La Sentencia de Estrasburgo

Me preocupa la reacción en España a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot.

Indignación, rechazo, llamadas al incumplimiento de la sentencia, protestas por "injerencias extranjeras" e, incluso, dudas sobre la legitimidad del Tribunal ¡a partir del dato de que uno de sus miembros ha sido nombrado por el gobierno español! Y todo esto sin haberse leído la sentencia, como reconoce más de uno y como resulta evidente tras repasar los comentarios o las valoraciones vertidos.

Es un síntoma preocupante que creamos que estamos legitimados para opinar, cuestionar, criticar o denigrar sin haber considerado todos los elementos del caso. El voluntarismo y falta de reflexión se ha asentado en nuestra sociedad y engulle todo debate público, incluso cuando no se limita solamente a España, sino que tiene consecuencias internacionales. Reflexionemos sobre ello, porque, como digo, resulta preocupante.

En primer lugar, todas las llamadas a la desobediencia por tratarse de una imposición "extranjera" carecen de fundamento. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es Derecho español porque España ha ratificado el Convenio y, por tanto, se ha integrado en nuestro ordenamiento jurídico. De igual forma, el Tribunal de Estrasburgo no es un tribunal extranjero, sino español, pues hemos aceptado su jurisdicción y España participa en la designación de sus miembros. Lo que dicta Estrasburgo nos afecta directamente y como propio, no como lo podría hacer una sentencia dictada por un Tribunal extranjero.

No entiendo tampoco los planteamientos que sostienen que España tiene margen para no cumplir la Sentencia. El artículo 46 del Convenio Europeo (del que España es parte) establece la obligación de los Estados de cumplir las Sentencias del Tribunal. Forma parte de los compromisos que ha asumido España y es evidente que resultaría muy poco serio que en este caso se optara por romper el acuerdo que nos une al resto de países parte del Convenio, los que integran el Consejo de Europa.

Finalmente (en lo que se refiere a estas cuestiones previas al comentario del contenido de la Sentencia), es preocupante que se quiera trasladar a las organizaciones internacionales el desprestigio de nuestras propias instituciones. Me explico: en España es frecuente recurrir al mantra de la politización y parcialidad de las altas instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, por ejemplo). Esta idea tiene su parte de razón -consecuencia de que los partidos políticos hayan utilizado las designaciones de miembros en tales instituciones para pagar favores y colocar afines en vez de buscar que esas instituciones estuvieran ocupadas por las personas mejor preparadas y más íntegras- pero ha ido más allá de su justificación inicial de tal forma que la prensa, opinadores y público en general han optado por explicar todas las decisiones que se adoptan como si fueran fruto de oscuros pactos y no de la recta aplicación del Derecho. Esto ha destruido la legitimidad de nuestros altos tribunales y está teniendo consecuencias graves para nuestra sociedad e, incluso, para la convivencia. Ahora, al hilo de la Sentencia dictada ayer por el Tribunal de Estrasburgo, parece que algunos quieren trasladar este discurso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (que si uno de los jueces ha sido designado por Zapatero, leía ayer como crítica a la Sentencia dictada). No nos damos cuenta de que en otros países y a nivel internacional ese deterioro de las instituciones se ve como lo que es: un problema "hispanoespañol" que deberemos resolver nosotros, pero sin afectar a la legitimidad consolidada de organismos internacionales.

Lo bueno sería que la Sentencia fuera analizada a través de su contenido. Y para eso hay que leérsela (dejo aquí su texto en inglés y aquí su texto en francés). Yo lo he hecho apresuradamente y ayer en el facebook intentaba explicarla a amigos que no eran juristas pero que estaban interesados en saber cuál era el fondo del problema al que se había enfrentado el Tribunal de Estrasburgo.

1) Para entender el caso hay que partir del año 1973. En aquel año se aprueba un Código Penal que en el punto que nos interesa se aplica sin grandes conflictos durante los años 70, 80 y 90. De acuerdo con este Código se podía condenar a una persona a miles de años de cárcel a base de sumar las condenas individuales por cada uno de los delitos cometidos (alguien mata a 100 personas, 30 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, total resultante: 3000 años de cárcel). Ahora bien, este Código también preveía que fuese cual fuese la condena "teórica", la condena "real" no podía superar los 30 años de cárcel. Sobre estos 30 años se calcularían todos los beneficios penitenciarios (que ahora ya no existen). Por ejemplo, por cada dos días de trabajo o estudio en la cárcel se descontaba uno de condena. De esta forma, el tiempo que realmente se pasaba en la cárcel era, incluso por una acumulación de delitos graves, bastante inferior a esos 30 años. Esta era la situación en 1987, cuando fue detenida la terrorista que ha recurrido a Estrasburgo. Entonces la comisión de varios asesinatos no podía suponer en ningún caso una estancia en prisión superior a 30 años y si se aplicaban beneficios penitenciarios esos 30 años quedarían reducidos a unos 20.
2) En 1995 se cambió el Código Penal. Dejó de estar vigente el de 1973 y, por tanto, a los delitos cometidos a partir de 1995 ya no se les aplica lo que acabo de comentar. Ahora bien, para los delitos anteriores a esa fecha se seguirá aplicando el Código Penal de 1973, incluso aunque se juzguen con posterioridad a 1995, ya que es un principio fundamental del Derecho Penal que el Derecho que se ha de aplicar es el vigente en el momento de cometer el delito. Tan solo se puede aplicar un Derecho posterior cuando beneficia al delincuente. Este es un principio asumido sin discusión por el Derecho español, el Convenio europeo de Derechos Humanos y los Estados de nuestro entorno jurídico.
3) Unos años después de 1995 el TS decide "reinterpretar" el Código Penal de 1973 y denegar la excarcelación de presos etarras que se acercaban al fin de su condena. La vía para conseguirlo fue la de interpretar que los beneficios penitenciarios debían descontarse no de los 30 años de condena efectiva, sino de la condena "nominal", que, como hemos visto, podía llegar a ser de miles de años. Esta interpretación suponía un cambio perjudicial para el condenado en relación al Derecho vigente en el momento de la comisión del delito y que, por tanto, no sería compatible ni con la Constitución española ni con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Cómo podían los tribunales españoles vulnerar de una forma tan flagrante nuestro Derecho? Bien, la base para esta interpretación está en una distinción técnica. El Tribunal Supremo argumenta (y luego ese argumento es acogido por el Tribunal Constitucional) que la aplicación de los beneficios penitenciarios era una cuestión de ejecución de la pena, no de determinación de la pena. Es decir un tema equivalente al régimen de visitas del condenado o a las condiciones de vida dentro de la prisión. Si se trataba de una cuestión de ejecución de la pena no existe inconveniente para aplicar reglas más restrictivas que las vigentes en el momento de la condena (si en el momento de la condena se permitían dos visitas al mes y luego se decide que las visitas serán solamente dos al año no puede argumentarse el principio de irretroactividad de la ley penal perjudicial para reclamar que se mantengan las dos visitas mensuales). Si el cálculo de los beneficios penitenciarios afecta a la determinación de la pena no es posible la "reinterpretación" a la que nos acabamos de referir del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Si se trata de una medida que afecta a la ejecución de la pena entonces si que es posible tal reinterpretación.
4) A esto se reduce básicamente la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, a determinar si la aplicación de los beneficios penitenciarios al nominal de la condena y no a la condena efectiva es una cuestión que afecta a la determinación de la pena o, por el contrario, a la ejecución de la misma. Acaba resolviendo que afecta a la determinación de la pena apoyándose en distintos argumentos. Entre ellos que la remisión estaba prevista en el propio Código Penal, no en una disposición administrativa. Esto, unido a que la condena efectiva era de 30 años conduce al Tribunal de Estrasburgo a entender que el Derecho vigente en el momento de la comisión de los delitos conducía a que la pena que debía de cumplir la terrorista era de algo más de 20 años (hubiera debido ser excarcelada en el año 2008) por lo que un alargamiento de la pena sobre la base de elementos jurídicos que no estaban vigentes en el momento de la comisión del delito no era compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El resultado al que llega no creo que pueda sorprender a nadie que, como yo, hubiera estudiado Derecho en los años 80 del siglo XX, ya que entonces se nos explicó con claridad y sin que se plantearan excesivas dudas esto que acabo de comentar: las condenas efectivas no podían superar los 30 años y la remisión de penas por el trabajo se aplica sobre esos 30 años.

Evidentemente que la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo puede ser cuestionada; pero a partir de criterios jurídicos y racionales (dejo aquí algunas entradas sobre el tema, de Tsevan Ratban, Miguel Presno y Juan Antonio García Amado). Lo que es indeseable es que se la ataque a partir de las puras emociones y, lo que es peor, que se eche la culpa al Tribunal de Estrasburgo de lo que no la tiene. El Tribunal de Estrasburgo no perdona a etarras (como ya he leído) se limita a aplicar (mejor o peor) la norma vigente en el momento de la comisión del delito que era, no lo olvidemos, el Código Penal de 1973 (o sea, el Código Penal franquista). Podemos estar de acuerdo en que era demasiado "blando" (y de hecho se ha endurecido, y bastante en los últimos lustros); pero si lo era habrá que echar la culpa a quienes lo redactaron en su momento y a quienes no lo reformaron pudiendo hacerlo. Los tribunales no son los culpables de todo lo que nos pasa y la Sentencia de Estrasburgo nos muestra que pretender que los jueces hagan de legislador no da buenos resultados.

Del 12-O al 6-D

Casi sin apoyo institucional, sin la complicidad de los medios de comunicación, con el estigma de ser una manifestación fascista, en una fecha desafortunada que -con razón- es con frecuencia evocada para denunciar la opresión y la rapiña; con todas esas dificultades varias decenas de miles de catalanes salieron (salimos) a la calle para manifestar que no queremos romper con España; que queremos una Cataluña en España y no una Cataluña contra España; que nos sentimos españoles y catalanes y que no hay contradicción entre ambas identidades. Nos manifestamos para que no en nuestro nombre se diga que el pueblo de Cataluña quiere esto o lo otro; para ver si de una vez por todas conseguimos evitar que cuando Artur Mas se pronuncia sobre un tema inmediatamente se piense que todos los catalanes tenemos la misma opinión que el Presidente; para mostrar que en Cataluña hay pareceres que divergen de la ortodoxia oficial.

Y nos manifestamos porque nos han obligado a ello. En un país "normal" con un Estado de Derecho que funciona, como es el nuestro, el debate político se desarrolla en las instituciones y de acuerdo con el marco legal. No es preciso que los ciudadanos salgan a la calle, y cuando salen o bien es para festejar (un éxito deportivo, una efemérides), para mostrar dolor (tantas veces, por desgracia, en España a cuenta del terrorismo; desde aquellas imponentes manifestaciones en 1997 tras la muerte de Miguel Ángel Blanco hasta las que siguieron a los atentados del 11-M) o, excepcionalmente, para incidir en algún debate de especial transcendencia; pero siempre en el marco de la legalidad existente y como un elemento más en el mencionado debate (las protestas en Francia hace poco por la aprobación del matrimonio homosexual, las que en Cataluña se dan contra la privatización de la sanidad pública, la que  se vivió en Baleares a cuenta del TIL, etc.).

En un país "normal" las manifestaciones no marcan el calendario político; pero sí en Cataluña. No es un secreto que han sido tres manifestaciones: la que siguió a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, la del 11 de septiembre de 2012 y la reciente del 11 de septiembre de 2013; las que explican la situación de tensión y excepcionalidad en la que vivimos. Un Parlamento en el que tan solo 24 diputados (de 135) han alcanzado su escaño desde partidos que incorporaban explícitamente la independencia de Cataluña en su programa, declara el carácter soberano de Catalunya saltándose la regulación vigente, tanto el Estatut de Catalunya como la Constitución; ese mismo Parlamento exige fecha inmediata para un referendum secesionista y reclama derechos históricos de Catalunya sobre Baleares, Valencia, parte de Aragón y el sur de Francia, a la vez que el Presidente de la Generalitat envía cartas a gobiernos extranjeros a fin de recabar apoyos para la secesión de Catalunya. Y todo ello, repito, con un Parlamento en el que tan solo 24 diputados (de 135) alcanzaron su acta de diputado en listas de partidos que explícitamente reclamaban la independencia de Cataluña. Esta absurda situación no se entiende sin considerar la influencia que han tenido las manifestaciones señaladas y la forma en que han sido gestionadas por los medios de comunicación y los partidos catalanistas.

En Cataluña son las movilizaciones populares las que marcan el calendario político, y en esas circunstancias, ante la atonía del Gobierno central y la desorientación de la mayoría de los partidos políticos parece ser que no nos queda más remedio a los ciudadanos que obligarnos a hacer aquello que nunca pensamos que haríamos: participar en manifestaciones. Ante la ausencia de un debate institucional que pueda llamarse tal no nos queda otra que hablar el único lenguaje que parecen entender políticos y medios, el de la calle y las banderas. Me siento incómodo en este escenario, pero si la batalla se tiene que dar a golpe de concentración habrá que darla de esta manera.

Parece ser que la manifestación de hoy ha sido un éxito, ha conseguido transmitir la imagen de que no todos los catalanes son independentistas, tanto en España como en el extranjero. Ahora bien, tras la manifestación ¿qué?

Es difícil saberlo. Viendo cómo había resultado la manifestación pensaba esta mañana que el resultado era el más incómodo. Si la afluencia hubiera sido menor, si no se hubiera logrado llenar la Plaza de Cataluña, el independentismo habría ganado. La llamada a la "mayoría silenciosa" hubiera tenido menos fuerza y la sensación de desánimo entre quienes se oponen a la independencia podría haber cundido, lo que hubiera podido tener consecuencias también en los resultados electorales (esa atracción de votos de la que se beneficia quien es percibido como ganador). Si la participación hubiera sido mayor, si se hubiera conseguido llenar el Paseo de Gracia aunque solo fuera hasta la confluencia con Aragón, el independentismo hubiera sufrido un serio revés. Sería una imagen que se opondría con fuerza a las muchas fotos que circulan con las manifestaciones independentistas de los dos últimos años y que resquebrajaría la imagen de unanimidad en la sociedad catalana que quieren transmitir los secesionistas (y que ha sido elemento importante para ir ampliando la base del independentismo).

No ha sido ni lo uno ni lo otro. Un número suficiente como para que los no independentistas sepan que no están solos; lo que en un contexto dominado por mensajes que apelan sistemáticamente a la unidad de pensamiento en este tema, no es poca cosa; pero insuficiente como para cambiar la dirección del movimiento del péndulo.

Creo que el 12-O ha de ser tomado como una base, un punto de partida para conseguir que muchos no independentistas pierdan el miedo que ya han perdido los independentistas. Hoy un amigo me comentaba que no había ido porque tenía miedo de que lo "ficharan" sus compañeros de trabajo y sus jefes. Bien, no digo que esa sensación subjetiva de mi amigo responda a ninguna realidad; pero lo cierto es que existe y creo que es tarea de todos, incluidos los independentistas, hacer que desaparezca. Para ello ha de dejar de "criminalizarse" a los no independentistas asociándolos sistemáticamente con movimientos de extrema derecha, fascistas o franquistas. Otro amigo (amiga en este caso) me decía que no había ido a la manifestación porque consideraba que era cosa de "fachas". Cuando le dije que no había visto ni una sola bandera con el "aguilucho" en la manifestación lamentó no haber estado porque es una "no independentista" convencida.

Es por todo lo anterior que creo que debemos ir preparando ya otra concentración para el día 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, que de continuidad a la que hoy vivimos. El día 6 de diciembre ya no tendremos el problema de la fecha. Como decía antes, el 12 de octubre es una fecha que nos habla también del exterminio de pueblos indígenas, de la opresión sobre muchos de los habitantes del mundo al que llegaron los descubridores españoles y de sufrimiento. Cierto que se podría debatir mucho sobre la historia de América y de la colonización, y que no ha de juzgarse el siglo XVI con la mentalidad del XXI; pero con todo ello entiendo que haya personas a las que les da reparo "celebrar" el 12 de octubre. El día 6 de diciembre nada de esto perturbará una celebración que ha de serlo de la convivencia de la que hemos disfrutado en los últimos 35 años. No se trata de celebrar la Constitución en sí misma y como algo inamovible; sino reconocer que los años que fueron desde finales de los 70 del siglo XX hasta los comienzos del XXI fueron los mejores que ha vivido España en toda su historia; y que gran parte de ese éxito es el resultado del consenso constitucional. Esa fecha, el 6 de diciembre, ha de ser el día en el que reivindiquemos de nuevo una Cataluña en España y una España que sienta auténticamente como propia a Cataluña.

La imagen de hoy espero que convenza a muchos de que es necesario salir a la calle y mostrar públicamente su voluntad de que Cataluña permanezca en España. Como decía, no es lo ideal en una sociedad democrática avanzada que los ciudadanos tengan que exponerse de esta manera; pero me parece que las circunstancias actuales en Cataluña así lo exigen. Confío en que de aquí a diciembre muchos de los que hoy se quedaron en casa se animen a salir y podamos tener esa imagen del Paseo de Gracia que podría conseguir que abandonáramos unos y otros la movilización como argumento político y nos centráramos en debates de ideas y con el respeto a la legalidad y el Estado de Derecho como seña de identidad.

¡Cállese!

¡La libertad de expresión! Ese es el fundamento de la democracia, ese, y no el voto. También se vota en las dictaduras y no por eso son menos dictaduras. Lo que nos convierte en una sociedad democrática es la libertad para expresar opiniones, debatir, discutir, razonar. Estoy convencido de ello y por eso me preocupan todas las limitaciones a ese valor esencial. Libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de expresión. Esa es la tríada en que se ha de asentar el discurso público, la sociedad y la democracia.

Cuando se limita la posibilidad de expresión se me despiertan todas las alertas. Y en los últimos tiempos ya he visto varios incidentes muy preocupantes.

El primero es de hace dos años. Cuelgo el vídeo a continuación:

Albert Rivera está interviniendo y la presidenta del Parlament le dice que no puede emplear esas expresiones. Rivera le replica ¿por qué? La pregunta es natural, ¿por qué no va a poder decir lo que piensa? Estamos en el Parlamento, no en un debate de instituto. La libertad de expresión es siempre importante, pero en los parlamentarios es, además, la esencia de su función. Si Rivera miente, difama o injuria ya habrá mecanismos jurisdiccionales para defender la verdad o el honor; pero no es tarea de la Presidenta de la Cámara corregir a los diputados como si fueran párvulos. Es un error el de Núria de Gispert; pero que, además, denota una escasa sensibilidad hacia la esencia de la democracia: la libertad.

Hoy hemos vuelto a ser testigos de esta preocupante restricción a la libertad de expresión. En el debate que se desarrollaba en el Parlamento y por alusiones toma la palabra el diputado de las CUP David Fernández. Esta es la intervención:

No sé cuáles eran las alusiones; pero esta claro que la intervención de David Fernández no se limita a responder alguna referencia que se hubiera hecho a su persona, sino que entra en la valoración política de la manifestación del 12 de octubre. Ante esto, Jordi Cañas, que tenía la palabra pedida con anterioridad, interviene. Aquí está también el vídeo:

A David Fernández se le permitió decir todo lo que le vino en gana, tuviera que ver o no (más bien no) con su persona. En cambio a otro diputado se le corta el micrófono cuando va a entrar en el debate. Para acabar se le dice claramente que se calle y se acaba -en una actitud realmente extravagante en la presidenta de una cámara legislativa- diciendo que los diputados que aplauden al censurado "no tienen vergüenza". Cuando ante esta situación una parte de los diputados de la Cámara abandonan el pleno la presidenta, en vez de mantener la serenidad que, se supone, va con el cargo, corea su salida diciendo "perfectamente, marchen, perfectamente".

Lamentable, triste, doloroso. Hace unos meses el Parlamento de Catalunya dejó de ser un órgano constitucional. La aprobación de una declaración de soberanía claramente contraria al Estatuto de Autonomía de Catalunya y a la Constitución que le sirve de fundamento coloca a la Cámara extramuros del ordenamiento (al menos substancialmente y desde un punto de vista político; formalmente todavía lo es en tanto no desacate la suspensión de la declaración decidida por el Tribunal Constitucional). Aún así es un foro de diálogo imprescindible para la sociedad catalana. Si acaba convirtiéndose en la grada de un campo de fútbol donde los hooligans se limitan a lanzar consignas ante la mirada de un árbitro parcial habremos perdido uno de los pocos espacios de esperanza en un país que parece decidido a moverse únicamente a golpe de manifestación.

Las elecciones europeas no son ensayo de nada, son el principio de todo

Leo por ahí que se propone que las elecciones europeas de mayo en 2014 sean el ensayo general para la consulta independentista. Discrepo completamente del planteamiento.

Reducir las europeas a un ensayo es desconocer la importancia que tienen en sí mismas. La Europa misteriosa que obliga a reducir pensiones, a aumentar la edad de jubilación, que propone disminuir el descanso semanal en Grecia a un solo día, que da o quita dinero para los rescates bancarios, los astilleros o la minería; la Europa que declara ilegales las cláusulas suelo en las hipotecas o exige una mayor protección del consumidor, la Europa que sube o baja los tipos de interés y maneja entre bambalinas la prima de riesgo; esa Europa es la que resulta de las elecciones europeas. No deberíamos de ser tan estúpidos como para ignorar que en el mes de mayo nos jugamos mucho como europeos y que nos tenemos que tomar esas elecciones muy en serio.

Las elecciones de mayo no han de ser, por tanto, ensayo; sino principio de una nueva Europa más justa y solidaria, más cercana a los ideales de sus fundadores; pero es que, además, esas elecciones pueden ser el inicio de ese cambio que tanto necesitamos en España.

Durante el año 2012 cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar contra el atraco que en nombre de los mercados se perpetraba contra los ciudadanos, para exigir que la clase política abandonara la corrupción como mecanismo estructural de financiación, para mostrar que somos ciudadanos y no súbditos, para reclamar un reparto más justo de la riqueza (los salarios del 70% de los trabajadores españoles, el de todos aquellos que se mueven por debajo o ligeramente por encima del mileurismo, no suman más que el 13% del PIB español, una situación que no se daba ni en la Inglaterra de Charles Dickens).

Aquellas movilizaciones no sirvieron para nada. El poder corrupto es inmune a que la gente ocupe las calles y las plazas; utiliza sus mecanismos de propaganda para vincular las protestas con la violencia y las televisiones minimizan las concentraciones y manifestaciones. Al poder tan solo le interesan las grandes masas de personas cuando van en la dirección que al poder le interesa, y ejemplos recientes tenemos en Cataluña de ello. Cuando los ciudadanos nos movemos en la dirección que no conviene a quien manda simplemente se ignora o se cargan las escopetas con balas de goma.

En el mes de mayo tenemos la ocasión de realizar la mayor de las protestas y la más efectiva. Lo que resulte de las elecciones será relevante. Si en esas elecciones los ciudadanos acudimos masivamente a votar, desechamos las formas ineficaces de protestar como son la abstención, el voto nulo y el voto en blanco, y llenamos las urnas de papeletas que ignoren a los partidos que nos han llevado a esta situación y que solamente saben extraer dinero público para sus turbios negocios; si hacemos eso algo comenzará a cambiar.

A la hora de votar encontraremos docenas de opciones. Elijamos con cuidado cuál tomamos. Rechacemos aquellas papeletas que vengan de partidos que miran para otro lado en los casos de corrupción o que ya han sido condenados por esta lacra. Rechacemos las papeletas de partidos que han mostrado que actúan en interés de los ricos y poderosos y no del conjunto de la ciudadanía. Rechacemos todo esto y no temamos votar a partidos "pequeños". El día de las elecciones, a primera hora de la mañana todos los partidos son igual de pequeños. Todos tienen los mismos votos y seremos nosotros quienes con nuestras papeletas quienes decidamos quién es quién al final de la jornada.

Tomémonos en serio el poder que tenemos y difundamos esta idea: si en las elecciones europeas los grandes partidos corruptos son rechazados por los ciudadanos (y el rechazo pasa por votar a otros partidos, ni la abstención ni el voto nulo ni el voto en blanco sirven para nada); si conseguimos eso algo comenzará a cambiar. Habremos dado el primer paso en la dirección correcta.