Vista oral

En un juicio penal no se trata de convencer a los testigos, ni siquiera a los abogados de la otra parte, a la prensa o al público en televisión. Durante la fase del juicio oral cada parte intenta encontrar apoyos para lo que será su informe final. Es decir, tanto el fiscal como las otras acusaciones y las defensas tienen en la cabeza cuál ha de ser el contenido del informe que presentarán a la conclusión del juicio. Ese informe incluirá un relato de lo sucedido, de la participación de los implicados y los razonamientos jurídicos pertinentes. En lo que se refiere a los hechos que se recojan en dicho informe, es necesario que cada uno de ellos esté apoyado o bien por un documento o por alguno de los testimonios que se hayan prestado durante el juicio. De esta forma, lo que se pretende es que en cada testimonio aparezca esa indicación necesaria a efectos de justificar esa línea, ese párrafo o esa idea del informe final. A la vez, se intentan desmontar aquellos elementos que pueden servir al relato de la otra parte. Es decir, cada una de las acusaciones y de las defensas se preocupa de apuntalar su propio relato y de desmontar el de la otra parte. En esto consiste básicamente la estrategia del juicio oral.

La clave, por tanto, para entender los movimientos de unos y otros es imaginar cuál es ese informe final que tienen planeado y de qué manera cada testigo y cada prueba ayudan a fundamentar ese informe. En un juicio tan complejo como éste, con varios acusados y acusaciones, con centenares de testigos y pruebas de distinta naturaleza, no es sencillo determinar cuáles son esas estrategias de acusaciones y defensas, estrategias que, además, se van desarrollando en distintas fases, algunas claramente marcadas ya en lo que hemos visto estas semanas. También hay que tener en cuenta que los argumentos y razones estrictamente jurídicos se mezclan con planteamientos políticos, lo que crea aún un poco más de confusión.

No es extraño, por tanto, que en los días transcurridos desde el comienzo de la fase oral del juicio por los hechos de septiembre y octubre de 2017 los comentaristas hayan ido variando de manera significativa sus valoraciones acerca de lo que está sucediendo. Con cierta rapidez se ha pasado de "la acusación se diluye" a "las defensas empiezan a estar preocupadas".

Creo que aún es pronto para tener opinión sobre cómo acabará esto. Falta todavía muchísimo por ver y por analizar; pero quizás hay elementos suficientes para hacer una primera valoración de lo que ha sucedido hasta ahora. Es lo que intentaré hacer a continuación.

Lo primero que hay que aclarar es que en estas semanas hemos pasado por varias fases. La fase oral del juicio comenzó con una serie de cuestiones previas en las las diferentes partes se ocuparon de aspectos técnicos en relación a las pruebas admitidas y rechazadas, así como las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en que podría haberse incurrido. Lo debatido en esa primera fase es interesante para ir viendo qué argumentos serán utilizados en los prácticamente seguros de amparo ante el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo que en su día se plantearán; pero seguramente son menos llamativos que lo que vino a continuación.

Lo que vino a continuación fue el interrogatorio primero de los acusados y luego de los testigos. Pese a que la dinámica en ambos casos es muy parecida (preguntas de las distintas acusaciones y defensas y respuestas de los interrogados) la diferencia entre el interrogatorio a unos y a otros es esencial: mientras los acusados deciden qué contestan y qué no y, además, pueden mentir en sus respuestas; en el caso de los testigos sí que están obligados a contestar a todas las partes y, además, han de hacerlo de manera veraz, incurriendo en responsabilidad si mienten.

Las primeras semanas del juicio estuvieron dedicadas a las declaraciones de los acusados, un trámite que desde un punto de vista probatorio tiene una importancia relativa, puesto que, como se acaba de indicar, ni tienen obligación de contestar ni de decir verdad por lo que la importancia de sus testimonios para determinar los hechos es relativa.

Sorprende que esto no fuera tenido en cuenta por varios comentaristas que ya en esas primeras semanas se apresuraron a indicar que la acusación naufragaba. Con independencia de la mayor o menor brillantez de las acusaciones en sus interrogatorios, lo cierto es que lo razonable es imaginar que tras el relato de los acusados -quienes, además, no tienen ni por qué ser veraces- todo pinte bastante bien para las defensas. Lo que resulta sorprendente es que tan solo con esta fase algunas incriminaciones ya quedaron claras. Así, por ejemplo, la desobediencia, que fue reconocida de forma bastante clara por varios de los acusados. Recuerdo en este sentido la declaración de Forn, por ejemplo, que mantuvo que tras las decisiones del Tribunal Constitucional ordenando que se hiciera lo necesario para impedir la realización del referéndum de 1 de octubre el, al igual que el resto del gobierno de la Generalitat, siguieron dando apoyo político al referéndum. De igual forma, la declaración de Cuixart parecía abundar en que la convocatoria ante la Consejería de Economía tenía por objeto dificultar la actuación de la comisión judicial que allí se encontraba. Algo, por otra parte, difícil de negar a la vista, incluso, de los vídeos que difunde la organización que preside, Ommium Cultural

Senyor @EnricMillo, el vídeo complet demostra que @jcuixart va treballar per facilitar la sortida de la comitiva judicial. De ben segur farà retuit tenint en compte que afirma que vol explicar la veritat. pic.twitter.com/yMOlXsXzOm

— Òmnium Cultural (@omnium) 6 de marzo de 2019

 

Concluidas las declaraciones de los acusados comienzan las de los testigos. Como se ha indicado, aquí el escenario es completamente diferente, puesto que los testigos están obligados a responder con veracidad. Sucede, sin embargo, que en un proceso de esta naturaleza la pluralidad de testigos responde a fines e intereses muy variados, y no todos son igualmente útiles desde una perspectiva penal. En los primeros días vimos varios testigos políticos que no tenían conocimiento directo (ni indirecto) de lo que había sucedido y que, por tanto, poco aportaban a la causa. Desde una perspectiva política no deja de ser llamativo que tanto el Presidente del Gobierno como la Vicepresidenta y el Ministro del Interior mostraran tan poca convicción en sus respuestas (quedará para los anales el momento en el que preguntado Mariano Rajoy por las razones para enviar un contingente de policías y guardias civiles a Cataluña comenzó su respuesta diciendo "supongo que sería", como si le preguntaran por algo que le es completamente ajeno).

Lo anterior no quiere decir que esos testimonios fueran completamente inútiles. Por ejemplo, Mas aportó datos interesantes en relación a las reuniones que convocaba Puigdemont y en las que participaba él mismo junto con otras personas (mencionó varias, entre ellas Junqueras, Romeva, Marta Rovira y Forcadell) y en las que, según las declaraciones de Mas, eran conscientes de que preparaban actuaciones que incurrirían en el delito de desobediencia.

Lo verdaderamente interesante, sin embargo, comienza cuando se interroga a quienes tuvieron conocimiento directo de lo sucedido. A quienes estuvieron en las reuniones de coordinación entre policías o a quienes sufrieron el acoso de los independentistas. En este sentido los testimonios de Nieto, Millo, Pérez de los Cobos y Montserrat del Toro han sido muy esclarecedores.

Del testimonio de los primeros resulta la nula cooperación de los Mossos para cumplir las órdenes judiciales orientadas a impedir el referéndum. Tras los interrogatorios parece quedar claro que los Mossos interpretaron que la orden judicial les obligaba a no intervenir con el fin de mantener la convivencia, negándose a utilizar la fuerza si en los locales se encontraban personas mayores o niños. La policía nacional y la guardia civil, sin embargo, interpretaron que la orden judicial exigía en primer lugar impedir el referéndum, pero hacerlo empleando la menor fuerza posible. Veremos qué opina el Tribunal Supremo en la sentencia sobre este debate. En. cualquier caso, queda claro también que el Gobierno de la Generalitat se negó en redondo a desconvocar el referéndum -lo que ya era evidente-, pese a que tal desconvocatoria hubiera dado pleno cumplimiento a las órdenes judiciales.

Por otra parte, queda claro que hubo violencia. El testimonio de Enric Millo en este sentido ha sido muy claro; pero queda un trecho largo para probar la conexión de esa violencia con los acusados. Sobre esto todavía no he visto ninguna prueba útil.

Lo anterior creo que es relevante. La primera línea de defensa, que conectaba la estrategia penal y la política, era la de mantener que todo había sido pacífico. Creo que ahora es insostenible esta afirmación. Hubo violencia el 1 de octubre, y también el 20 de septiembre (volveré ahora sobre ello). Esto es importante de cara al relato político, puesto que con los testimonios que ya han salido y los que presumiblemente saldrán se destacarán los ataques, agresiones y emboscadas sufridas por la policía, por lo que las defensas deberán moverse -ya han comenzado a hacerlo- a la segunda posición: pudo haber violencia, pero no puede achacarse a nuestros patrocinados. Veremos si las acusaciones pueden probar la conexión entre la violencia y los acusados. Yo, de momento, no lo he visto; pero quedan, me parece, del orden de 400 testigos para aclararlo.

Merece un tratamiento específico lo sucedido el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, cuando una comisión judicial quedó encerrada en el edificio por los manifestantes. Como es sabido hubo destrozos de coches policiales y la letrada de la administración de justicia tuvo que abandonar el edificio por una azotea colándose en un teatro contiguo.

El relato que prestó ayer esa letrada contrastaba dramáticamente con la fiesta de la democracia que en su día pretendieron mostrar Sánchez y Cuixart. Explicó la letrada cómo no pudieron salir en todo el día, ni siquiera por comida. Cómo se les ofrecía salir por en medio de la multitud que bloqueaba el edificio y que por la mañana gritaba "No sortiran" (no saldrán). Cómo se negoció con Sánchez y Cuixart infructuosamente hasta que tuvo que pedirle desesperada al Juez que la había enviado que la sacara de allí, momento en el que los Mossos habilitan la huida por el edificio anexo. Todo ello unido a la necesidad de proteger los datos obtenidos en el registro.

La participación de Sánchez y Cuixart en el bloqueo de la Consejería parece clara ya a estas alturas del juicio, y creo que la duda está en si se califica como sedición o como rebelión, dada la utilización de la intimidación para alterar el funcionamiento de la comisión judicial (no se permitió el acceso de los detenidos que tenían que participar en los registros). Aunque la cosa quede en sedición, tan solo eso pueden ser penas de hasta 10 años de cárcel para Sánchez y Cuixart.

Y el juicio no ha hecho más que empezar...