento de la comisión judicial (no se permitió el acceso de los detenidos que tenían que participar en los registros). Aunque la cosa quede en sedición, tan solo eso pueden ser penas de hasta 10 años de cárcel para Sánchez y Cuixart.
Y el juicio no ha hecho más que empezar...

miércoles, 6 de marzo de 2019

Tarjeta sanitaria única

El debate sobre la tarjeta sanitaria única es, aparentemente, de una transcendencia relativa, pero me parece que en él se resumen gran parte del resto de debates que nos ocupan y, además, nos permite contrastar cuáles son las posiciones de unos y otros sobre la cuestión más importante que tenemos sobre la mesa actualmente y que no es otra, en el fondo, que la de si España seguirá siendo un único estado o, por el contrario, avanzamos hacia la descomposición.
Quizás quien haya leído lo anterior piense que exagero (por decirlo suavemente). Le animo a que me siga en los próximos párrafos antes de dar esa opinió por definitiva.




Como casi todos los españoles tengo una tarjeta sanitaria pública expedida por las autoridades competentes de mi Comunidad Autónoma (Cataluña), y como muchos españoles también tengo una tarjeta de una mutua privada.





En estos momentos utilizo la tarjeta de la mutua privada de la misma forma en toda España. Ya puedo encontrarme en Barcelona, mi provincia de residencia, como en Asturias, Andalucía o Madrid, en todos esos lugares la tarjeta de la mutua privada me permite acceder a los mismos servicios. La tarjeta de la sanidad pública, en cambio, tan solo me habilita plenamente para acceder a los servicios públicos sanitarios en Cataluña. En el resto de Comunidades Autónomas, cuando he tenido que acceder a los servicios sanitarios ha sido en la condición de "desplazado", lo que obliga a realizar ciertos trámites y tiene una duración limitada (puede comprobarse en este enlace). Además, el desplazamiento plantea problemas para las recetas y para la obtención de ciertas informaciones sobre el historial del paciente.
Una tarjeta sanitaria única debería permitir la asistencia sanitaria plena en todo el territorio español sin tener que recurrir a la obtención de una tarjeta de desplazado. Además debería ser suficiente para poder obtener recetas de la sanidad pública en todas las Comunidades Autónomas. ¿Quién puede negar que esto serían ventajas para todos los españoles? ¿Quién puede defender que es mejor mantener la situación de división actual?
No se me alcanza ninguna razón para oponerse a la tarjeta sanitaria única más allá de la defensa de las competencias autonómicas; una defensa que, además, se haría ya al margen de la utilidad que esas competencias tengan para el ciudadano, sino tan solo por entender que las competencias en sí mismas ya son un objetivo que ha de ser mantenido.
Este es el núcleo del problema. La descentralización autonómica puede ser positiva si supone acercar el poder público al ciudadano y convertirlo en más eficaz y flexible; esto es, cuando responde a un fin superior, que es el de prestar unos mejores servicios públicos. Creo que es conveniente en muchos ámbitos que ese acercamiento al ciudadano se produzca porque, además, permite una participación política de mayor calidad e intensidad; ahora bien, si este es el fin que justifica la descentralización autonómica, en aquellos casos en los que se compruebe que sirve mejor a los intereses de los ciudadanos una estructura común para toda España debería implementarse aunque supusiera alguna limitación en las competencias autonómicas.
Quien no lo vea así y entienda que cualquier limitación de las competencias autonómicas es negativa y que, por tanto, solamente en supuestos especialmente justificados deberían establecerse herramientas centralizadas, como podría ser la tarjeta sanitaria única; es que ha dotado de sustantividad a la autonomía, la pasa a considerar no como un instrumento al servicio de los ciudadanos, sino como algo valioso en sí porque responde a un fin que ha de prevalecer sobre la mejor atención a las personas.
¿Qué fin puede ser éste? Tan solo hay una respuesta: las propuestas nacionalistas que pretenden que España se estructure como una yuxtaposición de pueblos (naciones) diferenciados. Si no es por este argumento ¿qué sentido tiene oponerse a una tarejeta sanitaria única que facilitaría la vida de las personas que se desplazan entre Comunidades Autónomas? Tan solo tiene sentido esa oposición si se entiende que la garantía y desarrollo de las competencias autonómicas prima sobre la mejora de las condiciones de prestación de los servicios públicos. Y este puede ser un debate relevante.
Es un debate relevante porque está en la base del proyecto de país que cada actor político tiene. El Estado de las Autonomías que diseñaba la Constitución española no era una suerte de confederación en la que la existencia y competencias de las Comunidades Autónomas se convierte en la piedra angular de todo el Estado. España, en el diseño constitucional, es un Estado indisoluble que puede organizarse en Comunidades Autónomas, que asumen determinadas competencias pero sin cuestionar ni la unidad de la nación española ni la existencia de competencias estatales de cierta entidad, también en muchos de los ámbitos en que existen competencias concurrentes de las Comunidades Autónomas.
Los últimos cuarenta años han ido modificando esta situación. Las instituciones autonómicas han adquirido sustantividad propia y una legitimidad que se enfrenta abiertamente a la del Estado. Así se pudo observar en Cataluña en el año 2017; pero también en el País Vasco, y aquí el testimonio del lehendakari Urkullu en el juicio por el intento secesionista en Cataluña son muy significativas, ya que prueban que una autoridad constitucional de la relvancia que tiene el presidente del gobierno de una comunidad autónoma juega un papel de mediador entre el gobierno español y quienes desafían al orden constitucional desde las instituciones de otra comunidad autónoma, lo que se correspondería más con lo propio en una confederación que en el estado autonómico.


Este es el debate esencial en la España actual: ¿avanzará España hacia la confederación (lo que incluiría el derecho de secesión de las comunidades autónomas o, por el contrario, se mantendrá en el diseño autonómico de 1978? No se trata de una disyuntiva banal, y la posición que se adopte en relación a la tarjeta sanitaria única no parece que pueda desligarse de la que se adopte en relación al debate entre profundización en las competencias autonómicas o garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el debate sobre la tarjeta sanitaria única se conecta con otras cuestiones relativas a la garantía de los derechos de los ciudadanos en toda España, así, por ejemplo, la presencia del castellano en la educación pública o la calidad del sistema educativo.
De hecho, el proyecto de tarjeta sanitaria única es aún más claro en este sentido que otros casos, ya que el argumento basado en la mejora de los servicios de los que disfrutan los ciudadanos se ve reforzado por el hecho de que en la actualidad son las tarjetas sanitarias privadas las que ofrecen iguales condiciones en toda España. Desde una perspectiva que podríamos califcar de "izquierda" ¿qué argumentos existen, más allá precisamente de la defensa de las competencias autonómicas, existen para negar a las tarjetas sanitarias públicas lo que ya tienen las privadas?
No es, por tanto, un tema menor, así que espero que en las próximas citas electorales los partidos políticos sean muy claros sobre este punto. Adelanto que quienes pongan dificultades a esta tarjeta sanitaria única estarán indicando -desde mi perspectiva- que están dispuestos a hacer ceder los intereses generales del conjunto de los ciudadanos con el fin de potenciar las competencias autonómicas, lo que, de nuevo en mi opinión, no tiene más justificación, en última instancia, que en planteamientos nacionalistas.

domingo, 17 de febrero de 2019

Ser constitucionalista en Cataluña

Ayer Cs visitó Amur, en Gerona. Aquí encontrarán un vídeo donde se recoge parte la visita y de las declaraciones que hizo Inés Arrimadas. Recomiendo su consulta.
En este otro vídeo se encuentran las declaraciones de Arrimadas


Que un líder político y un partido se encuentren con la hostilidad que puede apreciarse en el vídeo cuyo enlace comparto al principio de esta entrada debería preocuparnos a todos. En vez de eso, sin embargo, habrá seguramente quien se refiera al acto de Cs como "provocación"; al igual que ya ha sucedido en otras ocasiones y como ha pasado con otros actos de constitucionalistas (por ejemplo, los de Joves de SCC en la UAB).
Cabría preguntarse qué han hecho Cs y los constitucionalistas para sufrir este boicot; pero dejaremos esa cuestión para más adelante. Ahora fijémonos en otra cosa, y es que aunque resulta extraordinariamente preocupante la hostilidad hacia los constitucionalistas; es aún más grave -y preocupante- la reacción que se concreta en pretender que actos como el de Cs en Amur son una provocación y que lo mejor sería no realizarlos.
¿Por qué es más grave lo segundo que lo primero?
Adelantaré la conclusión: porque indica que ya no somos plenamente una democracia, porque hay partidos y personas que han interiorizado que en Cataluña vivimos en un régimen nacionalista y que lo más sensato y prudente es no enfrentarse a él. Personas que están dispuestas a sacrificar los derechos de los demás por mantener "la paz social". ¿Les suena? Sí, es tan repugnante como parece.
Pero para comprobarlo debemos abandonar por un momento las emociones e ir a los datos.
Hay un informe que recomiendo, elaborado por Societat Civil Catalana en mayo de 2015. Se titula "Catalanes, secesionismo y participación electoral: una mirada a datos de registro electoral de municipios de Cataluña". Puede consultarse aquí.
La conclusión más relevante del estudio es que hay dos Cataluñas: una Cataluña, mayoritariamente no nacionalista, que se concentra en el área metropolitana, donde se ubica el 75% de la población en un 25% de los municipios y otra Cataluña, formada por pueblos más pequeños en el que se ubica el 25% de la población, pero distribuida en un número grande de municipios. Esa otra Cataluña reúne un 75% de los municipios de toda la Comunidad Autónoma, pese a que, como hemos visto, tan solo viven en ella 1 de cada 4 catalanes y es lo que podríamos denominar "Cataluña. nacionalista", lo que a veces se designa también como "Cataluña interior" o, incluso, "Cataluña profunda".
Esta segunda Cataluña es la Cataluña de Amer, de Vic, de Osona o de Berga; de esos lugares en los que algunos asumen que el constitucionalismo está de más. Esos sitios en los que "todo el mundo" es nacionalista.
¿Todo el mundo?
Cuando se visitan esos pueblos esa puede ser la impresión. El espacio público está ocupado por símbolos nacionalistas, incluidos ayuntamientos y otros edificios que deberían ser de todos. Las fiestas populares son colonizadas por los activistas separatistas y hasta se utiliza la megafonía municipal para llamar a la independencia.





En muchos de estos municipios, además, no hay más representación política que la de los nacionalistas. Partidos como Cs (primer partido en Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas), PP o PSC ni siquiera presentan listas electorales en las elecciones locales.
¿Es que no hay constitucionalistas en estos sitios? Sí que los hay, como podemos comprobar por los resultados de las elecciones generales, autonómicas o europeas, aquellas en quienes viven en esos municipios y no comparten los planteamientos nacionalistas tienen la opción de votar las opciones políticas que les identifican. Veamos, por ejemplo, los resultados en Berga de las últimas elecciones autonómicas:



Como puede verse, en esas elecciones la suma de los votos de C's y PP supuso más del 12% de los emitidos. En cambio en las elecciones municipales el escenario es éste:


Ninguna candidatura de Cs ni del PP. El PSC se presentó con el nombre de CP (Candidatura de Progrés) y obtuvo algo más de un 7% de los votos. En otros municipios de Cataluña ni siquiera existe candidatura del PSC, aunque sea disimulando las siglas.
De esta manera, el constitucionalismo se invisibiliza en una parte de Cataluña, y no porque no haya quienes se oponen a la secesión, sino porque los nacionalistas han creado las condiciones necesarias para que resulte cuando menos incómodo manifestar que no se comparte la ideología nacionalista.
El estudio de SCC que mencionaba antes aporta un dato muy relevante en este sentido: analiza los resultados de la consulta del 9-N y concluye que ni siquiera en aquellas partes de Cataluña en las que el nacionalismo es hegemónico deja de haber un número significativo de personas que se oponen a la secesión.


La nube de puntos que cruza el gráfico descendiendo de izquierda a derecha indica el porcentaje de Sí-Sí (a favor de la independencia) en cada municipio. Se aprecia como en los municipios más pequeños el porcentaje de personas a favor de la independencia es mayor que en los grandes municipios (los que se sitúan a la derecha del gráfico); pero incluso en esa Cataluña nacionalista, la que parece homogénea y uniforme existen constitucionalistas que, sin embargo, no dejan oír su voz y que tan solo pueden expresarse depositando una papeleta en algunas -no en todas- las convocatorias electorales. Existe una Cataluña en la que el nacionalismo es mayoritario; pero en el que existen también no nacionalistas que, sin embargo, permanecen en silencio.

[Este cuadro está también extraído del informe de SCC y muestra, entre otras cosas, el porcentaje de voto en las "dos Cataluñas". En. la Cataluña del 25% el voto a los nacionalistas es mayoritario (51%),  pero el porcentaje de personas que no votan a partidos nacionalistas sigue siendo alto, como puede comprobarse]

El silencio de los catalanes constitucionalistas en la Cataluña interior me parece muy grave porque indica un déficit democrático que debería preocuparnos. En vez de eso, sin embargo, para muchos (partidos, medios, intelectuales, opinadores) este oscurecimiento del constitucionalismo en esos municipios "forma parte del paisaje", y no se dan cuenta -o no quieren darse cuenta- de que esa ausencia es la que explica también, por ejemplo, el acoso a quienes piden el respeto a sus derechos; así a las familias que reclaman una presencia mínima de castellano en la educación.


Para el régimen nacionalista este silencio es, sin embargo, importante. Si no se debate sobre los temas que no interesan al nacionalismo, si no se visibiliza la existencia de una parte de la sociedad catalana que se opone a sus planteamientos, si no se traslada la imagen de división dentro de los catalanes ellos, los nacionalistas, seguirán pretendiendo ser la voz de todos los catalanes ante el Gobierno español y en el extranjero. Seguirán intentando presentar su caso como el de la opresión a un pueblo, el catalán, que se opone frontalmente a su permanencia en España.
Además la imagen aplastante de hegemonía disuadirá por sí misma a los disidentes. Es humana la tendencia a seguir lo que se piensa que es la opinión generalizada. Cuanto más se transmita que existe un pensamiento ampliamente aceptado y frente al que no caben discrepancias más difícil será que surjan éstas.
Como puede verse, técnicas totalitarias de manual.
Y frente a esto algunos, que no son nacionalistas, en vez de apoyar a los constitucionalistas y denunciar el acoso que sufren en Cataluña dicen que "provocamos".
Miserables y estúpidos.
Estúpidos porque no se dan cuenta (o no se quieren dar cuenta) de lo que aquí explico, de que lo que estamos viviendo con el silenciamiento sistemático de las voces discrepantes en Cataluña es una técnica totalitaria que debería repugnar a cualquier demócrata.
Y miserables porque carecen de la mínima dignidad que ha de tenerse en la vida pública para defender los derechos de otros cuando son atacados. Cuando los jóvenes de SCC o ahora de S'Ha Acabat realizan un acto y son boicoteados o insultados, cuando Cs acude a Amer o a Vic y su acto es prohibido, cuando se niega a las familias la presencia mínima de castellano en la educación o se cuelgan símbolos partidistas en los edificios públicos se están vulnerando derechos, y ante esto cualquier demócrata debería reaccionar como un resorte, sin importar quién los vulnera o quiénes son los que ven sus derechos quebrantados; ante la restricción de derechos un demócrata solamente puede colocarse al lado de quien sufre esa limitación y denunciar a quien la provoca.
Un demócrata, claro.


Supongo que ahora ya estará clara la respuesta a la pregunta que planteaba al principio ¿qué ha hecho Cs o los constitucionalistas para merecer ese boicot permanente? Simplemente existir y no callar, no aceptar la sumisión nacionalista que pretende que todos asuman que los nacionalistas son ciudadanos de primera en Cataluña y que los derechos de los demás están condicionados a lo que ellos decidan.
Porque hablar, disentir y mostrar que no se renunciará al Estado de Derecho y a los derechos que de él se derivan es, efectivamente, una provocación para quienes sueñan con una sociedad homogénea bajo el nacionalismo: un pueblo, una lengua, un país, un Estado. Y luego la unión con el resto de Países Catalanes.
¿Les suena?
Eso es lo que hay, y ante eso solamente existe una posición digna: dar voz a quienes no la tienen, defender los derechos de todos y reivindicar la democracia. Reivindicarla frente a quienes la boicotean y también frente a quienes pretenden que defenderla es "provocar".

viernes, 15 de febrero de 2019

Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (a response to Noah Feldman's article "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")


My friend Jamie Mayerfeld, has told me about Noah Feldman's article "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion," published on Bloomberg. I think that the article contains some errors of appreciation, especially in regard to the consequences of what the columnist calls a "small" rebellion. Maybe not so small, since it caused the reaction of dozens of countries and of the European Union.
However, I will not deal with this question here, because what interests me now is to analyse the reasons that may lead some foreign commentators to perceive in a biased way what is happening in Catalonia. According with this intention, I will not follow the article point by point, but only use it as an example of many other commentators, especially from abroad. These commentators show what I consider an inexplicable sympathy to those ones who caused the crisis of the year 2017 in Catalonia.
I believe that a key element to understand what happened in Catalonia in the months of September and October 2017 (in the fall of 2017, if you allow me to be in some way imprecise, since the events began in the summer, specifically in September 6) is to assume that the "rebellion" -to employ the same term used by Noah Feldman- was carried out by the public power, not by citizens who faced such public power. I think that this fact is often overlooked. One considers the images of the people at the streets and it is instinctively internalized that the conflict arises between demonstrators (Catalan nationalists) and the police (Spanish government). This is not true. The main actor of the conflict was the Catalan Government, the peak of a public power with a budget of 32,000 million euros per year and which manages in Catalonia education, health, prisons, universities, police (17,000 armed agents) and much of the transport, among other competences (protection of minors, consumer protection, culture ...). That is to say, the "rebellion" was not against the power, but from the power, a rebellion that implied that this public power declared itself freed from the limits established in the Constitution and in the laws. A power who decided to act outside the legal limits.


As I have just said, I think that this perspective should be taken into account. It is not the same thing that a citizen or a group of citizens protest before the public power, that this public power decides to exercise the monopoly of the violence that it has, outside the framework of the law. This is precisely what happened in Catalonia: the Catalan Parliament repealed the Spanish Constitution in Catalonia, the regional government disobeyed the Spanish Constitutional Court and finally the regional government and Parliament declared independence.


What this did mean for the Catalans who did not share the nationalist programme? I can speak in my own name: I am a citizen of Catalonia, subjected to the public power of the Generalitat and I am against the secession and against nationalism. And, in addition, I have showed openly my opposition to the secession and to the Catalan nationalism. In what situation did I find myself once the public power that rules the policemen who watch the streets I walk, the schools where my children study, the hospitals where I go to when I get sick, the University where I work and the prisons in which I would end if I am arrested, decides to act outside the law, against the Constitution and deprive me of the guarantees that I have up to now (recourse to the Spanish Ombudsman, the Spanish Constitutional Court or the European Court of Human Rights)? This is exactly what millions of Catalans felt in those weeks of September and October 2017.
I say millions and I am not exaggerating, since in Catalonia the nationalist parties obtain less votes than the parties that do not defend the secessionist project. The Catalan electoral system, which favours the areas in which the nationalist vote is concentrated, transforms a minority of votes in a majority of seats in the regional Parliament, but this should not make us forget that Catalan non-nationalists are more that the nationalists. And we also must be aware that despite the fact that the public media, the schools and the administrations use almost exclusively Catalan, more than half of the Catalans have Spanish as their mother language. Another nationalist imposition.





But let's go back to that pathological situation in which the public power decides to act outside the law. In the first year in the Law Faculty we explain that one of the differences between the Ancien Régime and modern States is that in the Ancien Régime public power acts without external limits, while in modern States authorities must subject their action to the legal limits. This submission of the public power to the law is a guarantee for citizens. For decades I had known this as part of the Theory of Law and of the Constitutional Law. In the year 2017 I knew what do you feel when you are subjected to a power that acts outside the law. And it is not nice.
That is why it was essential to recover the rule of law in Catalonia. And Noah Feldman underlines this idea in his article. Specifically, when he states that he understands the reasons for the Spanish Government to resort to the exceptional mechanisms that enable the Constitution to enforce the law in an Autonomous Community through the direct attribution of the control of the region to the government of Spain. As I have already said, the recovery of the rule of law in Catalonia was essential not only for reasons linked to the functioning of the constitutional institutions, but also to enforce the rights of all Catalan citizens, who did not deserve to be subjected to a public power acting outside the Constitution and of the law and against the decisions of the courts. A situation, obviously, inadmissible in any democracy.
My discrepancy with Feldman is about the adoption of penal measures in relation to the leaders of the "rebellion". It seems that he thinks that it would be better to turn the page without introducing proceedings before the criminal courts. I disagree
First we need to consider the seriousness of what happened. I have already advanced some ideas about that:

- The regional parliament repealed the Constitution.
- The regional government disobeyed the Constitutional Court.
- The regional government called an illegal referendum.
- Barricades and other obstacles were erected in order to difficult the movements of the police.
- The illegal occupation of schools and other public buildings was organized to hold the referendum.
- Resistance to the police was organized to prevent the policemen from complying with court orders.
- The policemen that had orders to close the premises where the referendum was being held were attacked.
- Policemen out of service were persecuted and harassed.
- In the schools the children of the policemen were publicly pointed out.
- In the schools, protests against police action were organized involving minors (in some cases young children).
- Databases were developed for the census of the referendum vulnerating the regulation about personal data protection.
- And independence was declared ... twice.

Do we really defend that this does not deserve criminal reproach? I think it is not serious to maintain this position. Some or all of these behaviours can be considered as criminal offences according with the Spanish Criminal Code and, therefore, they must be investigated. A different question is which specific criminal offences should be considered. Here there is room for the debate, a debate in which Noah Feldman is kindly invited to participate, but taking in consideration that this debate should be based on the rules of the Spanish Criminal Law. A discussion of this kind in a democratic state can only be made on the basis of the law.
And this is not a formalism. There is another confusion here that must be denounced. Sometimes it is maintained that the Spanish government should do this or that in relation to the situation of the accused due to the events of the autumn of 2017, without realizing that in Spain there is a separation of powers. Those who judge are the courts, not the government, and the accusation is responsibility of the prosecutor, not of the government. And really both the judges and the prosecutor are independent and act in accordance with what is established by the law, not according to political considerations. When, according with the law, a criminal offence has been committed, it is not an option to leave the criminal alone. There is an obligation to prosecute those crimes. It is not possible to refrain from accusing or condemning. What the government can do, once the accused has been judged and condemned -if at the end there is a condemn- , is to apply measures of grace such as pardon. But in the phase in which we are now, the government can do nothing more than respect what judges and prosecutors are doing.


Now, let's forget for a moment what I have just explained and let’s pretend that it is possible to retire the charges against those who are responsible for the events of September and October 2017 in Catalonia. What message does this convey?
To answer this question, we have to realize that Catalan society is deeply divided. People from abroad sometimes think that all Catalans are nationalists, that all Catalans want independence, that all Catalans are against the trials of imprisoned politicians and that all Catalans reject the Spanish police. That is not true. As I have indicated, at least half of the Catalans reject secession and a very significant number reject the nationalist policies that make us feel second class citizens in our own country. In short, Catalan society is a society without consensus.



And in a society without consensus, respect for the law is the only thing that guarantees coexistence. If the nationalists are allowed to skip the law without consequences, which options we, the non-nationalist, have? Only two: submission to the nationalists or also to skip the law. Do we want to create this situation, this terrible dilemma? Well, the irresponsible proposal to look the other way before the criminal offences of the nationalists would drive us to that dilemma.
Certainly, we must seek reconciliation, and for that reconciliation there is only one way: dialogue between Catalans, dialogue between nationalists and non-nationalists. But this is a path that nationalists reject. I will explain an anecdote: a year ago or so I met in a television program with Irene Rigau, a nationalist leader who had been regional Minister of Education when Artur Mas was president of the regional government. We discussed the presence of Spanish language in schools and I said that I could agree with her at one point. The moderator then pointed out to Rigau that I could agree with her and she said that she could never agree with me. For nationalists, non-nationalist Catalans simply do not exist, we are "out of the framework", and all they want is to establish a dialogue with the Spanish government that leaves the non-nationalist Catalans out of the scene. This way drives to a no solution because ignores half of the population of Catalonia. It would be good for the Spanish government to condition any dialogue with the nationalists on the previous dialogue in Catalonia and on the respect for the law. This is the way to recover coexistence. And this way is not the way of leaving the criminal offences of nationalists without punishment or of negotiating only with nationalists. The way is to recover the rule of law and to establish channels of communication among all Catalans.
These perspectives are not in Noah Feldman's article. I can understand that he neglects these nuances, because it is difficult to appreciate them from another country, but I think that they should be taken into account when you speak -and even more when you write- about the situation in Catalonia.
I thank Jamie Mayerfeld for the questions he has made and his suggestion to convert the dialogue we have had about this topic into a post.

Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (sobre el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")

Mi amigo Jamie Mayerfeld, me comenta el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion", publicado en Bloomberg. Creo que el artículo contiene algunos errores de apreciación, sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias de lo que el articulista califica como de una "pequeña" rebelión que, sin embargo, no debió ser tan pequeña cuando motivó reacciones de decenas de países y de la Unión Europea.
No me ocuparé aquí de este aspecto, porque lo que me interesa es reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a algunos comentaristas extranjeros a percibir de una manera sesgada lo que está sucediendo en Cataluña. De esta manera, no seguiré el artículo punto por punto, sino que tan solo me servirá para intentar ejemplificar una perspectiva que he visto en algunos comentarios, sobre todo procedentes del extranjero, que muestran una inexplicable simpatía con los causantes de la crisis del año 2017 en Cataluña.
Creo que un elemento clave para entender el verdadero alcance de lo acaecido en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 (en el otoño de 2017, si se me permite la imprecisión, pues los hechos comenzaron en el verano, en concreto el día 6 de septiembre) es el asumir que la "rebelión", por emplear el término que utiliza el propio Noah Feldman, fue protagonizada por el poder público, no por ciudadanos que se enfrentaban a dicho poder público. Este, me parece, es un elemento que con frecuencia se pasa por alto. Se queda uno en las imágenes de las genes en las calles e instintivamente se interioriza que el conflicto se plantea entre manifestantes (nacionalistas catalanes) y la policía (gobierno español). Esto no es así. El actor principal del conflicto fue el Gobierno catalán, la cúspide de un poder público con un presupuesto de 32.000 millones de euros anuales y que gestiona en Cataluña la educación, la sanidad, las prisiones, las Universidades, la policía (17.000 agentes armados) y gran parte de los transportes, entre otras competencias (protección de menores, protección de consumidores, cultura...). Es decir, la "rebelión" no fue contra el poder, sino desde el poder, una rebelión que implicaba que dicho poder público se declaraba liberado de los límites establecidos en la Constitución en las leyes para actuar al margen de estas.


Como digo, creo que esta perspectiva ha de ser tenida en cuenta. No es lo mismo que un ciudadano o un grupo de ciudadanos protesten ante el poder público que este poder público decida ejercer el monopolio de la violencia que tiene al margen de las leyes y los límites establecidos. Esto es justamente lo que sucedió en Cataluña: el Parlamento catalán derogó la Constitución española en Cataluña, el Gobierno regional desobedeció al Tribunal Constitucional español y finalmente el Gobierno regional y el Parlamento declararon la independencia.



¿En qué situación dejaban estas actuaciones a los catalanes que no compartíamos los planteamientos nacionalistas? Puedo hablar en nombre propio: soy ciudadano de Cataluña, sometido al poder público de la Generalitat y contrario a la secesión y al nacionalismo. Abiertamente contrario, además. ¿En qué situación me encontraba una vez que el poder público que dirige a los policías que vigilan las calles, las escuelas donde estudian mis hijos, los centros de salud a los que acudo cuando estoy enfermo, la Universidad en la que trabajo y las prisiones en las que acabaría si soy detenido decide actuar al margen de la ley, en contra de la Constitución y privarme de las garantías que hasta ahora tengo para mis derechos (recurso al Defensor del Pueblo español, al Tribunal Constitucional español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos)? Esta es justamente lo que sentíamos millones de catalanes en aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017.
Digo millones y no exagero, puesto que en Cataluña los partidos nacionalistas obtienen menos votos que los partidos que no comparten los planeamientos secesionistas. El sistema electoral catalán, que prima las zonas en las que se concentra el voto nacionalista, hace que una minoría de votos se convierta en una mayoría de escaños en el Parlamento regional, pero esto no ha de hacernos olvidar que son más los catalanes no nacionalistas que los nacionalistas, igual que hemos de ser conscientes de que pese a que los medios públicos de comunicación, la escuela y las administraciones utilizan casi exclusivamente el catalán más de la mitad de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Otra imposición nacionalista.




Pero volvamos a esa situación patológica en la que el poder público decide actuar al margen de la legalidad. En el primer año en la Facultad de Derecho se explica como la diferencia entre el Antiguo Régimen y los Estados modernos es que en el Antiguo Régimen el poder público actúa sin límites externos, mientras que en los Estados modernos quienes ejercen ese poder público han de sujetar su actuación a los límites legales. Este sometimiento es una garantía para los ciudadanos. Durante décadas había sabido esto como parte de la Teoría del Derecho y del Derecho Constitucional. En el año 2017 supe lo que es sentir verse sometido a un poder que actúa al margen de la ley. Y no es agradable.
Es por eso que resultaba imprescindible recuperar el Estado de Derecho en Cataluña. Y Noah Feldman así lo entiende en su artículo, cuando manifiesta que entiende las razones para que el Gobierno español recurriera a los mecanismos excepcionales que habilita la Constitución para hacer cumplir la ley en una Comunidad Autónoma mediante la atribución directamente al gobierno de España del control de la región. Como digo, esta recuperación del Estado de Derecho en Cataluña era imprescindible no solamente por razones institucionales, sino también para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, que no se merecían verse sometidos a un poder público que actuaba al margen de la Constitución y de la ley y en contra de las decisiones de los tribunales. Una situación, evidentemente, inadmisible en cualquier democracia.
A partir de aquí la discrepancia de Feldman es acerca de la adopción de medidas penales en relación a los líderes de la "rebelión". Pareciera entender que sería mejor pasar página sin entrar en actuaciones ante los tribunales criminales. Discrepo.
Lo primero que tenemos que ver es la gravedad de lo sucedido y que en parte ya he adelantado:

- Se derogó la Constitución en Cataluña.
- Se desobedeció al Tribunal Constitucional.
- Se convocó un referéndum ilegal
- Se organizaron barricadas y otros obstáculos para dificultar la actuación de la policía.
- Se organizó la ocupación ilegal de escuelas y otros edificios públicos para realizar el referéndum.
- Se organizó la resistencia a la policía para impedir que diera cumplimiento a las órdenes judiciales.
- Se atacó a la policía que tenía orden de cerrar locales donde se estaba desarrollando el referéndum.
- Se persiguió y acosó a policías fuera de servicio.
- En las escuelas se señaló públicamente a los hijos de los policías.
- En las escuelas se organizaron protestas contra la actuación de la policía en las que participaron menores (en algunos casos niños pequeños).
- Se elaboraron bases de datos para el censo del referéndum al margen de las presiones legales sobre protección de datos personales.
- Y se declaró la independencia... dos veces.

¿En serio mantenemos que esto no merece reproche penal? Creo que no es serio mantener esta postura. Algunas o todas de estas conductas pueden entrar en varios tipos penales del Código Penal español y, por tanto, han de ser investigadas. Otra cosa es qué tipos concretos, y sobre esto hay margen de debate, un debate en el que Noah Feldman está cordialmente invitado a participar, pero que ha de hacerse a partir de la consideración de los distintos tipos penales previstos en el Derecho español. Una discusión de este tipo en un Estado democrático no puede hacerse más que sobre la base del tenor de la ley.
Y esto no es un formalismo. Existe aquí otra confusión que ha de ser denunciada. A veces se mantiene que el Gobierno español debería hacer esto o lo otro en relación a la situación de los acusados por los hechos del otoño de 2017 sin darse cuenta de que en España existe separación de poderes. Quienes juzgan son los tribunales, no el Gobierno, y quien acusa es el Fiscal, no el Gobierno; y realmente tanto los Jueces como el Fiscal son independientes y obran de acuerdo con lo que establece la ley, no según consideraciones políticas. Si de la ley se deriva que se han cometido delitos que han de ser perseguidos no es una opción dejar de hacerlo, existe la obligación de perseguir esos delitos. No es posible abstenerse de acusar o de condenar. Lo que puede hacer el Gobierno es, una vez juzgados y condenados, aplicar medidas de gracia como el indulto; pero en la fase en la que nos encontramos el Gobierno nada puede hacer, tan solo respetar lo que están haciendo jueces y fiscales.


Ahora bien, olvidémonos por un momento de lo que acabo de explicar y pensemos que es posible mirar para otro lado y dejar sin cargos a los responsables de los hechos de septiembre y octubre ¿qué mensaje se traslada con esto?
Para responder a esta pregunta hemos de darnos cuenta de que la sociedad catalana está profundamente dividida. Desde el extranjero a veces se piensa que todos los catalanes son nacionalistas, que todos los catalanes quieren la independencia, que todos los catalanes están en contra de los juicios a los políticos presos y que todos los catalanes rechazan a la policía española. Esto no es cierto. Tal como he indicado, la mitad al menos de los catalanes rechazan la secesión y un número muy significativo rechazan las políticas nacionalistas que nos hacen sentir ciudadanos de segunda en nuestro propio país. En definitiva, la sociedad catalana es una sociedad que carece de consensos.



Y en una sociedad que no tiene consensos el respeto a la ley es lo único que garantiza la convivencia. Si los nacionalistas tienen bula para saltarse la ley sin consecuencias ¿qué nos queda a los demás? Tan solo dos opciones: someternos a los nacionalistas o saltarnos nosotros también la ley. ¿Queremos crear esta situación, esta disyuntiva terrible? Pues a ella conduce la irresponsable propuesta de mirar para otro lado ante los delitos de los nacionalistas.
Ciertamente hemos de buscar la reconciliación, y para eso solamente hay un camino: el diálogo entre catalanes, entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Pero esta es una vía que los nacionalistas rechazan. Contaré una anécdota: hace un año o así coincidí en un programa de televisión con Irene Rigau, una líder nacionalista que había sido Consejera de Educación en la época de Artur Mas. Discutíamos sobre la presencia de castellano en las escuelas y en un momento dado dije que podría estar de acuerdo con ella en un punto. El presentador entonces le apuntó a Rigau que yo podría estar de acuerdo con ella y ella dijo que conmigo ella nunca podría estar de acuerdo. Para los nacionalistas los catalanes no nacionalistas simplemente no existimos, estamos "fuera del marco", y lo único que pretenden es establecer un diálogo con el gobierno español que deje al margen a los catalanes no nacionalistas. Esta vía no puede conducir a ninguna solución y sería bueno que el gobierno español condicionara cualquier diálogo con los nacionalistas al diálogo previo en Cataluña y al respeto a la ley por parte de todos. Esta es la vía para recuperar la convivencia. Una vía que no pasa por mirar para otro lado o negociar únicamente con los nacionalistas, sino hacer respetar el Estado de Derecho y establecer vías de comunicación entre todos los catalanes.
Estas son perspectivas que el artículo de Noah Feldman no tiene en cuenta. Lo entiendo, porque desde afuera es difícil apreciar los matices que aquí planteo, pero me gustaría que se tuvieran en cuenta cuando se habla, y más cuando se escribe, acerca de la situación que se vive en Cataluña.
Agradezco a Jamie Mayerfeld las preguntas y la sugerencia de convertir en un post el diálogo que hemos mantenido sobre este tema.

viernes, 8 de febrero de 2019

Rankings democráticos

En las últimas semanas se han publicado las nuevas ediciones dos conocidos rankings sobre calidad democrática. Uno de ellos el de la revista "The Economist", el otro de "Freedom House". Cada uno de estos rankings utiliza diferentes metodologías y, por tanto, los resultados no son los mismos; pero pueden observarse algunas tendencias comunes. En ambos el número de países que se sitúan en los estándares más altos es relativamente reducido (para "The Economist" solamente 20 países en el mundo pueden ser considerados democracias plenas), y los países se sitúan en posiciones parecidas, aunque no iguales. Así, en el caso del ranking de "The Economist" los primeros 20 países (democracias plenas) son los siguientes:



1- Noruega.
2- Islandia.
3- Suecia.
4- Nueva Zelanda.
5- Dinamarca.
6- Irlanda.
6- Canadá.
8- Finlandia.
9- Australia.
10- Suiza.
11- Países Bajos.
12- Luxemburgo.
13- Alemania.
14- Reino Unido.
15- Uruguay.
16- Austria.
17- Mauricio.
18- Malta.
19- España.
20- Costa Rica.

Y en el índice de "The Freedom House"



los 20 primeros países son los siguientes:

1- Finlandia.
2- Noruega.
3- Suecia.
4- Canadá.
5- Países Bajos.
6- Australia.
7- Nueva Zelanda.
8- Uruguay.
9. Dinamarca.
10- Irlanda.
11- Bégica.
12- Japón.
13- Portugal.
14- Suiza.
15- Chile.
16- Chipre.
17- Estonia.
18- Alemania.
19- Eslovenia.
20- España.

Como podemos ver, solamente 13 países figuran entre los 20 primeros en ambas listas. Si se quisiera intentar una especia de "ranking conjunto" a partir de los puestos en ambos estudios sumando las posiciones que cada país tenga en ambos; y teniendo en cuenta que cuanto más bajo fuera el número, obviamente, más sería la calidad en la democracia y en las libertades que debiera esperarse resultaría lo siguiente:

1- Noruega: 3
2- Suecia: 6
3- Finlandia: 9
4- Canadá: 10
5- Nueva Zelanda: 11
6- Dinamarca: 14
7- Australia: 15
8- Irlanda: 16
8- Países Bajos: 16
10- Uruguay: 23
11- Suiza: 24
12- Alemania: 31
13- Japón: 34
14- Reino Unido: 37
14- Austria: 37
16- España: 38
16- Chile: 38
18- Portugal: 40
18- Estonia: 40
20- Bélgica: 44
20- Costa Rica: 44

En este hipotético ranking conjunto Francia estaría en el puesto 25 y Estados Unidos en el 26, situados entre Taiwan y la República Checa. Italia estaría justo detrás de ésta en el puesto 28.
Creo que esta lista es significativa. De los 21 países que la integran 14 son europeos, 4 americanos , 2 de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y tan solo uno asiático (Japón). No hay ningún país africano. De las 14 europeos, 10 son miembros de la UE (excluyendo ya aquí al RU), lo que, creo, confirma que la UE es el referente mundial en lo que se refiere a democracia y libertades.
Si consideramos el ámbito lingüistico en que se incardinan estos países vemos que hay 5 que tienen el inglés como lengua principal. 4 son países con el español como lengua oficial, en 3 de ellos el alemán es el idioma único o el principal (Alemania, Austria y Suiza) y el francés está presente en 3 de ellos (Canadá, Suiza y Bélgica).
De los más de 7600 millones de habitantes de la Tierra menos de 700 millones viven en estos 21 países, Tan solo 8 de cada 100.
Analizar, mejorar, extender. No demos por descontada la democracia ni la libertad. Cuidémoslas.