María Moliner

Leía hace poco un artículo sobre María Moliner que me ha hecho reflexionar sobre la magnitud de la injusticia que se ha cometido con ella.

La obra de María Moliner es difícilmente concebible para una persona sola. Que alguien sin más medios que los propios sea capaz de elaborar un diccionario del fuste que tiene el redactado por la filóloga aragonesa entra en lo heroico o en lo sublime. Y que tras lograr semejante proeza no hubiera recibido un asiento en la Real Academia de la Lengua Española solamente es explicable en un país tan miserable como en ocasiones es el nuestro. Tremenda injusticia que María Moliner no hubiera alcanzado la categoría de académica cuando fue capaz, ella sola, de redactar un diccionario que, en lo que yo he visto, supera al diccionario de la Academia.

No es que consulte mucho el diccionario de María Moliner, pero recuerdo que hace años quise empezar un comentario de jurisprudencia con la definición del término "batalla". Acudí, como tengo por costumbre, al Diccionario de la RAE y me encuentro con la siguiente definición:

"Combate o serie de combates de un ejército con otro, o de una armada naval con otra"

Me quedé sorprendido, porque la definición no es correcta. Excluye aquellos casos en los que en la batalla intervienen tanto ejércitos como armadas o fuerzas aéreas. Consulté entonces el diccionario de María Moliner y lo que hallé es la siguiente definición:

"Cada episodio de una guerra en que se encuentran y luchan los ejércitos enemigos".

Creo que no cabe duda de qué definición es mejor, y así lo hice constar en aquel comentario de jurisprudencia. La RAE introduce la distinción entre ejércitos y "armadas navales" (¿se trata de una redundancia? ¿hay armadas que no sean navales?) que no es precisa, ya que ejército puede entenderse que engloba tanto fuerzas terrestres como navales, aéreas y hasta espaciales si se quiere. Y esa distinción lleva a una definición que deja fuera una parte de los términos definidos. María Moliner había logrado un resultado superior al de la Academia desde su propia casa y sin más armas que el entusiasmo y la paciencia.

Y pese a haber superado a la Academia -o quizás por ello- nunca consiguió entrar en ella. ¡Lástima! ¡Qué oportunidad se perdió de mejorar un diccionario que tiene errores más que evidentes!

Más allá de ello, es muestra de lo poco que sabe España reconocer a quienes han mostrado talento y capacidad de trabajo. En este caso, además, se unía la condición de mujer de la protagonista, lo que sin duda en nada la benefició para ver plenamente reconocida su obra.

María Moliner, filóloga autora de una obra sin parangón en España y, quizás, en el mundo. Represaliada tras la Guerra Civil y no reconocida en su madurez cuando todavía podría haber aportado a la Academia. La viva imagen de un país que padece porque sus instituciones son incapaces de aprovecharse del talento de nuestros conciudadanos

¿Cambiaremos en algún momento?

Mas hace de Duran

Durante años hubo en Madrid un catalán de poco pelo y habitación permanentemente reservada en "un bonito hotel del centro de Madrid", según explicaba "El País".

Este nacionalista catalán era tenido en la capital por hombre serio y razonable, no dado a extremismos y dialogante. Como prueba de ese talante, en una ocasión amenazó en el propio Congreso de los Diputados con una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. En fin, cosas menores para quienes hasta más allá del final siguieron pensando que sería una suerte si todos los catalanes (en realidad querían decir "todos los nacionalistas catalanes", pero es que en Madrid hablan así) fueran como Duran.

Entre los años 2012 y 2016, cuando el independentismo se armó y avanzó en su propósito claro, decidido, firme, de separar de España siete millones y medio de ciudadanos y más de 30.000 kilómetros cuadrados de territorio, Duran hizo en Madrid de eficaz cortafuegos. Contra todas las advertencias que venían de quienes comemos, cenamos, dormimos y desayunamos en Cataluña se hizo caso al hombre del "bonito hotel en el centro de Madrid". Frente a los que de forma clara dicen y actúan en favor de la unidad e igualdad de todos los españoles y la continuidad del proyecto común español, quienes nos deberían representar a todos (partidos políticos y Gobierno de España) prefirieron hacer caso al nacionalista que compartía proyecto político con quienes utilizaban los recursos de la Comunidad Autónoma para buscar aliados en el extranjero para su plan golpista.

Esta carta de Artur Mas, que dirige como Presidente de la Generalitat, hubiera debido implicar la inmediata aplicación de los mecanismos de los que dispone nuestro Derecho para evitar que el poder público sea utilizado para destruir el orden constitucional; pero nada pasó. Seguramente como consecuencia de los buenos oficios del señor de la foto de arriba, el de la habitación de "un bonito hotel del centro de Madrid".

Al final Duran se fue. O mejor dicho, los votantes lo echaron y Madrid pareció quedarse huérfano. No hace mucho uno de estos señores de la capital que visitan Cataluña como quien se adentra en la parte boscosa de la heredad me preguntaba con cara de preocupación: "Pero, aquí, ahora ¿quién manda?". Algunos parece que no pueden vivir sin tener identificado quien será el catalán (nacionalista, por supuesto) con el que negociar esto o aquello.

Quizás por esto parece que algunos quieren dar un nuevo aliento al firmante de la carta anterior; quizás quieran convertirlo en el nuevo Duran; en alguien a quien pretenden tener cerca sin darse cuenta que los nacionalistas -que no los catalanes- siempre tendrán la daga de la traición presta y, entretanto, la adormidera a mano para hacer que España entera se aletargue mientras ellos van haciendo.

Creo que ya es hora de acabar con este juego. En Cataluña no ha de mandar nadie. Los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos y gozar de sus libertades como en cualquier otra parte de España. Ni menos que ninguno ni más que nadie. Y para conseguirlo hay que devolver el Estado de Derecho a Cataluña, recuperar las instituciones, que han dejado de actuar como las de una Comunidad Autónoma para ser tan solo la herramienta de un nuevo Estado en formación, y acabar con las coacciones del régimen nacionalista.

¿Que quién manda en Cataluña? Los ciudadanos, como en el resto de España ¿o no?

Solidaridad con los refugiados

Esta tarde he asistido a la manifestación de Barcelona a favor de la acogida de refugiados. Una tarde intensa en la que en varios momentos tuvimos que permanecer completamente inmóviles en medio de la multitud que se había congregado.

Es significativo que se haya producido una movilización tan grande para una causa como ésta, especialmente cuando corremos el riesgo de que se extienda el temor ante la llegada de refugiados y las opiniones a favor de cerrar fronteras y levantar muros parecen ser cada vez más populares. Una manifestación como la de hoy da esperanza a quienes se oponen a un mundo en el que cada uno pretende permanecer aislado tras sus propias fronteras.

Si somos optimistas veremos en movilizaciones como éstas una oportunidad para repensar algunos de los principios que ahora mismo conforman la regulación del movimiento internacional de las personas.

En primer lugar, sería bueno reflexionar sobre si la regla básica en la materia, la de que los Estados pueden decidir con casi total libertad quiénes entran en su territorio, no debería ser sometida a revisión. Vivimos en un mundo en el que los capitales, las mercancías y muchos servicios cruzan las fronteras con extraordinaria facilidad. Esta facilidad, sin embargo, contrasta con los límites, cada vez mayores, que se imponen a la circulación de personas. ¿Es coherente esta restricción con la liberalización de los intercambios comerciales? En la Unión Europea desde su nacimiento se consideró que la libre circulación de mercancías, capitales y servicios debería ir acompañada de la libre circulación de personas. En el proceso de integración económica mundial, sin embargo, esta dimensión está totalmente olvidada.

No se trata, obviamente, de volver a la regla original en el Derecho internacional, la que formuló Francisco de Vitoria en el siglo XVI y de acuerdo con la cual todas las personas podían viajar y establecerse allí donde tuvieran por conveniente. Tampoco se trata de obviar los problemas prácticos que podría ocasionar una liberalización total de la circulación de personas. Pero teniendo esto en cuenta sería posible establecer, al menos, la necesidad de que las restricciones a la entrada y establecimiento de extranjeros debieran estar justificadas. Puede parecer un paso pequeño, pero sería un cambio radical de perspectiva en un mundo en el que, inexplicablemente, es mucho más fácil que crucen las fronteras productos y servicios que las personas que los fabrican o consumen.

Existen ámbitos concretos en los que este paso ya se ha dado. Así, en lo que se refiere a los refugiados ya nos encontramos ante la obligación de ofrecerles una protección que incluye el derecho a no ser expulsado. Una obligación que se encuentra recogida tanto en el Derecho interno español (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) como en el Derecho de la UE (Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida) o en convenios internacionales (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951).

La implementación práctica de esta obligación de acogida no es sencilla, tal como estamos viendo ahora, por ejemplo, con la crisis de los refugiados en Europa. No se trata tan solo de hacer leyes, sino de disponer de medios y de voluntad política para adoptar las decisiones necesarias para convertir en realidad esta protección. El fracaso de Europa con la crisis de los refugiados da buena cuenta de la situación. Ante una crisis de enorme calado no fuimos capaces de poner los medios para evitar un desastre humanitario.

Seguramente no será posible hallar una solución que resuelva todos los problemas; pero sí se pueden apuntar algunas debilidades. La primera es la dependencia de la coordinación entre Estados dentro de la UE. En temas como estos se hace visible con demasiada frecuencia el intento de "escurrir el bulto" o de buscar que las cargas del propio Estado sean menores que las de otros países. La solución para esto sería dotar de mayores poderes, competencias y medios a las instituciones europeas; lo que debería ser un principio general para la mayoría de los problemas que nos embargan. Conseguir que las instituciones de la UE actúen más como ejecutivo de una entidad política y no como coordinadores de  políticas estatales es un desafío que deberíamos afrontar.

Esta dimensión europea es necesaria no solamente para la solución del problema de los refugiados, sino también para tratar las causa que lo originan. Debería ser claro para cualquiera que una crisis como la generada en Siria (o en Libia o en Irak) acabaría teniendo consecuencias en Europa. Resulta suicida que Europa haya renunciado a tener una política exterior y de defensa capaz de influir aunque sea en su entorno más inmediato, que incluye, evidentemente, el Oriente Medio.

Los esquemas de la Guerra Fría no funcionan y se hace necesario que se afronten los desafíos de seguridad a nivel europeo. El torpe agitar los brazos de unos y otros países es patético. Ni los bombardeos franceses en Siria tras los atentados en París ni los jugueteos en Ucrania nos han traído más que inseguridad. Así no podemos seguir, porque no se trata tan solo de atender las crisis una vez creadas, sino, sobre todo, evitar que surjan.

En definitiva, que sería bueno que la manifestación de hoy no sea tan solo un desahogo ciudadano, un grito que quede en nada. Sería conveniente que sentara las bases de un replanteamiento de muchas cosas. En ella había líderes de varios partidos políticos; así que podemos emplazarlos a que en un plazo breve presenten propuestas que permitan cambiar la situación que vivimos, y que permitan cambiarla de verdad, no mediante un superficial maquillaje.

Cataluña ha mostrado hoy que es sensible a un problema del que somos testigos desde hace tiempo. El contraste entre las imágenes de los refugiados caminando, en campos o muriendo en el mar, y la incapacidad de las instituciones para dar respuesta ha encontrado en la calle un reflejo que merece, como decía una respuesta política.

Llama la atención que esta respuesta haya surgido, precisamente, en un momento en el que el nacionalismo amenaza precisamente con lo contrario de lo que exige un desafío como éste: hasta ahora hemos visto que debemos profundizar en la integración europea para conseguir abordar eficazmente la crisis de los refugiados y las causas que la originan; los independentistas, en cambio, pretenden crear una crisis de consecuencias imprevisibles en el propio corazón de la UE mediante una secesión unilateral que rompería un Estado miembro al margen del Derecho interno, europeo e internacional.

Más allá de esto, resulta curioso que los independentistas se hayan sumado a una manifestación que tiene por objeto "abrir fronteras", cuando su objetivo expreso es colocar otras nuevas donde ahora no existen. Es cierto que dicen que quieren colocarlas para luego levantarlas; pero hay algo intrínsecamente contradictorio en exigir con ardor la necesidad de levantar barreras entre personas que ahora son conciudadanos, a la vez que se defiende que las fronteras no sean un obstáculo para la acogida de personas.

Incluso dejando esto aparte, y asumiendo que hoy entre nosotros habrá habido independentistas que, de corazón piensan que ha de acogerse a los refugiados y que, por tanto, no pretendían instrumentalizar la manifestación a su favor, no puede dejarse pasar que se hubiera aprovechado la misma para distribuir propaganda en favor de la secesión

Hoy era un día para los refugiados y en el que debíamos buscar aquello que nos une y no lo que nos separa. Muy mayoritariamente así lo entendieron los manifestantes, que renunciaron a símbolos partidistas y a banderas en favor del color azul de quienes habían convocado y el multicolor de las personas que se reúnen para ejercer de ciudadanos

En ese sentido, las banderas esteladas que se veían aquí o allá parecían, en ocasiones, más material de  decoración sacado de contexto que reflejo de aquello por lo que allí estábamos

En cualquier caso, un día importante, muy importante, porque en esta Europa que tantas veces parece sorda y ciega a lo que le rodea, Barcelona ha dado ejemplo de conciencia y voluntad. Son muchos los problemas que plantea la acogida de los emigrantes, y no deben desdeñarse; pero tampoco la clara voluntad de muchos de que nuestra sociedad sea una sociedad de acogida.

Esperemos que no sea una nube aislada en un cielo vacío.

Ya hemos superado a George Orwell

Uno de los momentos más llamativos de "1984", la novela de George Orwell, es aquél en el que en medio de un discurso dirigido a arengar a los ciudadanos de Oceania contra el país con el que están en guerra, la cruel Eurasia, se produce un cambio y el enemigo pasa a ser Estasia mientras que Eurasia era ahora un aliado.

No hay explicación del cambio, sino que en medio del discurso simplemente las acusaciones que se estaban dirigiendo a Eurasia pasan a dirigirse a Estasia. El orador continúa como si desde el principio el odio se hubiera dirigido a Estasia, porque, además, se supone que Oceania siempre había estado en guerra con Estasia. El cambio no afecta solamente al presente, sino al pasado; y la multitud que escucha lo asume sin dudarlo. Sus propios recuerdos ya no importan o, mejor dicho, han de cambiar para ajustarse a lo que se les indica.

Ya sé que es muy manida la comparación entre el mátrix catalán y 1984, pero resulta imposible no recaer en ella. Hoy mismo me asaltaba viendo un debate sobre el juicio por el 9-N entre Juan Milián (PP) y Maria Senserrich (JXS). No solamente se trató el juicio, sino también el escándalo existente en relación a las declaraciones de Santiago Vidal sobre las ilegalidades que se estarían cometiendo para preparar la secesión de Cataluña. No es posible evitar recordar ese momento de "1984" cuando se consideran ambos temas. Casi diría que la situación en Cataluña supera la de la novela de Orwell, porque allí, en 1984, las personas adaptaban su mente sucesivamente, es decir, hasta que se produce el cambio de alianzas de Oceania, los ciudadanos creen firmemente que siempre han estado en guerra con Eurasia. Cuando se produce el cambio todos asumen que el enemigo es Estasia y, además, que siempre ha sido Estasia; pero no se da la circunstancia de que simultáneamente se asuma que el enemigo ha sido Eurasia (y solo Eurasia) y, a la vez Estasia (y solo Estasia).
En Cataluña, sin embargo, se mantienen simultáneamente hechos incompatibles entre sí. Con el tema del 9-N es muy claro. Por una parte se defiende que el 9-N fue un desafío al Estado español en el que se dijo "no" al Tribunal Constitucional y la Generalitat se negó a atender el requerimiento de este Tribunal para suspender el proceso de participación ciudadana; por otra, que la Generalitat no participó en el proceso y lo que se hizo fue cosa tan sola de los voluntarios.
Es cierto que lo primero se dice normalmente en círculos independentistas y lo segundo es lo que se mantiene ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando Mas, Ortega y Rigau se intentan defender de las acusaciones que pesan sobre ellos; pero no podemos verlo como una simple estrategia, porque yo me he encontrado con personas que según lo que estemos discutiendo te sostienen a la vez las dos cosas: que el 9-N fue un desafío al Estado con todas las de la ley y por otra que no es posible sancionar a Mas por lo que pasó aquel día porque en realidad él no hizo nada y, al fin y al cabo todo era una pantomima. Y además, normalmente, te dicen ambas cosas con la misma cara de cabreo.

Lo mismo pasa con el tema de Santiago Vidal. Aquí sí que nos encontramos ante un escenario que se corresponde con el de 1984. Hasta el 26 de enero Santiago Vidal era, de acuerdo con la presentación que de él hacían los nacionalistas, un ejemplo cívico. Un jurista comprometido con el proceso de secesión, riguroso, conocedor de todo lo que tenía que conocer y hombre serio y entregado que había sido acogido por ERC cuando injustamente el CGPJ lo excluyó de la carrera judicial por haber redactado un texto que se presentó como la Constitución para el nuevo Estado catalán. Este acogimiento incluyó que Vidal fuera incluido en las listas para el Senado de ERC ("¡poca broma!" que diría el mismo Santiago Vidal). Además simultaneaba su condición de senador con la de coordinador de uno de los grupos de trabajo que bajo la dirección de Carles Viver i Pi-Sunyer están preparando las estructuras necesarias para el nuevo Estado catalán. Finalmente, era también conferenciante invitado por la propia ERC y la ANC para explicar por toda Cataluña cómo se estaba diseñando el nuevo Estado catalán.
A partir del 26 de enero se convierte en un hombre de nula credibilidad, que se dedicaba a fantasear y que tuvo que renunciar apresuradamente a su acta de senador como consecuencia del polvorín levantado por sus conferencias. Parece que ahora todo el mundo está obligado a desmarcarse del antiguo juez y a advertir que no se puede hacer mucho caso de lo que decía. Claro que si hiciéramos caso de lo que dice ya deberían estar las Conselleries de la Generalitat llenas de policías revolviendo en sus ordenadores y archivos en busca de los detalles de la colosal conspiración que nos anunciaba Santiago Vidal.
Cuesta que caigan los decorados del mátrix catalán. Algunos de los convencidos han llegado a adquirir la capacidad de creer simultáneamente una cosa y la contraria, tal como apuntaba antes; y, además, quienes deberían hacer frente al desafío que supone el independentismo parecen refugiarse en interpretaciones alambicadas para no encarar de una vez la realidad: las instituciones autonómicas han dejado de actuar como tales porque quienes las ocupan las dedican íntegramente a la construcción del nuevo Estado. Ya no son administraciones que dedican parte de sus esfuerzos a la conspiración contra el orden constitucional, sino protoadministraciones de un nuevo Estado que despliegan sin pudor trabajos para poder actuar más allá de sus competencias, articulan lo que podría ser una diplomacia internacional y aleccionan desde los medios de comunicación sobre cómo han de actuar los ciudadanos en estas circunstancias históricas. Administraciones que tan solo de manera residual ejercen las competencias que les son propias y únicamente en la mínima medida que permita al resto del país, al resto de España justificar su táctica avestrucera de negarse a ver la magnitud del desafío al que nos enfrentamos.

Arriar las esteladas

Recuerdo bien una de las primeras reuniones de lo que luego sería la sectorial de juristas de Societat Civil Catalana. Debatíamos qué hacer y enseguida salió el tema de las esteladas que ondeaban en tantos lugares de titularidad pública de Cataluña.

Como juristas sabían (unos) o teníamos la intuición (otros) que la utilización de estas banderas por los poderes públicos no se ajustaba a Derecho; pero, a la vez, no sabíamos cómo atacar judicialmente su presencia. Se diseñaron varias estrategias y al final nos decidimos a reclamar la retirada de una de ellas: la que se izaba en la Plaza Lluís Millet de Sant Cugat.

El objetivo era, por supuesto, que se retirara esa estelada, pero más allá de eso se trataba de que los tribunales hicieran expreso lo que pensábamos que correspondía en Derecho en relación a este tipo de banderas, pero que aún no había sido formulado de manera explícita: al tratarse de banderas que respondían a una determinada opción ideológica no podían ser utilizadas por los poderes públicos porque vulneraban la neutralidad institucional y limitaban la libertad ideológica de los ciudadanos.

Las anteriores son ideas que deberían ser fácilmente asumibles por todos los demócratas: los poderes públicos han de actuar de acuerdo con el interés general y sin favorecer determinadas opciones partidistas. Intuitivamente supongo que todos asumimos que no es admisible que, por ejemplo, en el ayuntamiento luzca la bandera del partido que gobierna el municipio. Si un ayuntamiento hiciera eso estaría haciendo patente que una opción ideológica concreta cuenta con el respaldo del poder público y eso resulta inadmisible por las razones que acaban de ser señaladas: por una parte es incompatible con la neutralidad de las instituciones y por otra supone imponer una determinada opción ideológica al conjunto de la ciudadanía.

Nos parecía importante dar esta batalla porque lo anterior no es solamente teoría jurídica, sino realidad política y social. Los ciudadanos que ven ondear impunemente esteladas en ayuntamientos o rotondas sienten que ya todo está decidido y, a la vez, que los no independentistas somos ciudadanos de segunda. Al hacer propios los símbolos secesionistas las instituciones se colocan al servicio de los independentistas y quienes no comparten esa posición política se convierten en meros usuarios, se ven reducidos en su condición de ciudadanos. La batalla de los símbolos es importante y por eso los nacionalistas la plantean con la rotundidad con la que lo hacen. Son conscientes de que ganar en lo simbólico prefigura también la victoria en lo real.

Estas razones explican que Societat Civil Catalana asumiera como uno de sus ejes de actuación la retirada de los símbolos secesionistas de los espacios en los que no deben estar. Se trataba de recuperar esos espacios públicos para todos los ciudadanos, impedir que los no separatistas fuéramos expulsados de ese espacio que ha de ser de todos.

Esta batalla no se libró solamente en relación a la estelada de la plaza Lluís Millet, sino que se afrontó también en los períodos electorales con el argumento de que en época electoral la presencia de esteladas en edificios públicos y otros espacios de titularidad pública era especialmente grave, pues vulneraba las reglas electorales que exigen que los poderes públicos no tomen partido por ninguna de las opciones políticas que concurren a las elecciones.

Fue en el marco de las quejas y recursos que planteamos en época electoral que el Tribunal Supremo acabó dictando la importantísima sentencia de 28 de abril de 2016 que decía expresamente aquello que andábamos buscando: que la estelada es un símbolo partidista y que, por tanto, no puede ser usada por las administraciones públicas.

Esta sentencia fue considerada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que finalmente ordenó la retirada de la estelada que ondeaba en la plaza Lluís Millet.

Con la retirada de la estelada de la Plaza Lluís Millet no concluyó el proceso en relación al Ayuntamiento de Sant Cugat. La alcaldesa intentó burlar a la justicia trasladando la estelada desde la plaza Lluís Millet a la plaza Octavià, pero volvimos a recurrir y en un plazo muy breve la Jueza que había dictado la primera sentencia ordenó también la retirada de la estelada de la plaza Octavià a la vez que reiteraba que ninguna estelada podía lucir en ningún espacio público. Finalmente, hoy ha sido arriada la estelada de la plaza Octavià.

Estoy muy satisfecho. Creo que somos muchos los que hoy estamos contentos porque se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona. Tarde, con mucho esfuerzo, pero finalmente hemos conseguido por la vía de la ley y de los tribunales que se reconozca la ilegalidad de la utilización de esteladas por los poderes públicos y la necesidad de retirar aquellas que lucen en espacios de titularidad pública.

La retirada de la estelada de la plaza Octavià de Sant Cugat no debería ser más que el primer paso para la retirada de todas las esteladas que en Cataluña lucen en espacios de titularidad pública; pero para eso necesitamos ayuda. Ha sido enorme el esfuerzo de Societat Civil Catalana para poder llevar adelante los procedimientos abiertos. Abogados y voluntarios han dedicado muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y dedicación a localizar esteladas, presentar quejas ante las Juntas Electorales, preparar recursos, llevar procedimientos, etc. Hemos realizado un esfuerzo que se ha visto compensado con un éxito que confirma la necesidad de dar la batalla de los símbolos, pero para continuar en ella es preciso que otros se sumen a este trabajo.

Afortunadamente cada vez son más las asociaciones y entidades que en Cataluña alzan la voz contra el nacionalismo, a ellas pedimos ayuda para continuar con esta lucha por recuperar los espacios públicos, para eliminar de ellos símbolos partidistas como la estelada.

Pero también han de implicarse en esta tarea los partidos políticos y el Gobierno de España. Ahora ya está claro que la presencia de esteladas en espacios de titularidad pública es ilegal. Veamos de qué forma se puede reconducir a la legalidad el paisaje catalán. No podemos ser pusilánimes en esta batalla porque, como decía antes, los símbolos importan, e importan mucho.

Hemos dado un paso, pero hay que seguir avanzando.