Castelldefels

Fronteras (1 de agosto de 2015)

Todas las personas tienen el derecho a viajar y establecerse allí donde deseen. Lo anterior no es un eslogan de ninguna organización radical, sino un principio formulado en el siglo XVI por el dominico y catedrático español Francisco de Vitoria. Entonces se entendía que el Derecho internacional amparaba a todos en su deseo de buscar una vida mejor más allá de su país de nacimiento. Este principio fue utilizado para justificar la colonización de América.
Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Ahora se asume el principio contrario: los Estados tienen el derecho a limitar en la forma que deseen el acceso de los extranjeros a su territorio. Puede parecernos natural esto último, pero no lo es, se trata de una convención que no existe desde la noche de los tiempos y que puede ser cambiada.
De hecho, no es excesivamente coherente que en el siglo XXI los capitales crucen las fronteras con total libertad, que las mercancías fabricadas en un Estado puedan ser vendidas casi sin trabas en otro y que los servicios transnacionales sean una realidad diaria mientras que las personas se encuentran cada vez más firmemente ancladas en sus países de origen. La creciente liberación del comercio y el también creciente aumento de los controles migratorios muestran que no todo marcha en la misma dirección en la globalización.
Es cierto que el movimiento de personas plantea desafíos que han de ser abordados; pero lo mismo sucede con el movimiento de capitales; es claro que este último es responsable de una reducción en la recaudación fiscal en los países desarrollados que está detrás de muchos de los recortes en servicios públicos que padecemos.
Hemos de pensar en la integración económica mundial de una manera global y ver en qué forma circulación de personas y de capitales se acompasa.


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