Si quieren conocer el futuro, miren al pasado

I. Pasado y presente

Hace unos años alguien me pasó unas páginas en PDF. Las leí en diagonal y a medida que avanzaba asentía con la cabeza. Me parecía un análisis muy correcto de lo que estábamos viviendo en aquel momento (creo que era el año 2013 o 2014). En alguna línea apareció algo que me chocó, releí el texto con un poco más de calma y vi que era un artículo de Gaziel (Agustí Calvet), escrito en los años 30 del siglo XX. Puede consultarse en el libro Tot s'ha perdut, del año 2013.

En ocasiones he llegado a pensar que el nacionalismo maneja un manual que está inspirado en la Cataluña de la II República. Si no entramos en excesivos detalles el paralelismo es enorme.

1- Durante la II República se creó un conflicto que se vistió de agravio sobre la base de la aprobación por parte de la Generalitat de una Ley de Contratos de Cultivo. El Tribunal de Garantías Constitucionales de la República (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) consideró que la Generalitat no tenía competencias para la aprobación de dicha ley. Ya no se discutía sobre el contenido concreto de la ley, sino sobre el nivel de competencias de la Generalitat, la limitación a esas competencias se consideraba como inasumible por el catalanismo.

A) El debate sobre el Estatuto de 2006 y el control de su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional generó un debate parecido. Ya no se discutía sobre el contenido del Estatuto, sino sobre si existía o no un pacto justo para la integración de los catalanes en el proyecto español. La cuestión competencial se convirtió en una cuestión emocional.

2- En el año 1934 se produce la proclamación de Companys y los hechos de octubre. Luego volveremos sobre ello y sobre la forma en que se planteó; pero aquí conviene destacar dos aspectos: por una parte el intento de golpe de Estado (¿se nos permite llamar así a la revolución de octubre?) se dirige contra la República cuando gobierna la derecha. Se juzga a los implicados y cuando llega la izquierda al poder (gobierno del Frente Popular) se les amnistía, siendo liberados inmediatamente.

B) En el año 2014, gobernando el PP, se produce un primer referéndum (denominado jornada de participación ciudadana) de autodeterminación. Como se celebró contra la prohibición del Tribunal Constitucional se juzga a los máximos responsables, que son condenados a penas de inhabilitación por desobediencia. En 2017, todavía estando el PP en el gobierno, se produce la derogación de la Constitución en Cataluña (leyes de los días 6 y 7 de septiembre), referéndum de autodeterminación (1 de octubre) y declaración de independencia (10 de octubre). Quienes encabezan el plan para conseguir la secesión de Cataluña son detenidos y juzgados.

Tras la llegada del PSOE al poder se producen los indultos de los condenados, que son liberados inmediatamente (aunque no se les libera de la pena de inhabilitación). 

 

No creo que haya duda sobre los paralelismos, que descansan en una conexión más profunda: aquella que se establece entre la izquierda y el nacionalismo. Tanto durante la República como en la actualidad observamos cómo los partidos de izquierda muestran una innegable simpatía por los planteamientos nacionalistas (sean pretendidamente de izquierdas o abiertamente de derechas). De esta forma, la oposición directa al nacionalismo se limita a algunos partidos de centro y de derecha.

Este vínculo entre nacionalismo e izquierda pasa por la tolerancia hacia las vulneraciones de la ley cuando están orientadas bien a debilitar a la derecha o a promover los objetivos nacionalistas. Durante la República fue claro con los hechos de octubre de 1934, en los que la entrada de la CEDA en el gobierno fue contestada por una revolución especialmente virulenta en Asturias, en la que se incardinó la proclamación de Companys; una proclamación que no era tanto, desde una perspectiva formal, de independencia de Cataluña (ofrecía Barcelona como capital para una República de izquierdas) como de oposición al gobierno de la derecha. Veremos inmediatamente que esto puede ser de interés en relación a la situación actual y futura de España.

Cuando la izquierda alcanzó el gobierno de la República en febrero de 1936 se apresuró a amnistiar a los condenados por los hechos de 1934.

(declaraciones del diputado socialista Jiménez de Asúa el 15 de septiembre de 1934: o someterse [al gobierno de derechas] o revolución)

(El Socialista, 20 de octubre de 1936, al día siguiente de la llegada al gobierno de Manuel Azaña tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936)

En la actualidad esa simpatía de la izquierda por el nacionalismo es explícita, así como la tolerancia hacia las vulneraciones de la ley que son protagonizadas por los nacionalistas. Ya no los indultos, sino la argumentación en la que se basa, así como el discurso de Sánchez en el Liceo descansan en una cierta asunción de la legitimidad de sus actuaciones contra la Constitución. Encontramos una expresión clara de este planteamiento, ya en el exterior, en la Resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a instancia de un diputado socialista letón que pide no solamente el indulto a los condenados por los hechos de 2017, sino también la retirada de las órdenes de entrega internacional en relación a Puigdemont y resto de fugados, así como el fin de las investigaciones abiertas en relación a los hechos de 2017.

II. Futuro

¿Qué nos enseña lo anterior de cara al futuro?

De momento tenemos en la calle a los líderes del intento de derogación de la Constitución en Cataluña en 2017; así como una mesa de negociación abierta entre el Gobierno de España y los nacionalistas en la que se discutirán peticiones de estos últimos. Entre estas peticiones están la amnistía para los implicados en los hechos de 2017, así como la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

No creo que el gobierno de España acceda a ninguna de las dos cosas; pero sí que es probable que el progresivo desmantelamiento del estado en Cataluña continúe. Entre las peticiones de los nacionalistas se encuentra una hacienda propia y también la descentralización del poder judicial. Si el gobierno accede a ambas peticiones la Generalitat dispondrá de prácticamente todos los instrumentos que precisa un estado para ser considerado como tal. Cualquier observador mínimamente atento a lo que pasó en 2017 se dará cuenta de que el Poder Judicial fue clave para parar el intento de secesión. Con un Poder Judicial controlado por el nacionalismo prácticamente no habría elementos para impedir la secesión sin un coste elevadísimo.

Estas concesiones quizás garanticen a Pedro Sánchez que mientras él esté en la Moncloa no se producirá ningún intento de secesión; pero ¿qué pasaría el día en el que llegara un gobierno de derechas o de centro derecha a España?

Aquí es necesario volver sobre los hechos de octubre de 1934. Companys hizo su proclamación tras la entrada de la CEDA (la derecha) en el gobierno, y lo que hizo no fue propiamente una declaración de independencia, sino la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española.

La proclamación se conectaba con una movimiento revolucionario contra la República que pretendía transformar ésta en una República Federal.

Quien haya llegado hasta aquí creo que verá ya las evidentes relaciones que hay entre la situación hace 90 años y ahora.

Existe un discurso muy claro, apoyado por el PSOE, UP y otros partidos de izquierda que apuntan hacia la conveniencia de una revisión de la Constitución en clave federal. De algunas de las lecturas que se hacen de esta federación más bien resulta que lo que se tiene en la cabeza es una confederación, pero no nos detendremos ahora en ello

Pensemos ahora en un escenario en el que este discurso sobre la necesidad de una reforma de la Constitución en esa clave ha penetrado profundamente en el debate político y en la opinión pública. Y ahora imaginemos que tras unas elecciones el PP y Vox tienen mayoría suficiente para gobernar (que es lo que ahora apuntan las encuestas).

La posibilidad de que Vox entrara en el gobierno sería presentada por muchos sectores de la izquierda como un elemento de deslegitimación de ese posible gobierno. De hecho, esta deslegitimación ya se ha ensayado en algunas Comunidades Autónomas en las que el gobierno del PP está apoyado por Vox. Desde el nacionalismo, además, se plantearía que un gobierno de PP y Vox lo que haría sería destruir el estado de las autonomías poniendo fin al consenso de 1978.

Poco importaría que lo anterior no tuviera base; como elemento de argumentación funcionaría tanto a nivel interno como internacional. No perdamos de vista que se ha trabajado bien la presentación de la reacción de España en 2017 (no olvidemos, con un gobierno del PP) como una actuación no plenamente ajustada a estándares internacionales. Si a esto unimos que la presencia de Vox en el gobierno podría ser contestada casi de inmediato desde la UE, dados los vínculos entre esa formación y los partidos que gobiernan en Polonia y Hungría estaríamos ante una situción ideal para que se produjera una nueva declaración de independencia al estilo de la de Companys en 1934, una declaración basada en la reivindicación de un (inexistente) derecho a la secesión de Cataluña junto con una denuncia de la deriva autoritaria de la que se acusaría a un gobierno del PP con Vox.

A diferencia de lo sucedido en 2017, además, nos encontraríamos con que el estado se habría retirado prácticamente de Cataluña. Su presencia permanente en la Comunidad Autónoma se habría reducido y, por tanto, sería más difícil revertir la situación generada por una proclamación de independencia. No perdamos de vista tampoco que actualmente se está tramitando una reforma de la LOTC que limitaría las posibilidades de éste para imponer el cumplimiento de sus decisiones. De nuevo más facilidades para una actuación de las autoridades autonómicas al margen de la Constitución.

Frente a lo anterior, podría pensarse que el gobierno de España podría adoptar las medidas que ya adoptó en el año 2017 ante una situación como la que estoy describiendo (envío previo de refuerzos policiales a Cataluña, puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, etc.). Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en España, entre la celebración de las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno pasan semanas cuando no meses. Si se produce una proclamación de independencia en los términos que estoy describiendo en el momento en el que el nuevo gobierno aún no ha tomado posesión, y el anterior gobierno se encuentra en funciones nos encontraremos con una situación difícil.

De nuevo aquí la historia, en este caso ya no española, sino de Estados Unidos, puede ser ilustrativa.

En su imprescindible libro "Confederación", Emilio Ablanedo nos explica cómo entre las elecciones presidenciales de noviembre de 1860 y la toma de posesión de Lincoln en marzo 1861, la pasividad del presidente saliente, Buchanan, permitió que los estados del sur tomaran el control efectivo de sus territorios, lo que hizo que la guerra civil fuera, desde una perspectiva estricta, una guerra de invasión por parte de la federación de los estados del sur, que habían devenido, de facto, independientes.

En el caso de España, una proclamación de independencia que se enmarque en una general deslegitimación del gobierno y que confluya con la entrega a la Generalitat de prácticamente todos los resortes necesarios para el ejercicio del poder (a lo que ya tiene: administración, policía, educación, sanidad, prisiones, servicios sociales, etc, podría añadirse en un par de años hacienda y poder judicial) sería de muy difícil solución. Máxime cuando a nivel internacional habría, al menos, confusión sobre lo que estaba sucediendo.

A partir de aquí, que cada cual saque sus propias conclusiones.