Comienzo con una frase de Alejandro Ango: "la democracia no consiste en hacer cosas buenas, sino en hacerlas bien, sean cosas buenas, regulares o malas, según la ideología de cada cual".
Esta es la esencia del sistema que en Europa llamamos democracia: renunciamos a las verdades absolutas, asumimos que cada cual puede tener su parte de verdad y, por tanto, nos limitamos a establecer mecanismos de diálogo y deliberación que permiten la adopción de decisiones no por ser verdaderas; sino porque así lo decide una mayoría después de ese procedimiento de debate.
Todo es relativo menos las reglas sobre la adopción de decisiones, reglas que no se limitan a la votación y a la determinación de las mayorías, sino que incluyen también el marco en el que esas decisiones pueden producirse, las reglas sobre la competencia que cada uno asume y los límites para cada decisión, entre los que se encuentra con carácter prioritario el respeto a los derechos fundamentales.
Es decir, no es democrático todo lo que decide la mayoría, sino que lo es si la decisión se ajusta a los procedimientos y respeta los derechos fundamentales. Ninguna decisión mayoritaria será democrática si no ha respetado el procedimiento o vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el caso de España, incluso las reglas básicas sobre procedimiento de decisión y las relativas a los derechos fundamentales pueden ser modificadas; pero para ello sería preciso un procedimiento complejo diseñado precisamente para dificultar estas modificaciones.
¿Y por qué debería ser tan difícil modificar estas reglas procedimentales? Pues precisamente porque ahí reside la esencia de la democracia. Si cambiáramos estas reglas para establecer, por ejemplo, que el Presidente del Gobierno puede actuar sin someterse a límite alguno lo que tendríamos ya no sería un sistema democático. No es imposible que se produjera una modificación semejante. Si así lo acuerda la mayoría suficiente de las Cámaras y en referéndum se ratifica se podría modificar la Constitución para llegar a este resultado, y así, democráticamente, nos habríamos convertido en una dictadura.
Lo anterior es poco apreciado. Con creciente frivolidad se habla de saltarse los procedimientos, retorcerlos o utilizarlos de manera fraudulenta con el fin de llegar a determinados resultados; resultados que pueden ser queridos por la mayoría (o por una inmensa mayoría); pero que en ninguna forma es legítimo que sean alcanzados al margen de las reglas que a todos nos vinculan.
Los poderes públicos y, especialmente los partidos políticos, tienen la responsabilidad de ejercer una labor pedagógica que recuerde la importancia de las reglas y de los procedimientos, y desde luego dar ejemplo de pulcritud en su manejo. Paralelamente, los ciudadanos tenemos que ser exigentes con estos requisitos, porque la quiebra de los mismos nos aleja de la democracia y nos coloca en la senda del populismo, senda que no es otra que la del fascismo como recientemente mostraba el libro de Rob Riemen "Para combatir esta era", curiosamente citado por Torra en un artículo que es ejemplo claro de fascismo militante.
Lo que vivimos en las últimas semanas justifica esta preocupación. Por una parte, las reiteradas vulneraciones en Cataluña de los derechos fundamentales y de las libertades básicas que configuran ese marco imprescindible para la democracia son obviadas y permitidas por el gobierno de España, quien ni siquiera osa denunciar aquellas que ya han sido declaradas por los tribunales. Por otra parte, esta falta de preocupación por los ataques que sufre actualmente la democracia en España se contrapone a una atención que, teniendo en cuenta lo anterior, podría parecer incluso cínica o hipócrita, en relación a los fascismos históricos que padecimos y de los que, por desgracia, todavía quedan huellas que deberíamos superar.
(Adolfo Miaja de la Muela,
Catedrático de Derecho internacional
Está bien (muy bien) que se ponga fin a la aberración que supone un monumento al fascismo como es el Valle de los Caidos, un monumento que, además, fue campo de trabajo forzado para muchos de los represaliados por el franquismo; pero no debería ser menor la preocupación por las vulneraciones que se están dado ahora mismo a los derechos fundamentales de los españoles actuales.
Por otra parte, resulta peligroso y dañino que se pretenda resolver el tema del Valle de los Caídos mediante la exhumación del cadáver de Franco utilizando para esa vía un mecanismo que el gobierno no tiene potestad de usar más que en casos de extraordinaria y urgente necesidad; urgente necesidad que no parece concurrir en relación a la modificación en la ubicación de un cadáver que lleva enterrado casi 43 años.
Prostituir los mecanismos constitucionalmente previstos en materia de legislación no es bueno, hacerlo en el marco de lo que podría interpretarse como una maniobra de distracción en relación a las vulneraciones de los derechos fundamentales que padecen actualmente los catalanes es miserable; y el hecho de que al final los restos de Franco dejen el Valle de los Caídos (lo que tendría que haber pasado hace muchos años) no evitará ni la miseria del abandono al que están sometidos los catalanes ni la perversión de utilizar fraudulentamente la Constitución.
Ahora lo que falta es que se tache de franquistas a quienes critiquen la medida, aunque lo hagan, como lo hago yo, por fundadas razones constitucionales y reclamando, precisamente, la protección que no tenemos frente a los fascistas vivos y sin renunciar a la reparación de quienes sufrieron a manos de los fascistas muertos.
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