El curso político concluyó en Cataluña con un acto de clara rebeldía
institucional. El 27 de julio la Cámara catalana votaba (y aprobaba) las
conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que
unos días antes el Tribunal Constitucional había prohibido expresamente su
tramitación. Por desgracia, lo sucedido no es una novedad, pero esta es la
primera ocasión en que el Parlamento de Cataluña lo hace desoyendo una
advertencia clara, directa y específica del Alto Tribunal. Como era de esperar,
inmediatamente se abrió el procedimiento no solo de anulación de la resolución
adoptada, sino también de concreción de las responsabilidades derivadas de ese
desacato.
Desde el año 2013 los separatistas actúan conscientemente fuera del
marco constitucional, pero sin que parezca importarles la inevitable anulación
de los actos o disposiciones adoptados. Estas anulaciones no afectaban a lo ya
conseguido y desde la perspectiva de los nacionalistas no eran más que muestras
de la impotencia política española para frenar el golpe de Estado que ellos
están desarrollando a cámara lenta. Ahora, sin embargo, el escenario puede
haber cambiado.
La Sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015 anulaba la Resolución
adoptada por el Parlamento de Cataluña el 9 de noviembre que daba inicio del
proceso de secesión y, además, estableció no solo que toda la hoja de ruta
secesionista era contraria a la Constitución, sino también que los poderes
públicos no podían darle continuidad o soporte. En definitiva, declaraba
inconstitucional el inicio de un proceso de secesión, pero sobre todo, sentaba
las bases para que cualquier actuación a favor de tal hoja de ruta fuera
considerada un acto de desobediencia.
Se han agotado ya las posibilidades de esconderse detrás de formalismos
procedimentales. Los independentistas ya no pueden seguir mareando la perdiz.
Las advertencias del TC han llegado a su fin y ahora cada incumplimiento será
susceptible de tener consecuencias personales, como podría ocurrirle a Carme Forcadell,
presidenta del Parlamento catalán, por el acto de rebeldía antes citado. Es el
momento en el que los secesionistas, si hubieran ido de farol –como durante
tanto tiempo se pensó en ciertos círculos políticos y empresariales– deberían
dar marcha atrás para evitar el amenazante «choque de trenes» anunciado ya hace
unos años por el entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs.
Lamentablemente, los separatistas no han tardado en hacer evidente que
siguen adelante con su propósito insurreccional, ahora ya con el fin de
provocar la inevitable actuación de los poderes del Estado y generar un
conflicto de imprevisibles consecuencias, que podría hacer necesaria la
aplicación de artículo 155 de la Constitución. Este es el nivel de su
irresponsabilidad.
El 9 de agosto se publicaba en el medio polaco «Gazeta Prawna» una
entrevista a Jordi Solé i Ferrando, secretario de Asuntos Exteriores y de la
Unión Europea de la Generalitat de Cataluña de la que se deriva la inequívoca
voluntad del Ejecutivo catalán de seguir avanzando en su proyecto de ruptura.
De hecho, la propia entrevista ya supone un apoyo a la secesión puesto que
pretende contribuir a fortalecer la posición del Gobierno de Carles Puigdemont
como interlocutor a nivel internacional, tal como se deduce de una de las
respuestas dadas: «La tarea más importante es el fortalecimiento de la posición
de Cataluña en la UE y en el mundo, porque debemos tener unas buenas relaciones
con otros, tanto a nivel estatal como subestatal; debemos desarrollar relaciones
políticas, económicas, sociales y económicas con los vecinos (…). Pero siendo
un país independiente queremos tener las mejores relaciones posibles con
España».
La entrevista no solamente implica hacer explícita la voluntad de
realizar lo que se sabe que está prohibido, sino que en sí misma es ya un acto
de desobediencia porque supone recabar apoyos para el reconocimiento
internacional de la secesión. Es claro que el TC debería requerir al Sr. Solé a
fin de que tenga conocimiento personal de la obligación de no colaborar en el
proceso secesionista anulado en el mes de diciembre.
Quien ya ha sido requerido es Carles Mundó, consejero de Justicia. Como
el resto de miembros del Gobierno de la Generalitat, recibió una notificación
del TC en la que se le recordaba la obligación de paralizar cualquier
iniciativa en relación al proceso de secesión. Esto no ha impedido que el
mencionado consejero haya declarado hace unos días en un foro universitario
independentista que el proceso de secesión incluirá una ley de transitoriedad
jurídica para garantizar que se consiga «la obediencia interna y el control
efectivo del territorio y de sus habitantes con plenas garantías jurídicas».
Quizás los secesionistas pretendan que anuncios como éste no pueden ser
sancionados pues son «meras palabras». Las palabras, sin embargo, en sí mismas
son actos y tanto las declaraciones del responsable de asuntos exteriores como
las del Sr. Mundó suponen un apoyo al proceso secesionista de singular relieve
pues proceden de las autoridades públicas que están obligadas a un especial
deber de acatamiento a la Constitución, tal como recordó también el Alto
Tribunal en su Sentencia de 2 de diciembre de 2015. Ni el TC ni el Gobierno
español pueden dejar pasar desafíos explícitos como los que se acaban de
exponer. Hasta ahora han actuado con una prudencia extrema, pero ya no existe
disimulo alguno (al contrario) en mostrar que la voluntad de los separatistas
es, precisamente, crear un conflicto al que resultaría ineludible dar
respuesta.
Llegados a ese punto no debemos olvidar que son quienes de forma tan
pertinaz están quebrando la legalidad los únicos responsables de la crisis que
se avecina. El Estado de Derecho es la base de la democracia y de la libertad,
y su defensa ha de ser una prioridad absoluta. No puede tolerarse que las
instituciones del autogobierno, que son de todos los catalanes, sean ocupadas
por quienes las utilizan para vulnerar el Estatuto de Autonomía del que se
deriva su legitimidad.
La democracia puede sobrevivir a los desafíos, pero no a la falta de
convicción de quien tiene que defenderla. Tengamos convicción. Ahora ya solo
cabe un sí o sí.
RAFAEL ARENAS GARCÍA ES PRESIDENTE DE SOCIETAT CIVIL CATALANA
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