Tarjeta sanitaria única

El debate sobre la tarjeta sanitaria única es, aparentemente, de una transcendencia relativa, pero me parece que en él se resumen gran parte del resto de debates que nos ocupan y, además, nos permite contrastar cuáles son las posiciones de unos y otros sobre la cuestión más importante que tenemos sobre la mesa actualmente y que no es otra, en el fondo, que la de si España seguirá siendo un único estado o, por el contrario, avanzamos hacia la descomposición.

Quizás quien haya leído lo anterior piense que exagero (por decirlo suavemente). Le animo a que me siga en los próximos párrafos antes de dar esa opinió por definitiva.

Como casi todos los españoles tengo una tarjeta sanitaria pública expedida por las autoridades competentes de mi Comunidad Autónoma (Cataluña), y como muchos españoles también tengo una tarjeta de una mutua privada.

En estos momentos utilizo la tarjeta de la mutua privada de la misma forma en toda España. Ya puedo encontrarme en Barcelona, mi provincia de residencia, como en Asturias, Andalucía o Madrid, en todos esos lugares la tarjeta de la mutua privada me permite acceder a los mismos servicios. La tarjeta de la sanidad pública, en cambio, tan solo me habilita plenamente para acceder a los servicios públicos sanitarios en Cataluña. En el resto de Comunidades Autónomas, cuando he tenido que acceder a los servicios sanitarios ha sido en la condición de "desplazado", lo que obliga a realizar ciertos trámites y tiene una duración limitada (puede comprobarse en este enlace). Además, el desplazamiento plantea problemas para las recetas y para la obtención de ciertas informaciones sobre el historial del paciente.

Una tarjeta sanitaria única debería permitir la asistencia sanitaria plena en todo el territorio español sin tener que recurrir a la obtención de una tarjeta de desplazado. Además debería ser suficiente para poder obtener recetas de la sanidad pública en todas las Comunidades Autónomas. ¿Quién puede negar que esto serían ventajas para todos los españoles? ¿Quién puede defender que es mejor mantener la situación de división actual?

No se me alcanza ninguna razón para oponerse a la tarjeta sanitaria única más allá de la defensa de las competencias autonómicas; una defensa que, además, se haría ya al margen de la utilidad que esas competencias tengan para el ciudadano, sino tan solo por entender que las competencias en sí mismas ya son un objetivo que ha de ser mantenido.

Este es el núcleo del problema. La descentralización autonómica puede ser positiva si supone acercar el poder público al ciudadano y convertirlo en más eficaz y flexible; esto es, cuando responde a un fin superior, que es el de prestar unos mejores servicios públicos. Creo que es conveniente en muchos ámbitos que ese acercamiento al ciudadano se produzca porque, además, permite una participación política de mayor calidad e intensidad; ahora bien, si este es el fin que justifica la descentralización autonómica, en aquellos casos en los que se compruebe que sirve mejor a los intereses de los ciudadanos una estructura común para toda España debería implementarse aunque supusiera alguna limitación en las competencias autonómicas.

Quien no lo vea así y entienda que cualquier limitación de las competencias autonómicas es negativa y que, por tanto, solamente en supuestos especialmente justificados deberían establecerse herramientas centralizadas, como podría ser la tarjeta sanitaria única; es que ha dotado de sustantividad a la autonomía, la pasa a considerar no como un instrumento al servicio de los ciudadanos, sino como algo valioso en sí porque responde a un fin que ha de prevalecer sobre la mejor atención a las personas.

¿Qué fin puede ser éste? Tan solo hay una respuesta: las propuestas nacionalistas que pretenden que España se estructure como una yuxtaposición de pueblos (naciones) diferenciados. Si no es por este argumento ¿qué sentido tiene oponerse a una tarejeta sanitaria única que facilitaría la vida de las personas que se desplazan entre Comunidades Autónomas? Tan solo tiene sentido esa oposición si se entiende que la garantía y desarrollo de las competencias autonómicas prima sobre la mejora de las condiciones de prestación de los servicios públicos. Y este puede ser un debate relevante.

Es un debate relevante porque está en la base del proyecto de país que cada actor político tiene. El Estado de las Autonomías que diseñaba la Constitución española no era una suerte de confederación en la que la existencia y competencias de las Comunidades Autónomas se convierte en la piedra angular de todo el Estado. España, en el diseño constitucional, es un Estado indisoluble que puede organizarse en Comunidades Autónomas, que asumen determinadas competencias pero sin cuestionar ni la unidad de la nación española ni la existencia de competencias estatales de cierta entidad, también en muchos de los ámbitos en que existen competencias concurrentes de las Comunidades Autónomas.

Los últimos cuarenta años han ido modificando esta situación. Las instituciones autonómicas han adquirido sustantividad propia y una legitimidad que se enfrenta abiertamente a la del Estado. Así se pudo observar en Cataluña en el año 2017; pero también en el País Vasco, y aquí el testimonio del lehendakari Urkullu en el juicio por el intento secesionista en Cataluña son muy significativas, ya que prueban que una autoridad constitucional de la relvancia que tiene el presidente del gobierno de una comunidad autónoma juega un papel de mediador entre el gobierno español y quienes desafían al orden constitucional desde las instituciones de otra comunidad autónoma, lo que se correspondería más con lo propio en una confederación que en el estado autonómico.

Este es el debate esencial en la España actual: ¿avanzará España hacia la confederación (lo que incluiría el derecho de secesión de las comunidades autónomas o, por el contrario, se mantendrá en el diseño autonómico de 1978? No se trata de una disyuntiva banal, y la posición que se adopte en relación a la tarjeta sanitaria única no parece que pueda desligarse de la que se adopte en relación al debate entre profundización en las competencias autonómicas o garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el debate sobre la tarjeta sanitaria única se conecta con otras cuestiones relativas a la garantía de los derechos de los ciudadanos en toda España, así, por ejemplo, la presencia del castellano en la educación pública o la calidad del sistema educativo.

De hecho, el proyecto de tarjeta sanitaria única es aún más claro en este sentido que otros casos, ya que el argumento basado en la mejora de los servicios de los que disfrutan los ciudadanos se ve reforzado por el hecho de que en la actualidad son las tarjetas sanitarias privadas las que ofrecen iguales condiciones en toda España. Desde una perspectiva que podríamos califcar de "izquierda" ¿qué argumentos existen, más allá precisamente de la defensa de las competencias autonómicas, existen para negar a las tarjetas sanitarias públicas lo que ya tienen las privadas?

No es, por tanto, un tema menor, así que espero que en las próximas citas electorales los partidos políticos sean muy claros sobre este punto. Adelanto que quienes pongan dificultades a esta tarjeta sanitaria única estarán indicando -desde mi perspectiva- que están dispuestos a hacer ceder los intereses generales del conjunto de los ciudadanos con el fin de potenciar las competencias autonómicas, lo que, de nuevo en mi opinión, no tiene más justificación, en última instancia, que en planteamientos nacionalistas.