Cumplir y hacer cumplir

Hace tiempo que algunos en Cataluña decidieron que el cumplimiento de la ley era optativo, que tanto los particulares como las administraciones podían, a su gusto y capricho, ajustar su comportamiento a lo establecido en las normas o no. Que de alguna manera existía una suerte de “derecho a decidir” sobre qué reglas debían cumplirse y cuáles podían ser obviadas. El corolario de este “derecho” sería la imposibilidad de sancionar las infracciones que se produjeran. Si somos libres para acatar o no las normas ¿con qué legitimidad se impondrán sanciones en caso de incumplimiento? ¿No es acaso fascismo represivo cualquier intento de hacer cumplir la ley?

No le busquen la lógica, porque no la tiene, pero lo cierto es que de facto gran parte de la vida en Cataluña se rige por estas absurdas premisas. Soy profesor en una universidad catalana, y conflicto sí y conflicto también asisto al espectáculo de que encapuchados bloqueen accesos y carreteras ante la pasividad de las autoridades. En la lógica del “derecho a decidir”, los encapuchados han decidido y todos hemos de acatarlo.

En el fondo, este “derecho a decidir” esconde la receta para que por la vía de hecho aquellos que tienen menos escrúpulos impongan a los demás sus propias opciones sin que los demás podamos recurrir a los mecanismos que en cualquier sociedad articulan derechos de unos y deberes de otros.

Lo más grave es que también quienes nos gobiernan han asumido su propio “derecho a decidir”, aquel que les permite determinar libremente cuándo hacer cumplir la ley y cuándo no; qué incumplimientos se toleran y cuáles no. Esta manifestación del “derecho a decidir” es, quizás, más perniciosa todavía que la primera. No olvidemos que si cumplir las leyes no ha de ser optativo; hacerlas cumplir, tampoco.