Fascismo

El que los Mossos d'Esquadra hayan comenzado a identificar a quienes retiran lazos amarillos es más preocupante todavía de lo que parece. Es un signo claro de que la Generalitat ha cruzado la raya que separa los regímenes democráticos del fascismo. Por desgracia, no exagero.

Para darse cuenta de ello tenemos que empezar recordando que hace algo más de un año los Mossos se dedicaron a identificar a quienes habían colocado por Barcelona pegatinas con la bandera de España.

No acabo de ver que sean los Mossos d'Esquadra y no la Guardia Urbana quien proceda a dicha identificación; pero no es extraño que la identificación se realice, porque colocar pegatinas en el mobiliario urbano es una infracción de las ordenanzas municipales en Barcelona y, me imagino, en todos los municipios. Todos somos conscientes de que no podemos colocar pegatinas en los bancos indicando que vendemos una moto o con los colores de nuestro equipo favorito. Tampoco es posible colocar símbolos políticos. Para todo esto se dispone de unos cilindros que vemos en algunas calles y plazas y que están pensados para eso, para que cada cual coloque los carteles que quiera. Fuera de esos cilindros no puede utilizarse el mobiliario urbano para nuestro gusto particular.

No es que sea una infracción muy grave el colocar pegatinas o símbolos en el mobiliario urbano, pero es una infracción y, por tanto, ha de ser perseguida. Por eso no me pareció escandaloso que se identificara a quienes colobaban pegatinas con banderas españolas por Barcelona. Ahora bien, como se trata de una infracción de ordenanzas municipales no encontraba justificación para que fueran los Mossos quienes procedieran a dicha identificación. No insistiré sin embargo en ese punto.

Como es sabido, desde hace casi un año asistimos a una proliferación de lazos y pegatinas en el espacio público en apoyo de los detenidos por su participación en el golpe de septiembre/octubre pasados. Al igual que sucedía en relación a la colocación de pegatinas con la bandera española, la ubicación de lazos en farolas, puentes o parques es una infracción de las ordenanzas municipales y, por tanto, ha de ser perseguida, máxime cuando la colocación de símbolos que no se corresponden con la ideología nacionalista sí es perseguida. Las autoridades no pueden tolerar ciertas infracciones a aquellos con quienes simpatizan y perseguirla cuando incurren en ella sus rivales políticos. Hacer esto nos coloca en el terreno de la prevaricación y supone ya una quiebra democrática, pues implica que ciertas posiciones políticas cuentan con el respaldo del poder y otras no; y esto es especialmente grave. Pese a ello, que yo sepa, no se ha perseguido la coloación de estos símbolos más que en algunos casos aislados.

Esta es la situación en Cataluña desde hace tiempo. Sabemos que el poder ha hecho suyos los planteamientos nacionalistas, de manera que éste, el nacionalismo, se ha convertido en una doctrina política oficial, situando, por tanto, a las opciones que se le oponen en situación de inferioridad. Y esto es ya una quiebra considerable de reglas democráticas básicas. No es admisible que "juegen con ventaja" los nacionalistas al tener el amparo del poder, que no persigue sus infracciones mientras que sí lo hace cuando estas mismas infracciones son cometidas por los no nacionalistas.

En las últimas semanas hemos asistido a una escalada en esta situación ya de por sí injusta. El artículo del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, el pasado 4 de agosto dio carta de naturaleza a la actuación de quienes colocan lazos amarillos. Significaba un apoyo explícito a estas actuaciones que, como digo, suponen la comisión de infracciones administrtivas.

A esto se une ya no la tolerancia hacia quienes colocan estos símbolos en los espacios públicos, sino la utilización de los mismos por parte de las administraciones. La colocación por ayuntamientos o por la propia Generalitat de simbología partidista en los edificios públicos ya no es solamente una infracción administrativa, sino que supone una vulneración del principio de neutralidad de las administraciones, tal como han establecido los tribunales y una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos.

Es importante incidir en esto último. Si las autoridades persiguen las infracciones que realizan quienes se les oponen, pero no las de sus partidarios colocan a los primeros en situación de inferioridad y de esta forma dificultan la adscripción a las posiciones ideológicas que no se corresponden con las del poder. Si este poder hace expreso que apoya institucionalmente una determinada ideología el resto de ideologías pasan a estar en una peor posición, lo que supone, tal como han establecido los tribunales, una limitación de la libertad ideológica.

Todo lo anterior es dado por bueno por Torra, quien explicita que como presidente de la Generalitat anima a que se infrinja la ley siempre que sea a favor del nacionalismo.

Pero no solamente eso, sino que no contento con dejar actuar impunemente a quienes colocan lazos amarillos, amenaza con que los Mossos d'Esquadra actuarán contra quienes retiren los lazos.

Evidentemente, retirar de la vía pública un lazo atado a una farola no es ninguna infracción, como no lo es recoger un papel que está en el suelo y colocarlo en una papelera. Como digo, deberían ser las administraciones quienes retiraran esos símbolos que están indebidamente ubicados en el mobiliario urbano; pero si éstas no lo hacen los ciudadanos están legitimados para hacerlo.

El que la policía identifique a quien retira lazos amarillos tiene como único fin intimidar a quienes se oponen a la colonización del espacio público por los independentistas.

Pero se va más allá: no solamente se identifica a quienes retiran lazos amarillos, sino que se les amenaza con sanciones por retirar los mencionados lazos por deslucir o daños mobiliario urbano (artículo 37.13 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana). Es curioso, porque este es el precepto que, en su caso, debería aplicarse a quienes colocan lazos o pegatinas amarillos; sobre todo cuando se utilizan técnicas que impiden su retirada sin dañar el mencionado mobiliario. Y, sin embargo, lo que se pretende es aplicarlo a quienes los quitan.

Me recurda lo que pasó tras el fin de la Guerra Civil: los golpistas juzgaron y condenaron a quienes habían permanecido fieles a la República... por rebelión militar.

La perversión del lenguaje y de los conceptos es algo que caracteriza a todos los fascismos.

Y esto es lo que ahora tenemos en Cataluña. Hay que llamarlo por su nombre: fascismo, porque utilizar a al policía para intimidar a los adversarios políticos es propio de lo que hacen los fascismos. Hablar de un solo pueblo y enfrentar ese pretendido "solo pueblos" a los disidentes es propio de fascistas y pretender actuar al margen de la ley porque le asiste una razón superior es lo que hacen los fascistas.

Y el problema mayor no es que tengamos un gobierno de la Generalitat fascista, que ya es un problema grave; sino que quienes no son fascistas les ríen las gracias. La historia se repite. Si los fascistas llegaron al poder en Alemania y en Italia hace noventa años fue, en buena medida, por la complacencia de otros partidos hacia ellos. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Tenemos a los fascistas en el poder, que se dedican a hacer cosas de fascistas, como es natural; y el Gobierno de España lo ve todo como normal y natural.

Es una vergüenza que nos pasará factura.

A todos.