sábado, 22 de abril de 2017

Referéndum y desvergüenza

Vamos a repasar algunos hechos.
El 9 de noviembre de 2015 el Parlamento de Cataluña aprobaba una resolución (Resolución 1/XI) en la que se proclamaba el inicio del proceso de "desconexión"; esto es el de creación de un Estado independiente de España en el territorio de Cataluña.
La Resolución fue impugnada por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional y en un primer momento suspendida su eficacia para, finalmente, ser declarada inconstitucional por medio de la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre. Esta Sentencia no solamente indicaba que el contenido de la mencionada Resolución era incompatible con la Constitución, sino que todo el proceso de "desconexión" que pretende una derogación de la Constitución en Cataluña por la vía de hecho y la separación de Cataluña del resto de España al margen de los procedimientos de reforma constitucional y de manera unilateral, son incompatibles con la Constitución. Reproduzco a continuación un párrafo del Fundamento Jurídico Séptimo de la Sentencia que es, en este sentido de una extraordinaria claridad:


La Sentencia, además, realiza otra indicación de gran relevancia: la de que los poderes públicos han de comprometerse a actuar de acuerdo con lo que establece la Constitución, lo que no implica una adhesión ideológica a la misma, pero sí que ajusten su comportamiento a lo que prevé nuestra norma suprema. A continuación reproduzco otro párrafo de la misma Sentencia del TC, en este caso del Fdol Jurídico 4:


Tras esta Sentencia, sin embargo, y como es obvio, las instituciones autonómicas han continuado desarrollando actividades y adoptando resoluciones que pretenden implementar el proceso secesionista y que, por tanto, son incompatibles con la Constitución y que implican desobedecer la Sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015.
Entre estas desobediencias ahora nos interesa la que resulta de la aprobación de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre la realización de un referéndum de autodeterminación (Resolución 306/XI, apartado I). Esta Resolución instaba a que se celebrara un referéndum de autodeterminación en Cataluña, a más tardar en septiembre de 2017. Dicha Resolución fue impugnada ante el TC por el Gobierno al entender que suponía una nueva vulneración de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015. El Tribunal Constitucional, en su Auto de 14 de febrero de 2017 anuló los aspectos de dicha Resolución que habían sido impugnados, y estableció que la celebración de dicho referéndum suponía efectivamente, una vulneración no solamente de la Constitución, sino también de las Resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional en la materia. Uno de los párrafos del Fundamento Jurídico 9 es especialmente claro a este respecto:


Teniendo esto en cuenta, y considerando que, como hemos visto antes, los titulares de cargos públicos  han de actuar dentro del marco que fija la Constitución, no cabe excesiva duda de que ninguna autoridad puede realizar actividades orientadas a la preparación o realización del mencionado referéndum de autodeterminación. Por si no fuera ya suficientemente claro, el Tribunal Constitucional lo hace expreso en su Auto de 14 de febrero


Esta obligación de abstenerse de realizar cualquier actuación dirigida a dar cumplimiento a la Resolución 306/XI en lo que se refiere a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, así como la de impedir cualquier iniciativa "jurídica o material" que tuviera por objeto el cumplimiento de dicha Resolución, fue comunicada personalmente, entre otros, al Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Ayer, 21 de abril, el Presidente de la Generalitat, los miembros de su Gobierno y otras autoridades suscribieron el documento que puede encontrarse en este enlace. En él los firmantes se comprometen a convocar y celebrar el referéndum de autodeterminación y, en su caso, a implementar las consecuencias de su resultado.


La noticia de este compromiso para la realización del ilegal referéndum está colgada en la página web de la Generalitat.


El Presidente de la Generalitat se compromete en público a realizar un acto ilegal, a desobedecer a la Constitución y al Tribunal Constitucional. Utiliza para ello un espacio que es de todos los catalanes y de todos los españoles, como es el Palacio de la Generalitat y lo difunde a través de una web que pagamos todos los catalanes y todos los españoles.
Y dicen que todo esto no tiene consecuencias jurídicas...
¿Cómo no va a tenerlas? ¿Es indiferente al Derecho que se formule un compromiso público de varias autoridades públicas que actúan como tales para realizar un acto contrario a la Constitución, expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y de cuya prohibición se informó personalmente a los que ahora se comprometen a realizarlo? ¿No tiene consecuencias jurídicas que se utilice el sello de la Generalitat para un compromiso que se sabe contrario a Derecho? ¿Es irrelevante jurídicamente que se dedique un espacio público a la escenificación de la intención de cometer una ilegalidad? ¿Carece de relevancia que se utilice la página web de la Generalitat de Cataluña para promocionar un referéndum de autodeterminación contrario a la Constitución y que supondría la derogación de ésta en Cataluña?
No, no es irrelevante jurídicamente lo que pasó ayer, no es indiferente al Derecho lo que estamos viviendo y tiene, por supuesto, consecuencias jurídicas.
Otra cosa es que algunos, por comodidad, se nieguen a asumir sus responsabilidades. Y por esta vía acabemos destruyendo nuestro Estado de Derecho.
La Historia pasará cuentas de lo que se ha hecho y de lo que se ha dejado de hacer en estas semanas.

domingo, 16 de abril de 2017

Hamlet para niños

Llevo doce años contando casi a diario un cuento para niños. Primero con mi hija mayor, Cecilia. Ahora con Amanda y Héctor, mis hijos pequeños, nacidos en 2009. Muchas veces los cuentos son variaciones sobre el mismo tema. Hay algunos personajes que se van repitiendo. Por ejemplo, Francis Bacon, un implacable asesino que invariablemente engaña a la policía y es desenmascarado por un niño que siempre está ahí para descubrir la verdad. Otros cuentos que se repiten son los de los krokut. Cuando un niño se porta mal, por la noche los krokut, una especie de monstruos parecidos a los murciélagos, los vienen a buscar para llevárselos a su cueva. Allí el niño se va transformando poco a poco en otro krokut hasta olvidarse de su familia. El cuento, invariablemente, nos habla de un niño que ya en la cueva se arrepiente de haberse portado mal y quiere escapar para no verse convertido en krokut. Evidentemente, el cuento acaba con el niño que ha recuperado su forma de niño y regresa a su hogar.
Pero todo esto acaba agotándose también, así que también recurro a los clásicos. Ya conté hace tiempo un "Macbeth para niños" y el otro día me atreví con un "Hamlet para niños". Es el relato que sigue.



Hace mucho años, en un reino llamado Dinamarca había un rey, pero un día se murió. Una enfermedad le invadió y en pocos días falleció. El rey tenía un hijo, Hamlet, de quince años de edad; pero como era todavía pequeño para reinar nombraron rey a su tío, el hermano del anterior rey. El nuevo rey decidió entonces casarse con la viuda del viejo rey, la madre de Hamlet, y así pasaron a ser el rey y la reina del país y Hamlet se sintió muy solo y abandonado.
Había pasado un tiempo desde la muerte del rey cuando Hamlet, en la noche, paseando cerca del castillo donde vivía con su madre y su padrastro, vio una figura misteriosa de color blanco que aparecía y desaparecía entre unos árboles. Hamlet tenía miedo cuando veía la figura y no se atrevía a aproximarse. Volvió al castillo, pero los siguientes días regresó al lugar donde había visto la figura. Cada noche aparecía y un día decidió avanzar hacia ella, entonces el fantasma -pues se trataba de un fantasma- se le acercó y le dijo:

- Hamlet, ¿no me reconoces?

Hamlet negó; entonces el fantasma le dijo: "Soy el fantasma de tu padre".
Hamlet se asustó y escapó corriendo; pero a la noche siguiente volvió al sitio en el que se aparecía el fantasma porque quería saber qué le podía contar.
A la hora habitual apareció el fantasma, se acercó a Hamlet y así le habló:

- Soy el fantasma de tu padre, y has de saber una cosa: mi muerte no fue natural, me asesinaron. Tu tío se acercó a mí mientras dormía y me echó un veneno en el oído. Ese veneno penetró en mi cuerpo y me provocó la enfermedad que me causó la muerte.

Hamlet se quedó estupefacto ante lo que le contaba el fantasma; y antes de que pudiera decir nada el fantasma continuó.

- ¡Es necesario que me vengues y mates a tu tío!

Y entonces el fantasma desapareció.

Hamlet se quedó solo y muy angustiado. Pensaba en lo que le había dicho el fantasma, pero no sabía si creerlo. El fantasma decía que era el de su padre muerto, pero Hamlet no estaba seguro, y lo que le explicaba era muy grave ¿cómo era posible que su tío hubiera asesinado a su propio hermano?
Hamlet quería olvidarse de lo que le había dicho el fantasma, pero no podía quitárselo de la cabeza. Si era verdad lo que le decía debería vengar a su padre, pero ¿cómo lo haría? ¿cómo podía estar seguro de que el fantasma decía la verdad?
Dudaba y dudaba Hamlet hasta que tuvo una idea. Sigilosamente entró en las habitaciones de su tío a ver si encontraba una pista. En la habitación miró y buscó y encontró una cosa que le llamó la atención, un embudo que parecía muy apropiado para colocarlo en un oído. Tomó el embudo y miró su interior. Vio que había gotas de un líquido y con mucho cuidado las recogió y las metió en un frasco.
Hamlet era aficionado a la ciencia y en sus habitaciones tenía un laboratorio. Utilizó el laboratorio para analizar el líquido que había encontrado y comprobó que efectivamente era un veneno.
Aquello le hizo ver la verdad: era cierto que su padre había sido asesinado por su tío y él tenía que vengarlo, pero ¿cómo?
Hamlet se puso a pensar y encontró una solución para su venganza. Preparó lo necesario y se dirigió a ver a su tío. 

- Tío, deberías entrenarme en el manejo de la espada. Tengo edad para aprender esgrima. ¿Me puedes enseñar?

Su tío se quedó un poco sorprendido, pero no se negó. Entonces Hamlet sacó las espadas que había traído. Eran espadas con un botón en la punta para no herirse; pero en una de ellas Hamlet había dejado una pequeña arista que podía rasgar la piel. En esa arista había puesto un poco de veneno. Le dio a su tío la otra espada y él se quedó con la que estaba envenenada.
Se pusieron a luchar con las espadas. Se movían mucho y sudaban, y el rey dispuso que sirvieran agua con limón. Hamlet estaba cansado y sediento y bebió de la limonada que habían preparado.
Llevaban luchando un rato cuando Hamlet consiguió rasgar la piel de su tío. Éste se dio cuenta de que había sido herido, aunque superficialmente.
Al ver que había conseguido hacerle sangrar Hamlet dejó de luchar y le dijo a su tío.

- Ahora morirás, la punta estaba envenenada y así vengaré a mi padre.

El rey se dio cuenta de lo que había pasado y se giró enfurecido hacia Hamlet.

- Me matarás, sí, pero yo también a ti. La limonada que has bebido estaba envenenada. Te mataré a ti igual que antes maté a tu padre.

Entonces Hamlet comenzó a sentirse mal. Notaba que se le nublaba la vista por el veneno de la limonada, a la vez el rey se caía como consecuencia del veneno de la espada.
La reina que estaba viendo la escena soltó un grito: no podía creer lo que oía. Su marido había matado a su anterior marido y ahora su hijo estaba envenenado.
La reina corrió hacia su hijo mientras el rey moría. Como la reina era maga, tenía hierbas que curaban y se las puso a Hamlet en la boca para que las masticara. Al hacerlo se pasó el efecto del veneno en la limonada y se recuperó.
El rey había muerto y Hamlet fue coronado nuevo rey. Vivió muchos años junto con su madre y fue un rey justo para Dinamarca
Y cuento contado, cuento acabado.


miércoles, 5 de abril de 2017

UAB

Estremece (o debería estremecer) leer el relato que se hace en el artículo que firma Margarita Arboix, Rectora de la UAB, en "El País":

"En los últimos meses, la organización de Societat Civil Catalana a la UAB ha sido objeto de acoso por parte de un grupo reducido de jóvenes agrupados en una autodenominada Plataforma Antifascista. La parada montada por Societat Civil Catalana para hacer propaganda política fue desmantelada y se profirieron insultos contra miembros de este grupo. También se quemó alguna bandera española. Todo eso en medio de una fuerte tensión y con una notable violencia verbal y gestual".

El asedio al que se refiere la Rectora comenzó hace un año, y ya tuve ocasión de referirme a él en varias ocasiones en este mismo blog (aquí, aquí y aquí). Entiendo que en su relato la Rectora se refiere al último episodio de violencia sufrido por "Joves SCC-UAB", un grupo de estudiantes de la UAB constituido en colectivo dentro de la Universidad, episodio que padecieron el 14 de marzo pasado y en el que la carpa que habían montado (para "hacer propaganda política", según la expresión de la Rectora) fue boicoteada y asaltada; robada la bandera española que allí había y quemada delante mismo de los jóvenes de SCC. Para acabar se roció con un extintor la carpa, lo que motivó que, finalmente, el colectivo abandonara la plaza. A continuación dejo algunas imágenes y vídeos de los hechos a los que se refiere la Rectora en el párrafo que acabo de transcribir.





Como puede verse en el vídeo, aparte de lo que indica la Rectora, nos encontramos con la utilización del extintor contra quienes estaban en la carpa y no estamos solamente ante insultos, sino ante consignas tan explícitas como "sin piernas, sin brazos, nazis a pedazos". Aparte, en el segundo vídeo se escucha claramente cómo uno de los jóvenes le pide a los servicios de seguridad del campus que llamen a los Mossos d'Esquadra.

Nos encontramos, es evidente, ante hechos de una enorme gravedad. Tanto en sí mismos como porque implican el intento de acallar una determinada voz en el espacio público; y en este caso, además, en una Universidad. No es extraño que estos hechos hayan sido condenados por personas (incluidos varios diputados desde la tribuna del Parlament) e instituciones. Entre otras, por el Ayuntamiento de Cerdanyola, el municipio en el que se ubica la UAB, y también por el Ayuntamiento de Terrassa, y que se hayan presentado iniciativas en el Parlamento de Cataluña con el fin de estudiar lo sucedido.
Quien todavía no ha condenado estos hechos es la UAB. En el artículo de la Rectora que da pie a esta entrada se dice:"El equipo de Gobierno de la UAB ha emitido diversos comunicados de condena cuando se han producido hechos como los relatados más arriba". Bien, es cierto que el equipo de gobierno de la UAB ha emitido comunicados de condena ante algunas acciones de "los encapuchados" (a quienes por su asiduidad en nuestro campus deberemos dedicar algún artículo específico de los estatutos de la UAB); así por ejemplo cuando un grupo de ellos intentó sustraer material del servicio de reprografía de la Facultad de Filosofía y Letras dos días después del ataque a la carpa de SCC



Pero nunca se han condenado los ataques a las carpas del colectivo "Joves SCC-UAB". Resulta sangrante esta condena selectiva por parte del equipo de gobierno de la UAB que, inevitablemente, traslada la imagen de que los ataques que sufre SCC no tienen la misma entidad que, por ejemplo, el intento de que unos encapuchados sustraigan material de una fotocopiadora. Me pregunto cómo es posible que en el artículo de la Rectora se pretenda confundir al lector haciendo creer que la UAB ha condenado las agresiones que sufre SCC cuando eso es radicalmente falso. Nunca se han condenado los ataques que sufren los integrantes de ese colectivo en la UAB.
Siendo Rectora Marga Arboix, las carpas de SCC fueron atacadas el 2 y el 12 de diciembre. Los hechos del día 2 han dado lugar a una instrucción penal que concluye que se produjeron delitos que merecen la apertura del juicio oral. Los hechos del 12 fueron denunciados ante la policía y están pendientes de investigación. Vídeos e imágenes de los incidentes de entonces pueden encontrarse en las entradas del blog que citaba antes. Ninguno de estos ataques fue condenado.
El día 13 de diciembre no pudo desarrollarse un cinefórum organizado por el colectivo "Joves SCC-UAB" porque los autodenominados "anfifascistas" habían ocupado el lugar en el que se pensaba desarrollar. Al final el cinefórum tuvo lugar en un aula y protegidos por miembros del equipo de seguridad de la UAB ante la presencia de "antifascistas" armados con palos que amenazaban con acceder al local donde se desarrollaba el acto. En aquella ocasión la UAB sí que emitió un comunicado en el que recordaba el derecho de todos a utilizar los espacios de la Universidad, pero en el que tampoco había una condena a quienes coaccionaban a los integrantes de SCC.


Ese mismo día 13 de diciembre, y con posterioridad al comunicado, un grupo de asistentes al cinefórum fueron perseguidos por el campus por un grupo enardecido. Esa persecución, que ha sido denunciada a Fiscalía, tampoco ha sido condenada por el equipo de gobierno de la UAB. Tampoco las pintadas contra SCC o el señalamiento con pegatinas del despacho de quien esto escribe


fue condenado por el equipo de gobierno de la UAB. Finalmente, tampoco el ataque del día 14 de marzo con el que comenzaba fue objeto de condena, pese a que, como reconoce ahora el equipo de gobierno, se produjeron los incidentes que describe el artículo firmado por la Rectora, y, como hemos visto, alguno más.

A partir de aquí la Rectora se queja de que la acuse de pasividad. Bien, creo que es una acusación que ha de mantenerse. Como hemos visto, y pese a que en su escrito quiere hacer creer lo contrario, no han existido esos comunicados de condena que dice haber realizado. En todo este asunto ha pretendido mantener una inadmisible equidistancia entre los agresores y los agredidos. Incluso en este artículo que nace para dar respuesta a las acusaciones de pasividad que pesan sobre el equipo de gobierno no puede evitar introducir esa equidistancia cuando indica que se ha de reaccionar ante este tipo de actuaciones "recriminando a los que perpetran y poniéndose al lado de quienes las padecen "siguin qui siguin els uns i els altres".
Bien Rectora, pues esto no es lo que ha sucedido. Como hemos visto no ha habido recriminación hacia quienes acosan (que son unos, no otros, basta ya de equidistancia), pero tampoco ha habido ponerse al costado de quien padece.
El 12 de diciembre, cuando estábamos rodeados por quienes querían atacar la carpa informativa en la que yo estaba, te llamé, dijiste que enviarías a la Vicerrectora de Estudiantes. Media hora después, cuando estábamos ya rodeados por los atacantes y los Mossos te volví a llamar y te pregunté dónde estaba la Vicerrectora y me dijiste que estaba ya en la Plaza Cívica, pero que no se pondría a nuestro lado, que era lo que yo esperaba de acuerdo con lo que tú misma escribes en el artículo. No creo que haya mejor metáfora de la equidistancia que ha caracterizado la actuación del equipo rectoral en este tema que la imagen de la Vicerrectora separada unos cincuenta metros de donde estábamos nosotros y contemplando desde allí como unos acosaban y otros eran acosados.

Y digo equidistancia por ser generoso, porque mientras en este artículo se califica de "propaganda" lo que hace el colectivo "Joves SCC-UAB", a la entrada de la UAB cuando se llega a la estación de los Ferrocarriles Catalanes lo que se ve es esto:


¿Es esto propaganda? La ideología dominante y la firma de sus autores (el puño y la firma: SEPC).
En el fondo lo que pasa es que quienes creían que la UAB era suya pretenden expulsar a quienes sostienen ideas diferentes, y aquí el Rectorado ha optado por no enfrentarse a quienes parecen controlar realmente la Universidad ("La UAB será siempre nuestra", dicen).
Que a estas alturas todavía no haya habido ninguna medida contra un colectivo universitario que en su twitter incluye imágenes de actos delictivos e incívicos ¿no puede calificarse como pasividad?
Que no se hubiera llamado a los Mossos d'Esquadra cuando se estaban cometiendo actos delictivos en la Plaza Cívica de la UAB, tal como hemos visto ¿no es pasividad?
Cuando se opta por la mediación entre los agresores y los agredidos ¿no es equidistancia y, por tanto, apoyo a los agresores?
Tenemos mucha tarea por delante en la UAB y me quedo con una cosa positiva en el artículo de la Rectora: si hiciera lo que en él se dice, condenar las agresiones, recriminar a los agresores y solidarizarse con los agredidos, habríamos dado pasos adelante en la recuperación de la normalidad en nuestra Universidad.

sábado, 25 de marzo de 2017

Lleida independiente y el artículo 67 de la Ley de Bases de Régimen Local

Ayer, 24 de marzo, la Diputación de Lleida aprobó una moción de apoyo al referéndum de autodeterminación y al proceso constituyente.
El texto de la moción puede consultarse a continuación


Como puede apreciarse, se trata de un apoyo expreso a la Resolución del Parlamento de Cataluña de 6 de octubre de 2016 que insta a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Esta Resolución fue anulada en lo que se refería a la convocatoria del referéndum por Auto del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 2017. La Resolución, además, ya estaba suspendida como consecuencia de la interposición en su momento del recurso contra ella planteado por el Gobierno de la Nación. Por Providencia de 13 de diciembre de 2016 (BOE, 15-XII-2016) el Tribunal Constitucional admitió el incidente de ejecución de sentencia planteado por el Gobierno y suspendió la eficacia de la Resolución en los puntos relativos a la celebración de dicho referéndum.
Así pues, la Resolución a la que se refiere la moción aprobada por la Diputación de Lleida, que en tanto en cuanto instaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña se anuló por Sentencia de 14 de febrero de este año, estaba ya suspendida desde el mes de diciembre de 2016.
La suspensión y posterior anulación no se derivaban solamente de su contenido -claramente inconstitucional- sino también del hecho de que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre el proceso de secesión en una Sentencia anterior, la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre (BOE, 12-I-2016), la que se había ocupado de la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, que daba inicio al proceso de secesión. Esto es, la anulación de la Resolución de octubre de 2016 no es más que una consecuencia de la aplicación de la Sentencia de 2 de diciembre de 2015. De hecho, la tramitación de la Resolución puede entenderse en sí mismo como un acto de desobediencia a aquella primera decisión y así está siendo tratada por los tribunales.
Y es que el Tribunal Constitucional ha dejado meridianamente claro -por si cupiera alguna duda- que es contrario a la Constitución pretender derogarla en una parte del territorio por mecanismos diferentes a los previstos en la propia Constitución y con el fin de establecer en dicho territorio un Estado independiente de España. Recupero aquí unos fragmentos de esta Sentencia del Tribunal Constitucional (la de 2 de diciembre de 2015)




Y la necesidad de respetar el marco legal y no actuar al margen de éste es inexcusable para todos los cargos públicos y autoridades, tal como nos recuerda esta misma Sentencia


En definitiva, es contrario a la Constitución y vulnera las Sentencias del Tribunal Constitucional toda actuación de los poderes públicos que suponga dar apoyo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña al margen de las previsiones constitucionales.

Por otra parte, el respeto a los principios democráticos exige el acatamiento a las Sentencias del Tribunal Constitucional. Nos lo recordaba hace poco la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, quien en un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dejaba claro que es inadmisible el no acatamiento a las sentencias del Tribunal Constitucional y que quien no las cumpla ha de ser forzado a hacerlo


Es decir, existe una responsabilidad del conjunto del Estado en el caso del incumplimiento de las Sentencias del Tribunal Constitucional. Dicho incumplimiento supone una quiebra de los principios democráticos, tal como explica la Comisión de Venecia, y los poderes públicos han de actuar para conseguir el efectivo cumplimiento de estas decisiones constitucionales.
¿Dispone de mecanismos el Estado para actuar en un caso así? Sí, aparte del recurso a la vía contencioso-administrativa y a la penal para determinar si se habían cometido delitos de desobediencia o prevaricación, entre otros, se dispone de un precepto en la Ley de Bases de Régimen Local que habilita la inmediata suspensión de los acuerdos de las entidades locales que atenten gravemente al interés general de España. Se trata del art. 67 de esta Ley (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, BOE, 3-IV-1985). Es éste


"Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Corporación y en el caso de no ser atendido, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes a la protección de dicho interés, debiendo impugnarlos en el plazo de diez días desde la suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa."   

¿Podremos encontrar un ejemplo más claro de acuerdo que entre más claramente que éste en el supuesto del artículo 67? Mientras el acuerdo no sea impugnado la Diputación  y los administrados por ella estarán sometidos a una decisión que habla explícitamente de desafiar el Estado de Derecho y separar el territorio de Cataluña de España. No nos merecemos los ciudadanos vivir esta situación. Tenemos derecho a la seguridad jurídica, a la tranquilidad de las administraciones no se volverán contra nosotros de esta forma.
Está tardando la aplicación de este precepto en relación a este caso: la vulneración de la Constitución y de las Sentencias del Tribunal Constitucional es clara y el reciente dictamen de la Comisión de Venecia no solo refuerza la legitimidad de las medidas que se adopten para dar efectivo cumplimiento  a las decisiones del Alto Tribunal, sino que también, entre líneas, muestra que los poderes públicos son responsables del cumplimiento de estas sentencias, que admitir el incumplimiento de esas decisiones no es una opción democrática.
Los ciudadanos podemos reclamar que las autoridades cumplan con su obligación, pero ahí acaba nuestro deber ciudadano.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Unos señalan, otros atacan. Romeva debe dimitir

El señor Romeva es un mentiroso y un miserable y ha de dimitir.
En lo que se refiere a la mentira, es preciso tener en cuenta que para ser partícipe en el proceso secesionista alguna alergia a la verdad hay que tener, pues es preciso sostener cosas como que tras la secesión de Cataluña el nuevo Estado sería integrante sin solución de continuidad de la UE o que el Derecho internacional ampararía un referéndum de secesión en Cataluña o que existe una imaginaria decisión del Tribunal Internacional de La Haya que establece que el principio de legalidad cede ante el principio democrático; pero en el caso de Raül Romeva se va un paso más allá. Hace unos días comprobamos que un memorándum de su departamento del que, supongo, se hace responsable, hace decir al informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional justo lo contrario de lo que en realidad dice. Pretender que un documento mantiene que el Derecho español actual no cumple con los estándares exigidos por el Convenio europeo de Derechos humanos cuando dicho documento dice justa y expresamente lo contrario entra de lleno en la categoría de mentira vergonzante y este hecho, por sí solo, debería supone el cese o la dimisión del responsable. Aquí, sin embargo, esta mentira flagrante está pasando sin que nadie se lleve las manos a la cabeza ni se exijan responsabilidades.
Sin salir del terreno de la mentira, esta mañana, en el Parlamento, el señor Romeva ha tenido una intervención deplorable. Dejo el vídeo para que se pueda verificar lo que dijo:


El consejero de asuntos exteriores, relaciones institucionales y transparencia de la Generalitat se refiere a la manifestación del domingo pasado, convocada por Societat Civil Catalana con el lema "Aturem el cop separatista. Por la libertad, la democracia y la convivencia". Una manifestación que reunió a 15.000 personas para reclamar que el gobierno de la Generalitat dejara de actuar al margen de la ley y se respetara el Estado de Derecho (aquí puede leerse el manifiesto de la convocatoria).







Miles de ciudadanos manifestándose pacíficamente, haciendo ondear banderas catalanas, españolas (algunas republicanas) y europeas, ciudadanos congregados por un lema muy claro: "Por la libertad, la democracia y la convivencia"


A estos ciudadanos es a los que el señor Romeva llama falangistas, y lo hace porque desde siempre la táctica del nacionalismo ha sido la de colocar a quienes no comparten sus planteamientos fuera del ámbito legítimo del debate. Los que no comparten sus ideas pasan a ser "fachas", "franquistas", "antidemocráticos"; y eso pese a que hagan expreso su compromiso con los valores democráticos o, como pasa en el caso de Societat Civil Catalana, pese a que esta asociación haya recibido el prestigioso premio "Ciudadano Europeo" que concede el Parlamento Europeo.
Todo esto es igual para los nacionalistas, que no saben dialogar, sino que lo que pretenden es estigmatizar a quienes no comulgan con sus planteamientos.
Evidentemente lo que dijo Raül Romeva es falso, da apuro hasta tener que explicarlo y no pretende justificarlo porque me parece denigrante tener, a estas alturas, que explicar que no soy un fascista. Quien quiera puede leer todo lo que he escrito, repasar mis intervenciones públicas y verá cuál es mi pensamiento. No haré cuestión de debate de lo que, para mí, es un insulto miserable.
Y lo que digo para mí lo digo para los muchos amigos con los que compartí manifestación, diputados como Sonia Sierra, Susana Beltrán, Carlos Carrizosa, David Pérez, Fernando Sánchez Costa, María José García Cuevas, Segio Sanz.. intelectuales como Félix Ovejero o Francesc de Carreras, voluntarios y amigos de SCC a los que conozco bien y de los que sé su espíritu democrático, jóvenes de los que padecen el acoso de los intolerantes en la UAB...
Y aquí llega la segunda parte, porque lo que ha dicho Romeva no carece de consecuencias. El constante señalamiento del discrepante que con tanta soltura practican los nacionalistas acaba afectando a la capacidad de expresarse que tienen quienes no comparten los planteamientos secesionistas.
Precisamente hace pocas horas sabíamos que en la vivienda que figura como sede de SCC en Vilanova i la Geltrú había aparecido esta pintada:


En la UAB cada carpa que coloca el colectivo de "Joves SCC-UAB" ha sido boicoteada, cuando no atacada por una plafaforma que, de forma expresa, tiene como objetivo expulsar a SCC del campus. En el vídeo que sigue puede verse el último ataque padecido


Si los líderes políticos no dudan en, miserablemente, señalar a quienes piensan diferente, como fascistas, no deberían extrañarse de que haya quien reaccione ante estos pretendidos "nazis" con actitudes intolerantes como las que acabo de reseñar. Si, además, estas actitudes violentas no son condenadas cuando se producen, los violentos se sentirán cada vez más legitimados para seguir coartando la libertad y amenazando la seguridad de quienes no comparten el credo nacionalista.
Esta es la situación que padecemos. Una quiebra democrática profunda de la que las irresponsables, mentirosas y miserables palabras de Raül Romeva son una muestra palpable.

sábado, 18 de marzo de 2017

El proceso de las mentiras internacionales (I)

La diputada de Cs Susana Beltrán había pedido reiteradamente los memorándums que la Consejería de Asuntos Exteriores del Gobierno de la Generalitat utiliza para explicar a interlocutores extranjeros la situación en Cataluña.



Tras reiteradas negativas a entregar dichos documentos, finalmente el Departamento de Raül Romeva ha publicado esos documentos en su web. Pueden consultarse aquí.



Acabo de abrir el más reciente de ellos, de fecha 15 de marzo. Es un análisis del informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), informe al que dedicaba hace unos días una entrada de este mismo blog. Este es el texto del memorándum del Departamento de Romeva



El memorándum contiene una mentira flagrante. No hablo de tergiversaciones o informaciones sesgadas, que hay muchas (y para comprobarlo me remito a mi comentario al informe de la Comisión de Venecia que citaba hace un momento), sino de mentira absoluta.
El memorándum indica que la imposición de multas coercitivas que prevé ahora la LOTC debe ajustarse a las garantías previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que no hace la ley actual, y cita los apartados 48 y 49 del Informe. Copio este fragmento del memorándum:

"The procedure to impose coercive fines, which should not be ascribed to the Constitutional Court, must comply with the guarantees provided for in article 6 (right to a fair process) of the European Convention on Human Rights, something that the current law does not (Paragraphs 48 and 49)"

La negrita está añadida por mí. Es la frase en la que dice el memorándum que actualmente la ley no cumple con las garantías exigidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, aporto a continuación los párrafos 48 y 49 del dictamen de la Comisión de Venecia al que se refiere el memorándum



¿Dice algo en esos apartados de que el Derecho español no cumple con los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos? No, no lo dice, pero es que además, veamos lo que dice el apartado 50 del informe de la Comisión de Venecia:


Esto es, expresamente el informe indica que la aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adeministrativa que prevé la LOTC garantiza que se cumplirá con los estándares exigidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos si se aplica correctamente por el Tribunal Constitucional.
El informe de la Comisión de Venecia indica expresamente que la regulación española cumple con los estándares exigidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el memorándum de Romeva dice que el informe señala que la legislación española no cumple actualmente con dichos estándares.
Una mentira flagrante, aberrante. Una más.
Y voy por el primero de los memorándums...