Libre

miércoles, 9 de octubre de 2019

Venganza, justicia, clemencia y derecho según Puigverd

Creo que el artículo de Antoni Puigverd  "Un octubre para Antígona" merece algún comentario.



Trata de la esperada sentencia en el proceso contra los líderes del intento de derogación de la Constitución en Cataluña en septiembre y octubre de 2017.
No acaba de quedar claro del mismo si una sentencia "dura" sería ajustada a Derecho, pero entonces conveniente la clemencia o si, por el contrario, lo ajustado a Derecho sería una sentencia "blanda" (tan solo desobedecieron, todo fue un puro teatro, vaya) siendo cualquier cosa que pase de ahí un exceso que solo podría entenderse por el ánimo de venganza.
Diría que es lo segundo lo que en esencia se defiende; pero no puedo estar completamente seguro porque pasa de una cosa a la otra de una manera un tanto confusa.
En cualquier caso, desliza algunas críticas sobre el desarrollo del proceso que pudieran poner en duda la corrección de lo actuado. No se preocupe, señor Puigverd, España, como Estado democrático que es, da la oportunidad de que sus decisiones sean revisadas en el Tribunal de Estrasburgo, por lo que si se ha producido alguna vulneración del proceso debido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá identificarlo y eso podría conducir, incluso, a una revisión de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo.
Por cierto, este recurso al tribunal de Estrasburgo no sería posible en la República Catalana que se hubiera implementado de no haber actuado el Estado en el mes de octubre de 2017. Quizás esto le permita apreciar la preocupación con la que algunos vivimos aquellas semanas que para nosotros no fueron en absoluto de teatro, pues estaban en juego nuestros derechos y se vulneraron de manera evidente algunos de una cierta importancia, como es, por ejemplo, el derecho a que nuestros datos personales no sean usados para fines ilegales.
Esta es, quizás, una primera discrepancia con el señor Puigverd: lo que sucedió en septiembre y en octubre no fue una representación teatral, sino algo de una enorme gravedad porque el poder público desobedeció leyes y sentencias e intentó romper nuestro marco de convivencia derogando la Constitución en Cataluña.
Quizá esto a Antonio Puigverd no le parezca importante; pero sí que lo es para muchas personas -entre las que me incluyo- y, curiosamente (lo de curiosamente lo digo por lo que él parece pensar) también es considerado de una enorme gravedad por el ordenamiento jurídico español que, ¡fíjate tú! considera que es delito intentar derogar la Constitución por la vía de hecho. Si esa derogación se sirve de la fuerza el delito podría ser rebelión, con penas de una cierta entidad.
Esto es lo que ahora están intentando determinar los tribunales: si se dieron las circunstancias para que pudiéramos hablar de un delito de rebelión o de sedición. El señor Puigverd parece ya haber juzgado y creo entender que considera que no es así. Yo debo confesar que tengo mis dudas en lo que se refiere al concreto tipo aplicable; pero me parece que carece de lógica pretender que aquí no ha pasado nada y que lo único que hay es una desobediencia. Cuando se pone a toda una administración al servicio de un propósito ilegal que se concreta en la derogación por la vía de hecho de la Constitución defender que estamos ante una fruslería o es estúpido o es cínico. Creo que tan solo la imagen de los Mossos d'Esquadra, pistola al cinto, saludando marcialmente a quienes les agradecían su pasividad el 1-O mientras todos cantaban el "Bon colp de falç" sería suficiente como para que surgieran dudas más que fundadas sobre el carácter pacífico de lo acaecido.


El señor Puigverd no parece verlo así, sino que atribuye la dureza de la sentencia -en caso de que se produzca una sentencia dura- a la sed de venganza y no a la búsqueda de la justicia; y este es, creo un error de una cierta entidad.
Pero para darse cuenta de que es un error hay que asumir la perspectiva de quienes nunca somos considerados por el señor Puigverd: aquellos catalanes que no compartimos los ideales catalanistas, y a quienes nos dedicó un hermoso párrafo en septiembre de 2012 que debería incluirse en los anales de la indigencia moral. Desde la perspectiva de estos catalanes, lo que sufrimos desde hace décadas, pero especialmente desde 2012, es la constante vulneración de nuestros derechos por parte del poder público. ¿Repara el señor Puigverd en lo que eso significa? ¿en lo que sientes cuando ves que una y otra vez aquello a lo que tienes derecho es negado por las instituciones quienes displicentemente te remiten a los tribunales sabedoras de que el esfuerzo, tiempo y dinero que supone acudir a los tribunales disuadirá a la mayoría?
Este es el contexto del golpe de Estado de 2017: un poder público que llevaba tiempo desobedeciendo, incumpliendo y vulnerando nuestros derechos (sí, sí, nuestros derechos) incrementaba su desafío y nos amenazaba con privarnos de nuestra condición de españoles en España en cuestión de días.
Si en ese contexto, al final, el mensaje es que no merece reproche penal la actuación de quienes pretendieron apartarnos del país en el que nos integramos, o que ese reproche penal es mínimo ¿cuál es el mensaje que nosotros recibiremos? Pues que lo justo es que estemos sometidos a este poder que actúa al margen de la ley.
Esto el señor Puigverd no lo entiende. Si deseamos que se haga justicia no es por venganza, sino por evitar que ese sometimiento, esa bota en nuestro cuello, apriete un poco más.
Pero claro, para el señor Puigverd esto es ininteligible; el no puede entender el valor que tiene  la ley para los débiles, para aquellos que tan solo tienen a los tribunales para ver garantizados sus derechos. Él, sin duda, pertenence al grupo de aquellos que no se han sentido humillados por el poder público en Cataluña, el grupo de quienes aún siendo críticos con los excesos del nacionalismo, no abandona el consenso catalanista. Es, en definitiva, "uno de los suyos" y, por tanto, difícilmente entenderá lo que es ser catalán no catalanista. Para él el Derecho es un incómodo mecanismo que perturba ese natural fluir de la sociedad en el que unos pueden hacer lo que deseen y sus incumplimientos han de ser amparados por la "clemencia"; porque, claro, no todos somos iguales.
Demasiado bien sé que no todos somos iguales. Hace poco comentaba que la Generalitat hace un informe sobre intolerancia política en Cataluña en el que los tweets que amenazan a los nacionalistas son destacados, mientras que no se incluyen aquellos en los que, por ejemplo, se desea una violación grupal a Inés Arrimadas. En ese informe, los insultos, golpes y boicots sufridos por los constitucionalistas no son considerados como merecedores de reproche.
No, señor Puigverd, en Cataluña no todos somos iguales, pero, al menos, deje que lo seamos en los tribunales de justicia.
Por desgracia es lo que nos queda: la ley, la justicia y el Derecho ¿nos quiere privar también de ello?
Por cierto, el señor Puigverd inaugurará mañana el curso de la Facultad de Derecho de la UAB. Ya he excusado mi asistencia.

Sobre política y mediocridad

Hace año y medio se dictaba una sentencia (que todavía no es firme) por la que se condenaba al partido en el gobierno como partícipe en una trama corrupta destinada a desviar dinero público a fines ilegítimos. En esa misma sentencia se indicaba que el testimonio del presidente del Gobierno entonces, señor Mariano Rajoy, no era completamente creíble. Un escándalo, sin duda. Todos debemos ser veraces cuando testificamos y que el Tribunal deje caer que el testimonio dado por la  segunda autoridad del país (tan solo tras el Rey) no resulta creíble merece un reproche político de cierta entidad. Si a esto se une que ese mismo presidente del Gobierno es el máximo responsable de un partido condenado por corrupción, no creo que haya muchas vías para eludir un severo reproche político. Un reproche político que se tradujo en una moción de censura que acabó suponiendo el cese de Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del gobierno.



Pocos días después de conocerse la sentencia que condenaba al Partido Popular, Pedro Sánchez presentaba una moción de censura con el objetivo de destituir a Mariano Rajoy. Todos los partidos coincidían en la gravedad del daño democrático que suponía la condena al PP por corrupción y la implicación de Mariano Rajoy en dicha trama. Una implicación que no merecía reproche penal pero sí, a juicio de todo el arco parlamentario -excepto el propio PP-, una censura política.
Y en este contexto es en el que Pedro Sánchez presenta su moción de censura. El PSOE tiene 85 diputados, tan solo el 24% del hemiciclo, y no cuenta con apoyos suficientes para que la moción de censura salga adelante; pero Pedro Sánchez es el líder del primer partido de la oposición y cree su obligación dar los pasos necesarios para censurar el gobierno de Rajoy.
El resto es conocido.
Año y medio después nos encontramos en Cataluña con una situación difícilmente calificable. El presidente de la Generalitat hace explícito que solamente es un vicario de un pretendido presidente en el exilio, el señor Puigdemont. El Parlamento permanece paralizado, los medios públicos de comunicación realizan propaganda de manera indisimulada, la exigencia constitucional de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza es incumplida por la Generalitat de manera explítica y arrogante, a la vez que los derechos de quienes se oponen al nacionalismo son sistemáticamente vulnerados.
Ya sé que todo esto es grave; pero aún habrá que es discutible mi valoración. Estoy acostumbrado a que se minimice la importancia de cosas como la vulneración de derechos fundamentales o el incumplimiento de la obligación constitucional de la enseñanza en castellano en Cataluña. En las últimas semanas, sin embargo, a todo lo anterior se ha añadido algo que es nuevo, radicalmente nuevo en España: tras la detención por la Guardia Civil de varios activistas acusados de preparar bombas para la comisión de atentados; el presidente de la Generalitat, señor Torra, en vez de condenar la violencia y desmarcarse de las acciones que pudieran cometer los detenidos (vinculados a unos grupos, los CDR, a los que el señor Torra había mostrado abiertamente su simpatía) critica la acción de la policía y pide la libertad de los detenidos.
Difícilmente puedo imaginar una situación que merezca un reproche político mayor que el apoyo explícito a quienes han sido detenidos por la preparación de atentados terroristas. Se trata de una línea que, por ejemplo, nunca -a mi conocimiento- fue sobrepasada en el País Vasco por los gobiernos nacionalistas. Que en un país como España, que ha sufrido la violencia terrorista interna y también la que tiene su origen en el extrajero, las autoridades públicas muestren su solidaridad con quienes son acusados por policía y tribunales de estar implicados en la preparación de atentados supone una quiebra tan evidente y grave de principios democráticos básicos que a su lado los casos de corrupción parecen poca cosa. Y entíendaseme, la corrupción es grave, muy grave y merece todos nuestros reproches; pero ¿merece menos solidarizarse con quienes han optado por recurrir a la violencia para conseguir sus objetivos políticos? Desafío a nadie que me diga que sí, que merece un reproche político mayor participar en un caso de corrupción que pedir la libertad de quienes han optado por perseguir sus fines políticos mediante el recurso al terrorismo.
Asumiendo lo anterior, resultará que el apoyo del señor Torra a los detenidos por la preparación de explosivos con el fin de preparar atentados merecería un reproche político al menos equivalente al que sufrió el señor Rajoy tras la sentencia en el caso Gürtel.


Pero ¿quién ha de liderar ese reproche político al presidente de la Generalitat. Aplicando el mismo principio que el partido socialista utilizó hace año y medio en relación al señor Rajoy, resultaría que esa respuesta debería ser liderada por el primer partido de la oposión en el Parlamento de Cataluña. Es decir, Cs, que tiene 36 de los 135 escaños del Parlamento catalán, un 26% de los escaños del Parlamento catalán (recordemos que en 2018 el PSOE tenía solamente el 24% de los escaños en el Congreso de los Diputados).
Aplicando, por tanto, la misma lógica utilizada por el partido socialista en la moción de censura a Mariano Rajoy, Cs debería plantear también una moción para destituir al presidente de la Generalitat. Y así lo hizo la líder en Cataluña de Cs, Lorena Roldán.


Ciertamente, esta moción de censura podía articularse de distintas formas; lo mismo que en su momento pudo pasar con la moción presentada por Pedro Sánchez. Si recordamos lo sucedido hace año y medio, veremos que el planteamiento inicial era el de una moción que condujera a un gobierno comprometido a convocar unas elecciones inmediatamente. El debate sobre esto condicionó la posición de Cs sobre la moción, pues este partido no se negaba en redondo a promover esa moción; al contrario, en un principio pareció promoverla, discrepando respecto al PSOE en el nombre del candidato a presidente del gobierno.
Esto mismo podría haber pasado en la moción de censura presentada por Lorena Roldán: podría haber sondeado a otros partidos y ver la receptividad a una moción de censura, pudiendo valorarse que el nombre del candidato fuera uno diferente de la de la líder de Cs con el fin de conseguir más apoyos. Esto, sin embargo, no sucedió, y creo que hay que reprochar a Cs que no hubiera buscado más acuerdos en el Parlamento con el fin de aislar a los que apoyaban la violencia y mostrar la efectiva división entre partidos a favor de la convivencia y partidos comprometidos con la violencia.
Nada de lo anterior se hizo, sin embargo, lo que condujo a que la moción presentada por Cs se presentase prácticamente como un "o lo tomas o lo dejas" hacia los grupos de la oposición. Un "lo tomas o lo dejas" que tan solo aceptó el Partido Popular.
Asi pues, mal Cs por no haber buscado otros acuerdos en la Cámara con el fin de deponer a Torra; pero una vez presentada la moción ¿qué decir de la actitud del resto de partidos?
El PP, como se ha adelantado, apoyó la moción, teniendo, además, su jefe de filas, Alejandro Fernández, una intervención sobresaliente que merecería ser enmarcada para que fuera guía de la política constitucionalista en Cataluña.


El PSC, sin embargo, optó por abstenerse, intentando mostrarse como equidistante tanto de Torra como de Roldán. Creo que esta es una actitud claramente reprobable, porque siendo cierto que, como acabo de indicar, hubiera sido deseable que Cs hubiera buscado complicidades con el PSC; una vez presentada la moción ¿cómo es posible que no se apoye la posibilidad de destituir a un presidente de la Generalitat que ha hecho lo que Torra ha hecho? ¿No asumirán los socialistas que no apoyar la moción es tanto como apoyar a Torra, que pretender que Torra y Roldán son dos caras de la misma moneda no hace más que banalizar las gravísimas quiebras de la democracia protagonizadas por Torra y su gobierno, quiebras que en ningún momento pueden ser atribuidas a Cs? ¿No es verdad que hace año y medio los socialistas planteaban que no apoyar la moción de censura a Rajoy era lo mismo que apoyar a éste, que ligar su suerte política a la del líder del PP? ¿Es que este razonamiento no debería proyectarse también a la situación creada por Torra y por la presentación de la moción de censura orientada a derribarlo?
En su intervención, el líder del PSC, Miquel Iceta, dio por sentado que la moción era inútil porque carecía de los apoyos necesarios. Presuponiendo así que todos los diputados de los grupos nacionalistas votarían en contra de ella. Bien, nada en política es absoluto, como demostró el trifunfo de Sánchez en 2018; pero, más allá de eso ¿es que los políticos solamente han de apuntarse a lo que creen que será ganador? ¿que no han de actuar por convicción incluso aunque esta convicción lleve a una derrota?
Bien, creo recordar que en su intervención en el Parlamento durante la moción de censura Iceta algo dijo de esto, de que él no se apuntaba a causas perdidas (o parecido, no son sus palabras literales) y no pude menos de acordarme de su ausencia en la manifestación del 8 de octubre de 2017. Aquí están la primera y segunda cabecera de la manifestación (recuperadas gracias a una publicación en facebook de Chari Gálvez).


Como puede (no) verse, Iceta no estuvo. Sí que acudió a las del 29 de octubre, cuando ya se había constatado que sería un éxito. ¡Cómo hubiéramos agradecido que hubiera estado en aquellas que prepararon el terreno de ésta, especialmente en la de "Aturem el Cop" del 19 de marzo de 2017!


Pero no, claro, era un riesgo grande y se pensaba que eran manifestaciones que fracasarían. Como decía hace un momento, ¡cuánto ganaríamos en política si las cosas se hicieran por convicción y no por cálculo!
No es el caso, sin embargo, y los socialistas en octubre de 2019 volvieron sobre lo que habían hecho en mayo de 2018. Ante un escándalo político mayúsculo en vez de apoyar o liderar una moción de censura optaron por ponerse de perfil; pero no ante un caso de corrupción política, sino ante la utilización de medios violentos para conseguir fines políticos.
Y repito, no hago más que trasladar a la situación que padecemos en Cataluña el modo de razonar del PSOE hace tan solo año y medio: ante una situación de quiebra democrática ha de haber una responsabilidad política en forma de moción de censura. ¿Por qué esa fue la actitud ante Mariano Rajoy no ante Joaquim Torra? ¿Por qué en el caso de Rajoy se podía ganar y en el de Torra no? Pues lo dicho: para políticos que solamente actúan cuando calculan que ganaran y renuncian a plantear las batallas que pueden perder, mejor poner peritos contables al frente de nuestras instituciones, que al menos han estudiado para eso.



Y del PSC pasamos a los Comunes que, directamente, votaron en contra de la moción de censura; convirtiéndose así en un apoyo claro no solamente a Torra, sino a la comprensión de éste por la utilización de vías violentas para conseguir objetivos políticos.
Creo que sobran los comentarios.
Indecente.
Ante este panorama ya no debería sorprender que ningún diputado independentista se apartara de la disciplina de sus respectivos partidos. La abstención socialista y el voto en contra de los Comunes permitía votar en contra con mucha mayor tranquilidad, porque el blanqueamiento del nauseabundo apoyo a la violencia que había realizado Torra había empezado en otra parte del hemiciclo catalán. Si la línea del resto de partidos hubiera sido de condena clara de lo que es claramente condenable la presión sobre los independentistas hubiera sido mayor; porque esto no solamente se juega en el Parlamento, sino también en la opinión pública, y ante esta la visibilización de que es inadmisible apoyar la violencia es muy importante. Como dijo Alejandro Fernández, puede perderse la votación y ganarse el debate; y esa victoria en el debate adelanta la victoria en la próxima votación. Cuando se hace política a medio plazo es más importante esa batalla por el relato que ésta o aquélla victoria táctica.
Si se hace política a medio plazo...; esto es, necesariamente guiada por la voluntad de que determinadas convicciones acaben calando en la sociedad. Es decir, política de verdad y no simple gestión de elecciones para conseguir puestos que repartir dentro del grupo del que depende tu posición de poder.
Política ficción en España.
O no, fíjense en la foto de la cabecera de la manifestación del 8-O. Sobre una "R" y una "E" aparece un hombre con una camisa gris de manga corta. Es un político que lo había sido todo y que había apoyado a SCC cuando el proyecto estaba empezando. Que rellenó su hoja de colaborador y vino siempre que se le llamó para apoyar actos en los que no reuníamos ni a un centenar de personas. Cuando se le pidió que acudiera a la manifestación del 8-O se lanzó a la piscina sin calcular si aquello sería un éxito o un fracaso.
Ahora está a un paso de asumir una de las posiciones más relevantes en la política mundial: responsable de la política exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea.


Política de verdad.

miércoles, 2 de octubre de 2019

La intolerancia política según la Generalitat

La Generalitat ha hecho una cartografía de la intolerancia política. Su objetivo es hacer un seguimiento y valoración de la salud democrática de la sociedad catalana, es decir, el nivel de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos. Se ve que se ha dedicado dinero (nuestro dinero) y esfuerzos a una página web en la que se dispone de hasta un mapa interactivo para seguir los incidentes que se recogen.


Hace unas semanas se daba a conocer un informe sobre violencia política en Cataluña preparado por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña en el que participan Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia.


El Informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política se limita a los seis primeros meses de 2019. Aquí realizaba una valoración del mismo. El de la Generalitat es más ambicioso, puesto que comienza en el año 2017 (el primer incidente registrado se corresponde al 18 de febrero de 2017) y llega a septiembre de 2019. Abarca, por tanto, más de dos años y medio y se superpone, por tanto, parcialmente, con el del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. De hecho, en el Informe de la Generalitat se reconoce que se han utilizado datos del presentado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Inolerancia.


Se discrepa, en cambio, en la metodología -y esto ya es significativo-; en el informe del Observatorio de la Violencia Política se excluye la violencia verbal en redes sociales, excepto cuando quien ejerce esa violencia verbal es un cargo público. La idea es que los cargos públicos tienen una obligación de respeto a la convivencia, también en las redes sociales, que opera en menor intensidad cuando se trata de ciudadanos que no asumen cargos públicos. Como es sabido, de incluir esta violencia el informe no tendría límite. Yo mismo guardo algunas de las "perlas" que me han dedicado en redes sociales tan solo para mantener la memoria de estos años miserables, pero sin ninguna intención de actuar o denunciar a los autores.
Esta, como digo, es la filosofía del informe preparado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia. En el informe de la Generalitat, sin embargo, nos encontramos con que, precisamente, el primer incidente que se reporta son amenazas en twitter al presidente de la Generalitat. No digo que no hayan de ser denunciadas estas cosas, por supuesto; se trata tan solo de ponerse de acuerdo en ello; pero si se recogen esos tweets amenazantes contra el Sr. Puigdemont (que era entonces el presidente de la Generalitat) ¿por qué no se recoge que en redes sociales se hizo explícito el deseo de que la señora Arrimadas sufriera una violación grupal?


Ya no digo nada de las que sufren otros colectivos. Aquí una muestra...


Todo lo anterior está ausente del documento de la Generalitat, quien, además, hace expreso que no incluye casos en los que la agresión implica a un poder público. Curioso, como digo, una divergencia grande entre el Informe de la Generalitat y el del Observatorio de la Violencia Política; y significativa, porque, como he dicho, para el Observatorio son más graves las amenazas o insultos que se dirigen desde el poder a quien no tiene el poder que las que puedan dirigir los ciudadanos a quines ejercen una función pública, mientras que para la Generalitat parece ser que es justo al contrario. Curioso.
De lo que se ha dicho hasta ahora se deriva que quizás haya un sesgo en el informe, que, por desgracia, se confirma de su lectura. Pondré un ejemplo.
Esto es lo que indica el informe sobre lo sucedido entre el 7 y el 11 de abril de 2019


Como se ve, incluye como intolerancia política un saludo fascista. No entraré aquí a discutir si es adecuado o no incluirlo en intolerancia política; porque lo que llama la atención es que incluyendo ese saludo fascista no incluya como intolerancia política el boicot al acto de S'ha acabat! en el que se inserta ese saludo. Aquí explico lo que pasó el día 11 de abril de 2019 en la UAB y, como se ve, hubo bastante más que un saludo fascista: nos encontramos con el intento deliberado de boicotear un acto sobre Europa, con un grupo de personas que formaron una cadena para impedir el acceso a la sala donde se iba a realizar el acto y que obstaculizaron el acceso de los que debíamos intervenir y de los asistentes.


Pero es que tampoco se incluye el boicot a la carpa de S'ha acabat! el día 9 de abril en la UAB y que aquí también explico. ¿Por qué se incluye como intolerancia un saludo fascista y no rodear a una carpa informativa intentando cerrarla con cinta aislante, empujando, golpeando y tirando objetos a quienes estábamos en la carpa?


Creo que el sesgo de la Generalitat es claro. Por ejemplo, tampoco figura en el informe el boicot al acto sobre Cervantes organizado en la UB por SCC el 7 de junio de 2018



Tampoco figura el ataque que aquí se relata a una carpa de SCC en la UAB el 14 de marzo de 2017
y en el que se incluyeron imágenes como éstas: se roba la bandera de la carpa y un encapuchado la quema delante de los jóvenes que en ella estaban.




tampoco figura en el informe un ataque con palos a otra carpa informativa de constitucionalistas en la UAB el 7 de mayo de 2018.



Y podría seguir...
En definitiva. Tenemos un informe que hemos pagado todos, pero en el que las agresiones contra quienes no comparten los planteamientos nacionalistas no son consideradas ni tan siquiera signos de intolerancia política. En el que el tweet en que se desea una violación grupal a la jefa de la oposición en Cataluña es pasado por alto, mientras que el informe se encabeza con un tweet amenazante contra el presidente de la Generalitat.
Pocas veces he visto un ejercicio tan desvergonzado del poder en beneficio de una determinada ideología.

martes, 17 de septiembre de 2019

Sobre los indultos/On Pardons

Agradezco a Jamie Mayerfeld su aportación en mi muro sobre la posibilidad de indultos a los líderes nacioanalistas. Su planteamiento ha de ser considerado, aunque, como se verá discrepo de él. Dado que Lourdes Santamans me había pedido que tradujera el intercambio (inicialmente en inglés), aquí comparto los comentarios de Jaime y míos tanto en inglés como en castellano (la traducción es mía y pido perdón por los errores).



"I'll comment in English, because I'm too lazy to write in Spanish. We've discussed this before, but I continue to think that pardons for the nationalist leaders if they are convicted could be a wise political move. Catalonia is a divided society, and one must use every ounce of wisdom, courage, virtue, generosity, and humility to heal divisions, rebuild trust, and move forward. I deeply respect legalist values, and also think that when half the population rejects the existing legal frame one has to move beyond legalist values. Yes, the nationalist leaders seem to have broken the law (the judges will deliver a verdict on the question); yes, they have received due process; yes, their demands are unjust. But saying this will only get you so far, when half the population of Catalonia perceives them and their cause as legitimate. Pardons could be a way of starting the difficult work of reconciliation - and of course a refusal to pardon will hand the hardline nationalists a potent grievance they will exploit shamelessly. Rivera's demand that Sánchez exclude the possibility of pardons strikes me as destructive and unwise. That is my fallible opinion".

"Lo escribiré en inglés porque estoy demasiado cansado para escribir en español. Lo hemos discutido antes, pero continúo pensnado que los indultos a los líderes nacionalistas si estos son condenados podría ser una jugada política inteligente. Cataluña es una sociedad dividida y se debe utilizar toda la sabiduría, el valor, la virtud, la generosidad y la humildad para cerrar las heridas, recuperar la confianza y avanzar. Respeto profundamente el valor de la ley, y también pienso que cuando la mitad de la población rechaza el marco legal vigente se tiene que ir más allá de lo legal. Si, parece ser que los líderes nacionalistas infringieron la ley (los jueces dictarán sentencia sobre esto); si, han tenido un juicio justo; si, sus peticiones son injustas. Pero esto no te llevará muy lejos si la mitad de la población piensa que ellos y su causa son legítimas. Los indultos podrían ser una vía para empezar el difícil trabajo de la reconciliación -y, por supuesto, la negativa al indulto proporcionaría a la línea dura nacionalista un motivo de agravio que explotarían sin contemplaciones. La petición de Rivera de que Sánchez excluya la posibilidad de indultos me parece destructiva y poco inteligente. Quizás esté equivocado."



"Hi Jamie. Your point is a very important one. It is completely true that Catalan society is a divided society. There are no points of consensus and we argue about almost everything. We must, of course, move forward. My proposal has been -and still is- dialogue between Catalans. We must speak and listen, understand and be understood. I am not only talking about dialogue between political parties or between the regional government and the national government. Of course, talks involving political leaders and institutions are important, but I think that dialogue between citizens and associations is also essential to recover a peaceful co-existence within Catalonia.
I think that we should consider pardons for the nationalist leaders in this framework. The question is: would this pardon help to rebuild harmony and peace in Catalonia? Would this pardon mean that the regional government will apply the law and will put aside defiance to courts' and electoral authorities' orders? Would that pardon mean that the regional authorities will ensure to the children their right to receive a part of the education in Spanish? Would that pardon mean that it will be possible for the constitutionalists to expose their points of view on the streets without suffering attacks? Would that pardon mean that anybody will will be allowed to play the Spanish National Anthem on the street without being threatened by the regional/national police? Would that pardon mean that the regional police will investigate the attacks suffered by constitutionalists?
I have some doubts. Till now the nationalist leaders have not showed any regret. They maintain that they acted correctly and that it was the Spanish government, the Spanish parliament and the Spanish courts who infringed the law (domestic and international). Moreover, they say that they will try again to force Spain to recognize the independence of Catalonia ("ho tornaren a fer", We will do it again"). So, what would be the meaning of a pardon in this context?
Finally, would that pardon be useful to make understand the nationalist leaders that in a democratic society it is important to obey the law? Would that pardon be useful to understand that in a democratic society the respect to the law is the respect to the others. Would this pardon make that nationalist will understand that the public power shouldn't act outside the law in infringement of the citizens' rights? Would that pardon send the message that in a society without points of consensus the law is the only guarantee of the co-existence? I think that this last point is important because when there are no points of consensus and a part of the society (a part that includes the regional and local governments, the police and public officers) acts outside the law, the other part of the society has only two options: either they infringe also the law or they accept their submission to the lords of the land.
I have doubts, but I think that the pardon would send the message that when you are a nationalist you are allowed to infringe the law. It would be different, of course, if we would be facing a situation in which the nationalists would have admitted that what they did in 2017 was a mistake and that henceforth they will grant the rights of all the Catalans and will respect the Constitution and all the legal order; but this is not the case.
So, at the end, I think that the pardon to the nationalist leaders would be, again, a message meaning that, we, the other half of Catalonia, have less rights than the nationalist part of the society and I think that this wouldn't be useful to rebuild coexistence here in Catalonia. Pardon without regret is just a way to confirm that they (the nationalist) did what they should".

"Hola Jamie. Plantes una cuestión muy importante. Es completamente cierto que la sociedad catalana está dividida. No tenemos puntos de consenso y discutimos sobre casi todo. Por supuesto, tenemos que cambiar esto. Mi propuesta ha sido -y sigue siendo- el diálogo entre catalanes. Tenemos que hablar y escuchar, entender y ser entendidos. No me refiero solo al diálogo entre partidos políticos o entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Por supuesto, las conversaciones entre líderes políticos e instituciones son importantes, pero creo que el diálogo entre ciudadanos y asociaciones también es esencial parar recobrar la convivencia pacifica en Cataluña.
Creo que los indultos a los líderes nacionalistas deben considerarse en este marco. La pregunta es: ¿ayudarían esos indultos a reconstruir la armonía y La Paz en Cataluña? ¿implicarían esos indultos que el gobierno regional aplicaría las leyes y abandonaría el desafío a las decisiones de los tribunales y de las autoridades electorales? ¿supondrían esos indultos que las autoridades regionales garantizarían el derecho de los niños a recibir una parte de su educación en español? ¿implicarían esos indultos que sería posible para los constitucionalistas exponer sus puntos de vista en las calles sin sufrir ataques? ¿supondrían esos indultos que cualquiera podría hacer sonar el himno nacional español en la calle sin ser amenazado por la policía regional/nacionalista? ¿implicarían esos indultos que la policía regional investigaría los ataques sufridos por los constitucionalistas?
Tengo mis dudas. Hasta ahora los líderes nacionalistas no han mostrado ningún arrepentimiento. Ellos mantienen que actuaron correctamente y que fueron el gobierno, el parlamento y los tribunales españoles quienes infringieron la ley (interna e internacional). Es más, ellos dicen que intentarán de nuevo forzar a España a reconocer la independencia de Cataluña ("ho tornaren a Fer", "lo volveremos a hacer"). Entonces, ¿qué sentido tendrían los indultos en este contexto?
Por último, ¿serían útiles los indultos para hacer entender a los líderes nacionalistas que en una sociedad democrática es importante obedecer la ley? ¿Serían útiles esos indultos para entender que en una sociedad democrática el respeto a la ley es el respeto a los otros? ¿harían estos indultos que los nacionalistas entendieran que el poder público no ha de actuar fuera de la ley vulnerando los derechos de los ciudadanos? ¿trasladarían esos indultos el mensaje de que en una sociedad sin puntos de consenso la ley es la única garantía de la convivencia? Porque cuando no hay consensos y una parte de la sociedad (una parte que incluye los gobiernos regional y locales, la policía y funcionarios públicos) actúa fuera de la ley, la otra parte de la sociedad tiene solo dos opciones: o bien infringe también la ley o acepta someterse a los señores de la tierra.
Tengo dudas, pero creo que los indultos enviarían el mensaje de que cuando eres nacionalista te está permitido infringir la ley. Sería diferente, por supuesto, si estuviéramos ante una situación en la que los nacionalistas hubieran admitido que lo que hicieron en 2017 fue un error y aseguraran que de ahora en adelante garantizarían los derechos de todos los catalanes y respetarían la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Pero no es esta la situación.
Así que, al final, creo que los indultos a los líderes nacionalista serían, de nuevo, un mensaje en el sentido de que la otra mitad de Cataluña tiene menos derechos que la parte nacionalista de la sociedad; y creo que esto no sería útil para reconstruir la convivencia en Cataluña.
Los indultos sin arrepentimiento serían tan solo una forma de confirmar que ellos (los nacionalistas) hicieron lo correcto".


viernes, 30 de agosto de 2019

Violencia política




Ayer se ha prestó el primer informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. Aquí puede consultarse el informe íntegro.
Los resultados de ese informe nos hablan claramente de la crisis de convivencia que sufrimos en Cataluña. En los seis primeros meses del año se han identificado 189 incidentes violentos que tenían por objeto "la claudicación o la modificación de la libre voluntad del oponente político" (que es como el informe define "violencia política" en el informe). No es, de todas formas, una recopilación exhaustiva, pues se limita a lo que ha podido ser identificado en prensa y redes sociales, por lo que es claro que el número de incidentes violentos es mayor. Sería deseable que con más medios se pudiera hacer un informe más completo; pero, de momento, lo que tenemos es este documento de 40 páginas que nos ofrece una panorámica significativa de la violencia política en Cataluña. Supera, con mucho, lo que ofrece en su página web la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, que se limita, en lo que se refiere al tema que nos ocupa, lo que he marcado en rojo en su página web:


Una página web en la que el apartado de Informes está vacío


Ante esta inactividad oficial, el Observatorio de la Violencia Politica en Cataluña ha hecho el esfuerzo de recopilar informaciones accesibles para todos con el fin de ofrecer un panorama aproximado de la forma en que se intenta silenciar al adversario político en nuestra Comunidad.
La primera conclusión que extraemos es que existe una crisis de convivencia que afecta de manera decisiva al desarrollo de la actividad política en Cataluña. 189 incidentes supone una media de más de uno diario. De media una vez al día se intenta silenciar al adversario político con medios ilegítimos.
Estos medios son de distinta intensidad; pero esto no ha de llevarnos a banalizar el fenómeno. Creo que la contemporización con las manifestaciones menos intensas de la violencia está en la base de situación que padecemos ahora y en la que de los insultos y los boicots se ha pasado al contacto físico y la agresión. No, ninguna manifestación de la violencia ha de ser tolerada, porque esa tolerancia sienta las bases de una acción mayor. Todavía recuerdo cuando, hace unos años, una autoridad académica me explicaba por teléfono, ante mi preocupación por el boicot anunciado a una carpa de Joves SCC en la UAB que no me preocupara, que. no nos iban a pegar, se limitarían a insultarnos. Más exactamente habría que decir: rodearnos e insultarnos, gritarnos y acallar nuestros mensajes con su megafonía. Cuando se da por bueno el coaccionar a quien piensa diferente se están sentando las bases de una espiral que no sabemos cómo acabará, por eso es tan importante condenar todo tipo de violencia, y por eso el informe recoge también actos de boicot, escarches y amenazas. Todas estos intentos de silenciar al adversario han de ser condenados.
Y han de ser condenados no solamente porque pueden conducir a otros más graves, sino porque estas formas de coacción son tremendamente eficaces cuando, como pasa en Cataluña, son continuos y extendidos. En esta forma de coacción está la base del silencio de muchos que no osan manifestarse como contrarios al nacionalismo o exigir sus derechos (los lingüísticos en la escuela, por ejemplo) ante el temor de verse sometidos a estas formas de acoso de, pretendidamente, "baja intensidad".
Otra de las consecuencias que pueden extraerse de este informe es que la violencia no se reparte de manera igual entre los distintos actores. La mayoría de los actos de coacción se dirigen contra las instituciones del Estado, los partidos políticos y asociaciones constitucionalistas y aquellos que se oponen al nacionalismo. Es decir, se trata de violencia que pretende silenciar a quienes se oponen a la secesión. Menos de un 10% de la violencia es ejercida contra los nacionalistas


Es decir, la violencia es ejercida en su práctica totalidad por quienes se ven respaldados por el gobierno regional, quien no duda en pedir a quienes ejercen estas acciones violentas que "aprieten"
Este gobierno regional, además, hace alarde de su desobediencia a la ley y a las órdenes que recibe de la administración electoral y amenaza con una confrontación mayor con el Estado.
La situación, por tanto, es que quien ejerce el poder público en Cataluña (policía, escuelas, sanidad, prisión, infraestructuras...) actúa al margen de la ley y pide explícitamente que se mantenga el nivel de coacción que determinados grupos favorables a las posiciones ideológicas que suscribe el gobierno regional ejercen contra quienes se oponen a los planteamientos del gobierno.
Si esta no es una situación preocupante ya me dirán qué lo es. Y como digo, ahí están los datos, que podrán ser completados; pero no se modificarán sustancialmente. Y creo que prueba de ello es que la Oficina creada por la Generalitat para denunciar esta violencia política permanece muda, como hemos visto hace un momento.
Esta es una situación especialmente dolorosa para los catalanes no nacionalistas, quienes se ven sometidos a un poder público que actúa al margen de la ley y, a la vez, debiendo soportar una coacción constante que limita su posibilidad de actuación política y restringe sus derechos.
Urge actuar, y esa actuación pasa, tal como se indica en el informe por:

- Poner fin a la desobediencia a la ley por parte del poder público. La Generalitat y las entidades locales han de ajustar escrupulosamente a la ley su comportamiento.
- Perseguir todas las manifestaciones de la violencia política. Ninguna puede ser tolerada.
- Condenar todas las coacciones e intentos de silenciar al adversario político.

Es importante asumir que ninguna limitación de derechos ha de ser tolerada. Existe, a este respecto, una confusión bastante extendida sobre ciertas limitaciones que de manera equivocada son toleradas. Me refiero en concreto a los cortes de carreteras u otros obstáculos a la movilidad.
Lo primero que hay que aclarar es que el derecho de manifestación y de reunión es un derecho reconocido constitucionalmente. El derecho de manifestación, en concreto, habilita para que los ciudadanos ocupen el espacio público con el fin expresar sus ideas o reivindicaciones. Este derecho no está sometido -en contra de lo que se afirma con frecuencia- a autorización previa. Quienes quieren convocar una manifestación informan a la autoridad, pero esta no ha de autorizarla, aunque puede proponer alternativas a fin de hacer compatible ese derecho de manifestación con otros derechos (derechos de manifestación de otros, lo que implica prohibir las contramanifestaciones, o el derecho de circulación). Lógicamente el ejercicio del derecho de manifestación supone alteraciones a la circulación que todos hemos experimentado en más de una ocasión; pero esto no supone ninguna violencia, porque se está ejerciendo legítimamente un derecho.
Ahora bien, cuando se pretende utilizar el derecho de manifestación para cortar carreteras, ocupar edificios o impedir la circulación de otros, ahí ya entramos en el terreno de la violencia. Cuando unos encapuchados cortan una carretera con neumáticos o contenedores se está limitando la libertad de todos y es un caso de violencia. Cuando se impide el acceso a un edificio porque se ha convocado una huelga se está ejerciendo la violencia porque se está impidiendo que otros ciudadanos ejerzan su derecho a trabajar o a ir a clase (en el caso de las mal llamadas huelgas de estudiantes). Cuando la policía ordena a quienes cortan una autopista que depongan su actitud y no lo hacen, ahí se está ejerciendo violencia. Ahí nos encontramos con unos que creen que su voluntad pasa por encima de los derechos de los demás.
He vivido esas situaciones. Situaciones en las que cuando voy a clase me encuentro con una barrera que alguien controla y que se creen en el derecho de decidir si doy o no la clase, o en el derecho de permitir que los estudiantes acudan o no a clase. Tolerar esas situaciones es el calor de cultivo de la violencia, porque si uno se cree en el derecho de colocar un obstáculo físico para impedir que otro ejerza un derecho ¿por qué aquél que ve su derecho restringido no va a pensar que está legitimado para quitar por si mismo ese obstáculo? Estas situaciones son potencialmente peligrosas y han de ser evitadas; y no puede exigirse siempre a los ciudadanos que tengan paciencia y toleren la sistemática y continua vulneración de la ley y la restricción de sus derechos por parte de los nacionalistas, las autoridades regionales y las autoridades locales.

domingo, 25 de agosto de 2019

Las críticas a la propuesta de ley de lenguas

La publicación en "El Mundo" de un artículo de Mercè Vilarrubias sobre su propuesta de ley de lenguas, y su difusión por las redes sociales ha permitido un fructífero debate sobre la propuesta, detallada en el libro de la misma autora "Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo".


De las críticas a la propuesta se pueden deducir algunas conclusiones que quizás ayuden a centrar el debate en torno a la misma.

1) Críticas no a la propuesta, sino a los que se dice que dice la propuesta

Una parte significativa de las críticas no se dirige a la propuesta, sino a lo que algunos dicen que defiende la propuesta. Así, en primer lugar, que la propuesta convertiría en oficiales en toda España las lenguas españolas diferentes del castellano. Esto es falso. basta consultar las páginas 165 y 166 del libro de Mercè para comprobar que en la propuesta el castellano sigue siendo la única lengua oficial en todo el Estado. Lo que hace la propuesta es añadir que las otras lenguas españolas que sean oficiales en las Comunidades Autónomas son también propias del Estado; lo que no implica oficialidad; sino que el Estado asume que tales lenguas son también suyas en el sentido de que forman parte de la identidad española. Se trata de un reconocimiento simbólico que no implica que las lenguas españolas diferentes del castellano sean oficiales fuera de la Comunidad Autónoma que les ha dado este carácter. Decir, por tanto, que la propuesta convierte en oficiales en toda España a las lenguas españolas dientes del castellano es una falsedad.
De igual forma, es falso que la propuesta implique que podrá pedirse atención en cualquier lengua española en cualquier parte de España. Esto es radicalmente falso. Lo que mantiene la propuesta es lo que ya existe ahora: la administración periférica del Estado en cada Comunidad Autónoma con una lengua oficial diferente del castellano utilizará también esa lengua oficial. A esto se añade que los ciudadanos podrán utilizar las lenguas oficiales diferentes del castellano ante las instituciones centrales del Estado (Defensor del Pueblo, Ministros...) así como ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional. Esto, por supuesto, no implica que pueda pedirse en Cádiz un formulario en gallego. Esto está descartado por la propuesta de Ley de Lenguas. Decir, por tanto, que la propuesta de Ley de Lengua implicaría que cualquiera pudiera exigir atención en una lengua española diferente del castellano en cualquier lugar de España es otra falsedad.
Así pues, hay algunas críticas a la propuesta que no van dirigidas a la propuesta, sino a una "imagen de paja" de la propuesta.

2) Críticas por entender que la propuesta es "buenista" o un guiño a los nacionalistas

De acuerdo con este planteamiento, ante la constante vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las comunidades controladas por gobiernos nacionalistas, la propuesta intentaría llegar a un "acuerdo" por el que los derechos de los castellanohablantes pasarían a ser respetados a cambio de que se ampliaran los derechos de los hablantes de lenguas españolas diferentes del castellano fuera de sus Comunidades Autónomas.
Esto es también completamente falso. La propuesta no pretende llegar a ningún acuerdo para que se respeten los derechos de los castellanohablantes que ahora no son respetados. Estos derechos han de ser exigidos y deben garantizarse sin contraprestación alguna. La exigencia de respeto a tales derechos por parte de quienes defendemos la propuesta de ley de lenguas es clara y sin condiciones. Así como la crítica a los gobiernos españoles que no han cumplido con su obligación de convertir en reales tales derechos.


La propuesta no pretende, por tanto, llegar a ningún acuerdo con los nacionalistas ni ofrecerles ninguna "contraprestación". Es más, la propuesta ataca la línea de flotación del elemento estructural del planteamiento nacionalista en relación a la lengua. Veamos por qué.
El planteamiento nacionalista es la utilización de la lengua como instrumento de construcción nacional. En ese sentido, el concepto nuclear en la propuesta, "derechos lingüísticos", es antitético al plan nacionalista. No se trata de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sino de acabar por imponerles la utilización de la lengua que pretende potenciarse. En Cataluña es claro. Los derechos lingüísticos en relación a la utilización del castellano son permanente vulnerados con el fin de potenciar el catalán, porque el objetivo de los nacionalistas, como digo, no es garantizar derechos lingüísticos sino promover el uso de la que se quiere utilizar como eje de la nación que quiere construirse.
Si ese planteamiento basado en la lengua, su promoción y protección, es sustituido por otro en el que el eje son los derechos lingüísticos de los hablantes, el plan "catalanizador" (en Cataluña) llega a su fin. Ya no se tratará de promover el uso de una determinada lengua, sino de garantizar los derechos de los hablantes de esa lengua, pero también de los hablantes de castellano, velando porque puedan usarla ante la administración, que esté presente en las escuelas y en los medios públicos de comunicación. No es extraño que los nacionalistas estén mudos ante la propuesta, esperando seguramente que no siga adelante.
No, la propuesta no es ningún guiño a los nacionalistas. ¿Cómo podría serlo defender los derechos lingüísticos de los castellanohablantes y exigir que el Estado haga lo que no ha hecho en los últimos cuarenta años: regular sobre esos derechos, empezando por la presencia del castellano en las escuelas de las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial?

3) La propuesta pone en riesgo a la lengua común, el español

Esta es una crítica que se repite y se expresa de distintas maneras; pero en el fondo el planteamiento es siempre el mismo: España tiene ya una lengua común y cualquier cosa que implique debilitarla ha de ser rechazad. En la medida en que la propuesta llevaría a que en algunos supuestos en los que ahora se utiliza el castellano se utilizaría una lengua española diferente del castellano habría un debilitamiento de la lengua común que ha de ser rechazado.
Bien, es cierto que habrá supuestos en los que ahora se emplea el castellano y en los que, de acuerdo con la propuesta, se podría utilizar una lengua española diferente del castellano. Así, por ejemplo, cuando se testifique ante el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Además, la visibilidad de las lenguas españolas diferentes del castellano aumentaría, lo que, de acuerdo con la crítica que aquí se examina, redundaría en una menor difusión del español.
Esta es tremendamente significativa. Vamos a verlo a continuación.
En España hay diversos proyectos políticos en conflicto en cuanto a la configuración del Estado. Y en ellos la lengua juega un papel muy relevante. Los nacionalismos periféricos pretenden construir nuevas comunidades nacionales en sus territorios utilizando para ello la lengua como un elemento esencial en esa construcción nacional. La promoción en la utilización de las lenguas "propias" de las diferentes Comunidades Autónomas es clave en este proyecto.
Frente a estos proyectos del nacionalismo periférico hay una reacción basada en la promoción de la "lengua común", el español, como elemento de cohesión de España. De acuerdo con este planteamiento, todo lo que suponga promoción de la lengua común sería conveniente y lo que implicara debilitarla, negativo. Puede comprobarse en una de las críticas recibidas a la propuesta en las redes sociales en los últimos días.


La propuesta de Ley de Lenguas no se adscribe a ninguna de de estas dos posiciones. Ni promueve el catalán, el gallego o euskera... ni el castellano. La propuesta de Ley de Lenguas lo que pretende es cambiar el centro de la regulación desde la lengua, su promoción o defensa, a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Y ese es un cambio radical.
De lo que se trata es de defender los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, de los que tienen como lengua de preferencia el castellano y de los que tienen como lengua de preferencia una lengua española diferente del castellano. A partir de ahí serán los ciudadanos los que tenga que decidir cuál utilizan y cómo la utilizan. Como digo, es una perspectiva radicalmente diferente al planteamiento actual, basado en la promoción de las lenguas españolas diferentes del castellano.
Lo anterior no es incompatible con que los agentes políticos o sociales interesados en ello intenten promover el conocimiento o la utilización del español o de cualquier otra lengua española. Tengo mi opinión respecto a esas políticas, que básicamente se resume en que de acuerdo con las políticas de promoción del conocimiento y en desacuerdo con las políticas de promoción del uso; pero esta opinión no tiene nada que ver con la Ley de Lenguas. La propuesta de Ley de Lenguas se centra en la defensa de los derechos lingüísticos y pretende que el elemento esencial en la regulación de las lenguas ha de ser éste, los derechos lingüísticos, en vez de la promoción de la lengua o los pretendidos derechos de la misma.
Esto explica que quienes pretenden potenciar la utilización del español como elemento de fortalecimiento de la unidad del Estado discrepen de la propuesta de Ley de Lenguas. En este punto la coincidencia entre los nacionalistas periféricos y los nacionalistas españoles coherente. En ambos casos los derechos lingüísticos son secundarios frente al papel de la lengua como elemento de articulación nacional.
Quienes defendemos la propuesta de Ley de Lenguas, en cambio, partimos, como ya se ha dicho, del respeto a los derechos lingüísticos y a la libertad de todos para utilizar la lengua que prefieran. Veremos a dónde nos conduce esa libertad, tan alejada de la experiencia de las últimas décadas.

Aclaración

La utilización del término "castellano" o "español" se ha convertido también en campo de batalla. Yo utilizo indistintamente ambos. Desde un punto de vista filológico es más correcto "español", o al menos esto me enseñaron en COU en la asignatura de Lengua Española, donde estudió un libro  de texto magnífico, el que había escrito Emilio Alarcos Llorach; pero la Constitución utiliza el término "castellano" y creo que en textos jurídicos es más adecuado, por esa razón, utilizar esta última palabra. No hago cuestión de ello, sin embargo, por lo que creo que no corresponde criticar que utilice uno u otro, porque, como digo, voy alternado ambos, en ocasiones por razones estilísticas.

martes, 20 de agosto de 2019

Rabia y odio

No es una anécdota.
Ante los exabruptos que algunos sueltan en twitter tendemos a pensar que se trata de personajes estrambóticos que no reflejan más que sus propias carencias; pero creo que esta manera de enfrentarse al tema no es correcta.
Hace poco, a raíz de un comentario mío acerca de lo desproporcionado del gasto público en TV3 (1500 millones en cinco años, lo suficiente como para contratar 8000 maestros, o 6000 médicos o para rebajar en 1000 euros las tasas universitarias a cada estudiante de las Universidades públicas catalanas (y esto último dedicando a ello tan solo la mitad de eso 1500 millones de euros), un usuario de twitter me dedicó una serie de comentarios bastante significativos.
El primero indicaba que me fuera "a mi querido país" y que ya me pagaba él el billete de ida, pero sin vuelta, claro.


Y cuando le respondí que quién se creía él para decidir quién se iba y quién se quedaba me contestó que me fuera a Oviedo, añadiendo que yo era un "facha de mierda" y que dejara de decir mentiras.


No contento con este exabrupto aún insistió en pagarme el billete para irme, que había visto lo que decía de Cataluña y de los catalanes, que era asqueroso lo que decía, que si escupía para arriba ya vería dónde me caería y acababa recriminándome que hablara mal de la tierra que me da de comer.


Lo que parecen una serie de exabruptos sin más, sin embargo resultan, como adelantaba, bastante significativos.
En primer lugar, el individuo en cuestión se identifica de tal manera con lo que él entiende que es Cataluña que asume que quienes no comparten sus propios planteamientos no solamente es que no son catalanes, sino que, además, han de irse porque hablan mal de Cataluña y de los catalanes. Todo había comenzado por mi crítica al gasto público en TV3, lo que en circunstancias normales podría ser un tema de debate entre ciudadanos; pero que aquí no podía ser tal desde la mentalidad de mi interlocutor (admitamos esta licencia poética para referirnos a él) puesto que yo no tenía derecho a inmiscuirme en ese asunto o, por mejor decir, no podía más que asentir a lo que los nacionalistas como este interlocutor mantuvieran. Cualquier discrepancia es considerada ilegítima y lleva como sanción la expulsión, el destierro.
Es, como digo, significativo, porque ésta es una de las claves del nacionalismo: identificar Cataluña con los planteamientos nacionalistas y negar la condición de catalanes a quien discrepe de ellos. Quienes mantienen esta discrepancia o son colonos o son traidores. Es por esto que resulta tan importante insistir en que Cataluña no son solamente los nacionalistas; y esto explica también que en todas las ocasiones en que se identifica a Cataluña con los nacionalistas quienes no lo somos sintamos esta perversa confusión como un insulto personal.
Negar la condición de ciudadanía a alguien como yo, que soy ciudadano catalán tan pleno como cualquier otro (y si no, consúltese el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) supone sustituir una visión democrática y moderna de ciudadanía por una basada en unas pretendidas esencias étnicas, lingüísticas o ideológicas que, es obvio, nos remiten a sistemas autoritarios cuando no directamente fascistas. La mera pretensión de tener capacidad para decidir quién se queda o quién se va de un determinado territorio como si ese territorio fuera de su propiedad (en el sentido de propiedad que tiene en el derecho civil) es síntoma de una profunda patología moral y política que confunde la relación que tienen las personas con las organizaciones políticas en la actualidad con la que era propia de regímenes feudales o similares.
Y, como digo, esto no es una simple extravagancia de mi interlocutor. La creencia de que los nacionalistas pueden decidir quién es digno de quedarse en este territorio y quién ha de irse ha sido manifestada por personas que han ejercido responsabilidades públicas muy relevantes en Cataluña.


Podría poner más ejemplos y quien esté interesado puede localizarlos fácilmente en Internet; porque, como digo, no es una extravagancia, sino que está insito en las características nucleares del nacionalismo; entre las que se encuentra también un supremacismo que puede apreciarse fácilmente en el tweet que se reproduce en el artículo de Crónica Global que acabo de compartir; en el que el no pertenecer -en la visión de De Gispert o de mi interlocutor- a la "Cataluña verdadera" va acompañado de falta de cultura (la referencia a las revistas del corazón) o de conocimientos. Esta es una perspectiva de la que se pueden encontrar ejemplos nada sutiles


Pero también algo más disimulados en columnistas prestigiosos y que muchos tienen por moderados


Fijémonos en el último párrafo: "Una enorme bolsa interna catalana, formada en su mayoría por castellanohablantes (entre los que abundan los parados y los que han abandonado los estudios), parece tener su propio código de señales: entusiasmo por la Roja, cultura Telecinco, fricciones con la nueva inmigración". Es, de nuevo, claramente ese supremacismo de "los de aquí" frente a los "castellanohablantes".
Es esto a lo que nos enfrentamos. A personas que nunca reconocerán que nuestros derechos en Cataluña son exactamente iguales a los suyos. Exactamente iguales.
Personas que querrían echarnos porque para ellos somos intrusos en su patria pura. Personas que no pierden ocasión de mostrarnos su rabia y su odio, que quisieran hacernos desaparecer.
Pues no, nos quedaremos.

Quedarse.
quedarse sin esperanza,
sin que nadie aún sepa
qué puertas cerrarán,
Quedarse sin saber
qué pasará,
quién prevalecerá,
cuántas humillaciones aún nos quedan,
cuántas derrotas acaecerán,
cuánta rabia vendrá.
Quedarse sin arrogancia,
con cierta tranquilidad,
soñando en la distancia
con la justicia y la paz,
Quedarse.
Quedarse convencido,
consciente.
Quedarse como tantos
que no se irán.
Quedarse porque éste es el lugar
al que la vida nos trajo,
donde ellos nacieron,
donde está nuestro hogar.
Quedarse por los que llegaron,
por aquellos que en su día vinieron,
por quienes aquí murieron.
Quedarse también por los que se marchan,
por quienes todo lo dieron,
los cansados que gritan ¡basta ya!
los que no lo entienden... ni entenderán.
Quedarse...
nada más.

¿Quién nos ayudará? ¿Lo harás tú?