La Ley de Memoria Democrática y el Ducado de Calvo Sotelo

Leo con una cierta preocupación el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que se está elaborando en las Cortes. En este enlace puede seguirse tramitación que se desarrolla en el Congreso. El último documento disponible es el Informe de la Ponencia que, me imagino, ya nos traslada una imagen bastante fiel de lo que será el texto definitivo de la Ley.

Me preocupa esta Ley de Memoria Democrática porque supone una reconstrucción de la historia desde el poder que limita la posibilidad de realizar planteamientos críticos a lo que la Ley considera como verdades que no pueden ser cuestionadas, pues forman parte de lo que podríamos llamar "verdad oficial". No en vano, la Ley se mira -¡de forma explícita!- en las políticas de reconstrucción de la historia que practicó el franquismo durante las décadas que siguieron al fin de la Guerra Civil. Vean este fragmento de la Exposición de Motivos de la Ley que, me parece, es muy significativo:

Para explicar lo que pretende la Ley y, de alguna manera, justificarlo, se afirma que "La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española" para, a renglón seguido, continuar "El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria..." Vamos, que lo que se pretende hacer con la Ley de Memoria no es nuevo, sino algo que ya había practicado el franquismo. Lo que pasa es que ahora esa "construcción de una memoria común" se hará a partir de otros principios, obviamente; pero no dejará de ser también una "construcción"; esto es, una selección de materiales para poner en primer plano los que nos interesan y desechar aquellos que no convengan. Una tarea de construcción que irá acompañada de la imposición, como veremos, que incluirá la prohibición de realizar afirmaciones que choquen contra el "constructo" (son palabras de la propia Ley, el resultado de una "construcción" será un "constructo") de nuestro pasado que ha decidido el legislador.

Si examinamos la enumeración de los elementos que caracterizaron a la construcción de la memoria que practicó el franquismo veremos los paralelismos con la ley actual. Según la exposición de motivos, el régimen franquista criminalizó, estigmatizó e invisibilizó radicalmente a los vencidos; se realizó un relato totalitario (hemos de entender, totalitario en el sentido de que excluía relatos alternativos, matices o críticas), se establecieron medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que se habían posicionado a favor del bando vencedor. Además, se exhumaron fosas comunes, se erigieron monumentos conmemorativos y panteones por todo el país, se inscribieron los nombres de los "caídos" (las comillas se encuentran en el texto de la ley, luego volveremos sobre el uso de comillas en la exposición de motivos de la Ley) y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de personajes relevantes para el bando que ganó la Guerra Civil.

Como puede verse, están muchos de los elementos que caracterizan la Ley de Memoria Democrática: reconocimiento a las víctimas, en este caso del bando perdedor, exhumación de fosas comunes, monumentos conmemorativos (arts. 49 a 53 de la Ley) y nombres de calles y avenidas para las personas relevantes del bando derrotado en la Guerra Civil; todo esto acompañado de la invisibilización no solo de los vencedores, sino también de las víctimas "caídas" en defensa del bando que acabó ganando la contienda civil (art. 35 de la Ley, por ejemplo). Es decir, se trata de una reconstrucción de la Guerra Civil y lo que la siguió, sesgada para que todo el conflicto se presente como una lucha entre buenos y malos en la que los malos ganaron y los buenos perdieron; de esta manera, se introducen elementos valorativos en los que cualquier mancha sobre el bando perdedor brilla por su ausencia. Todo se plantea como una actuación ilegítima de los militares sublevados contra el gobierno democrático sin matices ni ponderaciones. Es más, esta opción entre buenos y malos se proyecta hacia el pasado; puesto que en el apartado II de la Exposición de Motivos se hace un repaso a las Constituciones españolas que se limita a las de 1812, 1869, 1931 y 1978; sin mencionar las de 1837, 1845 y la de 1876, la que más años estuvo en vigor en nuestro país (47 años, entre 1876 y 1923). Ya cuando se hace una selección así con las Constituciones ¡del siglo XIX! podemos temernos lo peor con lo que se explicará del siglo XX.

Y, desde luego, lo que se explica de la Segunda República y de la Guerra Civil es acorde con esta "construcción" en la que parece empeñado el legislador. Así, se oponen los períodos democráticos a aquellos que venían impuestos por quienes querían "alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad". El último de estos períodos idílicos basados en el progreso, la inclusión, la tolerancia, la igualad, la justicia social y la solidaridad sería "la segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales", que fue interrumpido "por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos Gobiernos, que intervinieron en territorio español como prólogo de las agresiones a otros Estados que fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal de Núremberg en 1946, y que fue identificada por la República Española ante la Sociedad de Naciones como Guerra de España. Un conflicto, en definitiva, que trasciende de una contienda civil por la participación de potencias extranjeras, como Italia, Alemania o la Unión Soviética y la política de no intervención de las principales potencias occidentales".

Llamo la atención sobre la introducción del término "Guerra de España", que me parece va a intentar ser impuesto sobre el tradicional de "Guerra Civil", uno que no conviene excesivamente a los propósitos de ese constructo de memoria democrática (cambiando el más tradicional de "memoria histórica") que intenta la Ley. Así, el art. 1 de la Ley se refiere ya al conflicto desarrollado entre 1936 y 1939 como "Guerra de España" y no "Guerra Civil". Este mismo artículo ya resume, en su punto 3 la historia que ahora pasará a ser oficial. Lo reproduzco:

"Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación del Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución de 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".

Como se adelantaba, el grave conflicto vivido entre 1936 y 1939, y que siempre habíamos conocido como "Guerra Civil" se considera como responsabilidad de los militares sublevados, y se mantiene que se le puso fin como consecuencia de los movimientos sociales antifranquistas, aunque ese fin no se sitúa ni en la muerte de Franco, ni en la Ley de Reforma Política (1976) ni en las primeras elecciones democráticas tras la Guerra (1977) sino con la entrada en vigor de la Constitución de 1978. No es, seguramente, casual, y quizás la clave se encuentre en la Ley de Amnistía, a la que tantas referencias se hacen en la Ley, y que se sitúa, antes de esa frontera que se pretende determinante, el 29 de diciembre de 1978, cuando entró en vigor la actual Constitución. Esta Ley, así, sería un primer paso para considerar la Ley de Amnistía como un elemento más del franquismo.

El relato oficial sobre la historia de nuestro país en el ultimo siglo implica quitar toda responsabilidad a las fuerzas que podríamos llamar "de izquierdas" y que en los meses previos a la Guerra Civil lanzaron toda una serie de advertencias sobre la necesidad de llevar a cabo una revolución que transformara la República en algo parecido a lo que entonces era la Unión Soviética

Una izquierda, por cierto, que dos años antes, en 1934, había apadrinado una revolución contra el gobierno democrático de la República porque éste -cosas de los electores- era de derechas.

No sé hasta qué punto explicar esto podrá ser interpretado como "actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares", lo que está tipificado como infracción muy grave en la Ley con una sanción que puede llegar a los 150.000 euros; pero solamente que se plantee la duda me parece que es ya significativo, porque puede implicar una autocensura que limitará el debate público.

Y que la duda exista es legítimo, porque, como apunto, lo que he señalado es un cuestionamiento de lo que en el art. 1.3 de la Ley se presenta como historia oficial de lo sucedido en España entre 1936 y 1978. Ya el hecho de que un artículo de una ley nos diga qué es lo que hemos de asumir como verdad histórica debería ponernos los pelos de punta; pero que, además, esta verdad histórica sea una evidente amputación de la realidad para quedarse con los elementos que interesan al relato de buenos y malos en que quieren convertirse los dos últimos siglos de historia de España (recordemos en la exposición de motivos el listado selectivo de constituciones españolas) entra de lleno en el terreno de la imposición autoritario o, si se quiere, totalitaria.

De hecho, hay varios elementos en la Ley que nos conectan con este totalitarismo. Como hemos visto, la Ley no oculta que pretende ser espejo de lo que hizo el franquismo tras ganar la Guerra Civil; pero es que, además, se hace con un lenguaje que es descaradamente partidista. Así, la Guerra Civil (o de Guerra de España en la nueva terminología, nada inocente) se presenta como resultado de un golpe militar, obviando que fueron más los generales que permanecieron fieles a la República que los que se sublevaron, y que el bando que acabó llamándose nacional contó con un apoyo innegable de la población civil, de artistas e intelectuales; que si bien menor en número que los que apoyaban a la República, no era insignificante, como puede comprobarse leyendo, por ejemplo, esa obra imprescindible que es "Las armas y las letras", de Andrés Trapiello.

Ya ha sido mencionado también el intento de obviar el concepto "Guerra Civil" y cualquier referencia a la brutalidad, vulneraciones de derechos humanos o prácticas antidemocráticas en el bando que fue finalmente derrotado; así como la negativa a examinar el contexto en el que se produce el golpe militar y su posterior transformación en lo que no podremos dejar de llamar una guerra civil. Igualmente, debería causar sorpresa que el fin del régimen franquista se atribuya (art. 1.3 de la Ley) a los movimientos sociales antifranquistas, obviando el acuerdo que supuso la Transición también con sectores del franquismo; esto es, aparentando que lo que siguió a la muerte de Franco fue una derrota del régimen y no un acuerdo en el que no se podrían identificar vencedores o vencidos. Tendremos que volver sobre ello en un momento.

Debería llamar también la atención la utilización de las comillas. Así se entrecomilla "caídos" al referirse a las víctimas de la Guerra que apoyaban al bando vencedor y "victoria" cuando se habla de la celebración del 1 de abril (fecha del fin de la Guerra Civil). Por supuesto que hay más comillas en el texto; pero en el caso de estas dos palabras no se alcanza a saber cuál es su función gramatical, pareciendo más bien que nos encontramos ante un sentido ideológico que describe muy bien el filólogo Victor Klemperer en LTI. La Lengua del Tercer Reich (Barcelona, Ediciones Minúscula, 2001, p. 112).

En definitiva, nos encontramos ante un relato que pretende imponer una determinada visión de la historia. Esto en sí, no es ni novedoso ni extraño. La historia está llena de relatos y la ciencia de la historia lleva más de un siglo trabajando para encontrar una forma de estudiar y presentar el pasado que pueda calificarse de objetiva; esto es, que no esté al servicio de ningún propósito político. Tarea difícil, sin duda, que quizás ahora se vuelva un poco más complicada porque uno de esos relatos ha pasado a integrarse (o está a punto de integrarse) en el Derecho vigente.

Esto, para mí, es lo más grave. Respeto que la izquierda pretenda reconstruir nuestra historia para servir a sus intereses; de igual forma que los nacionalistas han reconstruido la historia de Cataluña para servir a los suyos; o de cómo el nacionalismo español ha intentado también amoldar la historia a sus propósitos (con mucho menos éxito, todo hay que decirlo). Lo que merece reproche, un duro reproche, es que el partido que gobierna y sus aliados pretendan introducir su relato en el BOE y, además, limitando la capacidad de que otros introduzcan un relato alternativo. Llamo la atención en este sentido, en el art. 15.3 de la Ley, que parece pensado como una cláusula de salvaguarda para historiadores; a los que se les permite formular hipótesis o conjeturas (se supone que al margen de la verdad oficial que ya ha sido establecida en el art. 1.3 de la Ley), aunque sometidos a ciertas condiciones, como son la utilización de usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica y siempre que la hipótesis o conjetura pueda entenderse incluida en la libertad de creación científica.

Cuando es necesario advertir, de alguna manera, que los científicos de la historia, cuando se ajusten los métodos historiográficos, serán libres para formular hipótesis o conjeturas; es que hay algo previo que no debería estar ahí; pero, como digo, no me voy a meter en ello, porque aquí me interesaba tan solo destacar que nos encontramos ante un relato que pasa a ser oficial y que hay, implícitamente al menos, cierto cuidado en lo que se refiere a la formulación de hipótesis o conjeturas históricas en esta materia.

El relato, además, es uno que choca con el que nos habíamos contado desde hace décadas. Lo explicaba muy bien Juan Claudio de Ramón en "El Mundo" hace un par de años.

En este artículo Juan Claudio de Ramón nos contaba que el relato legitimador de las democracias en otros países europeos partía de una liberación (tras la II Guerra Mundial); mientras que en el caso de España ese relato no tenía sentido por lo atroz que había sido la guerra para ambos bandos y la longevidad de la dictadura que la siguió. Por eso en España el relato legitimador fue el de la reconciliación; un relato que la izquierda comenzó a rechazar de manera explícita (y a partir de aquí ya me aparto de lo que explica de Ramón en su artículo) en la época de Rodríguez Zapatero para sustituirlo por otro en el que la democrática República había sido asaltada por unos malvados que por medio de la ayuda de criminales de guerra  (Hitler y Mussolini) habían conseguido imponerse; aunque la resistencia democrática se había mantenido en la clandestinidad durante cuarenta años para poco a poco ir minando el régimen hasta que éste cayó. Una caída, sin embargo, en dos fases. En la primera, con un ejército aún vigilante, se había tenido que pactar una Constitución que no respondía plenamente a los anhelos democráticos del pueblo español, que estaría esperando una oportunidad para llegar a la auténtica república de izquierdas, socialmente avanzada e inclusiva que acabaría desplazando al régimen del 78. Por supuesto, los nacionalistas se han apuntado a este relato porque se supone que esa república tan progresista incluiría el derecho de autodeterminación de los pueblos en ella contenidos, con lo que la consecución de sus proyectos políticos secesionistas podría verse coronada con el éxito.

La Ley de Memoria Democrática encaja con este segundo relato y, como digo, el hecho de que se pretenda utilizar el Boletín Oficial del Estado para convertirlo en verdad oficial ya es reprobable; pero es que, además, es un relato que obliga a pasar por alto hechos que no deberían olvidarse; así que, más allá de la utilización torticera del poder público para imponerlo; sería conveniente también analizarlo en su contenido.

Aquí no entraré en detalle en ello; pero sí quiero centrarme en dos temas; el segundo de ellos es el que explica el título de la entrada. El primero es considerar como víctimas "las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en us ámbitos territoriales y lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de ellas" (art. 3.6). Esta declaración viene acompañada de la siguiente indicación (art. 4.4): "Se reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca, perpetradas por el régimen dictatorial franquista durante el período de guerra, así como en las décadas posteriores a la dictadura".

Aquí llama la atención que junto con las víctimas humanas nos encontremos con culturas o lenguas en la condición de víctimas; pero más allá de eso, creo que habría que matizar algunas cosas. Ciertamente, el régimen franquista potenció el castellano como única lengua oficial y de cultura; y sin duda (no es difícil encontrar testimonios) te encontrarás con personas que en el colegio fueron reprendidas por hablar en catalán, gallego o vasco o que se encontraron con policías u otros funcionarios que les conminaron a utilizar el español. Ahora bien, el texto de la Ley traslada una imagen de "persecución" que casa mal con algunos hechos objetivos.

Por ejemplo:

"La Divina Comedia", edición bilingüe en italiano y catalán (traducción de Josep Maria de Sagarra), editada en Barcelona en 1950. No es una persecución excesivamente coherente ésta; así como la existencia de clases de catalán en las escuelas de Cataluña de manera oficial en los años 70 (al menos en algunas) o la utilización del catalán en la Televisión Española o el hecho de que a Franco se le recibiese con pancartas escritas en catalán.

En fin, no sé si explicar cosas como éstas (y muchas más que se podrían añadir: Pla, "Cavall Fort", premios literarios en catalán...) supone que, de alguna manera, atento contra la verdad oficial que establece la Ley de Memoria Democrática, pero aprovecharé este tiempo antes de que esté en vigor.

Lo  segundo, y que, como adelantaba, explica el título de la entrada, es que -ya lo he adelantado- la Ley de Memoria Democrática rechaza considerar el contexto en el que se produjo el golpe de 1936 y la Guerra Civil que la siguió, y al obviar este contexto se invisibiliza a víctimas cuyo destino debería estremecernos.

¿Qué pensaríamos si hoy en día un grupo dirigido por un guardia civil y en el que se integran personas vinculadas a algunos de los partidos de gobierno llegara en la noche a la casa de Feijóo, Abascal o Arrimadas, los sacaran de su vivienda y les pegaran cuatro tiros?

Bueno, eso es lo que pasó en Madrid en la noche del 12 al 13 de julio de 1936. El relato puede encontrarse fácilmente en Internet y el asesinado era José Calvo Sotelo, líder en el Parlamento del partido Renovación Española. Unos días antes del asesinato había intervenido en las Cortes y se cuenta (Tarradellas lo contaba en una entrevista) que Dolores Ibárruri, diputada del PCE había dicho, refiriéndose a Calvo Sotelo, "este hombre ha hablado por última vez". Otras versiones dicen que la frase había sido "Éste es tu último discurso".

Podemos imaginarnos el impacto que tuvo la muerte de Calvo Sotelo en España y, especialmente, en quienes no compartían los planteamientos del gobierno. Unos días más tarde se produce el golpe de Estado con el que da inicio la Guerra Civil. Años después, en 1948, Franco creó el Ducado de Calvo Sotelo, con Grandeza de España, concediéndolo póstumamente al asesinado en 1936 y pasando inmediatamente a su hijo, que tenía 12 años en el momento de la muerte de su padre. Tras el fallecimiento del hijo de Calvo Sotelo, en el año 2002, el título pasó al nieto de éste, nacido doce años después del asesinato de su abuelo y que es quien ahora tiene el título.

Pues bien, la Ley de Memoria Democrática (art. 41) elimina el título de Duque de Calvo Sotelo.

Dice que lo hace de acuerdo con el objeto de la Ley. En el articulado se hace referencia a los dirigentes de la sublevación militar, a quienes participaron en el sistema represivo, a las organización que sustentaron la dictadura y a las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial (ar. 35); pero no parece que Calvo Sotelo figure en ninguna de dichas categorías. Asesinado unos días antes del inicio de la  Guerra, sí que había mantenido relaciones con algunos de los generales que luego dirigieron el golpe de julio y la Guerra Civil; pero es obvio que no participó directamente en él ni en nada. Es lo que tiene morirse. A partir de ese momento cesa la capacidad de pensar, gozar, amar o hacer. Uno pasa a ser nada. Eso es la muerte.

Así pues ¿cómo se justifica la eliminación de ese título? Creo que es una pregunta que debe ser respondida, y me parece -es mi hipótesis- que el título molesta porque el asesinato de Calvo Sotelo fue utilizado por la dictadura franquista (de nuevo el relato) como elemento de justificación del golpe de Estado. Se llegó a decir que la Guerra Civil, en realidad, había comenzado con el asesinato de Calvo Sotelo y que el golpe de Estado no había sido más que la respuesta a una situación de inseguridad en la que era posible que el líder de un partido de la oposición fuera sacado de su casa por un grupo liderado por un agente de la Guardia Civil e integrado por personas vinculadas a uno de los partidos de gobierno (PSOE en este caso) para matarlo.

El relato franquista obvia (ya hemos visto que todos los relatos son selectivos) que el asesinato de Calvo Sotelo había sido represalia por la muerte, ese mismo día 12 de julio, del teniente Castillo, un militante socialista. Quienes se remontan hasta aquí, sin embargo, también tienden a olvidar que el asesinato del teniente Castillo respondía a una represalia por la forma en que los guardias de asalto, dirigidos por Castillo, habían intentado disolver un cortejo fúnebre de un alférez de la Guardia Civil. En los incidentes que se produjeron murió un primo de José Antonio Primo de Rivera y hubo más heridos.

Como vemos, siempre podremos remontarnos más atrás para encontrar un agravio que justifica una reacción que justifica un nuevo agravio. Probablemente todas las guerras tienen la misma historia: agravios que han de vengarse hasta que corre tanta sangre que solamente el agotamiento o el sometimiento de uno de los bandos pone fin a la carnicería. Mirar de frente a esto e intentar entenderlo es la tarea de los historiadores, desde luego; pero creo que también de cualquier persona honesta.

El que construye relatos, sin embargo, intentará quitar aquello que no le interesa para así destacar lo que le conviene; y en este propósito, y para un relato de la Guerra Civil que sea tan solo un cuento de buenos que acaban siendo derrotados, pero que volverán en el futuro a recuperar lo que es suyo; y malos que ganan, pero que al cabo de las décadas acabarán derrotados, el Ducado de Calvo Sotelo es una molestia. El "protomartir" como le llamaba la propaganda franquista nos habla de una víctima (un "caído", con las comillas irónicas -termino de Klemperer- que utiliza la Exposición de Motivos de la Ley de Memoria Democrática) que se anticipó al 18 de julio, una puerta abierta a esa República que se pinta como súmmum de la democracia y la inclusión y que, sin embargo, presenta abundantes sombras cuando nos detenemos en el papel que unos y otros jugaron para intentar convertirla en herramienta de proyectos políticos que iban más allá del respeto a los derechos individuales, a la voluntad de la mayoría y a la garantía de los equilibrios institucionales. Esa puerta ha de permanecer cerrada para que el relato, que en pocas semanas será verdad oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado, pueda ser conveniente difundido y explicado, también en las escuelas (art. 44).

Qué triste papel el de los promotores de esta Ley de Memoria Democrática. Convertir en ley una determinada visión de nuestra historia ya es suficientemente grave; pero que esa visión sea parcial y que no tenga problema en invisibilizar a víctimas (Calvo Sotelo también fue una víctima) que no estaban en el lado correcto de la historia, según quien ostenta el poder, supone bordear el terreno que está tras el cartel de miserables.

Sí, además, lo que pretende ese relato es romper el que había dado sentido a nuestra vida política en las últimas décadas; esto es, si quiere poner fin a la reconciliación como piedra angular de nuestra democracia es que estamos no ante miserables, sino ante algo mucho peor cuando se trata de gobernantes.

Irresponsables.