El Estado de Derecho en Cataluña

El curso político concluyó en Cataluña con un acto de clara rebeldía institucional. El 27 de julio la Cámara catalana votaba (y aprobaba) las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que unos días antes el Tribunal Constitucional había prohibido expresamente su tramitación. Por desgracia, lo sucedido no es una novedad, pero esta es la primera ocasión en que el Parlamento de Cataluña lo hace desoyendo una advertencia clara, directa y específica del Alto Tribunal. Como era de esperar, inmediatamente se abrió el procedimiento no solo de anulación de la resolución adoptada, sino también de concreción de las responsabilidades derivadas de ese desacato.

Desde el año 2013 los separatistas actúan conscientemente fuera del marco constitucional, pero sin que parezca importarles la inevitable anulación de los actos o disposiciones adoptados. Estas anulaciones no afectaban a lo ya conseguido y desde la perspectiva de los nacionalistas no eran más que muestras de la impotencia política española para frenar el golpe de Estado que ellos están desarrollando a cámara lenta. Ahora, sin embargo, el escenario puede haber cambiado.

La Sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015 anulaba la Resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña el 9 de noviembre que daba inicio del proceso de secesión y, además, estableció no solo que toda la hoja de ruta secesionista era contraria a la Constitución, sino también que los poderes públicos no podían darle continuidad o soporte. En definitiva, declaraba inconstitucional el inicio de un proceso de secesión, pero sobre todo, sentaba las bases para que cualquier actuación a favor de tal hoja de ruta fuera considerada un acto de desobediencia.

Se han agotado ya las posibilidades de esconderse detrás de formalismos procedimentales. Los independentistas ya no pueden seguir mareando la perdiz. Las advertencias del TC han llegado a su fin y ahora cada incumplimiento será susceptible de tener consecuencias personales, como podría ocurrirle a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, por el acto de rebeldía antes citado. Es el momento en el que los secesionistas, si hubieran ido de farol –como durante tanto tiempo se pensó en ciertos círculos políticos y empresariales– deberían dar marcha atrás para evitar el amenazante «choque de trenes» anunciado ya hace unos años por el entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs.

Lamentablemente, los separatistas no han tardado en hacer evidente que siguen adelante con su propósito insurreccional, ahora ya con el fin de provocar la inevitable actuación de los poderes del Estado y generar un conflicto de imprevisibles consecuencias, que podría hacer necesaria la aplicación de artículo 155 de la Constitución. Este es el nivel de su irresponsabilidad.

El 9 de agosto se publicaba en el medio polaco «Gazeta Prawna» una entrevista a Jordi Solé i Ferrando, secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña de la que se deriva la inequívoca voluntad del Ejecutivo catalán de seguir avanzando en su proyecto de ruptura. De hecho, la propia entrevista ya supone un apoyo a la secesión puesto que pretende contribuir a fortalecer la posición del Gobierno de Carles Puigdemont como interlocutor a nivel internacional, tal como se deduce de una de las respuestas dadas: «La tarea más importante es el fortalecimiento de la posición de Cataluña en la UE y en el mundo, porque debemos tener unas buenas relaciones con otros, tanto a nivel estatal como subestatal; debemos desarrollar relaciones políticas, económicas, sociales y económicas con los vecinos (…). Pero siendo un país independiente queremos tener las mejores relaciones posibles con España».

La entrevista no solamente implica hacer explícita la voluntad de realizar lo que se sabe que está prohibido, sino que en sí misma es ya un acto de desobediencia porque supone recabar apoyos para el reconocimiento internacional de la secesión. Es claro que el TC debería requerir al Sr. Solé a fin de que tenga conocimiento personal de la obligación de no colaborar en el proceso secesionista anulado en el mes de diciembre.

Quien ya ha sido requerido es Carles Mundó, consejero de Justicia. Como el resto de miembros del Gobierno de la Generalitat, recibió una notificación del TC en la que se le recordaba la obligación de paralizar cualquier iniciativa en relación al proceso de secesión. Esto no ha impedido que el mencionado consejero haya declarado hace unos días en un foro universitario independentista que el proceso de secesión incluirá una ley de transitoriedad jurídica para garantizar que se consiga «la obediencia interna y el control efectivo del territorio y de sus habitantes con plenas garantías jurídicas».

Quizás los secesionistas pretendan que anuncios como éste no pueden ser sancionados pues son «meras palabras». Las palabras, sin embargo, en sí mismas son actos y tanto las declaraciones del responsable de asuntos exteriores como las del Sr. Mundó suponen un apoyo al proceso secesionista de singular relieve pues proceden de las autoridades públicas que están obligadas a un especial deber de acatamiento a la Constitución, tal como recordó también el Alto Tribunal en su Sentencia de 2 de diciembre de 2015. Ni el TC ni el Gobierno español pueden dejar pasar desafíos explícitos como los que se acaban de exponer. Hasta ahora han actuado con una prudencia extrema, pero ya no existe disimulo alguno (al contrario) en mostrar que la voluntad de los separatistas es, precisamente, crear un conflicto al que resultaría ineludible dar respuesta.

Llegados a ese punto no debemos olvidar que son quienes de forma tan pertinaz están quebrando la legalidad los únicos responsables de la crisis que se avecina. El Estado de Derecho es la base de la democracia y de la libertad, y su defensa ha de ser una prioridad absoluta. No puede tolerarse que las instituciones del autogobierno, que son de todos los catalanes, sean ocupadas por quienes las utilizan para vulnerar el Estatuto de Autonomía del que se deriva su legitimidad.

La democracia puede sobrevivir a los desafíos, pero no a la falta de convicción de quien tiene que defenderla. Tengamos convicción. Ahora ya solo cabe un sí o sí.

RAFAEL ARENAS GARCÍA ES PRESIDENTE DE SOCIETAT CIVIL CATALANA